Rafael Antonio Gutiérrez Ramón

Expediente 2062/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2062/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Rafael Antonio Gutiérrez Ramón

Actuaciones

  1. Principal

    7.- Estado procesal Del estado procesal de los autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de las que Integran la Local de Conciliación y Arbitraje, aún no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto. En tales condiciones, requiérase a la Junta Especial Número Uno de las que Integran la Local de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días hábiles, dé cumplimiento a la sentencia de amparo, ..Apercibimiento. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos formulados mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. ..

  2. Principal

    4.- ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y/O INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA,***EL ACUERDO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2021 QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno . DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo,... RADICACIÓN Fórmese el expediente físico e intégrese el electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 2062/2021-IV. Asimismo, procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, de la demanda de amparo que se provee, se desprende que se actualiza una causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. De las normas señaladas se advierte que el juicio de amparo indirecto, contra actos en el juicio, sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, al sólo dilatar la prosecución del trámite. Así, debe considerarse que el juicio de amparo sólo procede en contra de una dilación procesal importante o inactividad procesal. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Ello, esencialmente, pues el acto reclamado no constituye una dilación abierta del procedimiento de origen ni genera su paralización total, circunstancias que si actualizarían un perjuicio de imposible reparación. Ahora bien, esos conceptos abierta dilación del procedimiento o paralización total del procedimiento, deben analizarse considerando el derecho fundamental al plazo razonable, como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si la dilación es realmente excesiva. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la omisión de dictar el auto admisorio respecto de la demanda presentada el veintidós de noviembre mil veintiuno, en la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla. Es así, que para el momento en que se presentó la demanda (esto es, el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno), la dilación reclamada no puede ser considerada como abierta o relevante y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente la junta debió pronunciarse respecto de la prosecución del procedimiento. Ello, atento a que si fue el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, cuando la responsable no proveyó respecto de la radicación de la demanda; el lapso entre aquélla actuación y la fecha de presentación de la demanda (veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno), no revela la existencia de una abierta dilación en la resolución del juicio y, que en consecuencia, genere una afectación irreparable dentro del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa; pues dicha hipótesis se actualiza después de trascurridos cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse el acto procesal respectivo.... ...Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de acuerdos, de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco (45) días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8º. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria de su parte, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto no se trate de una auténtica denegación de justicia, no sólo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a los gobernados, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar cuestiones de retardo en materia laboral determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. . Criterio que resulta aplicable al caso concreto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, lo anterior es así, ya que si bien el artículo 143 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla., dispone lo siguiente: ARTÍCULO 143 Tan pronto se reciba la primera promoción relativa a un conflicto, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla convocará dentro de las veinticuatro horas siguientes a los Magistrados Representantes, los que calificarán de inmediato su procedencia y ordenarán que se corra traslado a la parte demandada, con copia simple de la demanda para que produzca su contestación.. De la disposición legal transcrita se desprende, en lo que interesa, que, el tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se reciba el escrito de demanda, calificarán de inmediato su procedencia y ordenarán que se corra traslado a la parte demandada, con copia simple de la demanda para que produzca su contestación. Empero; no puede pasar inadvertido para este juzgado la carga de trabajo con que funcionan en general todos los órganos encargados de gobierno, así como los órganos facultados impartir justicia en el Estado, lo cual es un hecho notorio para este Juzgador, así como la suspensión de labores y plazos que han tenido dichos órganos. Luego, ponderando tales extremos y considerando además la práctica judicial que impera en los órganos del Poder Judicial Federal, validada incluso para efectos administrativos y disciplinarios por el Consejo de la Judicatura Federal, relativa a que se considera un tiempo razonable y no una dilación excesiva en emitir en los juicios la resolución respectiva dentro del plazo de hasta tres meses de declarados vistos los autos. De suerte que, si para los órganos de justicia federales, el emitir una sentencia en el plazo de tres meses no es considerada como una dilación procesal, por tanto, este juzgador considera que debe aplicarse un plazo máximo de cuarenta y cinco días para considerar una dilación excesiva, por parte de las autoridades responsables. Plazo de cuarenta y cinco días que debe contabilizarse a partir de la fecha en la que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, esto es, después de concluidas las veinticuatro horas que tenía el Tribunal responsable para dictar el acuerdo en el que calificara de inmediato su procedencia y ordenará que se corra traslado a la parte demandada, con copia simple de la demanda para que produzca su contestación. Ahora bien, en el caso concreto, la demanda laboral se presentó el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno en la oficialía de partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, por lo que, en términos del artículo 143 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en que recibió el escrito de demanda, debió dictar la calificación respectiva, esto es, a más tardar el veinticuatro del propio noviembre, por lo que resulta inconcuso que a la fecha en que se depositó la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común - veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno- no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la data en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Lo anterior es así, habida cuenta que el término de cuarenta y cinco días inició el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y a la fecha en que se depositó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno han transcurrido treinta y cuatro días naturales. En efecto, los días naturales se empiezan a contar a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que corresponde al día siguiente al en que concluyeron las veinticuatro horas con las que contaba la Junta responsable para dictar el acuerdo de admisión respectivo, a partir de su presentación..... De lo anterior se visualiza que del veinticuatro de noviembre al veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, han transcurrido treinta y cuatro días naturales, plazo en el cual no es posible tomarse aún como retardo en la impartición de justicia, como lo hace valer el ocursante (omisión de la que se duele). Además, cabe destacar que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, se encuentra gozando de su periodo vacacional del veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, como se advierte del siguiente oficio: .. Del contenido de dicho oficio se desprende que en el periodo vacacional indicado, no corren términos para las promociones y sustanciación de los juicios del índice de la autoridad señalada como responsable, por lo que aunado al hecho de que aún no transcurren los cuarenta y cinco días naturales para que exista una abierta dilación, a dicho plazo debe sumarse el plazo vacacional del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Puebla, es decir, doce días naturales más en los que no se computan términos para el referido Tribunal. En consecuencia, al no haber trascurrido los cuarenta y cinco días (naturales) de la omisión de la que se duele la parte quejosa, es innegable que no existe una dilación abierta, en tanto, dicha hipótesis sólo se actualiza después de un retraso importante o trascendente, y lo reclamado aquí, se trata de un retardo moderado que no deja sin defensa al quejoso. ..En ese sentido, la demanda de amparo que se promueve contra actos de naturaleza omisiva, como ya se apuntó en párrafos precedentes, es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Conclusión. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de amparo que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 ibídem a la(s) persona(s) que señala dada la naturaleza del acto reclamado y por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral de origen; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. EXHORTO A LAS PARTES En términos de los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica. Además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público... EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia....HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES... TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

  3. Principal

    8) Las autoridades Tesorera Municipal y Jefe del Departamento de Catastro, ambas del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, realizan lo siguiente: 1.- Rinden su informe justificado. 2.- Señalan domicilio para oír y recibir notificaciones. 3-. Designan delegados. 4.- Proporciona correo electrónico y número telefónico como datos de contacto. 5.- Manifiestan causales de improcedencia. ------------ Acuerdo. Se tiene por rendido el informe justificado únicamente por lo que respecta a la autoridad responsable denominada Jefe del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, toda vez que en proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en atención a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en el conflicto competencial C.C. 4/2021 de su índice, se tuvo a la parte quejosa ampliando demanda de amparo y como autoridades responsables únicamente a la autoridad señalada anteriormente y al Fiscal Investigador de la Fiscalía de Investigación Metropolitana Zona Centro Norte, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, sin embargo mediante oficio se les dio a conocer dicha determinación a la Tesorera Municipal y Departamento de Catastro ambas del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, mas no se les requirió su informe. ------------ Vista con informe. En consecuencia se ordena dar vista a la parte quejosa con el informe de cuenta, para que en el término de ocho días manifieste lo que en derecho le corresponda. Lo anterior sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. En el entendido que dar vista, significa que los autos se quedan en resguardo de la Secretaría de éste órgano jurisdiccional, para que las parte pueden consultarlos previa cita que generen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el apartado Agenda vista OG. ------------ Domicilio. Se tiene como domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones, el indicado por la autoridad oficiante. ------------ Delegados. Se tienen como delegados a las personas mencionadas en el informe de cuenta. ------------ Comunicaciones procesales. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que señala la autoridad oficiante, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ------------ Causales de improcedencia. Se tiene a la autoridad responsable haciendo valer causales de improcedencia, las cuales serán tomadas en cuanto una vez que se dicte el fallo correspondiente. ------------ Estado procesal. Visto el estado procesal de los autos se advierte que: 1.- En la agenda de audiencias están señaladas las diez horas con diez minutos del tres de enero de dos mil veintidós para que tenga verificativo la audiencia constitucional. 2.- Aún no trascurre el plazo de quince días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concedido a la autoridad responsable Fiscal Investigador de la Fiscalía de Investigación Metropolitana Zona Centro Norte, de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que rinda su informe justificado. Lo que se acredita con el acuse del oficio que se anexa de manera digitalizada a continuación: 3.- En esta fecha, se tiene a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla rindiendo su informe justificado. ------------ Acuerdo y/o motivación. Diferimiento anticipado. En tal sentido, procede diferir anticipadamente la anuencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del tres de enero de dos mil veintidós. Lo anterior para que transcurra en su integridad el plazo de quince días otorgado a la autoridad responsable Fiscal Investigador de la Fiscalía de Investigación Metropolitana Zona Centro Norte, de la Fiscalía General del Estado de Puebla para rendir su informe justificado. Así como los ocho días con la vista otorgada a la parte quejosa, respecto al informe justificado rendido en esta fecha. ------------ Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ------------ Notificación a las autoridades responsables. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Notifíquese.

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