Rafael Antonio Gómez Pérez
Expediente 670/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafael Antonio Gómez Pérez
Actuaciones
- Principal
mesa 1-A. Pral. 670/2016-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha concluido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado el veinticinco de abril de esta anualidad (fojas 9-14) en el que se desechó de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo interpuesta; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicho fallo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública del acuerdo de desechamiento, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Ahora, advirtiéndose de autos que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009,de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *Jnps
- Principal
# pral 670/2016 mesa 1 A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número 2380, signado por el juez Segundo Mixto de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho con números de orden y origen 1426/2016, del índice de este Juzgado, enviado a fin de notificar a la parte quejosa el proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciséis; en consecuencia, dese de baja el referido despacho en el libro de gobierno respectivo. Ahora, vista la razón asentada por la actuaria adscrita al Juzgado Mixto en cita, en el sentido de que no le fue posible notificar al quejoso Rafael Antonio Gómez Pérez, el proveído de veinticinco de abril de esta anualidad (fojas 9 a 14), en virtud de no haberlo localizado en el Centro Federal número Trece "CPS- OAXACA", por haber sido trasladado a diverso centro de reclusión; en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de la adscripción realice la notificación correspondiente por lista de acuerdos. Por tratar sobre el tema, se cita, la tesis aislada II.T.28 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 1058, tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, con el siguiente rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDE QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA". Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. *Jnps Número de expediente: 670/2016 Acuerdo: *pral. 670/2016 mesa amp. 1-a Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo presentada el veintiuno de este mes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintidós siguiente, promovida por RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, contra actos del secretario de Gobernación, residente en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 670/2016. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. 1°) De la lectura de la demanda de amparo se advierte, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que se actualiza una causal de improcedencia; ello, tomando en consideración que en la última foja del líbelo que se provee, aparecen los nombres de 1) Alejandro López Ponce de León y 2) Julio César Loyo García, sin que aparezcan sus firmas correspondientes; por lo que se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en lo conducente, disponen lo siguiente: LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 6o.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. CONSTITUCIÓN FEDERAL. "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." De conformidad con lo dispuesto en esos preceptos legales, se desprende que, entre otros principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, se encuentra el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia de que el particular, a quien se afecta en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda en calidad de promovente; esto es, el juicio de amparo sólo puede iniciarse por el agraviado, por su representante legal o su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En ese orden de ideas, el signo volitivo que demuestra la voluntad de las partes para ejercer este derecho, es la firma o, en su caso, si no sabe firmar el interesado debe estampar su huella digital, pues de otra manera no existe forma de saber si lo escrito realmente corresponde a la voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito. Tratándose de la demanda de amparo escrita, la instancia de parte, prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6 de la Ley de Amparo, se concreta con la firma o huella del promovente, la que debe plasmarse precisamente al pie de la demanda, esto es, en el espacio inferior inmediato a la conclusión de aquélla. Se invoca en apoyo por tratar sobre el tema, la tesis III.1o.A.67K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicado en la página 300 del tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 208344, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FIRMAS. DEBEN ESTAMPARSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE CONCLUIDA LA REDACCION DE LA DEMANDA. Como tratándose de la demanda de amparo por escrito la instancia de parte, prevista por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, se concreta con la firma del promovente, ésta debe plasmarse precisamente al pie de la demanda, esto es, en el espacio inferior inmediato a la conclusión de aquélla." Como se estableció en la certificación secretarial que antecede, la demanda de amparo no cuenta con firma autógrafa de 1) Alejandro López Ponce de León y 2) Julio César Loyo García; por lo que carece de suscriptores, como lo exige el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo; de ahí que se trata de un simple papel, en que no se incorpora la voluntad de la parte quejosa. Ello, no obstante que a) aparezca la firma de RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ, quien sí firmó la demanda, toda vez que no se advierte que promueva como un representante legal de 1) Alejandro López Ponce de León y 2) Julio César Loyo García, figura prevista en el numeral 6 de la ley de la materia; además, b) no se está en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia de la demanda de amparo cuando una persona puede promover a favor de otra. Sin que esa deficiencia debe ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención o ratificación, como lo pide el signante, por no tratarse de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el numeral 108 del mismo ordenamiento legal, ni menos por encuadrar en algún supuesto del numeral 15 de la ley de la materia. En este aspecto, resulta aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 241 del tomo I, segunda parte I, enero a junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 231247, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Por lo que, considerando que la firma es lo que da autenticidad a la demanda con todas sus consecuencias legales, y la demanda de amparo, en este caso, carece de firma autógrafa de 1) Alejandro López Ponce de León y 2) Julio César Loyo García; con fundamento en el artículo 113 en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 6 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, SE DESECHA, DE PLANO, la demanda de amparo de que se trata, respecto a 1) Alejandro López Ponce de León y 2) Julio César Loyo García. Se invoca en apoyo por tratar sobre el problema jurídico analizado, la tesis VI.1o.151K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 303 del tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro IUS número 208351, que literalmente refiere: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." 2°) Por otra parte, del análisis integral de la demanda de que se trata, se arriba al conocimiento pleno que el quejoso RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ informa como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "desde el día 24 de diciembre del año 2015; en el penal en que radicamos se proporciona pasta dental Colgate sólo a los internos que cuentan con recursos financieros para adquirirla por compra, y a quienes no contamos con recursos financieros y/o presentamos abandono familiar no se nos proporciona dicho producto para nuestra higiene bucal, sino una pasta transparente, inholora e inadecuada carente de recomendación y/o reconocimiento por especialistas odontólogos. .desde hace más de seis años en el resto de los CE.FE.RE.SO. se proporciona pasta dental Colgate por donación a los internos que no cuentan con recursos financieros para obtenerla por compra. (Lo resaltado es propio de este Juzgado) Motivo por el que, aduce, es víctima de discriminación por no poder adquirir la pasta dental Colgate que desea, sino únicamente recibir la pasta dental que le proporcionan en el centro de reclusión en que está interno. En las relatadas consideraciones, es claro que la demanda de amparo de que se trata debe desecharse, de plano, por motivo manifiesto de improcedente en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, en el caso se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, de dicha ley, toda vez que atento a su naturaleza, la petición del quejoso no se trata de un acto de autoridad para que sea procedente el juicio de amparo. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". En el caso, el quejoso pide, esencialmente, que esta autoridad federal intervenga para que se done pasta dental Colgate a los internos que no la pueden adquirir por compra dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", pues aduce que eso es motivo de discriminación, lo que señala como acto reclamado en su demanda de amparo; empero, tal petición del quejoso no constituye propiamente una actividad u omisión atribuible a determinada autoridad, mediante la cual se vulneren sus derechos fundamentales, pues dicha autoridad no ha emitido u omitido acuerdo alguno que lesione sus derechos fundamentales. Lo que así se considera porque, básicamente, el acto que considera reclamado se traduce en una petición para que este juez de amparo ordene a las autoridades que señala como responsables les donen pasta dental Colgate, a los internos que no la adquieren por compra dentro del reclusorio. En esas condiciones, al no constituir el acto reclamado un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino una petición que el quejoso está en condiciones de realizar directamente ante las autoridades que señala como responsables, SE DESECHA, DE PLANO, LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6º, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de esta resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de esa partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. DESPACHO PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Finalmente, toda vez que el quejoso RAFAEL ANTONIO GÓMEZ PÉREZ se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número trece CPS- Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y señaló éste como su domicilio para recibir notificaciones, como lo establece el artículo 26 de la ley de la materia, con apoyo en los numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, gírese despacho al juez Mixto de Primera Instancia, en turno, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique este auto a dicho quejoso, en ese centro de reclusión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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