Rafael Angulo Cebreros

Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
937/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Rafael Angulo Cebreros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de ********************, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar, es susceptible de destrucción, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la ******************** que corresponda en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/OGN

  2. Principal

    RESULTANDO Primero. Mediante escrito depositado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós en el buzón judicial, recibido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California y, finalmente, recibido el día siguiente en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California (antes Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California), ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la autoridad responsable que a continuación se precisa: Autoridad responsable Secretaría de Economía del Gobierno de México. Acto reclamado "El Acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha Lunes 10 de octubre del 2022, que modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior." Segundo La parte quejosa señaló infringidos los derechos contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 28, 29 párrafo segundo, 41, 121, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. No se transcriben dichos conceptos de violación, lo que no causa agravio alguno, dado que no existe norma que obligue a este juzgador Constitucional en ese sentido. Tercero. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda relativa, quedando registrada bajo el expediente 993/2022-V; se ordenó tramitar el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia Constitucional correspondiente. Cuarto. En virtud del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, este Juzgado cambió de denominación de Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California a Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California. CONSIDERANDO Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California es competente para conocer y resolver este juicio de amparo. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio. De esta forma, del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado consiste en: La regla 3.1.1 del "Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil veintidós. Tercero. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Economía del Gobierno de México consistente en el "Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil veintidós, en virtud de que dicha autoridad lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cuarto. No obstante la certeza del acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Economía del Gobierno de México consistente en el "Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil veintidós, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa consintió tácitamente la norma general impugnada en este juicio de amparo, como a continuación se expone. El referido numeral dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del precepto legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo no será procedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." [Énfasis añadido.] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." [Énfasis añadido.] De los preceptos legales transcritos se desprende que, tratándose de normas generales autoaplicativas, el término para promover el juicio de amparo es de treinta días, computados a partir del día de la entrada en vigor de dicha norma. Ahora bien, en el caso particular, la parte quejosa reclama la norma que dispone el requerimiento de presentar una fe de hechos que cumpla con los requisitos señalados en el mismo Acuerdo cuando se realice la solicitud de diversos programas previstos en este, contenida en la regla 3.1.1 del "Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil veintidós, en su carácter de norma autoaplicativa. Por su parte, la disposición referida señala: "3.1.1 Para efectos de las autorizaciones a que se refieren las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 3.2.33 y 3.4.14, los solicitantes deberán presentar junto con su solicitud, una fe de hechos, de una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de la presentación de la solicitud, emitida por Corredor Público habilitado por la SE que contenga lo siguiente: [.]." Dicha norma establece la regulación sobre las autorizaciones a que se refieren las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 3.2.33 y 3.4.14, en cuanto establece que deberá presentarse junto con la solicitud una fe de hechos, con una antigüedad que ahí establece, emitida por un corredor público habilitado por la Secretaría de Economía. Ahora bien, el quejoso aquí se duele que la citada norma limita que la fe de hechos sea emitida por un corredor público habilitado por esa Secretaría; sin embargo, dicha limitación no se estableció en el decreto aquí reclamado, pues se incluyó inicialmente en el "Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior", publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós. En este sentido, la regla 3.1.1. contenida en el mencionado acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós dispone: "3.1.1 Para efectos de las autorizaciones a que se refieren las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 3.2.28, 3.2.33, 3.3.6 y 3.4.14 los solicitantes deberán presentar junto con su solicitud, una fe de hechos, de una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de la presentación de la solicitud, emitida por Corredor Público habilitado por la SE que contenga lo siguiente: [.]." [Énfasis añadido] Como puede verse, desde el anterior decreto de nueve de mayo de dos mil veintidós, se estableció que la fe de hechos que se presentara con las solicitudes a que se refieren las reglas que ahí se establecen, solo serían emitidas por un corredor público habilitado por la Secretaría de Economía. La existencia de la restricción -en cuanto a que solamente sea un corredor público el que emita la fe de hechos-, se puede advertir claramente a través de la siguiente comparación gráfica: "Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil veintidós. "Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil veintidós. "3.1.1 Para efectos de las autorizaciones a que se refieren las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 3.2.28, 3.2.33, 3.3.6 y 3.4.14 los solicitantes deberán presentar junto con su solicitud, una fe de hechos, de una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de la presentación de la solicitud, emitida por Corredor Público habilitado por la SE que contenga lo siguiente: [.]." "3.1.1 Para efectos de las autorizaciones a que se refieren las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 3.2.33 y 3.4.14, los solicitantes deberán presentar junto con su solicitud, una fe de hechos, de una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de la presentación de la solicitud, emitida por Corredor Público habilitado por la SE que contenga lo siguiente: [.]." A partir de lo expuesto, se concluye que la norma que específicamente impugnó la parte quejosa, es decir, la relativa al requerimiento de presentar una fe de hechos que cumpla con los requerimientos señaladas en el mismo Acuerdo cuando se realice la solicitud de diversos programas previstos en el mismo, como se ha expuesto en este fallo, estaba vigente desde la emisión del "Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior", publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós. De esta forma, el contenido de la norma específicamente impugnada en este juicio, que dispone el requerimiento de presentar una fe de hechos que cumpla ciertos requisitos previstos en las mismas disposiciones cuando se realice la solicitud de diversos programas, prevista en la regla 3.1.1 del Acuerdo publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós, no cambió con la emisión del nuevo acto legislativo consistente en el Acuerdo publicado el diez de octubre de dos mil veintidós. Así, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la impugnación en la vía de amparo como norma autoaplicativa de la disposición que contiene el requerimiento de presentar una fe de hechos que cumpla ciertos requisitos previstos en las mismas disposiciones cuando se realice la solicitud de diversos programas relativa, empezó a surtir desde la entrada en vigor de dicha norma, es decir, desde la publicación del Acuerdo publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós; por lo que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 17 fracción I de la Ley de Amparo, el plazo de treinta días para impugnar dicha norma venció el veinte de junio de dos mi veintidós. Por tanto, si la parte quejosa presentó su demanda de amparo el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, como se desprende de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, está fuera del plazo señalado por la Ley y, en los términos expuestos, es evidente que dicha presentación resulta extemporánea. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión la existencia de la reforma contenida en el Acuerdo publicado el diez de octubre de dos mil veintidós, ahora impugnado, pues en nada modificó lo relativo a la limitación de que la fe de hechos fuera emitida por un corredor público habilitado, ya que únicamente se excluyó del requerimiento de presentar una fe de hechos a los procedimientos previstos en las reglas 3.2.28 y 3.3.6 del "Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior", publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós. De esta forma, la reforma contenida en la norma ahora impugnada significó un cambio que únicamente se reflejó en los casos de los procedimientos previstos en las reglas 3.2.28 y 3.3.6 del "Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior", publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós, pues mediante el Acuerdo ahora impugnado se excluyeron a dichos casos del requerimiento de presentar una fe de hechos; sin embargo, ello no constituye una nueva oportunidad para impugnar para impugnar aquella restricción que nació desde la norma emitida el nueve de mayo de dos mil veintidós, pues ante la falta de impugnación, el quejoso la consintió de manera tácita. En este sentido, es aplicable, por analogía, lo establecido en la tesis III.4o.(III Región) 60 A (9a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA NORMAS ADMINISTRATIVAS AUTOAPLICATIVAS. ES IMPROCEDENTE AUN CUANDO SE PROMUEVA OPORTUNAMENTE, SI EL CONTENIDO DE AQUÉLLAS NO CAMBIÓ RESPECTO DE OTRAS EMITIDAS ANTERIORMENTE QUE NO FUERON IMPUGNADAS. Si la demanda de amparo que se promueve contra normas administrativas autoaplicativas se presenta oportunamente, pero el contenido de aquéllas no cambió respecto de otras emitidas anteriormente por la autoridad responsable, que no fueron impugnadas dentro de los treinta días que establece la ley de la materia, el juicio es improcedente de conformidad con el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto consentido, pues no puede permitirse que, bajo el argumento de que se trata formalmente de un nuevo acto legislativo, el quejoso tenga una nueva oportunidad de controvertirlo en la vía constitucional, pues permitirlo equivaldría a recobrar un derecho perdido." [Énfasis añadido.] En este contexto, al no haber promovido el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la Ley de la materia, el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, sin que en el caso pueda considerarse, como lo pretende el quejoso, que se tome como fecha de conocimiento la de la emisión del Acuerdo publicado el diez de octubre de dos mil veintidós, pues, como se ha expuesto, mediante dicho acto legislativo únicamente se modificó la mencionada regla 3.1.1 de dicho Acuerdo con la finalidad de excluir del requerimiento relativo a la presentación de una fe de hechos a diversos procedimientos, sin reformar la regla subyacente relativa al requerimiento efectivamente impugnado. En conclusión, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, y en virtud de que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la misma Ley, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Economía del Gobierno de México consistente en la regla 3.1.1 del "Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil veintidós, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el Considerando Cuarto de este fallo, por las razones ahí expuestas. Notifíquese.Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Juan Francisco Reyes Robledo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JFRR/Ara

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de enero de dos mil veintitrés. Cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, con vista a las partes, para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta que rinde la autoridad responsable Secretaría de Economía, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se le tiene designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita a quienes menciona y señalando domicilio y cuenta de correo electrónico institucional para oír y recibir notificaciones. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas del veintidós de febrero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo su celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/JDMA/Ara

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