Rafael Anguiano Aranda

Expediente 1175/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1175/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Rafael Anguiano Aranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios remitidos por el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador Constitucional y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que este Juzgado Federal realice mayor pronunciamiento, toda vez, que por acuerdo de nueve de diciembre del año en curso, se requirió el cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de ********************, Morelos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecinueve; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el primer punto resolutivo sobreseer en el presente juicio de amparo, en el segundo negar el amparo y protección de la justicia federal y en el tercero conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: a) "No se le apliquen en el caso concreto ni en lo futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Las autoridades responsables Ayuntamiento y Tesorero, ambas del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, devuelvan la cantidad cobrada a la parte quejosa por concepto de impuesto adicional y que consta en el recibo folio fiscal 5139, únicamente por la cantidad de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos, cero centavos moneda nacional), con motivo de la aplicación de los artículos en mención. (.) En el entendido que la cantidad a devolver deberá actualizarse de conformidad con la jurisprudencia 2ª/J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, febrero de 2008, página 592: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." En consecuencia, se procede a realizar la actualización de la cantidad pagada por la parte quejosa por concepto de impuesto adicional, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (agosto de dos mil diecinueve) y a la fecha del presente requerimiento, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: ACTUALIZACIÓN MES MAS RECIENTE (OCTUBRE) ENTRE MES ANTERIOR (DE ACUERDO A LA FECHA DE PAGO JULIO) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 104.503 / ?? 103.687 1.007869839034787 El factor de ajuste se obtiene dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, esto es, octubre de dos mil diecinueve (104.503) entre el mes anterior de acuerdo a la fecha del pago (103.687), que da como resultado (1.007869839034787). CANTIDAD POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN CANTIDAD TOTAL A PAGAR $24,000.00 * 1.007869839034787 $24,188.87 Por lo tanto, el Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata Morelos, deberá devolver a la parte quejosa, la cantidad de $24,188.87 (VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL). De lo anterior, es necesario acredite con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, la referida autoridad está obligada a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Cabe precisar que el término de diez días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia de actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en dicho artículo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el mencionado artículo 192 de la Ley de Amparo, que puede ir de las cien a las mil Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1175/2019-I, promovido por RAFAEL ANGUIANO ARANDA, por propio derecho; y RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, RAFAEL ANGUIANO ARANDA, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. Segundo. Admisión de la demanda Por auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se registró la demanda bajo el número de expediente 1175/2019-l; se desechó parcialmente por la autoridad Notario Público Número Diez de la Primera Demarcación Notarial en el Estado, por las razones ahí expuestas; se admitió a trámite por las restantes autoridades señaladas en la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación (fojas 38 a 41). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde la parte quejosa debe acatar las disposiciones generales que combate y donde tuvo lugar su aplicación. Segundo. Fijación del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos reclamados son los siguientes: 1. El proceso legislativo que culminó con la expedición de los artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; 2. El cobro de la cantidad erogada por concepto de pago del derecho de inscripción en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en aplicación de la disposición legal referida en el numeral que antecede, que asciende a la cantidad de $14,364.00 (catorce mil trescientos sesenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional); 3. El proceso legislativo que culminó con la expedición de los artículos 94 Ter a 94 Ter-11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos; y, 4. El cobro de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional) por concepto de pago del impuesto adicional al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, en aplicación de las normas citadas en el párrafo anterior. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al Titular de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, consistente en el cobro realizado en aplicación de los artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, pues dichas autoridades al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto reclamado. Las referidas autoridades responsables indicaron que no han aplicado al quejoso los citados artículos 56 al 64 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, toda vez que tales preceptos fueron derogados por Decreto ciento veintiuno (121) publicado en el Diario Oficial "Tierra y Libertad", número 5350, de ocho de diciembre de dos mil quince, por lo que desde el uno de enero de dos mil dieciséis no se aplican tales preceptos a ningún contribuyente. En ese mismo sentido, las responsables manifestaron que no han aplicado al quejoso los diversos artículos 76 y 77 de la ley a comento, toda vez que en sus registros no existe cobro alguno por concepto de pago de derechos de inscripción ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, relacionado con la Escritura Pública 55,141. Lo manifestado por dichas autoridades no fue desvirtuado por la parte quejosa, no obstante que a través de auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve se le dio vista con el informe rendido por las mismas, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya aportado prueba idónea para desvirtuar la negativa de las responsables, de ahí que se tiene por inexistente el acto que a cada una se reclama. Lo anterior se estima así, pues exhibió como prueba la documental consistente en fotocopia simple de la escritura pública 55,141, sin embargo del texto de dicho instrumento notarial no se advierte que se le haya vinculado al pago de derechos previstos en los artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Tampoco de la diversa documental exhibida por el quejoso consistente en factura CFDI de folio fiscal 5139 expedida por la Notaria Pública Número Diez de la Primera Demarcación Notarial de Cuernavaca, Morelos, se advierte que se haya realizado alguna retención con fundamento en los preceptos legales citados. Pues si bien de la factura CFDI de folio fiscal 5139 expedida por la Notaria Pública Número Diez de la Primera Demarcación Notarial de Cuernavaca, Morelos, se advierte que se realizó la retención por $14,364.00 (catorce mil trescientos sesenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de "DERECHOS DE REG. PUB. PROP. Y COM. (DERECHOS RETENIDOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS)", para el pago de derechos (foja 29); documento al que se le otorga valor probatorio en términos de lo que disponen los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, de la citada documental no se desprende que la cantidad ahí indicada sea derivada de la aplicación de los mencionados artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Máxime que el quejoso no indicó cuál de las fracciones del artículo 77 de la legislación a comento es la que combate, esto es, no refiere la hipótesis normativa en la que dice se encuentra y el motivo de su cobro, lo que en todo caso evidencia que a la parte quejosa no se le aplicó cobro alguno de acuerdo a las cantidades previstas en alguna de las fracciones del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Por lo tanto, al no quedar demostrados los actos reclamados al Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Titular de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, consistente en el cobro realizado a la parte quejosa en aplicación de los artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, con fundamento en el ordinal 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto a dichas autoridades y por los actos que se les reclamó. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Cuarto. Certeza de las normas generales y actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman en sus respectivos ámbitos de competencia al Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todas del Estado de Morelos, consistentes en la aprobación, sanción, promulgación, refrendo y publicación, de las normas generales reclamadas, pues independientemente de lo que manifestaron al rendir su informe justificado, las leyes no son objeto de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2ª./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por su parte, las diversas autoridades responsables Ayuntamiento y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, la primera de ellas por conducto del Síndico Municipal, al rendir su respectivo informe de ley negaron los actos de ejecución que por esta vía se les reclama. Sin embargo, dichas negativas se encuentran desvirtuadas con las documentales allegadas por el quejoso a su demanda de amparo, toda vez que para acreditar la aplicación de los artículos que tilda de inconstitucionales exhibió para tal efecto la factura CFDI de folio 5139 expedida por la Notaria Público Número Diez de la Primera Demarcación Notarial de Cuernavaca, Morelos, de la que se advierte que se realizó la retención por la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional) por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, de conformidad con la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Así como de las documentales allegadas por las propias responsables municipales, consistentes en copias certificadas de los recibos oficiales de folio 414052 y 414053, ambos de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, expedidos por la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata (fojas 88 y 95), de los que se advierte el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes, de los cuales se advierte en cada uno de ellos los siguientes cobros: Subtotal $60,000.00 Adic. Educación 15% $7,200.00 Adic. Universidad 5% $2,400.00 Adic. Bomberos 2.5% $1,200.00 FAEDE 2.5% $1,200.00 Recargos $0.00 Total: $60,000.00 Recibos de los que se advierte el cobro de impuestos adicionales a Educación, Universidad, Bomberos y FAEDE, cantidades que sumadas ascienden a un total de $12,000.00 (Doce mil pesos, cero centavos, moneda nacional) en cada uno de ellos. Documentos expedidos en cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de actos jurídicos realizados ante un fedatario público, por tanto, se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo que disponen los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior guarda sustento en la la tesis de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1492, del rubro: "CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES." Lo anterior además se confirma de la fotocopia simple de la escritura pública 55,141 que el quejoso acompañó a su escrito inicial de demanda, de cuyo texto se advierte en la parte de "CLÁUSULAS", lo siguiente:  IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.- DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL ACTO JURÍDICO CONTENIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO CAUSA IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN SUS ARTÍCULOS NOVENTA Y CUATRO TER AL NOVENTA Y CUATRO TER ONCE, CIENTO VEINTIDÓS Y CIENTO VEINTITRÉS.- PROCEDIÉNDOSE A REALIZAR LAS SIGUIENTES LIQUIDACIONES: 1.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- LOTE 81 CON CLAVE CATASTRAL 1200-02-277-005.- BASE SEGÚN ESCRITURA .- 2´400,000.00.- TASA 2%.- $48,000.00.- MÁS 25% DE ADICIONALES $12,000.00.- IMPUESTO A PAGAR.- $60,000.00 2.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- LOTE 82 CON CLAVE CATASTRAL 1200-02-277-004.- BASE SEGÚN ESCRITURA .- 2´400,000.00.- TASA 2%.- $48,000.00.- MÁS 25% DE ADICIONALES $12,000.00.- IMPUESTO A PAGAR.- $60,000.00 (.)" Documento aunque exhibido en copia simple, se le otorga valor probatorio indiciario, pues no fue objetado por alguna de las partes, en términos del artículo 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Documentales que valoradas en su conjunto llevan a la convicción de la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas señaladas como responsables. Dicho lo anterior, debe señalarse que los cobros explicados son acordes al sistema legal del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles e impuesto adicional, previsto en los artículos 94 ter a 94 ter 11, 101 a 107, y 119 a 125, respectivamente, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que son del tenor literal siguiente: Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos "Articulo 94 Ter.- Son sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento." "Artículo 94 Ter-1.- Para los efectos de esta Sección, se entiende por adquisición la que se derive de: I.- Todos los actos por los que se trasmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte, la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; II.- La compraventa en la que el comprador se reserve la nuda propiedad, aun cuando la trasferencia de ésta opere con posterioridad; III.- La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias; IV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente; V.- Fusión de sociedades; VI.- La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie, remates, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; VII.- Transmitir la nuda propiedad; VIII.- La que se derive de toda resolución judicial o administrativa de adjudicación de inmuebles; IX.- La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, así como la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios; X.- Las que se realizan a través del Fideicomiso, en los siguientes casos: a).- En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. b).- En el acto en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos: a).- En el acto en que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. b).- En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos aún si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados de participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales títulos. XI.-Toda adquisición por arrendamiento financiero; XII.- La extinción de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal por la parte que se adquiere en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge; y XIII.- La celebración del contrato de permuta, en cuyo caso se considerará que se efectúan dos Adquisiciones." "Artículo 94 Ter-2.- El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 94 Ter de esta Ley, será el que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. En la determinación del valor del inmueble, se incluirá el valor de Construcciónes que en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre éstas tengan terceras personas. Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará sobre el valor más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. Las Tesorerías Municipales, establecerán las reglas de carácter general para práctica de avalúos. Para los efectos de este impuesto, los avalúos que se emitan tendrán vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha que se realicen. No producirán efectos fiscales los avalúos que no reúnan los requisitos a que refiere este artículo." "Artículo 94 Ter-3.- Los Municipios, por conducto de las autoridades fiscales, se reservan el derecho de revisar los avalúos que se emitan por la celebración de los actos que grava esta Ley. En consecuencia las autoridades fiscales quedan facultadas para practicar u ordenar se practique avalúo sobre el o los inmuebles materia de los actos debiendo referirlo a la fecha de celebración; este nuevo avalúo deberá ser tomado en cuenta por la autoridad fiscal y prevalecerá sobre los avalúos anteriores y aun sobre el precio pactado en los siguientes casos: A).- Cuando el valor resultante de dicho acto de fiscalización exceda en más de un diez por ciento de aquel o aquellos que hayan servido originalmente para determinar la base gravable de este impuesto, la autoridad fiscal con base en el nuevo avalúo procederá a determinar las diferencias del impuesto que resulten. B).- Cuando por el avalúo practicado, ordenado o tomado en consideración por las Autoridades Fiscales, resulten diferencias de impuesto, los fedatarios no serán responsables solidarios por las mismas, siempre y cuando el avalúo original no hubiere sido tramitado por dichos fedatarios." "Artículo 94 Ter-4.- El pago de este impuesto se deberá hacer mediante declaración, en las formas que para el efecto apruebe la Tesorería Municipal de la demarcación correspondiente, las cuales se presentarán dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: I.- Cuando se adquiera la nuda propiedad; II.- A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma, si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o el enajenarse bienes de la sucesión. En estos últimos casos el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente de que se cause por el cesionario o por el adquiriente; III.- Cuando se afecten inmuebles en fideicomiso; IV.- Cuando se elija la opción terminal en el contrato de arrendamiento financiero; V.- Tratándose de resoluciones judiciales o administrativas de adjudicación de inmuebles, a partir de la orden de inscripción o de la protocolización de escritura; y VI.- En los contratos de compraventa, a partir de la celebración. (ADICIONADO, P.O. 6 DE NOVIEMBRE DE 2013) "Artículo 94 Ter-5.- En las adjudicaciones que se hagan constar en escritura pública, los notarios y quien por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad por cada uno de los actos que consignen, lo que harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble. Los contribuyentes que adquieran un inmueble cuyo valor no exceda al equivalente a 365 días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado de Morelos, en el momento de la operación, pagarán el impuesto mediante declaración ante la Tesorería Municipal, acreditando lo establecido en el artículo 1805 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos vigente. En los demás casos, los contribuyentes pagarán el impuesto mediante declaración ante la Tesorería Municipal que corresponda a la ubicación del inmueble." "Artículo 94 Ter-6.- Se presentará declaración por todas las Adquisiciónes aun cuando no haya impuesto a enterar." "Artículo 94 Ter-7.- Las obligaciones a cargo del contribuyente derivadas de este impuesto y sus accesorios, se extinguen en un plazo de cinco años, contados a partir del día siguiente de aquél en el que el Municipio tenga conocimiento por conducto de las autoridades fiscales." "Artículo 94 Ter-8.- Cuando la adquisición de bienes inmuebles se produzca por resoluciones de autoridades no ubicadas en el Estado de Morelos, el pago del impuesto se hará dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que haya formalizado la adquisición ante fedatario. Cuando dicha adquisición opere en virtud de actos y contratos celebrados fuera del territorio de la República Mexicana, o bien a través de resoluciones dictadas por autoridades extranjeras, el impuesto deberá ser cubierto dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la fecha en que surtan sus efectos en la República Mexicana." "Artículo 94 Ter-9.- No causarán este impuesto: I.- Las Adquisiciones de inmuebles que haga la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, para formar parte de los bienes del dominio público; II.- La adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal, siempre que no crezca el por ciento que originalmente le correspondía a los cónyuges y que se acredite que estos bienes fueron adquiridos bajo este régimen; III.- La extinción de la copropiedad, siempre que los copropietarios extinguidos no excedan de las porciones que proindiviso correspondían a cada uno de los copropietarios; y IV.- Los actos o contratos traslativos de dominio en los que intervenga una institución u organismo creado por el Estado para promover la vivienda como adquirente por lo que a ellas se refiere." "Artículo 94 Ter-10.- Los fedatarios no podrán autorizar definitivamente las escrituras en que consten los actos que grava esta Ley, hasta en tanto no les sea devuelta por la autoridad competente la declaración en que se manifestó la operación o se realizó el pago del impuesto a que esta Sección se refiere, según sea el caso." "Artículo 94 Ter-11.- El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, no registrará la operación traslativa de dominio, si no se le exhibe el documento que contenga la declaración de este impuesto, debidamente sellado por la autoridad fiscal respectiva.". "Artículo 101.- El impuesto deberá pagarse en la Tesorería Municipal del lugar de la ubicación de los bienes." "Artículo 102.- El pago del impuesto se hará dentro de los quince días siguientes a la operación, para los efectos de este artículo se considerará realizada la operación en los casos de informaciones testimoniales de dominio quince días naturales después de ser notificada la resolución correspondiente." "Artículo 103.- Los Notarios o Jueces que actúen por Receptoría, exigirán la comprobación del pago del impuesto antes de autorizar las escrituras en que conste la operación así como la autoridad que lo expidió." "Artículo 104.- Cuando el acto, contrato o promesa obre en documento privado al hacerse el pago del impuesto se presentará un tanto el contrato a la Tesorería Municipal." "Artículo 105.- El encargado del Registro Público de la Propiedad no registrará la operación de traslación de dominio si no se le comprueba el pago del impuesto." "Artículo 106.- Cuando las operaciones se celebren fuera del Municipio, sobre los bienes situados dentro de sus límites, el impuesto se pagará antes de ratificarse el contrato ante Notario si debe llenarse este requisito o en caso contrario antes de inscribir la escritura o contrato en el Registro Público. Si el contrato o promesa no debe ser registrado, el impuesto se pagará dentro de los treinta días naturales siguientes a la celebración de la operación." "Artículo 107.- Por la promesa de enajenación de bienes que establecen las Fracciones II y XIII del Artículo 93 de esta Ley, el impuesto se liquidará una sola vez, siempre y cuando la persona del promitente comprador original. Toda cesión de derechos posterior se equipara a una nueva operación de traslación de dominio y causa el impuesto a que este capítulo se refiere." "Artículo 119.- Es objeto del impuesto adicional la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio." "Artículo 120.- Son sujetos del impuesto adicional quienes tengan a su cargo, directa o solidariamente, los pagos a que se refiere el Artículo anterior." "Artículo 121.- Es base del impuesto los pagos por concepto de impuestos y derechos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio." "Artículo 122.- La tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el Artículo 121 y su aplicación se hará según lo dispone el Artículo 123 de esta Ley." "Artículo 123.- El Impuesto adicional referido a: a).- Impuesto de traslado de dominio, así como de los derechos sobre fraccionamientos se aplicará como sigue: I. El 15% se asigna para apoyo a educación; II. El 5% se asigna Pro-Universidad; III. El 2.5% se asigna al equipamiento y desarrollo de los Cuerpos de Bomberos Municipales, y IV. El 2.5% se asigna al FAEDE. Lo anterior se sumaría al 1.5% de los ingresos propios, participaciones federales e ingresos coordinados con que ya cuenta dicho fondo. b).- Los demás impuestos y derechos. 25% General para el Municipio." "Artículo 124.- El entero del impuesto se hará en el momento en que se realicen los pagos objeto del gravamen." "Artículo 125.- Este impuesto no será objeto de reducción, su aplicación se hará sobre la base del crédito principal.". De acuerdo al artículo 94 ter de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se prevé que son sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que dicha Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento. Los diversos 94 ter 1 a 11, de la ley en cita, así como 101 a 107, contienen normas que integran el sistema de cobro del referido impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En tanto que en los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, se establecen los elementos del impuesto adicional, al señalarse que es objeto de éste la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio; siendo los sujetos obligados quienes tengan a su cargo, directa o solidariamente, los pagos a que se hace mención y que la tasa general del impuesto será del 25% sobre la base que señala el artículo 121 y su aplicación se hará según lo dispone el artículo 123 de esta Ley. En las condiciones apuntadas, es innegable que se acreditan los actos de aplicación de las normas impugnadas por la parte quejosa, lo que la posibilita para reclamarlas a través del presente juicio de garantías. Quinto. Causales de improcedencia. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferente, este juzgador procede a analizar si se actualiza alguna. Las autoridades responsables hicieron valer diversas causas de improcedencia, las cuales se analizan al tenor siguiente: ? Actos que no afectan los intereses jurídicos del quejoso. Las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Hacienda, Titular de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Secretario de Gobernación; Titular del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, todos del Estado de Morelos, argumentaron como causal de improcedencia que el quejoso no acreditó el acto concreto de aplicación, por lo que no se afecta su interés jurídico, que cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresamente en perjuicio del peticionario de garantías, lo que en la especie dicen no se demuestra; de ahí que la parte quejosa no acreditó el acto concreto de aplicación ni la afectación personal y directa. Tales manifestaciones implican la invocación de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.". Es parcialmente fundada la causal de improcedencia hecha valer por las responsables, toda vez que a juicio del que aquí resuelve, la misma se actualiza respecto de los artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en razón de que la parte quejosa no acredita fehacientemente el acto de aplicación de los mencionados numerales. En principio, debe decirse que hay cierto tipo de leyes que no necesitan de un acto de aplicación posterior para producir sus efectos en las situaciones para las que están destinadas a operar, sino que su sola promulgación conlleva la obligatoriedad efectiva y actual para las personas o categoría de personas, cuya situación regulan. A estas leyes se les denomina autoaplicativas. En cambio, hay cierto tipo de leyes que su mera existencia es intrascendente para producir efecto alguno en la situación que va a afectar; es decir, sus consecuencias no se producen inmediatamente, sino que se requiere de un acto de aplicación posterior a su nacimiento, que imponga a los gobernados o los haga observar los mandatos legales, es decir, que afecte su esfera jurídica, ya sea que este provenga de la actividad estatal o que emane de la voluntad del particular, estas leyes se denominan heteroaplicativas. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis jurisprudencial P./J. 55/97, de registro 198200, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Julio de 1997, Novena Época, página 5, con el rubro siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." En el caso, las normas que la quejosa reclama, requieren de un acto concreto de aplicación por parte de la autoridad para la procedencia del juicio bi-instancial. Ahora bien, respecto de los artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, la quejosa no acreditó el primer acto de aplicación de dicha norma que tilda de inconstitucional. En efecto, en el presente juicio el peticionario de garantías reclama lo establecido en los citados artículos de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, los cuales son del contenido siguiente: LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS. "Artículo 59. Derogado" "Artículo 60. Derogado" "Artículo 61. Derogado" "Artículo 62. Derogado" "Artículo 63. Derogado" "Artículo 64. Derogado" "Artículo 76. Los servicios que se presten en materia de Registro Público de la Propiedad causarán derechos y se pagarán previamente por los interesados conforme a esta Ley." "Artículo 77. Los servicios que se presten en materia de registro público de la propiedad causarán derechos y se pagarán previamente por los interesados conforme a esta Ley, con base en los términos siguientes: Tarifa en UMA I. Por la calificación de todo documento que se devuelva sin que se preste el servicio solicitado por omisión de requisitos, impedimento legal, por contener datos incorrectos o a petición del interesado, por cada vez: 2.50 II. Por la inscripción de: a) Documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, por cada inmueble a que se refiere esta fracción: 85.00 La primera inscripción de la propiedad será gratuita y los derechos por el registro de los actos traslativos subsecuentes se causarán en términos de este inciso. Esta misma tarifa aplicará a la compraventa con reserva de dominio; a la compraventa de la nuda propiedad con reserva del usufructo; así como a la adjudicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal o aplicación de bienes por gananciales cuando el adquiriente no sea titular registral; b) Hipoteca, por cada inmueble en que se deba hacer el registro: 85.00 c) La sustitución de deudor o de acreedor, en cualquier caso: 9.00 d) El registro de cédulas hipotecarias: 25.50 III. En materia de patrimonio familiar, por la inscripción de: a) La constitución de patrimonio familiar: 1.50 b) La cancelación del patrimonio familiar: 1.50 IV. Por la inscripción de fideicomisos y contratos de arrendamiento: a) Fideicomisos de administración o de garantía, por cada inmueble que se afecte: 28.50 b) Cancelación de estos fideicomisos, por cada inmueble que se afecte: 11.50 c) Contratos de arrendamiento de inmuebles: 28.50 V. En materia de fraccionamientos y condominios, por la inscripción de: a) Fraccionamiento, lotificación, fusión, división o subdivisión de un inmueble, por cada lote o fracción: 9.00 b) Constitución de régimen de propiedad en condominio o, en su caso, de su modificación por cada unidad condominal: 9.00 VI. Tratándose de contratos de prenda o comodato, de contratos sobre bienes muebles o de los que establezcan condición suspensiva o resolutoria o de cualquiera otra modalidad: a) Por su inscripción 56.50 b) Por la inscripción de documentos que extingan los actos mencionados en la fracción anterior: 9.00 VII. Tratándose de contratos de compraventa con reserva de dominio sobre bienes inmuebles: a) Por su inscripción: 56.50 b) Por la inscripción de documentos en que se haga constar la cancelación de la reserva de dominio sobre bienes inmuebles: 56.50 VIII. Tratándose de sociedades o asociaciones civiles, por la inscripción de: a) Documentos en que se constituya una asociación o sociedad civil, o de sus aumentos: 28.50 b) Acta de asamblea de las personas morales mencionadas: 13.50 c) Fusión de sociedades y asociaciones civiles: 28.50 d) Cada uno de los actos de disolución, liquidación o cancelación del asiento correspondiente a una sociedad o asociación civil: 17.00 IX. Por la inscripción de instrumentos de representación legal: a) Poderes o sustituciones de los mismos, por cada inmueble: 9.00 b) Revocación de poderes, por cada inmueble: 3.50 X. Por la inscripción de fianzas, contrafianzas u obligaciones solidarias con el fiador: 11.50 XI. Por la expedición de: a) Certificados de libertad o existencia de gravámenes: 3.50 b) Certificados de libertad o existencia de gravámenes, con efectos de aviso preventivo: 10.50 c) Certificados de inexistencia de registro: 11.50 d) Certificados de no propiedad: 2.50 e) Certificados de inscripción de propiedad: 7.00 f) Informes y constancias solicitadas por autoridades y organismos no exceptuados por la ley: 7.00 g) Certificados de búsqueda de antecedentes registrales: 11.50 h) Copias certificadas de documentos registrales o que obren en el archivo: 7.00 i) Copias transcritas: 11.50 XII. Por el depósito de testamentos ológrafos: 6.00 XIII. Por la expedición de informes respecto al registro o depósito de testamentos que se rindan a solicitud de jueces o notarios, por cada testador: 11.50 XIV. Por la cancelación de embargos, hipotecas, cédulas hipotecarias y fianzas: 9.00 XV. Por la anotación de los datos de registro en un testimonio notarial adicional: 6.00 XVI. Por la inscripción de testimonios notariales que rectifiquen o aclaren el registro de otro testimonio: 9.00 XVII. Inscripción de rectificación y reposición de inscripciones: 9.00 XVIII. Por cada una de las consultas de libros, folio real electrónico, y consultas en internet, que corresponda al total de anotaciones y registros de una sola propiedad: 1.50 XIX. Por concepto de certificación de documentos y firmas, distintos de los establecidos en el inciso h), de la fracción XI del presente artículo, se causarán los derechos establecidos en el Capítulo Décimo Séptimo del presente Título; XX. Por concepto de verificación en campo de un inmueble: 6.00 XXI. Por la inscripción de embargos administrativos, en materia fiscal, laborales o judiciales: 28.50 XXII Inscripción de servidumbre: 11.50 XXII Cancelación de servidumbre: 11.50 XXIII. Inscripción de modificación de medidas: 11.50 XXIV. Anotación preventiva de demanda: 11.50 XXV. Cancelación de anotación preventiva: 11.50 XXVI. Reversión de propiedad, por inmueble: 11.50 XXVII. Inscripción de modificación de fideicomiso, por inmueble: 11.50 XXVIII. Cancelación de usufructo vitalicio: 11.50 XXIX. Inscripción de cancelación de litigio: 11.50 XXX. Inscripción de cancelación de anotación judicial: 11.50 XXXI. Ratificación de firmas: 11.50 XXXII. Por la inscripción, anotación, cancelación, expedición de documentos o informes de cualquier otro acto no especificado en este artículo, se cobrará: 11.50 Como se precisó, los artículos 59 al 64 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, fueron derogados por Decreto ciento veintiuno (121) publicado en el Diario Oficial "Tierra y Libertad", número 5350, de ocho de diciembre de dos mil quince; por lo que, tomando en consideración que la firma de la Escritura Pública 55, 141 se formalizó el nueve de agosto de dos mil diecinueve, es evidente que tales preceptos no fueron aplicados a la parte quejosa. Por su parte, el artículo 76 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, establece que los servicios que se presten en materia de Registro Público de la Propiedad causarán derechos y se pagarán previamente por los interesados conforme a esa Ley; y del diverso 77 se desprende el cobro de las tarifas por la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, propiedad, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, incluyendo los fideicomisos traslativos de dominio, contratos de arrendamiento, contratos de hipoteca celebrados por Instituciones de Crédito, Seguros o de Fianzas, entre diversos actos jurídicos y de comercio, estableciendo para ello diversas tarifas en unidades de medida de actualización (UMAS) a razón de su concepto. Sin embargo, de las documentales que obran en los autos no se advierte la aplicación de dichos preceptos legales, lo que significa que, contrario a las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de garantías, no existe acto de aplicación de los artículos 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Se determina en este sentido ya que no debe perderse de vista que resulta necesario que se compruebe fehacientemente, la existencia de actos en los que se concrete expresa o implícitamente en perjuicio del gobernado, la hipótesis normativa que combata, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías sino, de su plena demostración. Orientan tal argumento, la tesis de la Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 199-204 Primera Parte, Página: 79, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Común: del rubro: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE." Jurisprudencia de la Octava Época, Registro: 1002355, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia(s): Común, Tesis: 289, Página: 309, que se cita enseguida: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.". También es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Tesis: 2ª./J. 71/2000, Página: 235: cuyo rubro a continuación se cita: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Lo anterior sin soslayar que en la indicada factura CFDI de folio 5139 expedida por la Notaria Público Número Diez de la Primera Demarcación Notarial de Cuernavaca, Morelos, se asentó que se realizó la retención por la cantidad de $14,364.00 (catorce mil trescientos sesenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de derechos retenidos de Registro Público de la Propiedad y Comercio, de conformidad con la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, lo cual podría catalogarse como un acto de aplicación de las normas legales invocadas, pero éste no es así a virtud de que de la citada documental no se desprende que la cantidad ahí indicada sea derivada de la aplicación particularmente de los mencionados artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; aunado a que tampoco se advierte que el quejoso haya indicado cuál de las fracciones del artículo 77 de la legislación a comento es la que combate y se le haya aplicado. Po lo tanto, al no haberse demostrado la aplicación de los artículos 59 A 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en perjuicio del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo y lo procedente es sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley e la materia respecto a dichos normativos. Por otra parte, siguiendo el análisis de la presente causal de improcedencia respecto de los artículos 94 ter a 94 ter 11, 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos no asiste razón a las autoridades responsables, en virtud que contrario a lo que afirman, como se evidenció en el considerando cuarto, sí se encuentran acreditados plenamente los actos de aplicación derivados de tales numerales, lo que posibilita a la parte quejosa a reclamarlo a través del presente juicio, de tal suerte que no se actualiza la causal de improcedencia invocada sustentada precisamente en la falta de existencia de acto de aplicación, pues como se explicó tales actos ocurrieron, a saber, con el cobro de las cantidades explicadas, por los conceptos de derechos de cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, impuesto adicional y derechos de inscripción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala (Novena Época), identificada con el número 2ª./J. 43/2000, consultable en la página 112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Mayo de 2000, registro número 191786, del rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS.". Lo cual se considera suficiente para acreditar el interés de la quejosa en este juicio de amparo, motivo por el cual no se actualiza la causal de improcedencia que hicieron valer las indicadas autoridades responsables, previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XXIII, en relación con el 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo respecto de los artículos combatidos de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. ? Conceptos de violación deficientes. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos refiere que la parte quejosa únicamente transcribe los numerales de los ordenamientos jurídicos que reclama siendo que dicha transcripción no reúne las condiciones necesarias que se establecen para ser considerados como conceptos de violación ya que no endereza algún argumento o agravio tendiente a establecer la contravención de la norma general impugnada con el acto de aplicación. Deben desestimarse tales manifestaciones por cuanto a los artículos 119 a 125 de la ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, pues en el caso opera la suplencia de la deficiencia de la queja, al ser una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual incluye la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de dicha disposición y, por lo tanto, no puede abstraerse de los efectos de dicha declaratoria, pues la suplencia de la queja opera aún en el caso de ausencia de la expresión de conceptos de violación, por lo tanto, no puede aislarse de los efectos de dicha declaratoria. Es infundada la causa de improcedencia invocada, en la que la responsable refiere que la parte quejosa únicamente transcribió los numerales de los ordenamientos jurídicos que reclama siendo que dicha transcripción no reúne las condiciones necesarias que se establecen para ser considerados como conceptos de violación ya que no endereza algún argumento o agravio tendiente a establecer la contravención de la norma general impugnada con el acto de aplicación. Toda vez que, como se advierte de la lectura de la demanda de garantías, la parte quejosa sí cumplió con los extremos requeridos para considerar que existen verdaderos conceptos de violación, en atención a que expresó claramente la causa de pedir y expuso de forma razonada porqué estima inconstitucionales los actos reclamados. Ello es así, pues en relación a los artículos 94 Ter al 94 Ter 11, entre otras cosas, el quejoso aduce que no satisface el requisito de legalidad tributaria consistente en la determinación por acto legislativo de todos los elementos del Tributo. Además, resulta innecesario que los conceptos de violación se planteen a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental; de ahí que se estime que los argumentos de la parte quejosa sí cumplen con las condiciones para ser considerados conceptos de violación, resultando infundada la causal de improcedencia hecha valer. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P./J. 68/2000, consultable en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Agosto de 2000, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.". En ese orden de ideas es claro que resulta infunda la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable. ? Actos consentidos (extemporaneidad). Por su parte, las autoridades responsables Síndico y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos (el primero en representación del ente municipal) aducen que el acto reclamado es un acto consentido por no haber presentado la demanda dentro del plazo previsto en la Ley de Amparo. Dicha causal de improcedencia se encuentra prevista en los artículos 61 fracciones XIII y XIV de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. [.]" Es infundada la causal establecida invocada, porque aun cuando la parte quejosa haya enterado las contribuciones ante la responsable, ni siquiera su pago liso y llano implica el consentimiento expreso de la ley que la establece, pues dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad de la peticionaria con el contenido de la ley y acto impugnado, como se ha sostenido en la jurisprudencia que a continuación se trascribe. Es aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P./J. 68/97, consultable en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, septiembre de 1997, registro número 197667, que precisa lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE.". En relación a la causal prevista en la fracción XIV del mencionado artículo es infundada, cierto el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone que, tratándose de amparo contra leyes con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, contado a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de sus actos de ejecución, o de aquél en que se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. En la especie, la quejosa manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de agosto de dos mil diecinueve, fecha en que se le expidieron las facturas de pago de impuestos y derechos generados inherentes a las obligaciones adquiridas en la Escritura Pública 55,141, de nueve de agosto de dos mil diecinueve, pasada ante la fe de la Notaria Pública Número Diez de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos. Sin embargo, contrario a lo indicado por la parte quejosa, de las constancias allegadas a este juicio este juzgado advierte que tuvo conocimiento de los actos reclamados el nueve de agosto de dos mil diecinueve, fecha en la que se formalizó el contrato de compraventa en el citado Instrumento Público 55,141 no existiendo medio de convicción contrario. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 83/2019 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2020056, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, Décima Época, página 1964, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA." Por tanto, se arriba a la conclusión de que la parte inconforme conoció de los actos de aplicación el nueve de agosto de dos mil diecinueve, por lo que el término de quince días para la promoción de la demanda de garantías comenzó el día hábil siguiente, esto es, el doce de agosto y culminó el treinta de agosto de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles que mediaron entre ellos, de ahí que si la demanda se presentó el treinta de agosto del año en curso, es claro que se encuentra dentro del plazo de quince días hábiles a partir de que tuvo conocimiento de los actos de aplicación; por lo tanto, tampoco se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues no se está en la presencia de actos consumados de manera irreparable, en todo caso, al haberse promovido la demanda en el término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es inconcuso que a través del presente juicio de amparo se pueden resarcir los derechos humanos que la parte quejosa considera violados. Al no haber diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, y quien resuelve no advierte alguna que se tenga que estudiar de oficio, se analizara el fondo del asunto. Sexto. Análisis de la constitucionalidad de los artículos 94 ter a 94 ter-11, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Tomando en consideración que la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales pudiera trascender en un cobro de dinero en prejuicio de la parte quejosa, se hace la precisión que el estudio de la constitucionalidad del presente asunto en relación al tributo efectuado por la adquisición de bienes a que se refieren los preceptos ya invocados se efectuará como un sistema normativo, de conformidad con la Jurisprudencia 2ª./J. 134/2016 (10ª.), con registro 2012916, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 691, de rubro: "BUZÓN TRIBUTARIO, CONTABILIDAD Y REVISIONES ELECTRÓNICAS. LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42, FRACCIÓN IX Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE REGULAN ESAS FIGURAS JURÍDICAS, INTEGRAN UN SISTEMA NORMATIVO PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013)." Son en una parte inoperantes y en otra infundados los conceptos de violación que la parte quejosa esgrime en contra de los artículos 94 Ter a 94 Ter-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, sin que haya queja deficiente que suplir por no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo en razón de que dichos preceptos legales no se encuentran en el hipotético de haberse declarado inconstitucionales por Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la parte quejosa aduce que dichas disposiciones legales son violatorias de los principios de legalidad tributaria, contenidos en el artículo 31, fracción IV de Nuestra Carta Magna, porque el impuesto sobre adquisición adolece de base gravable, al no contener parámetros legislativos certeros y firmes para su determinación, resultado de las facultades discrecionales de revisión de la autoridad recaudadora en el proceso de individualización del valor de los inmuebles, sometiendo al ciudadano a un sistema subjetivo y unilateral en la cuantificación final de la obligación, en virtud de que si bien el artículo 94-Ter de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos indica que el impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento de conformidad con la regla elemental de la justicia distributiva (trato diferenciado a obligados diferenciados), y que el diverso 94 Ter-2, prescribe los tres valores posibles entre los cuales se elegirá el más alto; lo cierto es que ninguno de estos artículos garantiza certeza al ciudadano en el cálculo e individualización de sus obligaciones, en virtud de que a su vez, el 94 Ter-3, otorga facultades a la autoridad administrativa para revisar los avalúos, lo que constituye una facultad inconstitucional dada a las autoridades recaudadoras que puede ser ejercido con total discreción y arbitrariedad. El concepto de violación anterior deviene inoperante. Lo anterior, en razón de que la parte quejosa argumenta en torno a un supuesto normativo que en el caso concreto no demuestra que se haya materializado; es decir, que las autoridades del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, hayan ejercido las facultades previstas en el artículo 94 Ter-3, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativas a la facultad para revisar los avalúos conforme a los que se hubiera determinado el valor del inmueble cuya adquisición se grava con el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En efecto, la parte quejosa se abstuvo de narrar en la demanda que se hubieran ejercido esas facultades en el caso del cobro contenido en el recibo folio fiscal 5139; además, tampoco refiere que las autoridades del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos hayan realizado esa revisión, ni que hubieran determinado un distinto valor del bien inmueble bajo el cual realizaran el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. En tal virtud, atendiendo a la literalidad de los datos contenidos en el recibo de pago de mérito, relativos al concepto de pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se arriba a la convicción de que no se hace referencia a que el cobro se hubiera obtenido del ejercicio de una revisión de la autoridad exactora respecto del valor del bien inmueble objeto de la adquisición de propiedad. Por lo tanto, los conceptos de violación relativos a la violación al principio de legalidad tributaria, devienen inoperantes, precisamente por el hecho de no ubicarse la parte quejosa en dicha hipótesis legal. Es aplicable por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 167799, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2ª. XXIV/2009, Página: 465, con el rubro: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENCAMINADOS A CONTROVERTIR EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN LIX, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2002, SI EL QUEJOSO NO SE UBICA DENTRO DE SUS SUPUESTOS." Es preciso indicar que respecto a la trasgresión al principio tributario de legalidad, resulta necesario precisar en primer término, qué es lo que se entiende por el derecho fundamental de legalidad en materia tributaria, para estar así en condiciones de determinar si los preceptos impugnados son o no violatorios de dicho principio. En ese sentido, resulta indispensable atender al contenido del artículo 31, fracción IV, constitucional, el cual dispone: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Derivado del precepto constitucional transcrito se desprenden los siguientes derechos en materia tributaria: a) Contribuir para los gastos públicos de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan. b) Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. De lo anterior se colige como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, en ese sentido la legalidad tributaria se traduce en que la carga impositiva esté prevista en una ley, ello con el objeto de que no se deje al arbitrio de las autoridades exactoras la fijación del tributo o uno de sus elementos. Esto es, las autoridades tienen la obligación de aplicar las disposiciones generales, lo que da lugar a conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos esenciales del tributo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, del 91-96 Primera Parte, página 172, que indica: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.". En otras palabras, el principio de legalidad tributaria se traduce en que la ley que crea el tributo defina los elementos fundamentales que sirven para individualizarlo, tales como los sujetos activo y pasivo del tributo, el hecho imponible, la base gravable y la tasa o tarifa. El principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria tiene el carácter de defensa de la propiedad de los ciudadanos, esto es, asegura por el hecho de que la ley formal presenta características que la hacen aparecer como el acto más idóneo para proteger los intereses de los particulares, pero sobre todo por el hecho de que la aprobación de los tributos por ley equivale a decir que dichas prestaciones coactivas vendrán impuestas por el órgano que constituye la representación política de aquellos que eventualmente deberán soportar la carga derivada de tales prestaciones. Así, el principio de que nadie esté obligado a satisfacer tributos que no hayan sido establecidos y regulados por una ley cumple otra exigencia, que se hace consistir en la certeza o seguridad jurídica, esto es, el hecho de que la obligación de contribuir nazca únicamente como consecuencia de un hecho previsto en una norma objetiva y no en virtud de un acto discrecional de la Administración de carácter singular, denota un principio de racionalidad del ordenamiento y, al mismo tiempo, una garantía de certeza. En consecuencia, el principio de reserva de ley delimita el campo de las prestaciones tributarias y determina los elementos de las prestaciones que se consideran esenciales a los efectos de la reserva legislativa. La doctrina, como ha sido citado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro "LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.", de número de registro 197375, señala que existen dos tipos de reserva de ley, la absoluta y la relativa. 1. La absoluta, es aquella en la que la ley es la única fuente, puesto que no permite la regulación de una determinada materia a otro tipo de normas, esto es, la materia será regulada única y exclusivamente por la ley, formada mediante el proceso legislativo. 2. La relativa, tiene lugar cuando la Constitución permite que otra parte de la materia la regulen normas secundarias; sin embargo, le impone la exigencia de que se determinen expresa y limitativamente las directrices a las que dichas normas deberán ajustarse, regulándose así los aspectos o elementos esenciales de esa materia. La reserva de la ley relativa, en consecuencia, no es un medio por el cual la autoridad exactora pueda actuar a su libre arbitrio, ya que no puede traspasar la frontera que le delimita la propia reserva. Esto es, para que la ley impositiva no sobrepase la reserva de ley, se debe fijar en ella clara y precisamente los parámetros o directrices en que habrá de actuar la autoridad exactora. De lo contrario, la ley es inconstitucional por atentar, precisamente, contra el principio de legalidad tributaria o reserva de ley que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al estar la carga impositiva prevista en una ley, se evitarían las siguientes circunstancias: 1. Que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. 2. El cobro de impuestos imprevisibles. 3. El cobro de impuestos a título particular. Además de que el particular podrá en todo momento conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. De todo lo anterior se colige que el principio de legalidad que debe regir en materia tributaria se constriñe en imponer al legislador la obligación de expresar en la ley todos y cada uno de los elementos del tributo, para evitar así el dejar en manos de la autoridad exactora la facultad de incluir algún elemento esencial del tributo, lo que resultaría evidentemente contrario y violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Establecido el alcance del derecho de legalidad tributaria, debe decirse que el legislador cuenta con plena libertad para el establecimiento de contribuciones, cuyo único límite es el respeto a los principios constitucionales que han sido desarrollados, según se asienta en la jurisprudencia P./J. 17/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, tomo VI, primera parte, julio a diciembre de 1990, página 75, de número de registro 205868, que indica: "CONTRIBUCIONES, OBJETO DE LAS. EL LEGISLADOR TIENE LIBERTAD PARA FIJARLO, SIEMPRE QUE RESPETE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.". Los impuestos son directos cuando la obligación de su pago recae en los propios contribuyentes, quienes no tienen la posibilidad de efectuar su traslado a terceras personas, es decir, el costo fiscal es absorbido por ellos mismos en la medida en que son propietarios de la tierra, la renta o el capital, o bien, por ser quienes reciben los beneficios del trabajo que les prestan diversas personas. Por otra parte, los impuestos indirectos son aquellos que se trasladan para su pago a una tercera persona, llamada consumidor de bienes y servicios, como acontece, por mencionar algunos, en el tributo que se impone al valor agregado y el especial sobre determinados bienes y servicios. Precisado lo anterior, debe ahora examinarse el texto de la norma reclamada, para posteriormente vincularla con el principio de legalidad previamente explicado. Los artículos 94 ter a 94 ter 11, de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, disponen el mecanismo de cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles; al que están obligadas al pago las personas físicas o morales que adquieran inmuebles y que consistan en la superficie de terreno y la de construcción, en su caso, así como los derechos relacionados con los mismos, según la Ley General de Hacienda Municipal, el cual se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento y el valor del inmueble que se considerará para el pago del impuesto, es el que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada, tal y como lo dispone el artículo 94 ter 2. De acuerdo con lo narrado por la parte quejosa en su demanda de amparo, se advierte que se le cobró el impuesto sobre adquisición de inmuebles con motivo de la compraventa de dos inmuebles contenidos en la escritura pública número 55,141; tributo que fue retenido por la fedataria público y que ascendió a la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional), cuya base fue el precio de la operación de cada uno de los inmuebles, y se advierte de la fotocopia simple de la escritura pública que exhibió: 1.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- LOTE 81 CON CLAVE CATASTRAL 1200-02-277-005.- BASE SEGÚN ESCRITURA .- 2´400,000.00.- TASA 2%.- $48,000.00.- MÁS 25% DE ADICIONALES $12,000.00.- IMPUESTO A PAGAR.- $60,000.00 2.- OPERACIÓN.- COMPRAVENTA.- LOTE 82 CON CLAVE CATASTRAL 1200-02-277-004.- BASE SEGÚN ESCRITURA .- 2´400,000.00.- TASA 2%.- $48,000.00.- MÁS 25% DE ADICIONALES $12,000.00.- IMPUESTO A PAGAR.- $60,000.00 Lo que se encuentra corroborado con el recibo folio fiscal 5139, al contener el referido tributo causado. Como se precisó, en opinión de la parte quejosa se trasgrede en su perjuicio el derecho de legalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, no le asiste la razón porque como se explicó, el derecho de legalidad en materia tributaria implica que la ley que crea el tributo defina los elementos fundamentales que sirven para individualizarlo, tales como el sujeto activo y pasivo del tributo, el hecho imponible, la base gravable y la tasa o tarifa. En el caso, los artículos impugnados contrario a lo afirmado por la parte quejosa, no transgreden tal principio. Particularmente, no asiste razón a la quejosa en cuanto a que no se encuentra definido el objeto ni el sujeto del impuesto, ya que el 94 ter, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, establece con claridad que son sujetos obligados al pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. Con lo que queda de manifiesto que el hecho que genera el impuesto se trata de la adquisición inmobiliaria. Además, el propio artículo 94 ter 1, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, remarca que el objeto del tributo en análisis es la adquisición de inmuebles, al establecer que se entiende por adquisición la que se derive de los actos que ahí se señalan, y aunque entre otros se hace alusión a todos los actos por los que se trasmita la propiedad, ello no provoca, como lo afirma el quejoso, una indefinición del objeto, ya que debe interpretarse en conjunto con las demás normas que integran el sistema de cobro y particularmente el indicado 94 ter, donde con toda claridad aparece como objeto del tributo la adquisición inmobiliaria y como sujeto de éste las personas físicas y morales que adquieran inmuebles. Por lo tanto, se estima que los vigentes artículos 94 ter a 94 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, no contienen disposiciones confusas ni crean incertidumbre sobre el objeto ni el sujeto obligado al pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, sino que, por el contrario, está perfectamente definido, en los términos apuntados. Al no demostrarse que el mecanismo de cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles, viole el principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, y resultar por ende inoperantes e infundados los conceptos de violación, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal, con relación a los artículos 94 ter a 94 ter-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; y de igual manera por lo que hace al acto de aplicación traducido en el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, en virtud de que no se reclamó por vicios propios, sino de los que se atribuyeron a dichas normas combatidas. Séptimo. Análisis de la constitucionalidad de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. En lo tocante a las normas municipales que sustentan el pago del impuesto adicional que se generó con motivo del diverso tributo por pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 119 a 125 de Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se emite la siguiente consideración jurídica: Respecto a los señalados dispositivos legales, con sustento en lo que dispone el artículo 79 fracción I de la Ley de Amparo, se declaran fundados los conceptos de violación, en suplencia de la deficiencia de la queja, en aplicación de la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2004487, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2ª./J. 126/2013 (10ª.), Página: 1288 del rubro y texto siguientes: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.". En efecto, la Segunda Sala del máximo tribunal del país, en la ejecutoria de la contradicción de tesis en mención, determinó esencialmente lo siguiente: ".Asimismo, es importante destacar que el Pleno de esta Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad número 29/2008, en sesión del doce de mayo de dos mil ocho, señaló que la tasa adicional o sobretasa difiere de los impuestos adicionales, en virtud de que la primera participa de los mismos elementos constitutivos del tributo y solamente se aplica un doble porcentaje a la base gravable; mientras que en los segundos el objeto imponible es diferente, aunque puede participar de alguno de los elementos del impuesto primario. En ese orden de ideas, es menester precisar lo establecido en los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, los cuales disponen lo siguiente: (se transcribe) Los preceptos legales transcritos establecen los elementos esenciales del impuesto adicional, que deben pagar las personas físicas o morales que tengan a su cargo, directa o solidariamente, pagos por concepto de impuestos y derechos municipales del Estado de Morelos, en los términos siguientes: Sujetos pasivos. Las aludidas personas que realicen los pagos de mérito. Objeto del impuesto: Gravar los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de la entidad federativa en comento. Base gravable: El monto de los pagos que se realicen por las mencionadas contribuciones. Tasa: Es del 25% sobre la mencionada base gravable. Época de pago: En el momento en que se realicen los pagos objeto del gravamen. Destino de lo recaudado. Si el tributo se genera por el pago del impuesto de traslado de dominio -se encuentra derogado desde mil novecientos ochenta y nueve, y absorbido o sustituido por el impuesto sobre adquisición de inmuebles, mediante decreto publicado en el periódico oficial del veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve-, así como por enterar los derechos sobre fraccionamientos, el 15% de lo recaudado se destinará para apoyo a la educación; el 5% Pro-Universidad; y, el 5% para fondo de fomento a la industrialización. Si el impuesto se causa por los pagos que se realicen por los demás impuestos y derechos, entonces el 25% recaudado se destinará para cubrir los gastos generales del Municipio. De acuerdo con tales reflexiones, debe puntualizarse que esta Segunda Sala considera que los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, al establecer un impuesto adicional a cargo de las personas físicas o morales que realicen pagos de impuestos y derechos municipales en esa entidad federativa, ya sea en su carácter de responsables directos o solidarios, violan el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén y la capacidad contributiva de dichos sujetos pasivos, dado que tiene por objeto gravar el cumplimiento de la mencionada obligación tributaria, tan es así que la base sobre la cual se calcula el monto del impuesto adicional, se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones municipales referidas, al cual debe aplicarse la tasa del 25%, por lo que es inconcuso que la expresión económica elegida por el legislador local para diseñar el hecho imponible, no refleja la capacidad contributiva de los causantes. Se expone tal aserto, pues el impuesto adicional no fue diseñado para gravar en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente sujeta a imposición a través de un impuesto primario, como operan las "sobretasas" u otras contribuciones adicionales, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica, sino fue estructurado para gravar de manera global todos los pagos de contribuciones municipales que efectúen los causantes, por lo que su hecho imponible se materializa precisamente al momento de cumplir con esa obligación tributaria; de ahí que no puede estimarse que participe de la misma naturaleza jurídica del impuesto primigenio sobre el que se calcula su monto, pues no se encuentra circunscrito a una sola contribución mediante el pago de un doble porcentaje, sino tiene por objeto todos los pagos por concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate del Estado de Morelos. No representa obstáculo para la mencionada conclusión, que en el artículo 123 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se mencione a un impuesto adicional referido al impuesto de traslado de dominio y a los derechos sobre fraccionamientos (el primero se encuentra actualmente derogado y absorbido parcialmente por el impuesto sobre adquisición de inmuebles), por lo que pudiera pensarse que opera como una sobretasa de dichas contribuciones, o que participa de los mismos elementos esenciales del tributo primario y que, por tanto, grava la misma capacidad contributiva afectada en el primer nivel impositivo; toda vez que lo cierto es que en la mencionada disposición únicamente se aclara cuál es el destino que debe darse a los recursos obtenidos por el aludido impuesto adicional, pues si se genera por el pago de aquellos tributos el 15% se destinará para apoyo a la educación; el 5% Pro-Universidad; y, el 5% para fondo de fomento a la industrialización, habida cuenta que si se causa por los pagos que se realicen por los demás impuestos y derechos, entonces el 25% total recaudado se destinará para cubrir los gastos generales del Municipio. En esa tesitura, es inconcuso que el impuesto adicional previsto en los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no se atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado, por lo que es patente que viola el principio de proporcionalidad tributaria." Por lo tanto, de acuerdo a la ejecutoria del Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, los artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, vigentes en esa época y que son esencialmente coincidentes con los vigentes y aplicados a la quejosa en el acto reclamado (salvo en la disposición que establece el destino que se dará a las cantidades recaudadas por ese concepto), que integran el sistema legal relativo al impuesto adicional municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria, previsto por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, porque dicha contribución tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria al pagar el contribuyente los impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo que no atiende a su verdadera capacidad contributiva, ya que los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza por parte del gobernado. Consecuentemente, el cobro por: ? $12,000.00 (doce mil pesos, cero centavos moneda nacional), por concepto de impuesto adicional que materializó la compraventa del lote 81, con clave catastral 1200-02-277-005; y, ? $12,000.00 (doce mil pesos, cero centavos moneda nacional), por concepto de impuesto adicional que materializó la compraventa del lote 82, con clave catastral 1200-02-277-004. Cobros que suman la cantidad de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos, cero centavos moneda nacional) los cuales se encuentran inscritos en la Escritura Pública 55,141, y corresponden a los recibos 414052 y 414053, ambos de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, expedidos por la Tesorería del Ayuntamiento de Emiliano Zapata (fojas 88 y 95), se traducen en la aplicación de los artículos 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, son igualmente inconstitucionales. Es por lo anterior, que con apoyo en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante para el efecto de que: a) No se le apliquen en el caso concreto ni en lo futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Las autoridades responsables Ayuntamiento y Tesorero, ambas del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, devuelvan la cantidad cobrada a la parte quejosa por concepto de impuesto adicional y que consta en el recibo folio fiscal 5139, únicamente por la cantidad de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos, cero centavos moneda nacional), con motivo de la aplicación de los artículos en mención. Ilustra lo antes dicho, la tesis 2ª.XIV/97, de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, visible en la página 347, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro a la letra dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.". Igualmente, la jurisprudencia P./J. 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.". En el entendido que la cantidad a devolver deberá actualizarse de conformidad con la jurisprudencia 2ª/J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, febrero de 2008, página 592: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL).". Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por RAFAEL ANGUIANO ARANDA, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Titular de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, consistente en la aplicación de los artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; asimismo, respecto del acto consistente en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 59 a 64, 76 y 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que reclamó del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; por lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a RAFAEL ANGUIANO ARANDA, respecto de la aprobación y expedición de los artículos 94 Ter a 94 Ter-11, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que reclamó del Congreso del Estado de Morelos, así como de los respectivos actos de aplicación que se reclamaron al Ayuntamiento y Tesorero, ambos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, por los motivos expuestos en el considerando sexto. Tercero. La Justicia de la Unión ampara y protege a RAFAEL ANGUIANO ARANDA, por cuanto hace a la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, que reclamó al Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, así como por el cobro de la cantidad de $24,000.00 (veinticuatro mil pesos, cero centavos moneda nacional), consistente en el pago del impuesto adicional, reclamado a las autoridades Ayuntamiento y Tesorero, ambos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos; por lo expuesto en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe hasta hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito de Alejandro Corona Marquina, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por medio del cual, en atención a la vista formulada por auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, aclara la denominación correcta de la Subsecretaria de Ingresos dependiente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos", ahora Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaria de Hacienda. En mérito de lo anterior, se tiene como autoridad responsable a la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, quien absorbió las funciones de la Subsecretaria de Ingresos dependiente de la Secretaria de Hacienda. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que la autoridad responsable Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por conducto de su titular, ya rindió su informe justificado, con el cual se dio vista a las partes, por lo que no ha lugar a formular los requerimientos correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.

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