Rafael Ángel Sevilla Ramos

Expediente 1874/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1874/2015
Año
2015
Actuaciones
28
Última actuación
07/10/2016

Partes del expediente

  • Rafael Ángel Sevilla Ramos
  • Armando Bolaños Cacho Ochoa
  • Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas por este Juzgado Federal y comunica el acuerdo de cinco de octubre actual, dictado por la Superioridad en los autos del expediente 1119/2016, por el que se admitió el recurso de revisión interpuesto por los quejosos Rafael Ángel Sevilla Ramos y Armando Bolaños Cacho Ochoa, en contra de la resolución dictada el veinticinco de agosto del año en curso; lo cual se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la razón de cuenta, de la cual se advierte que al Actuario adscrito a este juzgado, no le fue posible notificar al tercero interesado **, el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, por los motivos que expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la resolución de mérito, así como las subsecuentes actuaciones, incluidas las personales; sin perjuicio de que con posterioridad la parte tercero interesada señale un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. auto de trece de septiembre de 2016 Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa **, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que, se ordena distribuir las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes y dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de expresión de agravios, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad en relación con su admisión o desechamiento. De igual forma, remítase al referido Tribunal Colegiado, una copia más del aludido escrito, destinado para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Órgano Jurisdiccional, y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa **, mediante el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que, se ordena distribuir las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes y dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de expresión de agravios, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad en relación con su admisión o desechamiento. De igual forma, remítase al referido Tribunal Colegiado, una copia más del aludido escrito, destinado para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Órgano Jurisdiccional, y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso **, mediante el cual, solicita de manera gratuita, copias certificadas de la resolución dictada en el presente juicio de amparo de fecha veinticinco de agosto del año en curso; lo anterior, arguyendo que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, la expedición de certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. En atención a lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición; ello, aludiendo en primer término, que el dispositivo legal 3° de la Ley de Amparo, establece: ".Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna." Gramaticalmente el texto no deja lugar a dudas en cuanto a la excepción en el pago de derechos que físicamente pudieran corresponder por la certificación de las copias, pero ello no significa que el interesado no deba cubrir el costo de la elaboración de esas copias, independientemente del método que se emplee para reproducirlos. Es menester constreñir, que la sustanciación del juicio se inicia con la presentación de la demanda, la que pueden acompañarse eventualmente documentos justificativos de la representación legal expedidos por notarios públicos, sin que haya disposición alguna que obligue a éstos fedatarios a expedir gratuitamente los testimonios que les soliciten los interesados, aun cuando les manifestaran que los utilizarían en el juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, las autoridades responsables tienen la obligación de acompañar a su informe justificado "copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe", cuyo costo de elaboración evidentemente corre a su cargo. Entonces, de una interpretación lógica y armónica de dichos preceptos, es indiscutible que si una de las partes dentro del juicio constitucional solicita copias certificadas para ofrecerlas como medio de convicción en el mismo, no le corresponda pagar derecho alguno por la certificación de las copias, no obstante, sí deber correr a su cargo el costo de la obtención, ya que ciertamente concierne a las partes interesadas, la aportación de pruebas, habida cuenta que en este aspecto ningún precepto estatuye que sean a cargo del erario federal o estatal. Ahora, el mencionado artículo 3 de la Ley de la Materia, establece que la expedición de copias certificadas del juicio de amparo no debe reportar cargo económico alguno, sino que la interpretación del dispositivo, conforme a su literalidad, lo es en el sentido de que la excepción de copias no causará contribución alguna, por lo que, ciertamente, el artículo 3 de la Ley Reglamentaria del juicio de amparo previene, en su segundo párrafo, que la expedición de copias certificadas para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna, entendiéndose por ésta, el pago de cualquier cuota sea cual fuere la naturaleza de ésta, en cuya acepción quedan comprendidos no únicamente un "tributo" en el concepto jurídico de la palabra, sino la "cooperación" que en los términos de nuestra legislación fiscal constituye un derecho; pago necesario para que la autoridad proceda a la expedición de copias de los documentos a ella solicitados. En tales consideraciones, este Juzgado estima conveniente establecer la diferencia entre "contribuciones" y "la carga necesaria para la obtención de las copias de los documentos", en tanto que, en cuanto al primer término, está encaminado a una especie de gravamen en sentido genérico, a una carga económica de origen fiscal, la cual no está dirigida con el propósito específico de costear los gastos que significarían en su momento la expedición de las copias certificadas, sino establecido con el propósito de que constituya un ingreso para la administración pública; ahora, respecto del segundo, la carga económica necesaria para la obtención de las copias de documentos, no está prohibida por el artículo 3° de la Ley de Amparo, por no constituir directamente una contribución de origen fiscal, sino que está referido específicamente a los gastos necesarios para este fin. Ciertamente, al haberse resuelto el presente asunto mediante resolución de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, es inconcuso que ya existe sentencia definitiva con la cual no puede considerarse este juicio de amparo como si aún se encontrase en sustanciación, por lo que no se surte favorable lo establecido en el artículo 3 de la Ley Reglamentaria. Notifíquese.

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