Rafael Ángel Rivero Domínguez

Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
87/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Rafael Ángel Rivero Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído trece de abril de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Elfega Rendón Lorenzo, promoviendo en su carácter de apoderada legal de Rafael Ángel Rivero Domínguez y Aydee Baltazar Rodríguez, contra actos de los Integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, ha quedado firme. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Secretario licenciado Salvador Vázquez Galeana, con quien actúa y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Ello, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, reformado en su vigencia por el similar 01/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de abril de dos mil veintiuno. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Elfega Rendón Lorenzo, promoviendo en su carácter de apoderada legal de Rafael Ángel Rivero Domínguez y Aydee Baltazar Rodríguez, personalidad que dice tener acreditada en la queja administrativa 236/2019, del índice de la responsable, sin que sea necesario requerir las constancias respectivas, por las consideraciones que más adelante se señalarán, contra actos de los Integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto 87/2021-II, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgador federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Por su parte, el artículo 61, fracción XII, del ordenamiento legal en cita dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" De la interpretación armónica a los numerales transcritos se sigue que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, ya que de otra suerte, su acción sería improcedente, pues el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la persona que estime que se le han causado molestias por la privación de algún derecho, posesión o propiedad. En efecto, cabe precisar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, refleja el principio: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". Ilustra lo expuesto en lo conducente la tesis I.13o.A.23 K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto." De lo anterior se deduce que, quien ejercite la acción de amparo, siempre se ostenta como titular de un derecho que se ve amenazado por la actuación de las responsables, y en tal evento tiene necesidad de acudir ante los tribunales para solicitar la protección de la Justicia Federal; siendo imprescindible a tal fin, que el agravio, perjuicio o menoscabo sea real, personal y directo, pues de otra forma no se surtirían los supuestos de citados numerales 107, fracción I, de nuestra Carta Magna. En esa tesitura, es dable afirmar que el interés jurídico presupone la titularidad de un derecho; empero, puede ocurrir que habiéndose demostrado en el juicio constitucional que quien lo promueve es titular de uno (legitimación), el acto reclamado está orientado a otro sujeto; esto es, el quejoso no es el destinatario del acto autoritario, razón por lo cual, evidente es, que no puede afectarle su interés jurídicamente protegido. Así, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional, demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías. En apoyo a lo antes considerado, cabe citar la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable, para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma." Ahora bien, los solicitantes de la protección constitucional, por conducto de quien dijo ser su apoderada legal, señaló como acto reclamado, en el capítulo respectivo del escrito que contiene la demanda, el siguiente: "a).- DE LA RESPONSABLE ORDENADORA, INTEGRANTES DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, RECLAMO: 1.- LA RESOLUCION DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO DICTADA EN LA QUEJA ADMINISTRATIVA NUMERO 236/2019, promovida por mis poderdantes en contra de la hoy tercera interesada, así como, todo lo manifestado en los considerandos QUINTO y SEXTO, además del SEGUNDO punto resolutivo de la citada resolución. 2.- Se reclama el indebido sobreseimiento de la queja Administrativa que en favor de mis representados le interpuse a la funcionaria Licenciada Lorena Benítez Radilla, que funge como Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar en el Juzgado Segundo Civil del distrito Judicial de Azueta Guerrero, ya que dicha queja es contra de las irregularidades que van contra el derecho, cometidas en los Expediente 46/2019-1 relativo al Juicio Especial de Desahucio promovido por mi representado Rafael Ángel Rivero Domínguez y 100/2019-1 Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Contrato y el incidente de falsedad de firma 100/2019-1, promovidos por Orfelina Pérez Saucedo, en contra de mis representados. De las irregularidades que mis representados se quejan es que por negligente e ineptitud notoria, indebidamente le dieron entrada a un incidente de falsedad de firmas, cuestionando la firma del Notario Público Número dos del Distrito Judicial de Azueta, Licenciado Carlos Francisco Vargas Nájera, y con dicho recurso la Juez Lorena Benítez Radilla indebidamente suspende el proceso del expediente ordinario Civil 100/2019-1; mientras que el expediente 100/2019-1 ya había suspendido el juicio especial de desahucio 46/2019-1, transformado una cadena de irregularidades, en ambos expedientes, vulnerando el acceso a la impartición de la justicia de mis representados ya que al parecer los ordenadores, omitieron estudiar las irregularidades por las cuales mis representados se duelen, más bien lo señalan que es de naturaleza jurisdiccional. b).- DE LA LICENCIADA ROSALBA GUADARRAMA PILAR, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA ACTUARIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclama la notificación del acto reclamado dictado por la responsable hecha el día 16 de marzo de la presente anualidad. De la transcripción anterior, armonizada con el análisis íntegro de la totalidad de los datos que bajo protesta de decir verdad manifestó la parte quejosa, deriva que éste reclama del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, la resolución de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, emitida dentro de la queja administrativa número 236/2019, iniciado con motivo de la queja interpuesta por los aquí quejosos, en contra del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Azueta Guerrero, en la que se determinó sobreseer la queja de mérito, al considerar que se trataba de cuestiones jurisdiccionales, es decir, la aplicación de criterios o interpretación jurídicas debatibles u opinables. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ante esa perspectiva, debe decirse que la queja administrativa sólo constituye una denuncia, que de resultar fundada, faculta al superior jerárquico para aplicar las sanciones establecidas en las leyes, como en el caso lo sería la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, o la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sin que con esto surja una relación jurídica entre el servidor público y la persona afectada con la conducta positiva u omisiva en la que se haga consistir la falta; es decir, el fin que persigue es establecer si el funcionario judicial ha o no cometido alguna falta en el ejercicio de su cargo, por lo que las actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo de origen, no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, pues al dejar intacta su esfera jurídica, es inconcuso que ningún perjuicio le depara la resolución que pudiera recaer en la queja administrativa. De tal suerte, se insiste, que si los actos reclamados no afectan el interés jurídico ni legítimo de Rafael Ángel Rivero Domínguez y Aydee Baltazar Rodríguez, en virtud de que el hecho de poder formular una denuncia de responsabilidad contra un servidor público -en el caso, Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar en el Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Azueta- sólo implica la facultad de la responsable para analizar las posibles faltas administrativas, en que pudiera haber incurrido la funcionaria denunciada. En efecto, el hecho de que la ley permita intervenciones a un tercero para formular denuncias contra servidores públicos, no implica que los denunciantes tengan facultad de exigir que se declaren responsables administrativamente, sino únicamente de poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos y elementos necesarios para establecer o no el incumplimiento de las obligaciones que como funcionarios les corresponden. A mayor abundamiento, si bien es verdad, que este tipo de quejas administrativas cuyo derecho a interponerlas corresponde a cualquiera de las partes contendientes en el juicio natural, tienden sobre todo a corregir la prestación de servicios en sí, de manera que sea cada vez más óptima la entrega de ese servicio; sin embargo, no es la vía de amparo la idónea para modificar, revocar o anular en su caso las molestias o agravios infringidos a personas determinadas, y por tanto, la misma no afecta los intereses jurídicos ni legítimos de la parte quejosa; en consecuencia, la persona que formule una queja administrativa o una denuncia y no está conforme con la decisión final que recae a la misma e interpone el juicio de amparo contra dicha resolución (porque no se castigó al servidor público denunciado), el mismo es improcedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 2ª./J. 41/2019 (10ª.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa." Así también, tiene aplicación la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de las Nación, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 1.2º.A.J/2, respaldada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDAD OFICIAL, QUEJA ADMINISTRATIVA POR. EL DENUNCIANTE CARECE DE LEGITIMACION PARA PROMOVER AMPARO. El denunciante de faltas oficiales de funcionarios públicos carece de interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo la resolución emitida en favor del funcionario en el procedimiento respectivo porque la ley de la materia no tutela intereses particulares, sino públicos, de tal suerte que, en forma análoga a lo que sucede en materia penal, la acción del particular se agota en la denuncia respectiva, cuyo destino final queda al arbitrio exclusivo de la autoridad que de ella conozca." De la misma forma es aplicable por identidad de contenido jurídico a lo sostenido, la Jurisprudencia número IV.3º.A.J/6, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DEL PODER JUDICIAL, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, es decir, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es transgredido por la autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Así, ese derecho protegido por el citado ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico indispensable para la procedencia del juicio de garantías. Por otro lado, del análisis de las normas que regulan el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como de las facultades y naturaleza del órgano encargado de conocer de dicho procedimiento se advierte que aquéllas no están dirigidas a la satisfacción de intereses individuales, sino colectivos por lo que no conceden a los particulares la facultad de exigir a los órganos estatales que actúen de forma determinada, máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en este ámbito y sus miembros como subordinados a ella. En consecuencia, el denunciante que formuló la queja en contra de un servidor público del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la determinación que el Consejo de la Judicatura local tome al respecto, pues se trata de un procedimiento administrativo y no jurisdiccional en el que el denunciante tenga la calidad de parte, e incluso ni siquiera la ley de la materia contempla la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de la Judicatura mediante recurso alguno, de tal manera que tales resoluciones deben estimarse como inatacables por el particular, pues no representan un beneficio o perjuicio directo para el promovente de la queja, pues si bien tienen derecho a presentarla en relación con la conducta de los citados servidores públicos respecto de su actuación dentro de la tramitación de algún asunto judicial, su intervención no alcanza la facultad de impugnar las decisiones del mencionado Consejo de la Judicatura, pues dentro de esa actuación el único que podría resentir un agravio personal y directo sería el servidor público contra quien se formuló la queja, en el supuesto de que la resolución le fuera desfavorable, y no así el denunciante por no contar con un derecho respaldado en la ley y no verse afectado un derecho público subjetivo que le asista." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza en forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el diverso 113 del ordenamiento legal citado, se desecha de plano la presente demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en la calle Prolongación Valerio Trujano número 35 Colonia Progreso en esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jazmín Herrera Maya, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Francisco Javier Ayala Carlos, por no contar con el anterior requisito. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y el Secretario licenciado Salvador Vázquez Galeana, con quien actúa y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes; asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante. Ello, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, reformado en su vigencia por el similar 01/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

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