Rafael Angel Navarro Yanes

Expediente 1191/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1191/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Rafael Angel Navarro Yanes

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los promoventes interpusieran recurso de queja en contra del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Incorporación de escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita acceso al expediente electrónico; sin que haya lugar a proveer de conformidad su solicitud en relación con el acceso al expediente electrónico, toda vez que los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no están facultados para solicitar acceso a la consulta del expediente, cuenta habida que ello es solo derecho personalísimo de las partes o de sus representantes legales (verbigracia: apoderados legales, tutores, padres en ejercicio de la potestad, por citar algunos) mas no, de los autorizados. Se cita al respecto, como apoyo, la tesis V.2o.P.A.16 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4962, Undécima Época, con registro digital de localización 2023245, con rubro y texto siguiente: "ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITARLO, AL CORRESPONDER DICHA PETICIÓN A LAS PARTES O A SUS REPRESENTANTES [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. CLV/2017 (10a.)]. De conformidad con los artículos 60 y 62 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las partes y sus representantes podrán acceder al expediente electrónico del juicio de amparo, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, ello está condicionado a que expresamente lo soliciten, así como a la anuencia del órgano jurisdiccional ante el que se tramite el asunto, como lo prevén los artículos 93 y 94 del propio acuerdo. Ahora, el artículo 93 citado señala que para el otorgamiento y revocación de los accesos a la consulta del expediente electrónico se atenderá a las reglas establecidas en el capítulo segundo del título primero de la Ley de Amparo, referente a la "capacidad y personería", conforme al cual existe la figura del representante legal o apoderado de las partes, así como el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la misma ley; el primero está facultado para accionar el juicio de amparo y designar autorizados en términos amplios, pues se trata de un mandatario que interviene mediante un poder general o especial que le permite actuar en nombre y representación del poderdante o por contar con dicha facultad expresa en la norma que lo legitima como representante legal y, el segundo, sólo es un autorizado procesal encargado de llevar a cabo los actos de esa naturaleza que correspondan a la parte que lo designó dentro del juicio, es decir, no constituye una representación, sino la concesión de una de las partes (quejoso o tercero interesado) para la realización de actos procesales, sin incluir la representación de los intereses del autorizante, lo cual se corrobora con la prohibición expresa prevista en el primer párrafo de dicho precepto 12, en el sentido de que no puede sustituir o delegar dicha autorización a un tercero; de ahí que no se le permita llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como la solicitud del acceso a la consulta del expediente electrónico en el juicio de amparo. Incluso, tratándose de la solicitud de consulta del expediente electrónico presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por vía impresa o electrónica, se ha considerado que ello únicamente podrá realizarse por las partes o por sus representantes legales, pero en ningún caso por sus autorizados con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo señalado en la tesis aislada 1a. CLV/2017 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía, de título y subtítulo: "EXPEDIENTE ELECTRÓNICO INTEGRADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. ASPECTOS ESENCIALES PARA SU ACCESO.", de la que se resalta que "se establecen los siguientes aspectos esenciales para obtener el acceso al expediente electrónico: a) Solicitud presentada por alguna de las partes en el juicio de amparo, por sí o por conducto de sus representantes legales, en ningún caso por sus autorizados en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo". Por tanto, el autorizado en términos amplios del artículo 12 señalado carece de facultades para solicitar el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo, al corresponder dicha petición a las partes o a sus representantes." Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de septiembre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Visto el escrito de demanda con el que se da cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Rafael Ángel Navarro Yanes y Martha Olivia Gautrin Villaescusa, se observa que acuden ante esta instancia constitucional contra un acto del juez Primero Oral de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente 1124/2021. Al respecto, cabe acotar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por la conclusión a la que se llega, es menester destacar que el artículo 107 Constitucional, establece que: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". De esa porción normativa constitucional deriva la actualización de la causal de improcedencia en estudio que aquí nos ocupa. En efecto, la hipótesis de improcedencia que opera en el particular se consigna en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Conforme a dichos numerales el amparo indirecto, respecto de actos dentro del juicio, sólo procede cuando se trate de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los que se caracterizan por la afectación material directa e inmediata que producen a derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales; es decir, un acto es de imposible reparación cuando sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)"; realizó un análisis de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación a los actos de imposible reparación, concretizando que son aquéllos ". que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; por lo que, puntualizó que para que un acto sea calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, entendidos como tales los derechos fundamentales del ser humano, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones o la propiedad, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva. En ese contexto, del análisis efectuado a la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los aquí quejosos bajo protesta de decir verdad, exponen en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, lo siguiente: Que fueron demandados por Grupo Regional de Negocios, sociedad anónima de capital variable, en la vía ejecutiva oral mercantil en el expediente 1124/2021, del índice del juez Primero Oral de Primera Instancia de lo Mercantil, de esta ciudad. Que en diecisiete de junio de dos mil veintidós, se autorizó su emplazamiento por medio de instructivo. Explican, que contra tal determinación promovieron incidente de nulidad de emplazamiento por las consideraciones que exponen. Derivado de tal incidencia, el juez señalado como responsable, en auto de doce de agosto de dos mil veintidós, determinó desechar de plano la incidencia planteada, lo cual impugna en sede constitucional. De igual modo, de su narrativa, se advierte que dicho juicio se encuentra actualmente en trámite ante la responsable, esto es, a la fecha aún no se dicta sentencia. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión de que el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, por el juez señalado como responsable, en autos del expediente 1124/2021, en la que desechó la incidencia planteada promovida por los hoy quejosos, no es un acto de los considerados de imposible reparación; dado que corresponde a una actuación que tiene efectos meramente procesales, lo que en la fase procesal en la que se encuentra actualmente el juicio de origen, no depara un perjuicio a los impetrantes de amparo, de tal grado que le impida ejercer sus derechos procesales, es decir, la resolución reclamada no le afecta materialmente derechos sustantivos. De ahí que, en el caso no se dan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto pues el derecho que reclaman los impetrantes, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación que cause un perjuicio irreparable en derechos materialmente sustantivos y el perjuicio que pudiera ocasionárseles, en todo caso, depende de que llegue o no a trascender al desenlace en la sentencia que se emita en el asunto de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; y, será que en contra de la resolución definitiva que se emita, los agraviados se encuentren en aptitud de impugnar tal resolución finalmente en vía de amparo directo, en la que podrá hacer valer como violación procesal la resolución que ahora impugna, en términos de lo establecido en el artículo 172, fracciones I y V de la Ley de Amparo. Es así, ya que hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva, se sabrá si la violación de que se trata afectó al particular trascendiendo al resultado del fallo, pues pudiera ser que el mismo le beneficie y por tanto las violaciones procedimentales quedarán reparadas, o en su caso, de serle desfavorable la sentencia podría ser todavía controvertida en una eventual segunda instancia o en el juicio de amparo directo y obtener su reparación. Se cita al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256, Novena época, con registro de localización digital 167896, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de a Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Sumado a lo anterior, este juzgador advierte que los aquí quejosos ya han sido incorporados al juicio natural, según se advierte de la lectura de la demanda de amparo, pues ya fueron sabedores del procedimiento iniciado en su contra; de modo que al ser parte en el proceso de origen se encuentran en aptitud de hacer valer sus derechos. Se cita como apoyo, en lo conducente por analogía, la tesis 2a./J. 198/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 698, Novena época, con registro 168011, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Bajo las condiciones precisadas, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, procede desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 5. Autorizado. En cuanto a la persona que menciona en su demanda la parte quejosa, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a los promoventes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO, SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO..........

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