Rafael Álvaro Navarro González
Expediente 594/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/07/2019
Partes del expediente
- Rafael Álvaro Navarro González
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
se ordena notificar por lista el proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, que en síntesis dice: Vista la demanda de amparo promovida por Rafael Álvaro Navarro González, por propio derecho, contra actos de la Juez Provisional del Juzgado Quinto de lo Civil, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, con residencia en esta Ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno relativo bajo el número 594/2019-VI-B. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto. Al margen de lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, en atención primordialmente a que dicho acto se encuentra vinculado con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en específico, con el artículo 61 de la citada ley, por lo que procede analizar tales aspectos, lo que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. El precepto legal en comento, señala lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Atento a lo anterior, "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese contexto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente probado, que no requiere demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. El quejoso hace consistir el acto reclamado en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- A).- De la C. Juez Provisional del Juzgado Quinto Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, reclamo la resolución interlocutoria dictada dentro de los autos del expediente número 303/2018 en fecha 23 de mayo de 2019 (la cual fue notificada al suscrito en fecha 04 de junio de 2019 por medio del Boletín Judicial), en la cual, la autoridad responsable declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por el suscrito en contra del auto de fecha 05 de febrero de 2019, proveído en el cual se admite un incidente de impugnación de falsedad de documento interpuesto por la parte actora en dicho procedimiento." Puntualizado lo anterior quien esto resuelve advierte que la demanda en cuestión en relación al acto reclamado, resulta notoriamente improcedente, toda vez que se actualiza de manera indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Como se señaló, el quejoso reclama la resolución interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 303/2018, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, con residencia en esta ciudad, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve, proveído por el cual se admitió el incidente de falsedad de documento interpuesto por la parte actora. También resulta oportuno precisar que según los antecedentes del acto reclamado, manifestados por el quejoso, el juicio natural se encuentra en trámite; manifestación que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que lo precisó bajo protesta de decir verdad, lo que se traduce en una confesión expresa. Ello encuentra sustento en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, Diciembre de 1993, de rubro y texto: Sentadas las anteriores premisas, podemos concluir que el acto reclamado, por los efectos y consecuencias que genera, no puede ser considerado como de ejecución irreparable, en tanto que se trata de una determinación de carácter meramente procedimental. En efecto, en primer lugar se hace énfasis en que dicho acto no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, simplemente es una actuación que es parte del procedimiento derivado del juicio relativo, o sea, ese acto sólo se relaciona con las fases del propio procedimiento natural, más no con derechos sustantivos; lo que, sin duda, genera que sus efectos no se igualen con lo dispuesto por el artículo 107 fracción V de la ley de la materia. Esto es así, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el tres de abril de dos mil trece, dicho precepto y fracción establece una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. En esa disposición, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de "imposible reparación", ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, en los procedimientos judiciales propiamente dichos (artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo), se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, conforme al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos en juicio que se consideran de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución y que la afectación que generan de manera directa e inmediata no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el procedimiento. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable dado que su afectación recae sobre cuestiones meramente formales. Lo que de suyo implica que el quejoso no se encontrará en condiciones de promover amparo contra tantos actos procesales se vayan emitiendo durante la tramitación del procedimiento y que sólo produzcan afectación a derechos adjetivos. Cabe precisar que los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales. Estos derechos surten efectos independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento. Por ejemplo, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo limitan las garantías de libertad de tránsito, de propiedad, de posesión, entre otras, y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó. Por otro lado, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, el ciudadano puede reclamar las violaciones procesales sufridas a través del amparo directo, de acuerdo con el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso a), y los artículos 170 a 174 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si en el caso concreto el acto reclamado se hizo consistir en la resolución interlocutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del Juicio Ordinario Civil 303/2018 del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, con residencia en esta ciudad, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de cinco de febrero de dos mil diecinueve, proveído por el cual se admitió el incidente de falsedad de documento interpuesto por la parte actora; es inconcuso que dicho acto, en su grado mayor de afectación, se traduce en continuar con el procedimiento y resolver el incidente de falsedad de documento; de lo que claramente emerge que en el presente asunto los efectos del acto que se reclama no son de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; lo anterior al margen de su "trascendencia predominante o superior"; pues, como se anticipó, en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo biinstancial, únicamente contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí, descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal. En efecto, es incuestionable que las presuntas violaciones que reclama la parte quejosa no afectan materialmente sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, como podrían ser la vida, la libertad, la propiedad, la integridad personal, etcétera, es decir, el hecho de que la autoridad responsable haya determinado que, en el caso concreto no era procedente acordar de conformidad la disolución del vínculo matrimonial en esa etapa del procedimiento por los motivos que le expuso; no resulta de imposible reparación, pues la afectación que ahora reclama podría quedar reparada posteriormente, al dictarse sentencia en el procedimiento de origen, en la que se resuelva en favor a sus intereses; además, en caso de que tal determinación le fuera desfavorable tendría la oportunidad de hacer valer las violaciones procesales de que se duele, al momento de impugnar dicha resolución. Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios: Por lo anterior, válidamente puede decirse que el acto de referencia atacado en este juicio no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, dado que el acto reclamado es un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, pues si el aquí quejoso obtiene sentencia favorable en el juicio natural, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo, haciéndolo valer como violación procesal, en su caso. Así, las razones anteriores conducen a estimar que, en el caso, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el acto reclamado en este juicio de amparo, atento a su naturaleza jurídica, los efectos y las consecuencias que produce, carece de una ejecución de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía. Al margen de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Rafael Álvaro Navarro González, por propio derecho.
- Principal
se ordena notificar por lista a la parte tercero interesad el proveído de veintiséis de junio de dos mil nueve, que en síntesis dice: Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite constancia a fin de dar cumplimiento al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que, en el plazo de tres días computado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a derecho convenga; apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes.
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