Rafael Álvarez Leal
Expediente 872/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rafael Álvarez Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, a uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos la comunicación oficial de cuenta, con evidencia criptográfica de firma (FIREL) de Claudia Sol Espinosa Barragán, licenciada adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, mediante el cual informa el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno en el que acusa por recibido el expediente original del juicio de amparo de este Juzgado; atento a ello, se tiene por recibido el oficio de cuenta. Por otra parte, el presente cuaderno encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción I inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran seis meses, contados a partir del presente proveído. Por último, en conformidad con el artículo 15 del citado Acuerdo, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintiuno Visto el estado procesal de autos, de los cuales esta Secretaria encargada del despacho del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, advierte carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, formado con motivo de la demanda de amparo presentada por Rafael Álvarez Leal, por derecho propio. Ello, atento a que las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento, pues no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público. En sentido jurídico general, la competencia es una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Consiste en una condición presupuestal para que la actuación del juzgador en el desarrollo de la función que genéricamente le corresponde, sea válida y eficaz. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, es un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla. Por este motivo, como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. En el caso concreto, este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la presente acción constitucional, en atención a las siguientes consideraciones. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que la competencia por materia se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; lo que permite que los juzgadores tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento en protección a los artículos 17 constitucional, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 79/2015, en sesión de 10 de junio de 2015, por mayoría de 3 votos interrumpió el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 4/2013 (10a.) (*). Así, actualmente, para establecer la competencia por materia de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia, debe atenderse tanto a la naturaleza del acto reclamado como a la de la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito con competencia mixta haya fijado su competencia". Siguiendo dicha temática, debe precisarse que el acto reclamado en este asunto consistente en: La orden de arresto emitida dentro de la carpeta de investigación CI-FIXOC/XO-2/UI-1S/D/00188/06-2020, por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco 1 (XOC-1); y su ejecución. La competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se prevé en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación cuyo contenido es: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 51 de la referida ley orgánica, prevé la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, en los términos siguientes: ARTÍCULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público en la Fiscalía de Investigación en Xochimilco, adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Coordinación Territorial XO-1, así como de las diversas constancias que adjuntó al mismo, se advierte que aceptó la emisión de la orden reclamada, toda vez que durante la integración de la carpeta de investigación CI-FIXOC/XO-2/UI-1S/D/00188/06-2020, determinó imponer en contra del quejoso un arresto de treinta seis horas, de conformidad con el artículo 104, fracción I, inciso D), del Código Procesal Penal, en virtud de que se previno al ahora quejoso para que se abstuviera de causar todo tipo de molestia en contra de las víctimas (respecto del delito de amenazas), sin que hubiera cumplido con dicha medida de protección, no obstante que se le previno para que dejara de hacerlo. Conforme a lo anterior, se llega a la conclusión de que los actos reclamados en la demanda de amparo que dieron origen al presente juicio no revisten el carácter de administrativo, sino penal, toda vez que conforme a la normatividad que la autoridad responsable cita en su informe con justificación (Código Nacional de Procedimientos Penales), se advierte que la imposición de dicha orden de arresto corresponde a una medida de apremio decretada durante la integración de la carpeta de investigación, con la finalidad de proteger la integridad de la víctima. En ese orden de ideas, se advierte que el acto reclamado, no actualiza alguna de las hipótesis que de conformidad con el precepto trascrito, dan competencia a este juzgado para conocer de dicho acto, toda vez que se trata de un acto eminentemente penal. Se considera aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 89/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto. Además, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio que al tratarse de conflictos competenciales por razón de la materia, es decir, aquéllos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales, en virtud de su especialización, para su resolución debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 83, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que carece de competencia legal para conocer de este asunto por cuestión de materia, dado que los actos reclamados son de naturaleza formal y materialmente penal, pues de las constancias remitidas se advierte que el acto reclamado se emitió durante la integración de una carpeta de investigación, con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de proteger la integridad física y psicológica de la víctima. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer del presente juicio de amparo y declina la competencia en cuestión a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. En ese tenor, remítase copia certificada del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a efecto de que proceda en el ámbito de su competencia. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para esta fecha. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este órgano judicial. En el entendido que se deja a salvo la facultad del Juzgado que en su caso conozca del presente expediente para recabar las diversas constancias que considere necesarias, para resolver en definitiva el presente sumario. Asimismo, se solicita atentamente al órgano judicial que reciba el presente asunto, haga del conocimiento de este juzgado el auto que recaiga al presente acuerdo, a efecto de estar en aptitud de determinar lo que en derecho corresponda.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que mediante proveído de uno de diciembre del año en curso, el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, devolvió los oficios números 33730 y 41317, dirigidos al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco I (XOC-1) Claudia Guevara Zempoalteca; en virtud de que los mismos no fueron recibidos, indicando que dicho asunto no es de su competencia, sino del Agente del Ministerio Público Pablo Fernando Naranjo. Atento a lo anterior, y toda vez que no obran las constancias de notificación correspondientes, en obvio de mayores dilaciones en el procedimiento reenvíense los oficios 33730 y 41317, de catorce de octubre y trece de noviembre, ambos de dos mil veinte, dirigidos al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco I (XOC-1) Pablo Fernando Naranjo. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior y no violar las reglas que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.
- Principal
Ciudad de México, a uno de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón actuarial de treinta de noviembre del presente año, suscrito por el Actuario Judicial adscrito a este H. Juzgado, en donde hace constar que se devuelven los oficios números 33730 y 41317 sin notificar y dirigidos a la autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco I (XOCI) Claudia Guevara Zempoalteca; en virtud de que los mismos no fueron recibidos, ya que refiere que dicho asunto no es de su competencia, sino del Agente del Ministerio Público Pablo Fernando Naranjo. Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 17 Constitucional que constriñe a impartir una justicia expedita, completa e imparcial, notifíquese al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL EN XOCHIMILCO 1 (XOC-1) (PABLO FERNANDO NARANJO) el contenido del proveído de trece de noviembre del presente, donde se le requirió para que remita copia certificada, completa y legible, de las constancias que integran la carpeta de investigación CI-FIXOC/XO-2/UI-1S/D/00188/06- 2020 y que dieron origen a la orden de arresto emitida en contra del quejoso Rafael Álvarez Leal bajo los apercibimientos señalados en el referido proveído, así como también donde se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitución.
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