Rafael Alvarado Guzmán
Expediente 91/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/04/2018
Partes del expediente
- Rafael Alvarado Guzmán
- RAFAEL ALVARADO GUZMÁN y Otros.
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal (foja 138 a 140), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio biinstancial en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de once de abril del año en curso (foja 141), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el doce de abril del presente año (foja 142); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del dieciséis al dieciocho del presente mes y anualidad, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de este año (fojas 111 a 127), se determinó conceder a **, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $**, respecto de la cantidad de $** por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública identificada con el número treinta y seis mil setecientos cincuenta; que pagó el cinco de enero de dos mil dieciocho, conforme se advierte del recibo de pago respectivo (foja 15). De igual forma cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de "CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN" por la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos) que se indicó en el formato de pago (foja 14), documental que exhibió la parte quejosa a su demanda de amparo; toda vez que los accionantes de garantías no reclamaron la inconstitucionalidad de dicho concepto. . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, por el acto jurídico que inscribió, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. . En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa que obran agregadas en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de veintiséis de marzo de este año (fojas 135 a 136), causó ejecutoria dicha resolución; y, en consecuencia, se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para dentro del término de diez días la acatara. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el diez de abril de este año (fojas 138 a 140), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $** a la parte quejosa por medio de la transferencia electrónica efectuada el cinco del presente mes y año (foja 139). En ese tenor, si tenemos que al monto total de $**, cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional) y la cantidad no reclamada por concepto de "cancelación de inscripción" de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), da como resultado la suma de $**, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cinco de enero de dos mil dieciocho, y el cinco de abril de este año se efectuó la transferencia bancaria; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete a marzo de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue 130.813; y para el mes de marzo fue 132.436 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01240. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $**; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $178.75 (ciento setenta y ocho pesos 75/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $**;sin embargo, éste reintegró la diversa de $** es decir, reintegró un excedente a favor de la parte quejosa por la cantidad de $.05 (cinco centavos 00/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal (foja 138 a 140), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio biinstancial en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de once de abril del año en curso (foja 141), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el doce de abril del presente año (foja 142); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para parte agraviada del dieciséis al dieciocho del presente mes y anualidad, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de este año (fojas 111 a 127), se determinó conceder a **, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. . 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $**, respecto de la cantidad de $** por concepto de la inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; lo cual deriva de la inscripción de la escritura pública identificada con el número treinta y seis mil setecientos cincuenta; que pagó el cinco de enero de dos mil dieciocho, conforme se advierte del recibo de pago respectivo (foja 15). De igual forma cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de "CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN" por la cantidad de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos) que se indicó en el formato de pago (foja 14), documental que exhibió la parte quejosa a su demanda de amparo; toda vez que los accionantes de garantías no reclamaron la inconstitucionalidad de dicho concepto. . Lo anterior es así, ya que la inconstitucionalidad aducida incide en un elemento esencial de la contribución analizada y la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de doscientos ochenta pesos, por el acto jurídico que inscribió, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de la fracción I del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. . En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, consistente en el pago de derechos por inscripción del instrumento público referido, que está acreditado en autos con las copias certificadas ofrecidas por la quejosa que obran agregadas en autos, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. . 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de veintiséis de marzo de este año (fojas 135 a 136), causó ejecutoria dicha resolución; y, en consecuencia, se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para dentro del término de diez días la acatara. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el diez de abril de este año (fojas 138 a 140), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $** a la parte quejosa por medio de la transferencia electrónica efectuada el cinco del presente mes y año (foja 139). En ese tenor, si tenemos que al monto total de $**, cantidad que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional) y la cantidad no reclamada por concepto de "cancelación de inscripción" de $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), da como resultado la suma de $**, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cinco de enero de dos mil dieciocho, y el cinco de abril de este año se efectuó la transferencia bancaria; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete a marzo de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue 130.813; y para el mes de marzo fue 132.436 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01240. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $**; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $178.75 (ciento setenta y ocho pesos 75/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $**;sin embargo, éste reintegró la diversa de $** es decir, reintegró un excedente a favor de la parte quejosa por la cantidad de $.05 (cinco centavos 00/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la peticionaria de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia de la transferencia efectuada a la parte aquí quejosa, misma que ampara la cantidad condenada en autos; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el libelo y anexo de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistas las constancias de autos, se advierte que hasta la fecha no obra el acuse de recibo del oficio 3464/2018 de veintinueve de enero del año actual (foja 488), a consignación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, en su calidad de tercero interesado; a través del cual se le reexpidió el diverso 3865 de ocho de noviembre del año próximo pasado, por el que se le hacía del conocimiento que se desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por **********, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Tesorero del Ejido Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y que se reanudaría el procedimiento del presente juicio de amparo; por lo tanto, no se tiene la certeza de que dicha autoridad se encuentre legalmente notificada de lo antes descrito. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE PARA LAS DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte, que por acuerdo de veintinueve de enero del año en curso (foja 487), se tuvo por recibido el sobre devuelto por el Administrador Postal, mismo que contenía el oficio 3480/2017, dirigido al Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, agregando únicamente al presente expediente en razón de que la fecha del diferimiento de la audiencia constitucional ya había transcurrido; sin embargo, en el oficio de referencia se reexpidió el diverso 3861, por medio del cual se le comunicaba que se desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por **************, quienes se ostentan como Presidente, Secretario y Tesorero del Ejido Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y que se reanudaría el procedimiento del presente juicio de amparo; luego, en obvio de mayores dilaciones, reexpídase el comunicado número 3861 a la autoridad en cita, para los efectos legales a que haya lugar.
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