Rafael Allan Félix Vázquez
Expediente 478/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rafael Allan Félix Vázquez
- Juez Sexto Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos
- Rafael Allan Félix Vázquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de éste expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.L´lgwm
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 478/2020-I-B, promovido por Rafael Allan Felix Vázquez, contra actos del Juez Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Bravos y Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios del Distrito Bravos, residentes en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el siete de octubre de dos mil veinte y turnada en la misma fecha a este Juzgado Federal, la parte promovente de referencia solicitó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, demanda de amparo que se admitió, el ocho de octubre de dos mil veinte, contra actos de las autoridades que al efecto señaló con el carácter de responsables en su escrito petitorio, se señaló como fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, se pidieron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se le dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación y defirió por varias ocasiones la celebración de la audiencia constitucional como consta en autos, se emplazó a la parte tercero interesada; la parte quejosa, expresó los actos reclamados que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) al C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS EN EL DISTRITO BRAVOS, se reclama todo lo actuado en el juicio ordinario civil 476/2019 de su índice, incluyendo la omisión de emplazamiento al suscrito y la sentencia definitiva dictada el 23 de Octubre de 2019, en el juicio ordinario civil 476/2019 de su índice, promovido por IBIS BAGDAD MONROY LARA, en contra del suscrito como arrendatario del inmueble ubicado en calle Pablo Verones número 244-2, del fraccionamiento Unidad Panamericana de esta Ciudad, materia del contrato de arrendamiento que mas adelante refiero y del señor JOSÉ NOE VÁZQUEZ GARZA, como Fiador de las obligaciones asumidas por el suscrito en el referido contrato, de la cual se condenó a este último al pago de la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) correspondiente a los meses de abril y mayo de 2019, mas las que se sigan venciendo hasta la terminación forzosa del contrato base de la acción, esto es hasta el 28 de febrero de 2020,, condenándolo además al pago de los intereses causados y que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo, así como al pago de costas en primera instancia, sin que el suscrito en mi carácter de obligado principal en el Contrato de Arrendamiento de fecha 25 de Enero de 2019, haya sido oído y vencido en el juicio del que provienen los actos reclamados, teniendo el suscrito el carácter de tercero extraño por equiparación al no haber sido llamado al juicio, a pesar de existir un litisconsorcio pasivo necesario, ya que el suscrito tengo el carácter de obligado principal en el referido contrato de arrendamiento y el señor José Noé Vázquez Garza, quien firmó como Aval dicho contrato, en realidad tiene el carácter de Fiador, pues se obligó a garantizar una obligación de naturaleza civil, de la que no participa la institución de aval, que fue creada por el legislador para los títulos de crédito, por lo que se debe considerar que es fiador del arrendatario, lo que lo convierte en un obligado sustituto en caso de que el obligado principal no cumpla con su obligación de pago. b).- DEL C. ACTUARIO Y MINISTRO EJECUTOR ADSCRITO A LA CENTRAL DE ACTUARIOS Y MINISTROS EJECUTORES DEL DISTRITO BRAVOS, reclamo la omisión de emplazar al suscrito al juicio ordinario civil ante referido número 476/2019." (sic) Cumplidos los requisitos legales se inició la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito". Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable reside en esta ciudad, lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, en concreto, consisten en: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil 476/2019 del índice de la autoridad ordenadora, así como la omisión de emplazamiento al quejoso al juicio natural. Así, estos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. Es apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la ley de la materia, la Tesis P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en la localidad, lo que es más que suficiente para tener por acreditada su existencia, aunado a lo expuesto, se advierte que la autoridad responsable descrita, señaló que el actor del juicio natural, se desistió del juicio respecto del aquí quejoso, sin que se haya emplazado por consecuencia al juicio natural, al inconforme de amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Ilustra lo determinado, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otro lado, se presumen ciertos los actos reclamados al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores del Distrito Judicial Bravos, en virtud de que no obstante que se le notificó para que rindiera su informe con justificación vía electrónica, fue omiso en rendirlo. CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso concreto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De la interpretación del citado precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, entendiendo por tal a la persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo, es decir, aquella que tiene la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia, y la consecuente posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma; o bien, cuando no existe una afectación a su interés legítimo, que significa la transgresión real y actual a su esfera jurídica por su especial situación frente al orden jurídico, como lo establece el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo . Otorga claridad a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En otras palabras, el interés jurídico es aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer o querer determinada circunstancia, y la consecuente posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. Ilustra sobre este concepto, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Este tipo de interés, tiene su justificación constitucional derivado de dos principios rectores del juicio de amparo que están íntimamente relacionados: "instancia de parte agraviada" y "agravio personal y directo". El primero consiste en que únicamente puede promover la demanda de amparo la persona física o jurídica que tenga un interés individual o colectivo, a quien con motivo de la norma, acto u omisión que emita una autoridad pública -o un particular según sea el caso-, vulnere con ello sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Mientras que el segundo significa que el quejoso debe sufrir a través de la norma jurídica, acto u omisión por parte de la autoridad responsable, una violación personal y directa a sus derechos fundamentales. En la especie, el quejoso RAFAEL ALLLAN FÉLIX VÁZQUEZ, reclama la omisión de su emplazamiento al juicio oral ordinario civil 476/2019, tramitado ante el Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como todo lo actuado dentro del mismo, principalmente, los actos de ejecución de sentencia. Sin embargo, la parte quejosa no aporta elemento de convicción alguno con el que acredite que es parte material en el referido juicio, del cual hace depender el acto reclamado, lo anterior es así, en virtud de que el juez responsable, al rendir su respectivo informe con justificación, manifestó que la parte actora, aquí tercero interesada, IBIS BAGDAD MONROY LARA, mediante escrito presentado ante la autoridad ordenadora, el seis de septiembre del dos mil diecinueve, solicitó el desistimiento de la demanda natural, únicamente en contra del aquí quejoso, RAFAEL ALLLAN FÉLIX VÁZQUEZ, desistimiento que se acordó por la autoridad responsable ordenadora, mediante auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve. Es decir, que la parte inconforme de amparo, debe demostrar que realmente es parte material en aquel controvertido natural, para que así acreditara su interés jurídico, pero al no tener derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa en esta vía constitucional, puesto que no demuestra en autos que sea parte material del juicio de origen Efectivamente, en el caso de la impugnación de los actos que reclama derivados del juicio oral ordinario civil que se tramitó ante la autoridad jurisdiccional responsable, no cabe duda que para resultar afectado el interés jurídico del quejoso, se requiere que éste sea parte material en el juicio de origen, ya que es uno de los presupuestos a verificar, en primer orden, para establecer la procedencia del juicio de amparo. Así es, el control constitucional tiene la necesidad de verificar que el promovente del amparo es parte material en el juicio natural, y que no acudió al órgano jurisdiccional a deducir una controversia y que por ende, los actos reclamados tendrán su materialización por la autoridad ejecutora, al ver comprometida su esfera jurídica con las actuaciones del procedimiento relativo, respecto de lo que es objeto de debate, porque como se dijo, sólo derivado de su condición de parte es que podría tener la posibilidad de contar con el derecho público subjetivo para defenderse de los actos de autoridad. De tal manera que el interés jurídico sólo corresponde a cualquiera de las partes cuya esfera jurídica se halla vinculada con el procedimiento de origen y es lo que les permite acudir ante esa instancia extraordinaria, requisito sin el cual el juicio de amparo resulta improcedente, lo que en el caso no ocurre, puesto que la autoridad responsable tuvo a la parte actora, aquí tercero interesada, desistiéndose de la demanda solamente respecto del aquí quejoso, desde el diez de septiembre de dos mil diecinueve. En tal virtud, la carga de probar el interés jurídico y la inconstitucionalidad de los actos, no surge de la actuación de las autoridades responsables de rendir sus informes con justificación, sino que le corresponde a la parte quejosa desde el momento mismo de la presentación de la demanda de amparo y, en todo caso, las autoridades al rendir su respectivo informe podrían relevarla de la misma, si de dicho informe o de las constancias acompañadas, quedara demostrado en su caso el interés jurídico de la promovente del amparo o la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Lo que no ocurrió en el caso en estudio, en virtud de que el actor, aquí tercero interesado, IBIS BAGDAD MONROY LARA, se desistió de la demanda presentada en contra del aquí quejoso, como se dijo con antelación, desde el diez de septiembre de dos mil diecinueve, de ahí que carezca de interés jurídico de la parte quejosa para instar el presente juicio de amparo. Sobre este tópico, resulta aplicable la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO. CORRESPONDE DEMOSTRARLO AL QUEJOSO. Del hecho de que el Juez de Distrito haya resuelto que los actos reclamados no han sido consentidos, no se infiere la demostración del interés jurídico por parte de los quejosos, puesto que en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es a los promoventes del juicio a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan sus intereses jurídicos, ya que se trata de un presupuesto esencial de procedencia del juicio de garantías que debe estar plenamente probado con medios de convicción idóneos, sin que, por tanto, pueda establecer de manera presuntiva." Por tanto, la falta de prueba que corrobore el dicho de la quejosa de ser parte material en el juicio natural, del cual deriva el acto reclamado, conlleva determinar la falta de interés jurídico frente a la omisión de emplazamiento en el juicio natural, siendo que como se dijo con antelación, se desistieron de la demanda entablada en su contra, por lo que no le asiste interés jurídico para acudir en la vía constitucional, a reclamar la omisión de su emplazamiento a juicio, así como todo lo actuado en el mismo y, en consecuencia, es que se actualiza la improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, al no ser parte material del juicio natural. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo.". Consecuentemente, ante la actualización de dicha causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, y 76 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, se R E S U E L V E: UNICO.- De conformidad con lo expuesto en el considerando Cuarto de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo solicitado por la parte quejosa RAFAEL ALLAN FÉLIX VÁZQUEZ. NOTIFÍQUESE. Así, lo resolvió y firma el Licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado JOSÉ UNIVERSO BAUTISTA FUERTE, Secretario de Acuerdos, con quién actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del oficio que remite el Director Médico de la Clínica de Medicina Familiar "Paso del Norte" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, téngasele manifestando que en la base de datos de dicha dependencia no se localizó registro alguno a nombre del tercero interesado Ibis Bagdad Monroy Lara. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quien autoriza y da fe. Doy fe. L´lgwm
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