Rafael Alfredo Nava Ricaño

Expediente 624/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
624/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Rafael Alfredo Nava Ricaño
  • Raul Nava Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda promovida por los quejosos Raúl Nava Navarro y Rafael Alfredo Nava Ricaño, contra actos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justifica del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto del mismo año, se provee lo siguiente: JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso d) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 42, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15, del citado Acuerdo General. Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona a la secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. 4. Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Nota: Esta regla aplica a cualquier serie documental. 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 4 Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, se vislumbra que bajo el resguardo de esta secretaria, obran constancias que envío como apoyo a su informe justificado la Magistrada Presidente de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02, Tapachula, con sede en esta ciudad; por tanto, mediante oficio que al efecto se envíe, devuélvase las constancias, para los efectos legales conducentes, solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el que remite las constancias relacionadas con el juicio de amparo directo 429/2021 de su índice, promovido por Raúl Nava Navarro y Rafael Alfredo Nava Ricaño, contra actos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justifica del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad. Asimismo, anexa el informe justificado rendido por la Magistrada Presidente de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02, Tapachula, y la Jueza Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, ambos con residencia en esta ciudad; original y dos copias de la demanda de amparo promovida por Raúl Nava Navarro y Rafael Alfredo Nava Ricaño, los autos del toca civil 29- B/2017, los autos originales del expediente 209/2018, constancias de emplazamiento a la parte tercero Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 interesada, entre otras constancias; por considerar que este Juzgado es competente para conocer en la vía indirecta de la demanda en cuestión, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil número 29-B/2017, tercer subsecuente, por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justifica del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que revocó la sentencia definitiva de once de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, en el expediente 209/2018, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escrituras públicas, promovido por José Inés Escobar, en contra de Raúl Nava Navarro, Rafael Alfredo Nava Ricaño, y otros. Así como su acumulado expediente número 344/2016 del índice del Juzgado Primero Civil de este distrito judicial, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escrituras públicas y de constancia de posesión, promovido por José Alberto Chacón Amores, en contra de Raúl Nava Navarro, en su calidad de albacea de Raúl Nava Ricaño, Rafael Alfredo Nava Ricaño, José Inés Escobar, y otros. Pues la superioridad refiere que de su contenido no se trata de una resolución que tenga el carácter de sentencia definitiva, pues no decide el fondo de la controversia, ni es una resolución que ponga fin al juicio, sino que se trata de una resolución que declara la incompetencia legal de un órgano jurisdiccional y ordena la remisión de lo actuado al que estima competente para conocer del asunto y está sujeta a que este último acepte la competencia declinada en su favor; por lo tanto, conforme a lo dispuesto por el artículo 170 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 dicho Tribunal Colegiado carece de competencia. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 45 y 170 de la Ley de Amparo, 48, 54, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acata la competencia declinada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 624/2022 III-A, y acúsese recibo de estilo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 4 Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la vigente Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del último numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y, b) Que sea manifiesto e indudable. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 5 Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En ese tenor de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil número 29-B/2017, tercer subsecuente, por la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justifica del Estado, con residencia en esta ciudad, en la que revocó la sentencia definitiva de once de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciada por la Jueza Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, en autos del expediente número 209/2018, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escrituras públicas, promovido por José Inés Escobar, en contra de Raúl Nava Navarro, Rafael Alfredo Nava Ricaño, y otros. Así como su acumulado expediente número 344/2016 del índice del Juzgado Primero Civil de este distrito judicial, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escrituras públicas y de constancia de posesión, promovido por José Alberto Chacón Amores, en contra de Raúl Nava Navarro, en su calidad de albacea de Raúl Nava Ricaño, Rafael Alfredo Nava Ricaño, José Inés Escobar, y otros, para quedar en los términos expresados en el considerando octavo de dicha determinación. En dicho considerando se advierte que la sala responsable que revocó la sentencia de primera instancia Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 6 dictada por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, con residencia en esta ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, en el juicio de nulidad de escritura 209/2018, antes 248/2016, y su acumulado 344/2016, promovidos en contra de los quejosos Raúl Nava Navarro y Rafael Alfredo Nava Ricaño. Y consideró que el juzgador de primera instancia carecía de competencia legal para conocer y resolver el asunto, dado que los predios afectos a la controversia pertenecen a la Nación, por lo que su conocimiento correspondía al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarto, con residencia en esa misma municipalidad; en consecuencia, declaró nulo todo lo actuado en el expediente 209/2018, antes 248/2016, y su acumulado 344/2016, con excepción de la demanda y de sus respectivas contestaciones y ordenó remitir los autos al tribunal que determinó competente. Es decir, en la resolución reclamada por los quejosos, la sala responsable declaró que el juzgado de origen carecía de competencia legal para conocer y resolver del juicio ordinario civil de nulidad de escritura 209/2018, antes 248/2016, y su acumulado 344/2016, y ordenó la remisión de los autos al tribunal agrario que consideró competente. Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la vigente Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca al agraviado una ejecución de imposible reparación. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 7 En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto."; De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que la decisión del órgano que se declara incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no puede considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino hasta que aquellas se tornen definitivas, esto es, cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) o cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 8 no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto; lo que sustentó en la tesis jurisprudencial P./J. 17/2015 (10a.), publicada el catorce de agosto de dos mil quince, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 9 y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Precisado lo anterior, es incuestionable, que el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado que se analiza, pues en el caso la resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil número 29-B/2017, tercer subsecuente, no se ha tornado definitivo; en virtud de que en ella la sala responsable del conocimiento revocó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tapachula, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, en el juicio de nulidad de escritura 209/2018, antes 248/2016, y su acumulado 344/2016, promovidos en contra de los quejosos Raúl Nava Navarro y Rafael Alfredo Nava Ricaño. Y consideró que el juzgador de primera instancia Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 10 carecía de competencia legal para conocer y resolver el asunto, dado que los predios afectos a la controversia pertenecen a la Nación, por lo que su conocimiento correspondía al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarto, con residencia en esta misma municipalidad; en consecuencia, declaró nulo todo lo actuado en el expediente 209/2018, antes 248/2016, y su acumulado 344/2016, con excepción de la demanda y de sus respectivas contestaciones y ordenó remitir los autos al tribunal que determinó competente. Por lo que, será hasta que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarto, con residencia en esta municipalidad, se pronuncie sobre la declinatoria de mérito, cuando se producirán las consecuencias del acto. Es así, pues los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), porque es en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada; y, si en la especie, esta circunstancia no ha ocurrido; por lo que se reitera, la resolución de referencia no se ha tornado definitiva. Mismo criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al resolver el recurso de queja 228/2021 de su índice, en ejecutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 11 amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística de este Juzgado. Sin que los anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 12 pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 13 sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 14 Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 15 invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 16 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eleobeht Vázuez Vallalobos, toda vez que cuenta registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y la restante persona que al efecto señala en su demanda de amparo, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos, hasta en tanto cumpla con dicho requisito. Asimismo, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el correo electrónico vave69@hotmail.com, eleobeht69@gmail.com, así como proporciona el número telefónico 962 1644128, a fin de que este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicaciones no procesales con la parte quejosa, en caso de ser necesario. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 17 reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 1 Registro: 167640, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: I.3o.C.725 C, Página: 2847. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 18 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 19 características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y CONSTANCIAS RECIBIDAS Finalmente, resguárdese en la secretaría de este juzgado los expedientes de origen del índice de las potestades responsables y anexos, para que llegado el momento procesal oportuno, remitirse al destinatario que corresponda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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