Rafael Alfredo García Cornejo
Expediente 964/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Alfredo García Cornejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de siete de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto y en atención a la circular SECNO/1/2021 y el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia generada por el virus COVID-19, se ordena verificar la debida integración del presente expediente a efecto de remitir al Tribunal Colegiado que corresponda el recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************. De igual forma, de resultar necesario el reenvió o reexpedir diversos oficios, así como practicar cualquier notificación para integrar el presente asunto, se faculta a la secretaría de acuerdos de este órgano jurisdiccional con el objeto de que ordene cualquier encomienda sin el dictado de ulterior acuerdo. Finalmente, en caso de obrar la totalidad de constancias de notificación practicadas a las partes en virtud del recurso de revisión interpuesto en autos, se ordena inmediatamente su envío al Tribunal Colegiado respectivo, previo la generación de estilo del cuaderno de antecedentes. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.****************************************Vista la cuenta precedente, se tienen por recibido el escrito del quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios.****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia de los escritos en mención.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-964/2020-O, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta con el pedimento registrado con el número 1883, y hace relación con las constancias de autos, de las que se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el que vierte sus manifestaciones en vía de alegatos. En virtud de lo anterior, con el pedimento de referencia provéase lo conducente en la etapa procesal correspondiente Asimismo, con apoyo en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegada por la autoridad responsable. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tienen por reproducidos los alegatos de cuenta y por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Rafael Alfredo García Cornejo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. Por actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 inciso "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, le tocó conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, en donde en auto de quince de diciembre de dos mil veinte, se turnó a este juzgado por conocimiento previo; se solicitó el informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable; y seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a una autoridad con residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se hace consistir en: El auto de formal prisión, emitido en proceso penal I-32/2013, en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 fracción III, en relación con el numeral 11 inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, posesión de cartuchos del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quater, fracción II, en relación con el precepto 11 inciso c), de la referida codificación especial; ambos ilícitos en términos del ordinal 13 fracción II, del Código Penal Federal. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Juzgado Segundo de Distrito en el estado, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Lo que se corrobora con los autos de la causa penal I32/2013, las cuales adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados tales conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de doce de septiembre de dos mil diecisiete, a través de la cual se confirmó el auto de formal prisión en su contra, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Ahora, en la especie el acto reclamado se hizo consistir el auto de formal prisión, emitido en proceso penal I-32/2013, en contra del quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 fracción III, en relación con el numeral 11 inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, posesión de cartuchos del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quater, fracción II, en relación con el precepto 11 inciso c), de la referida codificación especial; ambos ilícitos en términos del ordinal 13 fracción II, del Código Penal Federal. Son inoperantes los diversos motivos de inconformidad, vertidos en una porción del capítulo de antecedentes (VII) y en otra de los conceptos de violación (segundo), en donde el peticionario de amparo alega esencialmente, una falta de valoración de pruebas motivo de la concesión del diverso juicio de amparo 526/2020 del índice de este Tribunal, toda vez que, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, las cuestiones vinculadas con el cumplimiento de una resolución dictada en el juicio para la protección de derechos fundamentales, deben plantearse al desahogar la vista que con dicho cumplimiento se da a los interesados, por lo que las cuestiones relacionadas con su cumplimiento deben alegarse en el juicio y en la etapa respectiva y no en un nuevo juicio de amparo. En apoyo a lo anterior es de citar la Jurisprudencia: I.5o.C. J/3 (10a.), consultable en la página 1429 del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Registro digital: 2007297, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS PLANTEADOS EN UN NUEVO JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SON INOPERANTES CUANDO CUESTIONAN LA MANERA EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DA CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA ANTERIOR. Conforme al artículo 196 de la nueva Ley de Amparo, las cuestiones vinculadas con el cumplimiento de una resolución dictada en el juicio para la protección de derechos fundamentales, deben plantearse al desahogar la vista que con dicho cumplimiento se da a los interesados, ello sin perjuicio de que el tribunal de amparo analice la manera en que aquélla se hubiere cumplimentado. Luego, conforme a dicho precepto los interesados en el cumplimiento cabal de la ejecutoria pueden alegar el exceso o defecto en que pudieren incurrir las autoridades responsables, en la etapa de referencia y no en un nuevo juicio de amparo; por tanto, los conceptos de violación que con tal contenido se propongan, deben declararse inoperantes. De ahí que resulte inaplicable la tesis que cita del rubro: "PRUEBAS, LA FALTA DE ESTUDIO DE LAS, RESULTA VIOLATORIA DE GARANTIÍAS". Por otro lado, contrario a lo argumentado por el quejoso, debe delimitarse que no puede afirmarse válida y legalmente que el acto que en esta vía se reclama, careciera de fundamentación y motivación, pues basta imponerse de su contenido, para apreciar que el Juez de Distrito responsable, para fundar su fallo, refirió e invocó los numerales 19, 21, 29, 89, fracción VI y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo los preceptos 41, 147, 117, 136, 146, 161, 163, 165 168, 194, 284, 285, 286, 287 último párrafo, 288, 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 13 fracción II del Código Penal Federal, artículos 83, fracción III, en relación con el numeral 11 inciso C), 83 Quater, fracción II, en relación con el numeral 11 inciso f) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de igual forma los ordinales 29, fracción I y 30 fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que estimó aplicables al caso de que se trata. Asimismo, se apoyo en las tesis de los rubros: "CARTUCHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN NO ES PUNIBLE CUANDO AQUÉLLOS HAYAN ESTADO INTEGRADOS AL FUNCIONAMIENTO DEL ARMA CORRESPONDIENDO A SU CALIBRE Y QUE NO EXCEDAN LA CANTIDAD NECESARIA PARA ABASTECER SU CARGADOR.", POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ES ILEGAL LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI EN ÉSTA SE AFIRMA QUE SE ACTUALIZA AQUEL DELITO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 QUAT, EN RELACIÓN CON EL 11, INCISO F, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.", "MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR.", "INSPECCIÓN OCULAR PRACTICADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO. POR SER INSTITUCIÓN DE BUENA FE QUE ADEMÁS GOZA DE FE PÚBLICA, SE PRESUME CIERTO LO ASENTADO EN ELLA.", "DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL. LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA OPINIÓN DE LOS PERITOS, ADEMÁS DE SER UNA EXIGENCIA INHERENTE A ESTE TIPO DE PRUEBA, CONSTITUYE UN IMPERATIVO LEGA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 234 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES". "DICTÁMEN PERICIAL EN BALÍSTICA RENDIDO EN AVERIGUACIÓN PREVIA, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO, AUNQUE SEA SINGULAR, SI CONTIENE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE BASÓ Y LAS OPERACIONES Y EXPERIMENTOS QUE CONLLEVA A IDENTIFICAR EL ARMA.", "DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL, VALOR PROBATORIO DE LOS.", "ACTUACIONES DEL EJÉRCITO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, LEGALIDAD DE LAS." "EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN).", "PARTE INFORMATIVO DE POLICÍA. ES LEGAL LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE LE OTORGA VALOR DE INDICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", "PARTE INFORMATIVO POLICIAL. DEBE SER OBJETO DE REVISIÓN BAJO EL ESCRUTINIO JUDICIAL ESTRICTO DE VALORACIÓN PROBATORIA, ATENDIENDO A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE DERIVAN DE SU CONTENIDO.", "PARTE INFORMATIVO DE LA POLICIA EN EL SUPUESTO DE DETENCIÓN POR FLAGRANCIA.PARÁMETROS QUE DETERMINAN SU NATURALEZA JURÍDICA COMO PRUEBA"."PÓRTACIÓN DE ARMA DE FUEGO RESERVADA PARA USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA, BASTA QUE SE DEMUESTRE QUE EN UN LUGAR Y EN UN MOMENTO DETERMINADO EL ACTIVO LLEVÓ CONSIGO UN ARTEFACTO BÉLICO DE ESA NATURALEZA, PARA QUE SE ACREDITE EL DELITO DE". "CARTUCHOS PARA ARMAS DE FUEGO CON CALIBRE PERMITIDO. SI CUENTAN CON ARTIFICIOS ESPECIALES, SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 93 QUAT DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD.", "CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJERCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS." "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS." "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL.", "PRUEBA INDICIARIA, VALOR DE LA.", "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. LA FE MINISTERIAL DE LA DROGA Y DEL DICTÁMEN QUÍMICO CONSTITUYEN INDICIOS QUE, ADMINICULADOS CON OTROS, SON IDÓNEOS PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD.", "PRUEBA INDICIARIA, RESPONSABILIDAD BASADA EN.", "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA.", "EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. DEBEN DEMOSTRARSE PLENAMENTE.", "CONFESIÓN, FALTA DE." De igual forma, señaló las causas inmediatas, circunstancias especiales y razones particulares por las que determinó, que de los medios de prueba que analizó y valoró, se acreditaban los elementos del cuerpo del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, así como el diverso de posesión de cartuchos del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Es así, dado que para tener por acreditado el primer elemento de ambos delitos -consistentes en la existencia física del arma de fuego y cartuchos fedatados- señaló que se encontraba demostrado con la diligencia de inspección ministerial desahogada el dieciocho de marzo de dos mil doce, por el Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador en Zamora, Michoacán; con las actas de fe desahogadas el dieciocho de marzo de dos mil trece, por el Agente del Ministerio Público Cuarto Investigador, quien constató la existencia del arma y de los cartuchos; actuaciones ministeriales que se complementan con la diversa acta de fe de veintiuno de marzo de dos mil trece, desahogada por el Agente del Ministerio Público de la federación, Titular de la Agencia Investigadora de Zamora, de la Delegación Estatal de Michoacán, quien ante la presencia de dos testigos constató la existencia del arma y cartuchos. Igualmente, precisó, que la clasificación del artefacto bélico y cartuchos se establecía con el dictamen pericial sobre balística y clasificación del arma de fuego y explosivos, emitido el diecinueve de marzo de dos mil trece, por el perito Jesús Calixto Santiago; lo que robusteció con el diverso estudio de la materia, emitido el veintiuno de marzo de dos mil trece, por Fermín Villa Gutiérrez, con el diverso dictamen en materia química forense emitido el diecinueve de marzo de dos mil trece, por Mario Alberto Aguirre Serrano. Por lo que toca al segundo de los elementos de ambos delitos -Que el sujeto activo haya portado fuera de su domicilio el arma de fuego afecta; y que haya mantenido dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad los cartuchos fedatados- precisó que los tenía por justificados con la puesta a disposición y parte informativo suscrito y ministerialmente ratificado por Antonio Tinoco Montañez, Adán Damián Hernández y César Cabrera Cornelio, Teniente, Cabo y Soldado de Infantería, respectivamente perteneciente al 17/o Batallón Infantería en Zamora, Michoacán; parte informativa a la que se unieron las comparecencias ministeriales de los referidos elementos castrenses. Medios de convicción a las que después de otorgarles valor demostrativo, concluyó que aproximadamente a las cero horas con cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece, en la calle Aquiles Serdán en Zamora, Michoacán, alguien probablemente portó el arma de fuego largo portátil, tipo AR-15, marca Colt, modelo SP1, matrícula SP1666634, localizados a un lado de ese probable activo en el momento en que cayó herido con motivo del tiroteo que se suscitó con sus captores, al tiempo que en las mismas circunstancias espacio temporales, en el lugar fueron asegurados cuatro cartuchos útiles marca Águila; objetos bélicos de los que se dio fe ministerial y se emitieron dictámenes periciales en balística en los que se determinó que tanto el arma como los cartuchos son reservados para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Respecto del tercer elemento del cuerpo de los ilícitos -que el sujeto activo de la conducta típica realice el acto reprochado por la ley, sin contar con la autorización correspondiente- los tuvo por acreditados porque hasta ese momento, el probable sujeto activo no demostró con ningún medio de prueba que contaba con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, ni que pertenezca a alguna de las Instituciones Armadas del País, que lo autorizara a portar el arma de fuego y poseer los cartuchos afectos. Así, por lo anterior, el Juez Federal responsable concluyó que con los medios de prueba se demostraba que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución redactadas por los Elementos del Ejército Mexicano, aproximadamente a las cero horas con cinco minutos del dieciocho de marzo, en la calle Aquiles Serdán en Zamora, Michoacán, alguien portó el arma de fuego largo portátil, tipo AR-15, marca Colt, modelo SP1, matrícula SP166634, localizada a un lado de dicha persona en el momento en que cayó herido con motivo del tiroteo que se suscitó con sus entonces captores, al tiempo que en las mismas circunstancias espacio temporales, fueron asegurados cuatro cartuchos útiles Águila. Por su parte, la responsable respecto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los ilícitos que se le imputan, tomó en cuenta el Parte informativo suscrito y ministerialmente ratificado por Antonio Tinoco Montañez, Adán Damián Hernández y César Cabrera Cornelio, Teniente, Cabo y Soldado de Infantería, respectivamente, perteneciente al 17/o Batallón de Infantería en Zamora, Michoacán, quienes lanzaron imputaciones directas y precisas contra el referido indiciado, en el sentido de que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatan que él fue quien portó el arma y poseyó los cartuchos fedatados. Además señaló que tanto las diligencias relativas a la fe ministerial del arma de fuego y cartuchos afectos, como los dictámenes en materia de balística relacionados, pueden constituir un indicio respecto de la responsabilidad penal del imputado al corroborar de manera indiciaria cuáles fueron aquéllos incautados al imputado. De manera que, este juzgado considera que existe una idónea apreciación de los hechos y adecuación de lo planteado al resolver, según los motivos aducidos y los preceptos y criterios referidos en la determinación del juzgador del conocimiento en orden con los cuestionamientos jurídicos materia de la litis antes referidos; de ahí que contrario a lo expuesto por el quejoso, el Juez Federal responsable sí expresó, las razones por las que estimó que se encontraba demostrada la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Sirve como sustento a lo predecesor, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su otrora integración, plasmada en la página 143, del Tomo 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es "decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". En otro orden, previo al análisis de los diversos motivos de inconformidad, cabe mencionar que el peticionario de amparo parte de una premisa falsa, a saber, que en la especie no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de portación de arma y posesión de cartuchos, ambos del uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, porque no quedó demostrado que el amparista hubiese disparado el arma, lo que implica que no la portó. Lo anterior es así, en virtud que por un lado obran las declaraciones de tres elementos del Ejército quienes señalaron que el quejoso portó el arma y cartuchos afectos a la causa y por otro, dichos militares nunca mencionaron que el citado peticionario accionó el arma que se le encontró. En efecto, el Juez de Distrito al abordar el análisis del segundo de los elementos que integran el cuerpo de los ilícitos a estudio, atinentes a "Que el sujeto activo haya portado fuera de su domicilio el arma de fuego afecta; y que haya mantenido dentro de su radio de acción y ámbito de responsabilidad los cartuchos fedatados", los tuvo por acreditados con la puesta a disposición y Parte informativo suscrito y ministerialmente ratificado por Antonio Tinoco Montañez, Adán Damián Hernández y César Cabrera Cornelio Teniente, Cabo y Soldado de Infantería, respectivamente, pertenecientes al 17/o Batallón de Infantería de Zamora Michoacán, quienes fueron coincidentes en señalar -en lo que interesa- que: Al arribar a la calle Aquiles Serdán de Zamora, Michoacán, observaron una camioneta color negro y una motocicleta a bordo de las cuales se encontraban varias personas armadas; motivo por el que establecieron un dispositivo de seguridad; que el cabo Adán Damián Hernández ordenó a los sujetos se detuvieran y soltaran las armas que portaban, al tiempo que aquellos comenzaron a agredirlos con las armas y huyeron en el automotor, por lo que los disidentes procedieron a repeler la agresión resultando herido uno de los sujetos, quien portaba abiertamente un arma de fuego, quien no pudo correr y caminó hacia atrás intentando levantar el arma que portaba, quedando metros adelante tirado sobre la banqueta; que el soldado Adán Damián Hernández le pidió que soltara el arma y una vez que lo hizo, dicho cabo y el soldado Cásar Cabrera Cornelio se aproximaron a él, dándose cuenta que estaba herido y que el arma la soltó y la dejó a un lado de su cuerpo, por lo que de inmediato solicitaron una ambulancia para que se le atendiera y dieron parte al comandante del puesto de mando respecto de lo sucedido; que dijo sujeto dijo llamarse Rafael García Custodio. Esto es, como bien lo refirió el Juez responsable de dichas deposiciones se advierte que se encuentra acreditado el segundo de los elementos a estudio, en razón de que fueron coincidentes en señalar que el activo portaba abiertamente un arma de fuego, quien no pudo correr y caminó hacia atrás intentando levantar el arma que portaba, que un soldado le pidió que la soltara lo que hizo dejándola a un lado de su cuerpo. De ahí que también resulte infundada su alegación en el sentido de que nunca aceptó ser propietario y poseedor del arma y cartuchos, que los elementos nunca especificaron quien portó el arma, que solamente cayó herido del impacto; pues como se observó, existe la imputación directa en el sentido de que el quejoso quien dijo llamarse Rafael García Custodio portaba el arma, quien incluso la intentó levantar. Sin que impida estimar lo anterior las diversas alegaciones del peticionario de amparo, en una porción de los antecedentes del acto reclamado, del primer concepto de violación, así como en otras, de los identificados con los números ocho, nueve y once del segundo motivo de disenso, en los que esgrime que: La prueba de radisonato de sodio aplicada en sus manos resultó negativo; eso era que en ningún momento accionó el arma -dictámen químico emitido el dieciocho de marzo de dos mil trece, por el perito Mario Alberto Aguirre Serrano-. Que la responsable al respecto únicamente manifestó que haría el estudio al emitirse la sentencia respectiva. Que del dictamen en materia de química forense, emitido por el perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Mario Alberto Serrano, determinó con la prueba de Walker que dicha arma resultó positiva por lo que se detectaron los derivados de nitratos procedentes de la deflagración de pólvora en el arma analizada, por lo que existe la duda razonada de qué persona accionó dicha arma, toda vez que el quejoso salió negativo en la misma prueba. Lo anterior, porque si bien los aprehensores refirieron que cuando se acercaron fueron agredidos y por ello repelieron la agresión, en momento alguno señalaron al ahora quejoso como la persona que directamente disparó en su contra, de ahí que cuando se le practicó el examen de radisonato de sodio hubiese resultado negativo a los disparos. También, el hecho de que el arma hubiese salido positiva a la prueba de Walker, lo único que acredita es que dicha arma fue disparada en una o varias ocasiones, pero no demuestra que lo fue precisamente en el momento de los hechos motivo de la causa a estudio. Lo que se observa del Dictamen en materia química forense emitido el diecinueve de marzo de dos mil trece, por el perito Mario Alberto Aguirre Serrano, respecto del arma de fuego portátil, tipo AR-15, marca Colt, modelo SP1, matrícula SP166634, calibre .223 mm, en el que después de realizar la prueba de Walker concluyó: "UNICA. Si se detectaron los derivados nitrados de la flagrancia de la pólvora en el arma analizada, descrita con anterioridad y motivo del presente dictamen". Del mismo modo, tampoco le asiste la razón al quejoso, en cuanto señala en distintas porciones de los conceptos de violación vertidos en el punto primero, así como en el segundo identificado con el número ocho, en los que expresa: Que si los Elementos del Ejército le dispararon para repeler la agresión, los disparos le hubieran dado por el frente y no solo por la espalda. Que los elementos del ejército no refieren exactamente las trayectorias de las calles y menos aún las posiciones de origen del disparo, dado que falsamente agregan que él iba caminando hacia atrás supuestamente levantando el arma. Que es absurdo e imposible el tratar de levantar un arma que pesa más de 7 kilos, además que bajo protesta de decir verdad señala que antes de los disparos era diestro, que en la motocicleta existe poco espacio para dos personas, y se pregunta ¿Cómo se sostenía en la motocicleta y al mismo tiempo sostenía el arma larga que pesa más de siete kilos, sin ningún arnés para sostenerla y al mismo tiempo mantenerse en el espacio pequeño de la referida motocicleta? Se dice de este modo, es decir infundados los conceptos de violación que se revisan, toda vez que éstos parten de la versión que dio el peticionario de amparo tanto al momento de rendir su declaración ministerial como en la preparatoria, en el sentido de que le dispararon por la espalda, en las que señaló medularmente que: El día de los hechos viajaba a bordo de una motocicleta color gris, tipo de velocidades, con un conocido a quien apodan "El Sonrics", propiedad de éste, a quien al verlo le pidió un "raite", porque eran como las veintidós horas y no había camiones; que ese sujeto le dijo que lo esperara y se dirigió a la Avenida Juárez momento en el cual el dicente sintió algo en su hombro, como un golpe caliente en la espalda sin saber de dónde provenía y se empezó a sentir mal; que no sabía de quién era la mochila de color café ni el arma de fuego aseguradas; que no era verdad que haya señalado a alguna persona con el arma porque no pudo haber estado manejando y al mismo tiempo apuntar con el arma (fojas 33 a 35 y 218 a 220). No obstante lo anterior, del propio certificado médico de integridad corporal y toxicomanía emitido el dieciocho de marzo de dos mil trece, por el perito médico forense adscrito al Departamento de medicina Forense de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, quien dio fe del estado físico y lesiones externas que presentó el indiciado, en la que se asentó: ".una herida amplia por roce en cara anterior de brazo derecho (arma de fuego) que le ocasionó fractura de humero (expuesta), edema de la región, con presencia de sangrado en vasos superficiales y poco de músculo, el trayecto continua haciendo entrada en cara externa del tórax derecho a nivel de la línea media posterior al mismo lado sin penetrar a tórax." Esto es, el trayecto del disparo por arma de fuego le provocó una herida amplia por roce en cara anterior de brazo derecho, que le ocasionó fractura de humero (expuesta), edema de la región, con presencia de sangrado en vasos superficiales y poco de músculo, que el trayecto continuó haciendo entrada en cara externa del tórax derecho a nivel de la línea media posterior al mismo lado sin penetrar a tórax, de lo que se concluye que el trayecto del disparo aconteció en la cara externa del tórax, previo rozón en la parte frontal del antebrazo y no por la espalda como lo pretende hacer valer el quejoso. De ahí que resulte creíble la deposición de los Elementos del Ejército, en cuanto a que los activos que se encontraban a bordo de una camioneta negra y una motocicleta les ordenaron se detuvieran, al tiempo en que comenzaron a agredirlos con las armas y huyeron en el automotor, por lo que al repeler la agresión hirieron a uno de los sujetos, quien no pudo correr y caminó hacia atrás intentando levantar el arma que portaba, quedando metros adelante tirado sobre la banqueta. Ahora, por lo que toca al señalamiento en el sentido de que los elementos del ejército no refieren exactamente las trayectorias de las calles y menos aún las posiciones de origen del disparo, dado que de manera falsa agregaron que él iba caminando hacia atrás supuestamente levantando el arma, debe decirse que si bien los militares no lo precisaron de manera expresa, también lo es que del dictamen pericial sobre inspección del lugar de los hechos, emitido el dieciocho de marzo de dos mil trece, por el perito en criminalística Jesús Calixto Santiago, deriva en el punto número ocho del apartado "VI. Inspección pericial", sí se especificaron las trayectorias y el origen de los disparos, pues se señaló: que sobre la misma banqueta y siguiendo una dirección de sur a norte, se localizaron diversos goteos dinámicos de líquido hemático, en una longitud aproximada de 15.66 metros comprendiendo el tramo de la motocicleta hasta la mancha hemática de forma irregular (foja 41 del tomo de pruebas). Lo que se aprecia de mejor manera en el croquis del lugar de los hechos visible a foja 42 del tomo de pruebas, del tenor siguiente: De donde se puede observar el lugar en donde quedó la motocicleta (número 4), el lugar donde quedó el rifle (número dos), la mancha hemática (número 1) y todo el goteo hemático que se verificó desde el lugar donde estaba la motocicleta al diverso en donde cayó el quejoso (número 1), de ahí lo infundado de los conceptos de violación de que se trata. Por consiguiente, tampoco le asiste la razón en los múltiples motivos de inconformidad tendentes a evidenciar que en la Diligencia de Inspección Ministerial desahogada el dieciocho de marzo de dos mil trece, por el Agente Cuarto del Ministerio Público Investigador de Zamora, Michoacán, acompañada de un Perito en Criminalística y por elementos de la Policía Ministerial del Estado: No se encontraron casquillos que se hubiesen utilizado para agredir a los elementos del ejército. Que solamente encontraron los cartuchos percutidos calibre 7.62. Que en atención a esos cartuchos percutidos ¿Quién accionó arma de ese calibre?, ¿a qué distancia fueron localizados?, ¿Dónde se produjeron los disparos? En razón a que tanto de la prueba pericial antes citada, como del croquis inserto deriva, que efectivamente se encontraron diversos casquillos, y son precisamente los cartuchos percutidos calibre 7.62, también la distancia en la que fueron localizados y el lugar. De igual forma, de la diligencia de inspección ministerial a la que hace referencia el quejoso, se advierte en donde fueron localizados dichos casquillos pues refiere, que junto a la banqueta oriente frente al edificio MARGAR marcado con el número 93 de la misma calle Aquiles Serdán, se localizaron los casquillos percutidos ambos calibre 7.62 N de la marca FC el primero de ellos aproximadamente 13 centímetros y el segundo a 64 centímetros de la misma banqueta separados uno del otro aproximadamente 2.97 y aproximadamente 8.00 de la esquina con la Calle Cristóbal Colón, asimismo se señaló que en la banqueta oriente en el número 63 de la calle Aquiles Serdán se ubica el Colegio Auxilio, casi enfrente del número 78 de la multicitada calle. Asimismo, que lo atinente a la distancia y en dónde se produjeron, se aprecia del propio croquis inserto en párrafos anteriores. En la inteligencia, que quién le disparó al quejoso y con qué tipo de arma le dispararon, ello no es relevante para la acreditación de los ilícitos que nos ocupan, mucho menos para restarle valor a las probanzas con las que se acreditó tanto la existencia del delito como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Por lo que toca a los diversos motivos de disenso en los que alega que los Elementos del Ejército Mexicano no declararon: Cuál de los tres le disparó al quejoso. Qué tipo de arma utilizaron. Ello no es relevante para la acreditación de los lícitos que nos ocupan, mucho menos para restarle valor a las probanzas con las que se acreditó tanto la existencia del delito como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión. Igual suerte que lo anterior, corren aquéllos motivos de inconformidad en los que señala, que el arma pesa más de 7 kilos, que la motocicleta es pequeña y no cabía; que tampoco podía disparar y manejar al mismo tiempo; en razón de que todas esas circunstancias las hace depender de la versión que proporcionó el propio impetrante, tanto en su declaración ministerial como en la preparatoria, en el sentido de que él viajaba con otra persona de "raite"; pero lo cierto es, que los militares informaron únicamente que a bordo de la camioneta y de una motocicleta estaban varias personas armadas, sin precisar si la motocicleta estaba una o más personas, o si estaba en movimiento o estacionada. Por otra parte, el quejoso esgrime en el primer concepto de violación y punto número dos del segundo, que de la puesta a disposición, suscrito y ratificado por los elementos del Ejército Teniente en Infantería Antonio Tinoco Montañez, Cabo de Infantería Cesar Cabrero Cornelio, se advierten muchas inconsistencias, en virtud que las circunstancias de tiempo modo y lugar que refirieron los elementos del ejército, difieren con lo señalado por él, ya que como lo ha reiterado, los hechos fueron a las 22 veintidós horas del diecisiete de marzo de dos mil trece y los elementos manifestaron que fue a las 00:05 cero horas con cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil trece, quizá para justificar la dilación que tuvieron para recibir la atención médica y llamar a la ambulancia, que llegó a las 00:30 cero horas con treinta minutos de esa misma fecha. Que la verdad de los hechos fue, que de las veintidós horas a la hora que llegó la ambulancia, los tres elementos lo estuvieron torturando poniendo su pie con las botas que utilizan sobre el brazo lesionado y le presionaban para que les diera el nombre de quien conducía la motocicleta, bajo la amenaza de que lo inculparían de todo, incluso arrancaron parte de la piel expuesta, motivo por el cual perdió el conocimiento hasta que fue atendido en el hospital, y que no obstante que sus declaraciones las hizo bajo sedantes, siempre han sido iguales. Conceptos de violación que devienen infundados. Esto, porque hasta el momento no obra ningún medio de convicción que demuestre que los hechos en realidad ocurrieron de la manera como lo señala el peticionario de amparo. Asimismo, en relación a los actos de tortura que dice fue objeto, este Órgano jurisdiccional no realizará algún pronunciamiento, atento a que de autos se advierte que el Juez Federal en cumplimiento a la diversa ejecutoria de amparo, dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que informara a quien correspondiera a la investigación de la posible comisión de dichos actos lesivos (foja 537 del tomo de pruebas). En la inteligencia que hasta el momento, de la declaración ministerial no se advierte alguna confesión de su parte derivada de la tortura de la que dijo ser objeto que le perjudique y que por ende tuviese que ser excluida. En suma, tampoco le asiste la razón al peticionario de amparo, cuando señala: Que también era falso lo dicho por los elementos, en cuanto a que la motocicleta estaba a un lado de una camioneta negra sin placas con varios hombres armados (sin describir cuántos aproximadamente). Que cómo era posible que únicamente le dispararon por la espalda a él y no pudieron dispararle a cualquiera de las "varias personas" que se encontraban en la camioneta, supuestamente agrediéndolos de frente con armas. Que nunca existió la camioneta negra, los únicos que iban circulando en la motocicleta eran el conductor y propietario de la misma y el quejoso. Que los elementos el Ejército, reiteradamente manifestaron que fueron agredidos por varias personas armadas, sin precisar ninguno de ellos que estaban totalmente atentos y por ende dejaron de lado una camioneta por dar una supuesta persecución a unas personas en motocicleta. Que si bien tenía sangre del quejoso, fue porque alguien la colocó a su lado en donde había sangre en el piso. Que no se realizó prueba en dactiloscopía para confirmar el dicho de los elementos del ejército, que en una forma por demás sarcástica a las casi cuarenta y ocho horas rindieron su declaración. Es así, toda vez que todo ello son apreciaciones subjetivas derivadas de la versión de los hechos que proporcionó el quejoso, pero hasta el momento no hay ninguna probanza que permita corroborar esas afirmaciones. Por otra parte, devienen infundados los diversos motivos de inconformidad expresados en los números seis, diez y once del segundo concepto de violación, en los que alega que si bien era cierto que: a) del dictamen pericial sobre balística, identificación y clasificación de arma de fuego y explosivos emitido el diecinueve de marzo de dos mil trece; b) del acta de fe de veintiuno de marzo de dos mil trece, realizada por el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Investigadora de la Delegación Estatal de Michoacán; y, c) de la diversa pericial sobre balística de veintiuno de marzo de dos mil trece emitida por Fermín Villa Gutiérrez.; deriva la existencia del arma y cartuchos afectos a la causa; también lo es que con ellos no se demuestra que el quejoso poseía dentro de su esfera jurídica el arma y cartuchos materia del auto de formal prisión reclamado. Esto, porque como en forma correcta lo precisó el Juez responsable, si bien son elementos probatorios que por su naturaleza están encaminados a demostrar el delito; también constituyen un indicio más sobre la responsabilidad penal del quejoso e integrar la prueba indiciaria, pues consideró, que basta tener en cuenta que al dar fe el agente del Ministerio Público sobre la existencia de tales artefactos bélicos, y al dictaminarse pericialmente sobre su clasificación, atento a los estudios y análisis practicados a los mismos, se corrobora indiciariamente cuáles fueron aquéllos incautados al imputado; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos penales, al establecer que con independencia de la confesión y de los documentos públicos, todos los demás elementos de prueba constituyen "indicios". En la inteligencia, que no resulta aplicable la tesis del rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, FACULTADES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA LICITUD, VALOR JURÍDICO Y ALCANCE DEMOSTRATIVO DE LAS PRUEBAS". En razón a que en la especie no se advirtió prueba ilícita alguna que debiera excluirse. De igual forma, respecto a las tesis intituladas "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIA PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO." e "IN DUBIO PRO REO. OBLIGACIONES QUE IMPONE ESTE PRINCIPIOA LOS TRIBUNALES DE AMPARO". Debe decirse que éstas resultan aplicables a las sentencias definitivas, pues la primera alude a la duda absolutoria y la segunda a la culpabilidad, situaciones ambas que corresponden al dictado de aquélla, y es el caso, que estamos en presencia de un auto de formal prisión para cuyo dictado únicamente no se requiere la existencia de pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del implicado. Finalmente, en relación al argumento vertido en el capítulo de antecedentes, en el que controvierte el certificado médico de lesiones, en el que se asentó que no es una persona adicta y que las lesiones que presentó "no son graves", no le causa ningún beneficio, en razón de que ello no fue tomado en cuanta para la emisión de la formal prisión reclamada. Así pues, hasta este momento procesal (auto de término constitucional), los datos probatorios existentes en el sumario son suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Rafael Alfredo García Cornejo, en la comisión del ilícito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como del de posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que se le reprocha, pues para ello no le es exigible al juzgador que tenga pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del implicado, máxime si las imputaciones no están desvirtuadas con prueba fehaciente alguna al momento en que se dictó el acto reclamado. Puesto que de autos, tal y como se precisó en párrafos precedentes, se advierte la presencia de condiciones suficientes para iniciar el proceso instruido en contra del quejoso, lo cual se vio colmado con la totalidad de indicios que fueron analizados y valorados por la responsable, otorgándole así seguridad jurídica, pues en la resolución que constituye el acto reclamado se expusieron de manera clara y precisa los motivos y fundamentos legales por los cuales se concluyó que en el caso se acreditó el cuerpo del delito de fraude específico así como su probable responsabilidad, lo que se traduce en el acatamiento al principio de presunción de inocencia de que goza el amparista. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 400, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS. Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso -fase preparatoria para el dictado de la sentencia- el juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación -que sólo puede darse en sentencia definitiva- implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aún considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba." Aunado a lo anterior, en el dictado del auto de formal prisión no se exigen ineludiblemente pruebas completamente claras que establezcan la culpabilidad del quejoso, sino únicamente, que los datos que obran en la causa penal y arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del delito en esa etapa procesal, y así también, hagan probable la responsabilidad del inculpado. Es aplicable la jurisprudencia VI.1º.J/49 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la Octava Época visible en la página setenta y seis del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1996, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo4 indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael Alfredo García Cornejo, por su propio derecho contra el acto reclamado al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, materia de estudio en dicho apartado. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Primitivo Ponce Ayala68/2021
- Priscila Anahí Campos Ojeda950/2019
- Procurador General de Justicia del Estado de Michoacan141/2017
- Rabí Teodoro Geronimo Alonso664/2021
- Rafael Alcantar Ramirez1292/2022
- Rafael Alfredo García Cornejo526/2020
- Rafael Alzate Núñez154/2020
- Rafael Andrade Parra379/2016
- Rafael Arturo Rangel Ramirez1369/2023
- Rafael Ayala Gutiérrez987/2017
- Rafael Cardiel Pérez1061/2018
- Rafael Cedeño Garcia299/2023