Rafael Alfonso Romero

Expediente 437/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
437/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Rafael Alfonso Romero
  • Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja 135/2021; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "PRIMERO. El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada en la vía indirecta por Rafael Alfonso Romero. SEGUNDO. Se revoca acuerdo recurrido. TERCERO. Devuélvase el presente asunto y su anexo a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Colegiado, para que le dé trámite como amparo directo. Ahora, en estricto acatamiento a la ejecutoria pronunciada por la Superioridad, se ordena dejar sin efecto el acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dictada en este juicio de amparo 437/2021-7, del que deriva el cuaderno de antecedente en que se actúa. Asimismo, no se hace pronunciamiento sobre la remisión de los autos originales, pues el propio Tribunal, refirió remitirlo a la Secretaría de Acuerdos para darle trámite. En ese contexto, al no existir diligencia pendiente por practicar archívese el presente asunto como totalmente concluido, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del artículo Vigésimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a su destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del numeral citado, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Segundo del acuerdo normativo. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 437/2021-7 e informa que dicho Tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Rafael Alfonso Romero, contra el auto de veintiséis de mayo del año en curso, el cual fue radicado bajo el número 135/2021; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 7. VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Rafael Alfonso Romero, parte quejosa en este asunto, por medio del cual interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, en términos del artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo y con apoyo en el párrafo segundo del artículo 101, de la ley de la materia, remítase el medio de impugnación, así como el expediente original del presente juicio de amparo y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede esta ciudad, para su substanciación. En ese contexto, me permito rendir INFORME SOBRE LA MATERIA DE LA QUEJA, en los siguientes términos: Es cierto, ya que mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo indirecto interpuesta por Rafael Alfonso Romero, contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y otra autoridad, en razón de que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior se remite el cuaderno original del presente juicio de amparo, para que esté en aptitud de resolver lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVIS DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; con el escrito de cuenta, se tiene al quejoso Rafael Alfonso Romero, cumpliendo con la prevención que se le hizo en proveído de diez de mayo del presente año, esto es, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que reclama la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, misma que le fue notificada el trece de abril del año en curso; y por ende, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorio de los artículos 14, 16, 17, 94 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en el toca REC 072/2021, a través del cual desechó el recurso de reclamación que hizo valer el aquí quejoso, en contra de la sentencia de diez de marzo de dos mil veinte, dictada por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del citado tribunal, por considerar que el medio de impugnación procedente en contra de dicha sentencia es el de apelación, que prevé la fracción segunda del artículo 111 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente, con el rubro siguiente "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo y atendiendo a que el acto reclamado lo constituye el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en el toca REC 072/2021, a través del cual desechó el recurso de reclamación que hizo valer el aquí quejoso, en contra de la sentencia de diez de marzo de dos mil veinte, dictada por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del citado tribunal, por considerar que el medio de impugnación procedente en contra de dicha sentencia es el de apelación, que prevé la fracción segunda del artículo 111 de la Ley de justicia Administrativa del Estado de Tabasco, este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" La causal en comento consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos por la Ley de la materia. Bajo esa tesitura, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 13, Volumen 139-144, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Ahora bien, en el caso la parte quejosa no instó la demanda de que se trata, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese contexto, existen tres supuestos para computar el referido plazo, a saber: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y, Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, en el primero de los supuestos, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad señalada como responsable haya notificado al quejoso la resolución reclamada, pues únicamente de esa manera el cómputo empezará a correr a partir del día siguiente al en que surta efectos la referida notificación; lo que no sucede en los últimos dos supuestos, en los que el término se computa a partir del día siguiente en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos que reclama, ya que no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto. En el caso, la parte quejosa manifestó en su escrito aclaratorio de demanda, que el proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, le fue notificado el trece de abril de dos mil veintiuno, notificación que surtió efectos el catorce del mes y año en cita; en consecuencia, según las reglas descritas en el párrafo que antecede, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa estuviera en aptitud de promover su demanda de amparo, se computa a partir del día siguiente hábil al en que surtió efectos la notificación del proveído que constituye el acto reclamado, por lo que el lapso aludido transcurrió del quince de abril al seis de mayo de dos mil veintiuno, sin contar el día cinco de mayo del año en curso, por ser inhábil conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Lo anterior se puede observar a continuación: Mes de abril de dos mil veintiuno Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado 14 Surte efectos notificación. 15 Empieza a correr el término para la promoción del juicio de amparo 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 Mes de mayo de dos mil veintiuno. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 3 4 5 Día inhábil. 6 Vence término para presentar juicio de amparo. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 De lo antes expuesto, se desprende que la demanda fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, el siete de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, es incuestionable que se hizo fuera del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. De lo anterior, resulta evidente que el impetrante de amparo consintió tácitamente el acto que reclama. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia IV.3o. J/44, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 49, Núm. 86-2, Febrero de 1995, Materia Común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Apoya también lo anterior, la jurisprudencia 32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De igual forma, lo es la jurisprudencia sustentada por el más Alto Tribunal del País, número 27/96, visible en la página 57 del Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.- El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivo el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocar seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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