Rafael Alfaro Santacruz
Expediente 78/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Alfaro Santacruz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable en cita, acusa recibo del toca de apelación ... y juicio ordinario civil ..., mismos que le fueron remitidos en virtud a que con data dieciocho de febrero pasado, causó estado el proveído que desechó la demanda de garantías promovida por ...; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Toda vez que resulta innecesario que obren en autos el toca de apelación - y juicio ordinario civil -, que el Magistrado responsable, adjuntó a su oficio 55/2022, se ordena devolverlos, en el entendido que de no acusar recibo de dichas documentales, en el término de tres días legalmente computados, se dará por hecho que las recibió a entera satisfacción. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós que señala: "... Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria del tribunal en mención, al que anexa el cuaderno de incompetencia - de su índice; mediante el cual informa que en determinación de veinte de enero de dos mil veintidós, dicha superioridad declaró carecer legalmente de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia del amparo directo; en tales condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto y acepta la competencia planteada; regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número VI-78/2022-1. En ese sentido, se procede a analizar la demanda de amparo promovida por el quejoso en cuestión en contra del acto que reclama a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y que a continuación se transcriben: ".IV. El acto reclamado lo hago consistir en la resolución de fecha 4 del mes de Octubre del presente año 2021, dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del Toca Civil número-, relativo al Recurso de Apelación interpuesto por el suscrito en contra de la Sentencia Definitiva dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, dentro del Juicio Ordinario Civil número-, que sobre prescripción positiva y otras prestaciones, promovido por el suscrito en contra de la C. -." Ahora bien, conviene tener presente que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, literalmente disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por los preceptos invocados, la demanda de amparo debe desecharse de plano, cuando se encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la Ley de la Materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, 3 aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En torno con lo expresado, cobra aplicación por el criterio que lo conforma, la jurisprudencia I.6o. C. J/19, que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se puede leer en la página setecientos treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". 4 Es preciso tener presente el contenido de la fracción XXIII, del artículo 61, así como 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: I.- (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De lo transcrito, se concluye que la presente instancia constitucional resulta improcedente, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia que deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de octubre del presente año, dictada por la Magistrada responsable en el toca civil -, mediante el cual confirmó la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ordinario civil -, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, al declarar infundados los agravios expuestos por el ahora quejoso, reponer el procedimiento y ordenar la nulidad de todo lo actuado a fin de emplazar a una diversa persona a juicio; lo que no constituye un acto de imposible reparación al afectar únicamente derechos procesales, previstos por el artículo 172, fracción I y V de la Ley de Amparo, sino que, con fundamento en el numeral 170, fracción I de la ley antes citada, las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía 5 de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia que ponga fin al juicio de origen (ordinario civil -). Sin embargo, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata. Se afirma lo anterior, dado que su única consecuencia es que se continúe con el trámite del juicio natural en la etapa correspondiente, hasta el dictado de la sentencia definitiva, que de serle favorable al impetrante, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener sentencia favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3a/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis /89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1186, del Tomo XXVII, Mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Igualmente por analogía la tesis con número de registro 184539, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que aparece publicada 7 en la página 1054, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril 2003, Tomo XVII, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO CIVIL PARA EL EFECTO DE QUE SE INTEGRE EL LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL NO AFECTAR TAL REPOSICIÓN EL DERECHO DE PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE HASTA EL 15 DE JULIO DE 2002). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, que recoge el dispositivo 114, fracción IV, de su legislación reglamentaria, y en el criterio contenido en la jurisprudencia publicada con el número 189, en la página 154 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que compila los fallos de 1917 a 2000, Tomo VI, de la Materia Común, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra los actos en el juicio que tengan en las personas o cosas una ejecución irreparable, entendidos como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados como garantías individuales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, bajo esa premisa, la resolución que ordena reponer el procedimiento por no llamarse a juicio a los demandados integrantes del litisconsorcio pasivo necesario no debe considerarse como un acto de imposible reparación contra el cual sea procedente el amparo indirecto, dado que tal reposición no conculca en sí misma el derecho sustantivo a la pronta impartición de justicia que tutela el artículo 17 constitucional a favor de los gobernados, pues, por un lado, el simple transcurso del tiempo en el que tenga que resolverse el juicio natural con motivo de la reposición no constituye circunstancia que afecte los derechos de fondo discutidos en el juicio y, por otro, en razón de que el 8 procedimiento civil no está legalmente limitado a determinado periodo como para considerar que en el caso de que el mismo fuere rebasado, no pudiera ser reparable el tiempo que de dicho lapso se excediera; todo ello implica que ni el procedimiento judicial, en sí mismo considerado, ni la reposición decretada en él podría considerarse como un acto de imposible reparación, ya que al ser tal procedimiento judicial el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aun cuando no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen para sostener el pleito ni de subsanarles las afectaciones que el juicio genere." En suma, se concluye que dicho actuar constituye un acto que, en dado caso, afectarían derechos adjetivos, y por tanto, no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación; por tanto, procede DESECHAR de plano la demanda de que se trata, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Además, la causal es manifiesta en la medida en que, dado el planteamiento de la demanda de amparo, es patente que se actualiza la hipótesis jurídica de dicho motivo de improcedencia; y lo indudable se da de los propios argumentos que en ella se vertieron, concluyendo que aún y cuando se admitiera la demanda de amparo y se siguiera el procedimiento respectivo, no se formularía una diversa convicción respecto a la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, porque aún en esa hipótesis, subsistiría la causal de improcedencia que ahora se analiza. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Hágase del conocimiento al promovente, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ella; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por su parte, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en caso de que desee recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario; hecho lo anterior, deberá proporcionar a este Juzgado ese dato, para que se pueda autorizar la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este Órgano Jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 Y 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de video conferencias de todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, la parte quejosa señala domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, y autoriza para ese efecto a las personas que hace alusión. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 Fracción I, inciso C de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta se aprecia que la Presidenta Municipal de Cuitzeo, Michoacán, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional se pronunciará de oficio sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese.
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