Rafael Ahumada Medina

Expediente 732/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
732/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/09/2018

Partes del expediente

  • Rafael Ahumada Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En ese sentido, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo, fracción I, y vigésimo quinto del acuerdo normativo invocado. Finalmente, en cumplimiento al párrafo segundo, del punto décimo primero, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental"; así como la fecha en que se ordena su archivo.

  2. Principal

    Visto; el escrito del quejoso Rafael Ahumada Medina, a través del cual cumple con el requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, y al efecto manifiesta que la demanda de amparo la promueve por su propio derecho. De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la notificación del laudo dictado y engrosado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente 09/12-J, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, consistente en que el amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa para su impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo que establece que antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. Los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prescriben el principio de definitividad respecto de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales que se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: 1. Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. 2. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente) y que son: A. Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. 1. Procedencia de un medio ordinario de defensa. En primer término, con relación al requisito descrito en el apartado uno, para establecer el medio de defensa o el recurso que debe agotar la parte demandante el que suscribe trae a colación los artículos 761 y 762, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, por ser el aplicable al juicio de donde derivan los actos reclamados, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad;". Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. De los artículos antes transcritos se obtiene que cualquier cuestión que surja durante la tramitación de un juicio que tenga relación inmediata con el negocio principal se tramitará vía incidental, los cuales se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamento entre ellos el de nulidad, asimismo que en caso de que la persona se manifieste sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley, caso en el cual el incidente será desechado de plano. Ahora bien, en el caso a estudio la parte quejosa reclama la notificación del laudo dictado y engrosado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, en el expediente 09/12-J, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima. De ahí que contra dicho acto debió promover, previo a la interposición de la demanda de amparo, el incidente de nulidad que prevé la ley ordinaria, a través del cual estará en aptitud de controvertir las irregularidades que hace valer en este juicio constitucional. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.

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