Rafael Acosta Solis

Expediente 1442/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1442/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Rafael Acosta Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en virtud de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Por otra parte, toda vez que de los autos se advierte que obran los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el aludido Acuerdo General, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, con apoyo en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el propio treinta y uno de julio; se deja a la parte quejosa en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", para obtener la cita correspondiente a fin de acudir al Juzgado para realizar las diligencias correspondientes a fin de recoger los documentos de mérito.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que obra el oficio signado por la Encargada del despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y anexo que acompañó, con el que informó acerca del cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, mediante proveído de cuatro de septiembre anterior, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexo señalado para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, por lo que al haber fenecido dicho plazo este órgano judicial a continuación determinará si está cumplido o no el fallo de amparo.En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso *****. Asimismo, por auto de seis de marzo del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento.De manera que la responsable de mérito, estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "1. En caso de no haberlo hecho ya, atiendan de inmediato de manera fundada y motivada, la solicitud 31180011415, que fue presentada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se pidió la calificación e inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios, que celebró con *****, el veinte de diciembre de dos mil once, respecto de la parcela ***** del ejido de Baca del municipio de Baca, del Estado de Yucatán.2. Deberá notificarse personalmente la respuesta al quejoso de manera fehaciente, en el domicilio señalado en el formato de solicitud respectivo." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la autoridad responsable, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del oficio /YUC/SR/DJ/2269/2020, de fecha dos de septiembre del año en curso, en la cual informó que el certificado de derechos sobre tierras de usa común, marcado con el número 1013543, relativo al ejido de Baca, Municipio de Baca, Yucatán, se entregó el pasado uno de septiembre de dos mil veinte, al quejoso *****.Lo que se corrobora con la copia certificada del citatorio-recibo, de uno de septiembre del año en curso, en la que se aprecia la firma de recibido del quejoso ***** respecto a la entrega formal del certificado parcelario en comento, el referido día uno de septiembre del presente año, a la parte quejosa.En ese orden de ideas, no es obstáculo señalar lo manifestado por la parte quejosa en su escrito agregado a los presentes autos el diez de septiembre anterior, del que se reservó su providencia hasta en tanto se pronunciara en relación a la calificativa del cumplimiento de mérito, en el que, en respuesta a la vista otorgada respecto al cumplimiento de la sentencia, la parte quejosa señaló su entera conformidad con lo realizado por la Delegación en Yucatán del Registro Agrario Nacional, para dar cumplimiento a la ejecutoria, ya que dicha autoridad, le había entregado los títulos correspondientes, el uno de septiembre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.Finalmente, agréguese el oficio signado por el Director de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación del Director en Jefe de Dicha Institución, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, en respuesta al requerimiento de seis de marzo del año en curso, comunica las gestiones realizadas a fin de que se tenga por cumplida la sentencia en el presente asunto, de lo que se toma conocimiento, sin mayor pronunciamiento, en virtud de lo proveído párrafos precedentes.

  3. Principal

    MESA V. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y un minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, quien actúa asistida de Pablo Pérez Pacheco, procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio V-1442/2019, promovido por Rafael Acosta Solís, contra el acto que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y de otras autoridades responsables. El Secretario hace constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. A continuación, la Jueza ordena al Secretario de Juzgado hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se da cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancias de notificación a las autoridades responsables; d) Proveídos mediante los cuales se tuvo por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera y e) alegato ministerial 772/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, con residencia en esta ciudad, mismo que obra en autos Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo, incluyendo los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario de Juzgado procede a dar cuenta con la prueba documental que anexó la parte quejosa a su demanda, así como la documental ofrecida por la autoridad responsable a su informe justificado rendido por el Comisionado y Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad. En ese orden de ideas, la Titular de este Juzgado acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten tales probanzas, las que se desahogan sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Enseguida se abre el período de alegatos y se da cuenta con el pedimento número 772/2019, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación, mediante el cual, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo; así como los alegatos vertidos por la parte quejosa por conducto de su autorizado en sus escritos con números de Oficialía de Partes 20217 y 21543, a lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y de la parte quejosa, mismas que serán tomadas en consideración al momento de emitir la sentencia de amparo, por lo que al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la resolución siguiente. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1442/2019-V promovido por RAFAEL ACOSTA SOLÍS, contra actos que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el diecisiete de octubre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, remitida el mismo día a este órgano jurisdiccional al que por turno le correspondió conocer, RAFAEL ACOSTA SOLÍS, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: "III. La autoridad responsable: 1. El C. Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, con domicilio ampliamente conocido en el edificio que ocupa el Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, ubicado en la calle 3, número 197, de la avenida Cupules, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. 2. El C. Registrador Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, con domicilio ampliamente conocido en el edificio que ocupa el Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, ubicado en la calle 3, número 197, de la avenida Cupules, de esta ciudad de Mérida, Yucatán. 3. El Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, con domicilio ubicado en la calle José Antonio Torres 661, ampliación Asturias, Ciudad de México, C.P. 06890". "IV. Actos reclamados: Bajo protesta de decir verdad, reclamo de las autoridades señaladas como responsables, en el ámbito de su competencia, la falta de contestación a la solicitud de trámite de inscripción número 31180011415, presentada ante la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, el día 21 de noviembre de 2018, no obstante el tiempo transcurrido hasta la presente fecha, en la cual se peticionó la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios a mi favor, celebrado el día 20 de diciembre de 2011, entre el suscrito y el señor Reymundo Tamayo y Noh, respecto de la parcela colectiva 223 Z2 P1/5 del ejido de Baca, municipio de Baca, Estado de Yucatán, omisión que considero viola mis derechos fundamentales. De igual forma, reclamo de las responsables en el ámbito de sus atribuciones, el que hasta la presente fecha no hayan realizado la calificación e inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios a mi favor, celebrado el día 20 de diciembre de 2011, entre el suscrito y el señor Reymundo Tamayo y Noh, respecto de la parcela 223 Z2 P1/5 del ejido de Baca, municipio de Baca, Estado de Yucatán, no obstante desde el día 21 de noviembre de 2018, se presentó la solicitud respectiva (número 31180011415), y que se anexó la documentación conducente y el pago de derechos para ello, conforme a la ley, lo cual viola mis derechos humanos porque se me niega el acceso a una justicia completa, pronta y expedita. En relación a los actos reclamados, hago valer la siguiente jurisprudencia para que se aplique a mi favor: (.) "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. (.)" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 28 y 29 de autos). Por auto de trece de noviembre del año en curso, se le dio vista a la parte quejosa con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (foja 38 de autos). Finalmente, una vez integrado el presente asunto, se celebró la audiencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta juzgadora federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción IV, 37, y 107, de la Ley de Amparo en vigor y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado. Lo anterior con motivo de que el acto destacado que aquí se reclama, no tiene ejecución material por tratarse de conductas omisivas de las autoridades responsables, al no darle respuesta a la solicitud que el agraviado presentó, y de conformidad con el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, será juez competente para conocer de una demanda de amparo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo que, si la parte quejosa se duele de que las responsables, el Delegado en el Estado de Yucatán, del Registro Agrario Nacional, el Registrador Integral de la Dirección de la citada institución, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida, así como el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, no le han dado respuesta a su solicitud formulada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, es un acto sin ejecución material de cuyo conocimiento con base en el precepto legal invocado, corresponde a esta Jueza de Distrito con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo". SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, tenemos que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente juicio se advierte, que medularmente se reclama lo siguiente: Del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, del Registrador Integral de la Dirección del Registro Agrario Nacional, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida, y del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México: 1) La omisión de darle respuesta al escrito presentado ante la responsable el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, al que le recayó el número de solicitud 31180011415, en el que pidió la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios, el cual celebró el veinte de diciembre de dos mil once, con Reymundo Tamayo y Noh, en relación con la parcela colectiva 223 Z2 P1/5 del ejido de Baca, municipio de Baca, del Estado de Yucatán (fojas de la 6 a la 8 de autos); y, 2) Como consecuencia de dicha omisión, la falta de calificación del citado contrato de enajenación detallado líneas precedentes. Establecido lo anterior, se procede analizar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con apego en la jurisprudencia número XVII.2° J/10, publicada en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, Octava Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho correspondo. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimientos pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, por conducto del encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la citada institución, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclamaron; pues alegó en primer lugar, que dicha solicitud fue dirigida a la Delegación en el Estado de Yucatán del Registro Agrario Nacional; y en segundo, que en términos del artículo 22, fracción III, inciso i) del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, corresponde a las Delegaciones estatales, calificar e inscribir la enajenación de derechos parcelarios (fojas de la 33 a la 35 de autos). En efecto, el numeral 22 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional señala, que las delegaciones tendrán entre sus atribuciones, calificar e inscribir entre otras cosas, la enajenación de derechos parcelarios, tal y como lo indicó la aludida autoridad responsable, por lo tanto, si la parte quejosa se duele en este juicio de amparo de que las responsables no han atendido su solicitud mediante la cual les pidió que calificaran e inscribieran un contrato de enajenación de derechos parcelarios que celebró con Reymundo Tamayo y Noh, respecto de la parcela 223 Z2 P1/5 del ejido de Baca, del Municipio de Baca, del Estado de Yucatán, es innegable que tal omisión atribuida al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional es inexistente, pues dicha solicitud no fue dirigida a esta autoridad, sino a la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, además de que, de conformidad con el precepto citado líneas arriba, no está entre sus obligaciones la calificación e inscripción de derechos parcelarios. De manera que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo, únicamente por lo que corresponde a los actos reclamados al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en párrafos precedentes de este considerando. Sirve de apoyo en lo conducente, el criterio aislado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que reza lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL QUE SE IMPUTA A AUTORIDAD DISTINTA DE LA QUE EMITIO. El acto reclamado, como lo consideró el a quo, es inexistente en los términos en que fue señalado en la demanda de amparo pues la quejosa señaló como autoridad responsable a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo que la resolución combatida la emitió el Magistrado instructor de la referida Sala Fiscal, con fundamento en las facultades que a tal autoridad otorga la fracción II del artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. No es óbice a la anterior conclusión el hecho de que la Sala Fiscal señalada como responsable en la demanda de garantías haya rendido informe justificado, pues lo hizo precisamente por haber sido señalada como autoridad responsable, pero ello no eximió a la quejosa de llamar al juicio a quien directamente y en uso de facultades propias emitió la resolución señalada como acto reclamado". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Comisionado y encargado de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad de Mérida, al rendir su informe justificado por sí y ante la ausencia del Registrador Integral de dicha institución, aceptó la existencia del acto que se les reclama, alegando que en virtud de las cargas de trabajo, así como la falta de registrador, no se ha podido validar la enajenación con número de solicitud 311800011415 (foja 36 de autos). De ahí que se tengan por existentes los actos reclamados por la parte quejosa. QUINTO. OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, toda vez que en la especie, el acto reclamado se hace consistir, específicamente, en la abstención por parte de las autoridades responsables de atender una solicitud que les fue formulada, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda, pues se trata de omisiones en el actuar de las autoridades responsables, respecto de la cual la parte quejosa desconoce los motivos y razones que ésta tiene para proceder en ese sentido; de ahí que el amparo pueda promoverse en el momento en que el justiciable estime que las citadas responsables violan en su perjuicio sus derechos públicos subjetivos. En lo conducente, resulta aplicable por analogía la tesis aislada, que dice: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TERMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO. La negativa u omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revocación, tiene el carácter de acto negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata, por ende no están sujetos al término de quince días a que alude el artículo 21, de la Ley de Amparo, sino que pueden reclamarse en cualquier momento". SEXTO. ANÁLISIS DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al no haber hecho valer la autoridad responsable alguna causa de improcedencia, ni advertirse de manera oficiosa alguna que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, a través de los conceptos de violación expuestos, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello, acorde a la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. En ese sentido, debe decirse que es esencialmente fundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa. Como se adelantó, de la interpretación integral de la demanda de amparo se obtiene que, en el caso, se reclama del Delegado en el Estado de Yucatán, del Registro Agrario Nacional, así como del Registrador Integral, de dicha institución, ambos con residencia en esta ciudad de Mérida, la omisión de atender el escrito presentado por el agraviado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, al que le correspondió el número de solicitud 31180011415, mediante el cual les pidió que inscribieran el contrato de enajenación de derechos parcelarios, el que celebró con Reymundo Tamayo y Noh, el veinte de diciembre de dos mil once, respecto de la parcela 223 Z2 P1/5 del ejido de Baca del municipio de Baca, del Estado de Yucatán; acto que combate por considerarlo violatorio a sus derechos tutelados por los artículos 8° y 17 Constitucional, entre otros. Ahora bien, del contenido del informe justificado de la autoridad responsable se desprende, que hasta la presente fecha no se ha otorgado respuesta alguna a dicha solicitud, lo que conlleva a que se vulnere en contra del quejoso su derecho humano de pronta impartición de justicia, además de su derecho de petición. En efecto, si bien es cierto que la responsable trastoca el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es, que no puede desvincularse de la conducta omisiva de la autoridad, el contenido del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera literal señala: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En el precepto trascrito se observa, el derecho fundamental de acceso a la justicia que a simple vista, podría estimarse que únicamente es imputable a los órganos jurisdiccionales del Estado; sin embargo, de tal numeral debe estimarse también la observancia de los subderechos fundamentales de prontitud, eficacia y expeditez, los cuales no sólo resultan atribuibles a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante dependencias del poder ejecutivo. Ello es así, virtud a que la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la Ley y los Reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que además implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados. Razones por las que los aludidos subderechos de prontitud, eficacia y expeditez, no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos. Lo expuesto, es acorde al nuevo sistema de protección a los derechos humanos, reconocidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que, en su tercer párrafo, refiere la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Lo cual se estima de esa manera, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia XXVII.3o. J/16, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, enero de 2015, Tomo II, Materia Constitucional, página 1691 y registro número 2008230, de rubro y texto siguientes: "SUBGARANTÍAS DE PRONTITUD, EFICACIA Y EXPEDITEZ CONTENIDAS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SON PRIVATIVAS DEL ÁMBITO JUDICIAL, SINO QUE SU DIMENSIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA COMPRENDE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER NO CONTENCIOSO SEGUIDOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En tales condiciones, debe estimarse que la observancia de las subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, no sólo resulta atribuible a las autoridades que ejerzan actos materialmente jurisdiccionales, sino que debe expandirse a todas las manifestaciones del poder público, como son los procedimientos administrativos no contenciosos seguidos ante las dependencias del Poder Ejecutivo. Ello es así, pues la eficacia de la autoridad administrativa presupone no sólo una sujeción irrestricta a los procedimientos señalados en la ley y los reglamentos, sino también que su proceder no puede ser ajeno a la tutela del derecho de acceso a la jurisdicción en las vertientes señaladas, lo que, además, implica en un correcto ejercicio de la función pública, la adopción de medidas, actuaciones y decisiones eficaces, ágiles y respetuosas de los derechos de los administrados, razones por las que las citadas subgarantías de prontitud, eficacia y expeditez no pueden ser privativas del ámbito judicial, sino que comprenden la producción de los actos administrativos." Ahora, para una mejor comprensión de la solución a la que se arribará, es pertinente transcribir el contenido de los artículos 3, 4, 22, fracción III, inciso i, 51, 52 y 53 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. "Artículo 3. El Registro tendrá a su cargo la función Registral, de Asistencia Técnica y Catastral, con el objeto de lograr el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental respecto de la propiedad social, de conformidad con lo dispuesto por la Ley y sus Reglamentos. Asimismo, el Registro fomentará la regularización de la propiedad social y tendrá a su cargo las funciones de resguardo, acopio, archivo y análisis documental del Sector Agrario". "Artículo 4. La función registral, integración y actualización del Catastro Rural Nacional para llevar a cabo el control de la tenencia de la tierra, se llevará mediante las actividades de calificación, inscripción, dictaminación y certificación de los actos y documentos en los que consten las operaciones relativas a la propiedad ejidal y comunal; a los terrenos nacionales y a los denunciados como baldíos; a las colonias agrícolas y ganaderas; a las sociedades rurales; y a las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, así como los relacionados con la organización social y económica de los Núcleos Agrarios. Asimismo, el Catastro Rural Nacional podrá integrar la información catastral de Estados y Municipios, que permitan la identificación de las superficies de la pequeña propiedad". "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: (.) III. Calificar e inscribir: (.) i) La transmisión de derechos ejidales o comunales por sucesión, la enajenación de derechos parcelarios y la cesión de derechos sobre tierras de uso común; (.)" "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." "Artículo 53. Las resoluciones administrativas de calificación deberán: I. Estar debidamente fundadas y motivadas; II. Ser expedidas con el señalamiento de lugar y fecha de emisión; III. Constar por escrito y con la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición, y IV. Dar respuesta integral a la solicitud". De los citados arábigos se evidencia en lo conducente, que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención, y que con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Las resoluciones de calificación deberán constar por escrito debidamente fundado y motivado, debiendo contener la firma autógrafa del servidor público autorizado para su expedición y la respuesta debe ser integral. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos se advierte (fojas de la 6 a la 8 de autos), que desde el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se generó la solicitud respectiva, sin que a la fecha de la promoción del juicio e inclusive en esta en que se resuelve, transcurrieron más de los sesenta días naturales que señala el numeral 52, en su último párrafo, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, sin que se haya dado cumplimiento y observancia a los preceptos anteriormente invocados, es claro que se ha vulnerado en contra del quejoso su derecho humano a obtener una respuesta en breve término, tal como lo ordenan los artículos 17 Constitucional y 53 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo anterior, queda debidamente demostrada en el presente juicio, la afectación al derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a sus subderechos de prontitud, eficacia y expeditez con que debieron actuar las autoridades responsables -en el ámbito de sus facultades y atribuciones-, dentro del trámite administrativo no contencioso a que se refiere la solicitud originaria de la parte quejosa. Ello, porque, como ya se vio, los elementos que obran en el sumario han puesto de manifiesto la dilación en atender a lo solicitado por el agraviado. Lo cual, resulta atentatorio de derechos fundamentales, ya que las autoridades responsables estaban vinculadas a emitir el pronunciamiento respectivo en la que decidieran si el quejoso reunía los requisitos o no (calificación) para que se inscribiera la enajenación de derecho parcelarios, de la parcela 223 Z2 P1/5; sin embargo, ello no sucedió. En cambio, su no actuar tiene por consecuencia que el trámite gestionado por el solicitante del amparo se encuentre obstaculizado y, con ello, que a su solicitud no se le dé la contestación pertinente, cuyo contenido en el sentido que fuere, se haga también de su conocimiento mediante la notificación respectiva. Sin que pase inadvertido para esta Juzgadora, que el Delegado en Yucatán del Registro Agrario Nacional, en el informe justificado que rindió argumentó que la falta de respuesta se debe a la excesiva carga de trabajo, aunado al hecho de que no tienen registrador. Acontecimientos de los que no hay duda ni discusión respecto a que dicha institución enfrenta cargas de trabajo muy altas, y que no cuentan con recursos materiales, económicos y humanos suficientes o adecuados para solventarlas, sin embargo, aun cuando es verdad, que tal circunstancia es entendible, ello no puede justificar la dilación en la impartición de justicia en que ha incurrido, por la básica razón de que el gobernado no puede ver afectados sus derechos fundamentales como consecuencia de que el Estado, como garante de tales derechos, no haya proveído lo necesario para atender, con celeridad, las necesidades de quienes acuden a él. No puede olvidarse que la prontitud en la impartición de justicia, como se explicó al principio de este considerando, es un derecho fundamental de los gobernados a que se les administre justicia dentro de los plazos y términos legales, por lo que el Estado debe proveer lo necesario a fin de que se cumpla con dicha prerrogativa, dotando de suficientes recursos humanos y económicos a dichas instituciones, con tal de que puedan resolver con celeridad las solicitudes que se les plantean. Si la falta de recursos humanos y económicos de la autoridad responsable, ha influido en el retraso en la atención a la solicitud del quejoso, debe hacerlo saber al organismo público del que depende, a fin de que tome en cuenta esa circunstancia y le provea con lo necesario, pero como se dijo con antelación, esa falta de recursos no puede ser excusatoria de la omisión que se le atribuye. En virtud de lo expuesto, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso Rafael Acosta Solís, lo procedente es, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, concederle el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado, para el efecto de que el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, y el Registrador Integral de dicha institución, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, realicen lo siguiente: 1. En caso de no haberlo hecho ya, atiendan de inmediato de manera fundada y motivada, la solicitud 31180011415, que fue presentada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se pidió la calificación e inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios, que celebró con Reymundo Tamayo y Noh, el veinte de diciembre de dos mil once, respecto de la parcela 223 Z2 P1/5 del ejido de Baca del municipio de Baca, del Estado de Yucatán. 2. Deberá notificarse personalmente la respuesta al quejoso de manera fehaciente, en el domicilio señalado en el formato de solicitud respectivo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: UNO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por RAFAEL ACOSTA SOLÍS, en contra del acto que reclamó al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, consistente en la omisión de atender su solicitud presentada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. DOS. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a RAFAEL ACOSTA SOLÍS, en contra del acto que reclamó al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, y Registrador Integral de dicha institución, ambos con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la omisión de atender su solicitud presentada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. TRES. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el escrito suscrito por el quejoso Rafael Acosta Solís, y en atención a su contenido, ténganse como nuevos autorizados independientemente a los que señaló en autos del juicio de amparo, a Georgina Maldonado Bravo, Selene Itzel Díaz Marneau y Bertha Guadalupe Pacheco Flores, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, sin que puedan gozar de las demás facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que el promovente del juicio expresamente solicitó su designación en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza a los citados autorizados, para que pueda hacer uso de los medios que alude en su escrito de cuenta la parte quejosa al momento de la consulta del presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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