Radames González Roa

Expediente 603/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
603/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Radames González Roa

Actuaciones

  1. Principal

    ."Vistas las certificaciones de cuenta, se aprecia que ya transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese como asunto concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama la falta de notificación del auto de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, por el que se tuvieron por recibidos los autos del juicio especial hipotecario 164/2014 solicitados al archivo judicial, del índice del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, y derivado de ello las actuaciones tendentes a dar continuidad con la ejecución de sentencia. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII en concordancia con la fracción IV y V, del numeral 107 interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, así como con relación al diverso 107 Constitucional, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: "a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y "c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. (.)." Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. V. Contra actos cuyo juicio sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo a lo anterior, se advierte que la falta de notificación del auto aludido, se actualizó en etapa de ejecución; sin embargo, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, fracción IV, segundo párrafo, refiere que el sumario constitucional sólo podrá promoverse contra actos dictados después de concluido el juicio que tengan sobre las personas y las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo éstos los que materialmente afectan los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. No obstante lo expuesto, a efecto de estar en la posibilidad de determinar si los actos reclamados en el sumario constitucional en que se actúa, resultan o no impugnables a través del juicio de amparo indirecto, es menester tomar en consideración, si producen una afectación a sus derechos sustantivos, en menoscabo de su garantía de defensa. Luego, es evidente que los actos tildados de inconstitucionales, fueron dictado en etapa de ejecución, empero no pueden estimarse como de imposible reparación, en virtud de que no producen de manera inmediata una afectación a algún derecho sustantivo del quejoso, en virtud de que la falta de notificación del auto aludido no le impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, máxime que del escrito que se provee no hace referencia alguna en ese sentido. Además esa falta de notificación únicamente puede afectar sus derechos adjetivos, en virtud de que al emitirse la determinación que ponga fin al procedimiento de ejecución, podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante éste y que hayan dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de remates, la falta de citación al procedimiento de ejecución, después de que éste ha iniciado, es una violación intraprocesal que por sí misma no causa agravio a un derecho fundamental que no pueda restituirse y, por tanto, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino hasta que se emita la resolución final que los apruebe o desapruebe. Por tanto, dado que la falta de notificación del auto reclamado, no afecta a sus derechos sustantivos, debe concluirse que no son de aquellos que contemplan las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no causan un gravamen de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda en estudio, respecto de la resolución reclamada a la sala responsable, con apoyo en el ordinal 112 y 113 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, el que indica en el escrito de demanda. Además, se autoriza de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia a Antonio de Jesús Olmos Rojas, Guillermo Alejandro Chapa González y Luis Enrique Garcilazo Vargas, en virtud de tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Igualmente, se autoriza para oír y recibir notificaciones, documentos y valores, así como para imponerse de los autos a las demás personas que indica, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Denisse Giselle Bocanegra Torres, al no tener registrada su cédula en el referido sistema, como se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con lo establecido en la parte final del párrafo segundo del numeral citado. Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase del conocimiento del impetrante, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. Por otra parte, de conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese personalmente al quejoso.

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