Raciel Escobar Flores
Expediente 1179/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raciel Escobar Flores
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el presente asunto, misma en la que, en su punto resolutivo establece: "(.) ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Car One Sanje, sociedad anónima de capital variable, en relación con el acto reclamado precisado en el considerando tercero, por las razones apuntadas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta determinación. (.)". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto se destaca que, en la sentencia emitida por este juzgado, se concedió el fallo protector, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: " Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y no le sea aplicado en lo futuro, hasta en tanto no sea reformada o derogada. Concesión que se hace extensiva al acto de aplicación, consistente en la declaración anual de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a efecto que se permita el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. De ser procedente, la autoridad fiscal devuelva las cantidades indebidamente pagadas con motivo de la aplicación del artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo anterior, sin que la concesión alcance a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, ya que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. (.)". En mérito de lo anterior con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, deberá agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir el cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada en todas las etapas correspondientes por haber sido la autoridad responsable en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero, y 194 de la ley de la materia, se requiere también al Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de superior jerárquico, de la autoridad directamente obligada para que en el plazo de cinco días, acredite que ordenó acatar la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que la obligación del superior jerárquico de la autoridad responsable, no se limita a requerir o conminar a que se lleven a cabo los actos respectivos, sino que también se deben prever los apercibimientos necesarios para lograr el fin indicado, dado que también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias de conformidad con los artículos 192, párrafo tercero y 194, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO". Se apercibe a las autoridades que, de no acatar lo ordenado: Se les impondrá de manera respectiva una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 192 y 193, en relación con el 258 de la Ley de Amparo, Se determinará por qué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Por último, se requiere a las autoridades, obligada y superior jerárquico, para que en el plazo de cinco días, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, se determine si es el caso vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las autoridades, obligada y superior jerárquico, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Sin que resulte necesario requerir a las autoridades responsables que participaron en el proceso legislativo Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente de la República, en razón de que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos sus actos aun parcialmente, sino que, el efecto de la ejecutoria es que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis CXV/97, cuyo rubro es: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDE INCURRIR EN ELLAS LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos aun parcialmente, si no que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo. (Registro: 197512, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 414) Notifíquese.
- Principal
se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de once de noviembre; Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que el plazo para recurrir el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, transcurrió sin que se haya impugnado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, así como el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado. En tales condiciones, atento a lo ordenado en los artículos 6, fracciones I y III, 8, 9, 12 y 20 del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se precisa que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el punto Décimo Primero, del citado acuerdo, previas las anotaciones que se hagan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el Libro de Gobierno, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo; y, en el momento oportuno, remítase al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, téngase por realizada la certificación de cuenta en la que se advierte que sí obran glosados documentos originales presentados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 18, del Acuerdo General emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, mediante notificación personal hágase saber a la parte quejosa, que tiene el plazo de noventa días para recoger dichos documentos; apercibido de que, en caso de no hacerlo, tales documentos serán destruidos junto con el presente expediente por el Centro de Documentación y Análisis, una vez que transcurran cinco años a partir de la orden del archivo. Cabe precisar que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió íntegramente el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa para que desahogara la prevención que se le hizo mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal proveído y por tanto, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respecto del juicio de amparo 1179/2021. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual pretende desistirse del presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos anteriores. Por último, no pasa desapercibido el hecho de que el escrito de cuenta, se encuentra dirigido al juicio de amparo 1092/2021, toda vez que después de realizar una búsqueda en el Libro de Gobierno que se lleva en este Órgano Jurisdiccional se advierte que el expediente correcto es el que se actúa, motivo por el cual se acuerda lo conducente en éste. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 3/2004; de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, específicamente de las constancias que acompañó BBVA BANCOMER, S.A, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA BANCOMER a su informe justificado relativo a la ampliación de demanda, se advierte que mediante oficio 400-75-00-01-03-2019-13074, de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la Subadministración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "4", con sede en la Ciudad de México solicitó a la referida institución bancaria, efectuara diversas instrucciones a fin de que se transfiriera a favor de la Tesorería de la Federación el monto inmovilizado precisado en dicha determinación. Sin embargo, destaca que dichas instrucciones debieron aplicarse "respecto del monto por la parte que le corresponde al contribuyente FENTANES MENDEZ CESAR, con RFC FEMC3712094N3, que se haya inmovilizado de acuerdo a las solicitudes emitidas mediante oficios 400-37-00-03-03-2013-5485 del 19 de abril de 2013, 400-75-00-03-05-2016-17758, del veinticuatro de noviembre de 2016 y 400-75-00-01-03-2019-13076 del 17 de septiembre de 2019". Por ello, a fin de establecer el procedimiento que efectuó la institución bancaria en términos de las instrucciones que se detallaron anteriormente (en la parte que interesa), con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere a BBVA BANCOMER, S.A, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA BANCOMER, para que en el plazo de tres días contados a partir de la respectiva notificación, remita copia certificada de las constancias de las que se advierta cómo ejecutó el procedimiento de transferencia a la Tesorería de la Federación, el estado en que se encuentra dicho procedimiento y el estado de la cuenta bancaria 0443467481 a nombre de la cotitular Yolanda Teresita Serrano y Serrano; o en su caso, manifieste el impedimento que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, equivalente a $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha, señalándose en su lugar las trece horas con treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para su desahogo. Notifíquese.
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