Rachid Sehedi Azuara
Expediente 890/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rachid Sehedi Azuara
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, por medio del cual, devuelve el original del juicio de amparo 890/2022. Acúsese recibo. En ese sentido, dado que se estaba en espera de recibir los autos, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el [la] secretario [a] del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, por el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en la queja 337/2022, cuyo[s] resolutivo[s] dice[n]: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja 337/2022, interpuesto por el quejoso Rachid Sehedi Azuara, en contra del auto dictado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto 890/2022, mediante el cual se desechó de plano su demanda de amparo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente y estese en espera de recibir el original del juicio de amparo 890/2022, para los efectos legales procedentes.
- Principal
la parte quejosa interpone recurso de queja contra el auto que desechó la demanda.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rachid Sehedi Azuara, contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 4 y 8 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 890/2022- III-L. Identificación del acto reclamado. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: (.)La omisión de la autoridad señalada como responsable de (sic) los escritos presentados por el suscrito los días veinte y treinta de septiembre de dos mil veintidós, en los cuales promuevo, en el primero, solicitud de cambiar de sede de convivencia decretada con mis menores hijos y el segundo un recurso de revocación en contra del auto dictado el siete de septiembre de los corrientes (.) DESECHAMIENTO. En razón de lo anterior, se advierte que el peticionario del amparo destacó como acto reclamado: La omisión de la autoridad señalada como responsable de acordar los escritos presentados los días veinte y treinta de septiembre de dos mil veintidós. Establecido lo anterior, este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los citados preceptos imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Al respecto, el suscrito estima improcedente el juicio de amparo, al actualizarse de modo indudable y manifiesto, la causal de improcedencia precisada en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia, los cuales disponen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.) A fin de demostrar lo anterior, debe precisarse que la Ley de Amparo, en su artículo 107, se enuncia en dos de sus fracciones, sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Entonces, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Adicionalmente, debe precisarse que cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. De tal manera, no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho humano de acceso a la impartición de justicia, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe atenderse al que regula de manera integral su situación. Por tanto, si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una situación sometida a su consideración su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores, es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional, y para la correcta observancia de la ley. Resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación. Lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido la acepción "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Así lo estableció en la tesis, que dice: PETICION, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. (Registro digital: 268307, Instancia: Segunda Sala, Sexta Época. Materias(s): Constitucional, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXIII, Tercera Parte, página 39, Tipo: Aislada)". Paralelamente, cabe destacar que la Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 7, establece: [A]rtículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo." De lo anterior se aprecia que en el Estado de Veracruz, las autoridades están obligadas en dar respuesta a las peticiones que les formulen los gobernados dentro de un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles. Disposición estatal aplicable al caso de forma complementaria a la norma citada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que genera un beneficio en favor del gobernado respecto del derecho que se dice vulnerado, toda vez que acota al margen temporal de actuación de los entes públicos obligados a observarla. Plazo máximo que constituye un parámetro de límite formal y materialmente legislativo a la dilación mayor que pueden tener las citadas autoridades a fin de contestar una petición. Tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia siguiente: PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación. (Registro digital: 2019190, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 6/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 7, Tipo: Jurisprudencia). En el caso particular, se advierte que el promovente destacó como acto reclamado, la omisión de la autoridad señalada como responsable de acordar los escritos presentados por el suscrito los días veinte y treinta de septiembre de dos mil veintidós, sin que a la fecha de presentación de su demanda de amparo (ocho de noviembre de dos mil veintidós) se haya[n] dictado el [los] acuerdo [s] o determinación respectivo [s]; sin embargo, es claro que lo reclamado en el presente juicio de amparo no constituye un acto de imposible reparación. Cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. (Época: Décima Época, Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.), Página: 1086). De ahí, que el suscrito, considera que no se ha incurrido en una dilación o retardo de imposible reparación, ya que la demanda de que se trata se presentó el ocho de noviembre del año en curso, por lo que a la data no han transcurrido más de cuarenta y cinco (45) días habiles para realizar la actuación respectiva. Así las cosas, por las razones expuestas con antelación, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, toda vez que la quejosa manifestó -bajo protesta de decir verdad- que formuló ante la responsable sus peticiones el veinte y treinta de septiembre de dos mil veintidós, por lo que atendiendo a que a la fecha han transcurrido aproximadamente treinta y un días a efecto de que la responsable dicte acuerdos respecto dichas pretensiones; lo anterior conduce, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 113 del citado ordenamiento legal, a desechar la demanda. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Alba Sarahí Parra Rodríguez 12299194 y Ernesto Raúl Barragán Name 4489015 y Brenda Iraís López Sarmiento 9453033; así como autorizado en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, al diverso que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Correo Electrónico. Se tiene a la parte quejosa proporcionando correo electrónico y número telefónico de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaría encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaría encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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