Rachel Hernández Arenas

Expediente 1192/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1192/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Rachel Hernández Arenas

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN PARA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1192/2018 SE DICTÓ UN ACUERDO QUE EN SÍNTESIS DICE: Xalapa, Veracruz; veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con sede en esta ciudad; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese con el número 1192/2018, que le corresponde. (.) En el caso, contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. (.) Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el siguiente: "I).- La ilegal e infundada notificación de la Resolución de fecha 31 de octubre de 2018, en donde se me notifica el CESE de los efectos de mi nombramiento como auxiliar administrativo adscrita al Departamento de Control de Recaudación, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (.)" Sin embargo, de un análisis integral de la demanda de amparo, como lo dispone la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, y se establece en la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Es dable establecer que el acto reclamado realmente lo constituye la resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Director General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con sede en esta ciudad, mediante la cual determinó el cese de los efectos del nombramiento de la quejosa, derivado de la presunta infracción cometida al artículo 37, inciso A), de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y a las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado; que fuera notificada a la interesada mediante oficio *** el treinta y uno siguiente. Pues de parte alguna del escrito de amparo se observa impugnación a la notificación propiamente dicha de la determinación que ocupa, ni se aprecia que por sí misma dicha notificación, cause una afectación a los derechos de la quejosa. Derivado de lo anterior y de lo narrado por la quejosa en su escrito de demanda, es factible señalar que el cese de los efectos del nombramiento de la aquí quejosa, emitido por el Director de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en ejercicio de sus atribuciones, lo efectuó en su calidad de patrón, al actuar en plano de particular y no como ente del Estado. Pues la actuación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de sus funcionarios, no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Lo que se robustece con el hecho que a la quejosa se le cesara al actualizarse la hipótesis contenida por el artículo 37, inciso A), de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que estipula que el Titular o responsable de la Entidad Pública podrá decretar el cese de un trabajador, por incurrir en faltas de probidad u honradez debidamente comprobadas. Circunstancia que permite advertir que la determinación combatida se emitió dentro de una relación de coordinación, emanada de un vínculo laboral, lo que revela que no se trata de un acto emitido por la responsable en funciones de autoridad, sino como patrón asimilado. Es así, ya que la autoridad indicada, al terminar la relación laboral con sus servidores públicos, no actúa como tal, sino como patrón o sujeto de un contrato de trabajo y, por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero-patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado; esto es, como patrón en el ámbito de las relaciones de la institución con su personal jurídico. Por lo que al emitir una resolución que afecta los derechos de los trabajadores, lo hacen en su carácter de patrón y en representación de su empleadora, la Secretaría aludida. (.) Establecido lo anterior, si el interés fundamental en controversia lo constituye el cese de los efectos del nombramiento de la quejosa y, por ende, la separación del puesto que desempeñaba, al tomar en cuenta que de acuerdo con los artículos 1º, 2º, 4º y 183 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, cualquier cuestión que surja con motivo del nombramiento o con actos que incidan en la relación laboral que guardan los servidores públicos con la dependencia del Estado para la cual trabajan, debe ser ventilada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Se colige que el tipo de conflicto como el que aquí ocupa, suscitado entre la trabajadora -sea de base o de confianza- y el patrón, debe plantearse ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. (.) De ahí que, se insista, el acto reclamado, no revista el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al tratarse de un conflicto derivado de la relación laboral que existe en entre quien solicita amparo y su empleador. Y que, como consecuencia de ello, el acto que aquí se reclama no sea susceptible de examen constitucional al ser improcedente su estudio en la vía de amparo. (.) Sin que obste a lo anterior, que la quejosa se duela de violaciones a su derecho de defensa y a su garantía de audiencia, pues no debe confundirse la garantía de audiencia en sede patronal frente a la oponible en relaciones entre autoridad y gobernados. Debido a que en el primer supuesto se trata de una medida de protección y estabilidad a favor de los trabajadores burocráticos, previo a su separación, que determinada ley reconoce. Por lo que, cuando la dependencia patronal instaura procedimiento de cese burocrático, así fuera realizado unilateralmente sin la audiencia que manda la norma, queda expedita la jurisdicción del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, donde la dependencia actúa en la forma equiparada de Estado-patrón. Entonces, de incumplirse con esta garantía (audiencia y derecho de defensa) sólo acarrearía responsabilidad para la dependencia, cuando así lo determinara el referido tribunal en un juicio laboral, es decir, donde valorará el despido. (.) En consecuencia, al resultar notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, respecto del acto reclamado en este juicio; de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. (.)

  2. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  3. Principal

    Devuélvase documentales exhibidas con escrito inicial de demanda a personas autorizadas para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos.

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