Ra Gutiérrez Toledo
Expediente 752/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ra Gutiérrez Toledo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
.Córdoba, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veinte. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por. en los siguientes términos. En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. para el efecto de que la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado contra de. en el proceso penal. de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, deberá. Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Precisar cuál es el grado de intervención que atribuye al quejoso. pues no especificó si es autor o coautor, intelectual o material, cuál fue la acción desplegada que le atribuye y que hubiere resultado adecuada y esencial para la realización del hecho ilícito, o si sólo tiene la calidad de partícipe por prestar ayuda en la ejecución del hecho que la ley señala como delito. Por tanto, la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el proceso penal. contra. por su probable participación en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso; empero, ciñéndose a lo destacado en la sentencia, esto es, debía. Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Precisar cuál es el grado de intervención que le atribuía al quejoso. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio. de uno de octubre de este año, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de seis de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que sólo el quejoso. desahogó la vista ordenada en acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la observación del disco de audio y video, remitido por el. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de vinculación emitido el quince de agosto de dos mil diecinueve, en el proceso penal. contra. por su probable participación en la comisión del delito de desaparición forzada de persona, en agravio de quien en vida correspondió al nombre de. Además, en esa misma fecha, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que, en lo que trasciende, indicó que los hechos delictuosos que se le imputan al quejoso, encuadran tanto en el tipo penal previsto en el numeral 27 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como en el diverso 28 de ese mismo ordenamiento y, posteriormente, precisó los datos de prueba con los que, en su criterio, se justificó la probable participación del imputado en dichos antisociales. De igual forma, indicó el grado de intervención que le atribuía al quejoso. pues manifestó que su participación fue como coautor material; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Penal de la Entidad. Sobre esa base, la responsable determinó nuevamente dictar auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de persona, en agravio de quien en vida correspondió al nombre de. Cabe indicar que el sentido de la nueva determinación emitida por el Juez responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se le ordenó emitir una nueva determinación en la que subsanara los vicios de forma destacados; pero sin que existiera imperativo de resolver en un determinado sentido. No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por el quejoso. a través de su escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el trece de octubre del año en curso, por medio del cual refiere, en esencia, que la nueva determinación no se ajustó a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues, en su opinión, la responsable no señaló el grado de intervención que tuvo en el hecho delictivo que se le endilga, y tampoco analizó correctamente los datos de prueba que fueron aportados en el proceso de trato, pues de haberlo hecho se hubiera percatado que nunca se desempeñó como coordinador de alguna corporación policiaca. Sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, en primer lugar, porque como se indicó en líneas precedentes del análisis de la nueva determinación se desprende que la responsable sí indicó el grado de intervención que le atribuía al quejoso. pues a ese aspecto manifestó que su participación fue como coautor material; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Penal de la Entidad, y además porque los tópicos relacionados con la correcta valoración de los datos de prueba o no, constituyen aspectos de fondo, que no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Luego, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federa solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por último, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos. de videograbación, relativos al proceso penal. remitidos por la autoridad responsable, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Incidental
.Córdoba, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veinte. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por. en los siguientes términos. En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. para el efecto de que la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado contra de. en el proceso penal. de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, deberá. Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Precisar cuál es el grado de intervención que atribuye al quejoso. pues no especificó si es autor o coautor, intelectual o material, cuál fue la acción desplegada que le atribuye y que hubiere resultado adecuada y esencial para la realización del hecho ilícito, o si sólo tiene la calidad de partícipe por prestar ayuda en la ejecución del hecho que la ley señala como delito. Por tanto, la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el proceso penal. contra. por su probable participación en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso; empero, ciñéndose a lo destacado en la sentencia, esto es, debía. Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Precisar cuál es el grado de intervención que le atribuía al quejoso. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio. de uno de octubre de este año, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de seis de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que sólo el quejoso. desahogó la vista ordenada en acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la observación del disco de audio y video, remitido por el. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de vinculación emitido el quince de agosto de dos mil diecinueve, en el proceso penal. contra. por su probable participación en la comisión del delito de desaparición forzada de persona, en agravio de quien en vida correspondió al nombre de. Además, en esa misma fecha, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que, en lo que trasciende, indicó que los hechos delictuosos que se le imputan al quejoso, encuadran tanto en el tipo penal previsto en el numeral 27 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como en el diverso 28 de ese mismo ordenamiento y, posteriormente, precisó los datos de prueba con los que, en su criterio, se justificó la probable participación del imputado en dichos antisociales. De igual forma, indicó el grado de intervención que le atribuía al quejoso. pues manifestó que su participación fue como coautor material; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Penal de la Entidad. Sobre esa base, la responsable determinó nuevamente dictar auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de persona, en agravio de quien en vida correspondió al nombre de. Cabe indicar que el sentido de la nueva determinación emitida por el Juez responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se le ordenó emitir una nueva determinación en la que subsanara los vicios de forma destacados; pero sin que existiera imperativo de resolver en un determinado sentido. No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por el quejoso. a través de su escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el trece de octubre del año en curso, por medio del cual refiere, en esencia, que la nueva determinación no se ajustó a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues, en su opinión, la responsable no señaló el grado de intervención que tuvo en el hecho delictivo que se le endilga, y tampoco analizó correctamente los datos de prueba que fueron aportados en el proceso de trato, pues de haberlo hecho se hubiera percatado que nunca se desempeñó como coordinador de alguna corporación policiaca. Sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, en primer lugar, porque como se indicó en líneas precedentes del análisis de la nueva determinación se desprende que la responsable sí indicó el grado de intervención que le atribuía al quejoso. pues a ese aspecto manifestó que su participación fue como coautor material; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Penal de la Entidad, y además porque los tópicos relacionados con la correcta valoración de los datos de prueba o no, constituyen aspectos de fondo, que no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Luego, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federa solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por último, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos. de videograbación, relativos al proceso penal. remitidos por la autoridad responsable, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: .Córdoba, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veinte. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por. en los siguientes términos. En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. para el efecto de que la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado contra de. en el proceso penal. de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, deberá. Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Precisar cuál es el grado de intervención que atribuye al quejoso. pues no especificó si es autor o coautor, intelectual o material, cuál fue la acción desplegada que le atribuye y que hubiere resultado adecuada y esencial para la realización del hecho ilícito, o si sólo tiene la calidad de partícipe por prestar ayuda en la ejecución del hecho que la ley señala como delito. Por tanto, la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el proceso penal. contra. por su probable participación en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso; empero, ciñéndose a lo destacado en la sentencia, esto es, debía. Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Precisar cuál es el grado de intervención que le atribuía al quejoso. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio. de uno de octubre de este año, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de seis de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que sólo el quejoso. desahogó la vista ordenada en acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la observación del disco de audio y video, remitido por el. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de vinculación emitido el quince de agosto de dos mil diecinueve, en el proceso penal. contra. por su probable participación en la comisión del delito de desaparición forzada de persona, en agravio de quien en vida correspondió al nombre de. Además, en esa misma fecha, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que, en lo que trasciende, indicó que los hechos delictuosos que se le imputan al quejoso, encuadran tanto en el tipo penal previsto en el numeral 27 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como en el diverso 28 de ese mismo ordenamiento y, posteriormente, precisó los datos de prueba con los que, en su criterio, se justificó la probable participación del imputado en dichos antisociales. De igual forma, indicó el grado de intervención que le atribuía al quejoso. pues manifestó que su participación fue como coautor material; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Penal de la Entidad. Sobre esa base, la responsable determinó nuevamente dictar auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de persona, en agravio de quien en vida correspondió al nombre de. Cabe indicar que el sentido de la nueva determinación emitida por el Juez responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se le ordenó emitir una nueva determinación en la que subsanara los vicios de forma destacados; pero sin que existiera imperativo de resolver en un determinado sentido. No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por el quejoso. a través de su escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el trece de octubre del año en curso, por medio del cual refiere, en esencia, que la nueva determinación no se ajustó a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues, en su opinión, la responsable no señaló el grado de intervención que tuvo en el hecho delictivo que se le endilga, y tampoco analizó correctamente los datos de prueba que fueron aportados en el proceso de trato, pues de haberlo hecho se hubiera percatado que nunca se desempeñó como coordinador de alguna corporación policiaca. Sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, en primer lugar, porque como se indicó en líneas precedentes del análisis de la nueva determinación se desprende que la responsable sí indicó el grado de intervención que le atribuía al quejoso. pues a ese aspecto manifestó que su participación fue como coautor material; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Penal de la Entidad, y además porque los tópicos relacionados con la correcta valoración de los datos de prueba o no, constituyen aspectos de fondo, que no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Luego, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federa solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por último, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos. de videograbación, relativos al proceso penal. remitidos por la autoridad responsable, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Incidental
SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: .Córdoba, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veinte. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por. en los siguientes términos. En las relatadas condiciones, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. para el efecto de que la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictado contra de. en el proceso penal. de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectan, o en sentido diverso, empero ciñéndose a lo destacado en esta sentencia, esto es, deberá. Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Precisar cuál es el grado de intervención que atribuye al quejoso. pues no especificó si es autor o coautor, intelectual o material, cuál fue la acción desplegada que le atribuye y que hubiere resultado adecuada y esencial para la realización del hecho ilícito, o si sólo tiene la calidad de partícipe por prestar ayuda en la ejecución del hecho que la ley señala como delito. Por tanto, la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la Toma del Municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. Dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el proceso penal. contra. por su probable participación en la comisión del delito de desaparición forzada de persona. Bajo su más estricta responsabilidad, con plenitud de jurisdicción, dictar una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior, pero subsanando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso; empero, ciñéndose a lo destacado en la sentencia, esto es, debía. Establecer debidamente cuál de los hechos delictuosos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es el que le imputa al quejoso. Establecer con qué datos de prueba existentes se deduce la probable participación del imputado en el hecho delictuoso, ya sea el previsto en el artículo 27 o en el diverso 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Precisar cuál es el grado de intervención que le atribuía al quejoso. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; por ende, se requirió a la autoridad responsable. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, la citada autoridad responsable, mediante oficio. de uno de octubre de este año, remitió las constancias con las que consideró dar cumplimiento al fallo protector; y en auto de seis de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés conviniera. En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que sólo el quejoso. desahogó la vista ordenada en acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la observación del disco de audio y video, remitido por el. Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que en audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de vinculación emitido el quince de agosto de dos mil diecinueve, en el proceso penal. contra. por su probable participación en la comisión del delito de desaparición forzada de persona, en agravio de quien en vida correspondió al nombre de. Además, en esa misma fecha, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que, en lo que trasciende, indicó que los hechos delictuosos que se le imputan al quejoso, encuadran tanto en el tipo penal previsto en el numeral 27 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como en el diverso 28 de ese mismo ordenamiento y, posteriormente, precisó los datos de prueba con los que, en su criterio, se justificó la probable participación del imputado en dichos antisociales. De igual forma, indicó el grado de intervención que le atribuía al quejoso. pues manifestó que su participación fue como coautor material; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Penal de la Entidad. Sobre esa base, la responsable determinó nuevamente dictar auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de persona, en agravio de quien en vida correspondió al nombre de. Cabe indicar que el sentido de la nueva determinación emitida por el Juez responsable resulta ajeno a los lineamientos señalados en la sentencia de este juicio de amparo, pues en ésta sólo se le ordenó emitir una nueva determinación en la que subsanara los vicios de forma destacados; pero sin que existiera imperativo de resolver en un determinado sentido. No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por el quejoso. a través de su escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el trece de octubre del año en curso, por medio del cual refiere, en esencia, que la nueva determinación no se ajustó a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, pues, en su opinión, la responsable no señaló el grado de intervención que tuvo en el hecho delictivo que se le endilga, y tampoco analizó correctamente los datos de prueba que fueron aportados en el proceso de trato, pues de haberlo hecho se hubiera percatado que nunca se desempeñó como coordinador de alguna corporación policiaca. Sin embargo, dichos argumentos deben desestimarse, en primer lugar, porque como se indicó en líneas precedentes del análisis de la nueva determinación se desprende que la responsable sí indicó el grado de intervención que le atribuía al quejoso. pues a ese aspecto manifestó que su participación fue como coautor material; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Penal de la Entidad, y además porque los tópicos relacionados con la correcta valoración de los datos de prueba o no, constituyen aspectos de fondo, que no pueden abordarse en esta resolución, al resultar ajenos a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analiza. Luego, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federa solicitado; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por último, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos. de videograbación, relativos al proceso penal. remitidos por la autoridad responsable, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de Reyes, Veracruz; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo.
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