Ra Gutiérrez Toledano

Expediente 196/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
196/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Ra Gutiérrez Toledano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la determinación de veintisiete de abril del año en curso, en la que se fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tales efectos, con posterioridad al DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.

  2. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado en proveído de quince de marzo pasado, remitiendo al efecto copia autentica del proceso penal 48/2018, entre las que se advierten la audiencia inicial de control de la detención, imputación y medida cautelar de cinco de marzo pasado, la diversa de nueve de marzo pasado, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso Ra Gutiérrez Toledo y otros, por el delito de desaparición forzada de personas cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Juan Arturo Méndez Alcántara, el oficio S-III/275/2018, girado a la Fiscalía Regional del Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz y copia del disco de audio y video en el que obran las audiencias señaladas con antelación; documentales a la que por tratarse de un documento cuya compulsa se obtuvo de su original, se le concede pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del precepto 2º, de la propia Ley. Por cuanto hace al disco compacto que contiene los archivos de audio y video de las audiencias celebradas en el proceso penal de origen, por ser considerado un adelanto de la ciencia, al haber sido producido por la autoridad responsable tiene la naturaleza de prueba documental, de cuyo contenido este Juzgador puede apreciar el desarrollo de las audiencias de cinco y nueve de marzo de la presente anualidad. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Documentales de las que se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, el cual estipula lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" De la transcripción anterior, se advierte que el Juicio de Amparo deviene improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. En la especie, el Juez de Control y Enjuiciamiento, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, allegó copia autentica del proceso penal 48/2018, entre las que se advierten la audiencia inicial de control de la detención, imputación y medida cautelar de cinco de marzo pasado, la diversa de nueve de marzo pasado, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso Ra Gutiérrez Toledo y otros, por el delito de desaparición forzada de personas cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Juan Arturo Méndez Alcántara, el oficio S-III/275/2018, girado a la Fiscalía Regional del Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz y copia del disco de audio y video en el que obran las audiencias señaladas con antelación. Ahora bien, si el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la detención ilegal fuera de procedimiento judicial, la dilación en la puesta a disposición y la incomunicación sufrida por el quejoso, y obran en autos constancias de las que se desprende que la privación de la libertad del quejoso Ra Gutiérrez Toledano derivó de la orden de aprehensión emitida en su contra el cuatro de marzo de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 48/2018 radicado ante el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, misma que fue ejecutada el cinco de marzo siguiente, por lo que en esa propia data tuvo lugar la audiencia inicial de control de la detención, imputación y medida cautelar, y con posterioridad a ello el nueve de marzo siguiente, se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de personas cometido en agravio de Juan Arturo Méndez Alcántara, por lo que resulta inconcuso que ha operado un cambio de situación jurídica, pues con el dictado del auto de referencia debe considerarse que las violaciones impugnadas han quedado irreparablemente consumadas. Máxime que en diligencia de catorce de marzo de dos mil dieciocho, ante el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, el quejoso manifestó que a la fecha ya no se encontraba incomunicado y que en la propia diligencia el actuario actuante asentó que no se advertían lesiones visibles y al ser cuestionado al respecto el quejoso manifestó que no había recibido maltrato psicológico, reiterando el Actuario Judicial que no se apreciaban lesiones visibles. Ello es así, pues el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es claro en establecer que se actualiza dicha causal de improcedencia cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de donde se advierte entonces que al excluirse de ese precepto legal, las violaciones a la libertad personal relacionadas con el artículo 16 constitucional, resulta que la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, no requiere del dictado de la sentencia definitiva, sino que basta con que se haga la consignación al juez correspondiente o en su caso acuerdo de archivo; primera hipótesis que en la especie se actualiza, habida cuenta que la parte quejosa alega que se han cometido en su perjuicio violaciones consistentes en la privación de su libertad fuera de procedimiento, tuteladas por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, obran en autos constancias autenticas de las que se desprende que el cinco de marzo de dos mil dieciocho, se ejecutó la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso dentro del proceso penal 48/2018 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en el que en esa propia data se legalizó su detención, se formuló imputación, dictándose la medida cautelar correspondiente y con posterioridad a ello, el nueve de marzo siguiente, se dictó en su contra auto de vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de personas cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Juan Arturo Méndez Alcántara; por tanto, resulta innegable que en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como ya se vio, la privación de la libertad del aquí quejoso de cinco de marzo de dos mil dieciocho, fue en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida dentro del proceso penal 48/2018 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, por lo que los actos reclamados derivaron de un procedimiento judicial, y con posterioridad a ello el nueve de marzo siguiente, dentro los autos del referido proceso penal se dictó en su contra auto de vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada de personas cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Juan Arturo Méndez Alcántara, por lo que resulta imposible estudiar la inconstitucionalidad de los actos inicialmente aquí reclamados sin afectar la nueva situación jurídica generada al quejoso con motivo del dictado del auto de vinculación a proceso en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." No obsta a lo anterior, que en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo se hayan reclamado posibles hechos de tortura sufridos por el quejoso, ello en virtud de que mediante audiencias de cinco y nueve de marzo, ambas de la presente anualidad, los imputados entre ellos el aquí quejoso hicieron saber dicha circunstancia al Juez de Control y Enjuiciamiento, con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, quien en atención a las manifestaciones vertidas por los imputados el cuatro de abril de dos mil dieciocho, giró el oficio S-III/275/2018, a la Fiscalía Regional del Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, a fin de que realice la investigación correspondiente a dichos actos. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./10/2003, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional, fijada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Para los efectos legales a que haya lugar; dese los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y hágase del conocimiento de las autoridades responsables. La anterior determinación se notificará por lista de acuerdos a la parte quejosa por así haberlo solicitado la promovente al interponer la demanda de amparo que dio origen al presente controvertido y no haber sido revocado dicho señalamiento con posterioridad a ello.

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