Quintil Perez Luna

Expediente 919/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
919/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
22/06/2016

Partes del expediente

  • Quintil Perez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa y el tercero interesado no hicieron manifestación alguna con relación a la vista ordenada en proveído de dos de junio de dos mil dieciséis, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil quince (fojas 116 a 124), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el auto de veintisiete de enero de dos mil catorce, sólo por lo que toca a la cuantificación y actualización de la condena, y emitiera otro en el que con libertad de jurisdicción se pronunciara respecto de las pruebas ofertadas por Quintil Pérez Luna, en el incidente de liquidación relativo al juicio laboral 12/2009, de manera fundada y motivada, sin más limitación que la de no reiterar las razones que resultaron contrarias a las constancias y por ende al artículo 16 Constitucional, y en su oportunidad resolviera lo que en derecho corresponda en el incidente de liquidación. Consecuentemente, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 2. Trámites de la responsable. De la constancias que obran en autos se aprecia que la referida autoridad responsable remitió el oficio 11892/2016, a través del cual envió copia certificada del auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en el juicio laboral 12/2009, así como el diverso oficio 11921/2016, a través del cual remitió las notificaciones relativas el mencionado auto. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de dos de junio de dos mil dieciséis, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio 11892/2016 y 11921/2016, para que en el término de tres días manifestaran lo que a sus intereses legales conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la parte quejosa mediante comparecencia a través de su autorizada el tres de junio de dos mil dieciséis; y al tercero interesado por medio oficio el trece de junio de dos mil dieciséis (recibido en este juzgado el dieciséis del presente mes y año). 4. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación, se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud que mediante oficio 11892/2016, envió copia certificada del auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 12/2009, a través del cual dejó insubsistente el de veintisiete de enero de dos mil quince, y se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por las partes, respecto del incidente de liquidación que se ordenó aperturar en el incidente de laudo dictado el veinticuatro de septiembre de dos mil trece, por lo que una vez desahogadas las mismas emitirá la resolución interlocutoria correspondiente; asimismo, mediante oficio 11921/2016, de uno de junio de dos mil dieciséis, remitió copias certificadas de la notificación realizada a las partes del mencionado auto a las partes en el juicio laboral de origen; colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Conejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, es susceptible de ser depurado, debiendo conservar la demanda y la sentencia respectiva. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Finalmente, hágase la devolución de las copias certificadas del juicio laboral 12/2009, constante de un tomo, a su lugar de origen Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, por no tratarse de autos originales.

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento de fecha veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, remite copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes, respecto del auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 12/2009, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y con diverso 11892/2016 de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, se requiere al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Copalillo, Guerrero, para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el presente oficio, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la referida unidad es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional).

  3. Principal

    Glósese a los autos el oficio enviado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en donde señaló las once horas del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, en el juicio laboral *******, omitiendo remitir copia certificada de las constancias de notificación a las partes, para tener la certeza de que sí se llevará a cabo el desahogo de la prueba de referencia en la fecha señalada; en virtud de que en la sentencia amparadora se le indicó que debía proveer respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, lo que implica constatar que el actuario de su adscripción lleve a cabo de manera oportuna, las notificaciones respectivas en preparación de las pruebas, para que esté en condiciones de emitir la resolución correspondiente en el incidente de liquidación, en el juicio laboral de origen. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas de las constancias de notificación realizadas a las partes del auto de veinticinco de los actuales, emitido en el juicio laboral 12/2009. Conforme a lo anterior, se apercibe a *******, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, con arreglo a los artículos 238, 258 y 192 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $************, tomando en cuenta que el valor de la referida unidad es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no existe; lo anterior en términos de la tesis XIX. 1o.P.T. J/6 (9ª), consultable a página 1545, con No. de registro 160,832 del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en rubro y texto dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, AL TENER LA NATURALEZA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES, LOS REQUERIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN HACERSE DIRECTAMENTE A ELLAS, POR NO TENER SUPERIORES JERÁRQUICOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con diversos criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIX, página 274, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."; se advierte que las Juntas y Tribunales de Conciliación y Arbitraje al tener la naturaleza de órganos jurisdiccionales no tienen superiores jerárquicos, dicho aspecto las inscribe en el elenco constitucional de las entidades que conforman el sistema de administración de justicia, razón por la cual, su actuación se encuentra regida por los principios de imparcialidad, autonomía e independencia jurisdiccional, cuya característica en el ejercicio de la función judicial presupone la inexistencia de relaciones de subordinación o superioridad jerárquica, fundada de modo relevante en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si se reconociera la existencia de relaciones de jerarquía o mando capaces de someter a los tribunales, aunque sea en cualquier grado, entonces la jurisdicción sería funcionalmente desnaturalizada. Por lo anterior, resulta inconcuso que los requerimientos de cumplimiento a las ejecutorias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales del trabajo, de conformidad con el artículo 105, párrafo primero de la Ley de Amparo."

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Dejar insubsistente el auto de veintisiete de enero de dos mil catorce, sólo por lo que toca a la cuantificación y actualización de la condena, y emita otro en el que con libertad de jurisdicción se pronuncie respecto de las pruebas ofertadas por Quintil Pérez Luna, en el incidente de liquidación relativo al juicio laboral 12/2009, de manera fundada y motivada, sin más limitación que la de no reiterar las razones que resultaron contrarias a las constancias y por ende al artículo 16 Constitucional, y en su oportunidad resuelva lo que en derecho corresponda en el incidente de liquidación observando lo indicado en esta ejecutoria. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, con arreglo a los artículos 238, 258 y 192 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $7,304.00 MN (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de la referida unidad es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no existe; lo anterior en términos de la tesis XIX. 1o.P.T. J/6 (9ª), consultable a página 1545, con No. de registro 160,832 del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en rubro y texto dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, AL TENER LA NATURALEZA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES, LOS REQUERIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN HACERSE DIRECTAMENTE A ELLAS, POR NO TENER SUPERIORES JERÁRQUICOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con diversos criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIX, página 274, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."; se advierte que las Juntas y Tribunales de Conciliación y Arbitraje al tener la naturaleza de órganos jurisdiccionales no tienen superiores jerárquicos, dicho aspecto las inscribe en el elenco constitucional de las entidades que conforman el sistema de administración de justicia, razón por la cual, su actuación se encuentra regida por los principios de imparcialidad, autonomía e independencia jurisdiccional, cuya característica en el ejercicio de la función judicial presupone la inexistencia de relaciones de subordinación o superioridad jerárquica, fundada de modo relevante en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si se reconociera la existencia de relaciones de jerarquía o mando capaces de someter a los tribunales, aunque sea en cualquier grado, entonces la jurisdicción sería funcionalmente desnaturalizada. Por lo anterior, resulta inconcuso que los requerimientos de cumplimiento a las ejecutorias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales del trabajo, de conformidad con el artículo 105, párrafo primero de la Ley de Amparo."

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