Quimberlhy González Fonseca

Expediente 2568/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 27 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2568/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Quimberlhy González Fonseca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y, notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Con el contenido de este acuerdo dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  2. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, en términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que se negó la suspensión provisional y definitiva y no obra ningún documento original ni billete de depósito.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 2568/2022-V, promovido por********************, por su propio derecho, contra actos del Presidente Municipal; Director General de Administración y Desarrollo Humano y Comisario de Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1, 5, 14, 16, 123, 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ********************R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo.********************, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Presidente Municipal; Director General de Administración y Desarrollo Humano y Comisario de Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que se precisan en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular dictó proveído en diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 2568/2022-V; seguido por su trámite el diez de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se sobreseyó el amparo, inconforme con tal determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en los autos del toca 164/2023, revocó la misma a efecto de recabar copias debidamente certificadas, completas y legibles del oficio ******************** del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual solicitó, entre otros datos, la hoja de trabajo donde muestre la determinación de sus pagos de retenciones del impuesto sobre la renta, del periodo sujeto a revisión, así como todos los actos llevados a cabo por las autoridades municipales en cumplimento a ese oficio, así como de la totalidad de constancias relacionadas con el cálculo realizado para las correcciones en el timbrado de nómina del quejoso del que derivaron las deducciones por conceptos de: "ISR mes" y "AJUSTE 2022", en el mes de noviembre y primera quincena de diciembre, ambos de dos mil veintidós, y, dar vista a la parte quejosa con los oficios suscritos por el Director General de Administración y Desarrollo Humano y del Presidente Municipal ambos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, mediante los cuales rinden informe justificado y ofrecieron pruebas documentales, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, sin que la parte quejosa hubiera realizado la ampliación solicitada. Recabadas las documentales, se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional.********************Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y demás constancias que integran el juicio, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: Del Presidente Municipal; Director General de Administración y Desarrollo Humano y Comisario de Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: El ajuste realizado por las autoridades responsables en el salario de la quejosa, en el apartado correspondiente al de deducciones, con motivo de la retención relativa del Impuesto sobre la Renta. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Comisario de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, mismo que quedó precisado en el considerando que antecede; sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa con prueba idónea.********************Es aplicable, la jurisprudencia número 310, publicada en la página doscientos nueve, tomo Sexto, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuya sinopsis es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Dicha negativa cobra relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, pues, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su constitucionalidad, más no, cuando esa autoridad negó categóricamente los actos que se le imputa, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se tratan y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto, es aplicable la tesis VI.2o.32 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 763, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Asimismo, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.".******************** Por tanto, ante la indemostración del acto reclamado a la referida responsable, lo conducente es sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado al Comisario de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:******************** (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; (.).". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente Municipal y Director General de Administración y Desarrollo Humano, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, del contenido de dichos informes se advierte su existencia. Sobre el tema, tiene aplicación, la tesis aislada, de la Séptima Época, Materia Común, sustentada por el entonces Séptimo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la página 15 del tomo 181-186 Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DE, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido.".********************QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia, cuyo análisis se realiza por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, en términos de los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo y, la tesis de jurisprudencia número ochocientos catorce, consultable en la página quinientos cincuenta y tres, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que dice:********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no le partes, cualquiera que sea la instancia.". Así, del análisis de las constancias que integran en juicio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación de los artículos 1, último párrafo, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo se obtiene que el amparo tenga por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. Y, como autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Ahora, conforme con el contenido del artículo 5, fracción II, primer párrafo, de la ley de la materia, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de constitucionalidad a través del juicio de amparo. Por consiguiente, para demostrar por qué se estima que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, es menester precisar primero qué debe entenderse por acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. El Estado para el cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución Federal y las leyes secundarias, requiere del despliegue de una serie de funciones y actividades, que en la mayoría de los casos repercuten en la esfera jurídica del gobernado. Esa actividad desplegada por el Estado a través de los órganos que lo integran, e incluso, por conducto de particulares que ejercen funciones de servicio público para el cumplimiento de sus atribuciones, se traduce en el ejercicio del poder público, y que, como consecuencia, genera lo que se conoce como acto de autoridad, que es el antecedente del acto reclamado, supuesto fáctico de uno de los factores de procedencia del juicio de amparo. De manera que lo podemos conceptualizar como aquél que proviene de quien tiene las atribuciones jurídicas para ejercerlas hacia los gobernados, que tiene como notas distintivas; imperatividad, unilateralidad, coercitividad y disposición de la fuerza pública. Así, es dable sostener que es factible determinar que frente a las notas externas del acto de autoridad, las facultades de decisión y ejecución sobresalen las notas internas del acto de autoridad, en las que incluyen atributos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, y las que en su conjunto se proyectan, en una relación de supra a subordinación, al inferir y penetrar en la esfera jurídica del gobernado, con la finalidad de producir consecuencias de derecho, ya sea, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas generales o particulares. En ese sentido existen distintos tipos de relaciones entre gobernantes y gobernados, que a continuación se explican: - Relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir la impartición de justicia por propia mano, se crean en la ley los procedimientos ordinarios para ventilarlas, se distinguen además, porque las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir bilateralidad en el funcionamiento. - Relaciones de supra a subordinación que son las que se presentan en la interacción entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, que se regulan por el derecho público, el cual establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten, e incluso, la Carta Magna dispone una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del Estado. Es importante tener en consideración que para determinar la naturaleza de los actos reclamados se tiene que establecer si quien lo emite es autoridad para efectos del juicio de amparo, y la relación que guarda legalmente frente a quien realizó la conducta o se abstuvo de hacer e inclusive de quien lo toleró al lado del derecho humano que se pretende tutelar. Sobre el tema objeto de estudio, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, que cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación: 1) Que se emitan dentro de una relación de supra a subordinación; 2) Que el acto tenga su origen en ley, la cual debe otorgar facultades al ente de hecho o de derecho para actuar en ese sentido; y, 3) Que se trate de un acto unilateral que afecte la esfera legal de los particulares sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad de la parte afectada. Así, se puede decir que de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Es preciso señalar que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". De la interpretación conjunta de dichos preceptos normativos, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se promueva contra actos de autoridad. En el caso, del análisis del asunto, se advierte que la parte quejosa reclama, medularmente, la orden de retención del impuesto sobre la renta en su salario, así como su ejecución, la cual aduce que es mayor a la que se le venía realizando con anterioridad, retención que dice se encuentra reflejada en su talón de nómina, en un concepto que se denominó como "ajuste". Ahora, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa funge como elemento de la policía municipal de Tonalá, Jalisco; asimismo, que la autoridad responsable retuvo el Impuesto Sobre la Renta, del concepto de aguinaldo por el año dos mil veintidós. En ese sentido, si en el caso, la demanda de amparo se promovió en contra del Presidente Municipal y Director General de Administración y Desarrollo Humano, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de quienes se reclamó la retención del impuesto sobre la renta en relación al concepto de aguinaldo, retención que dice se encuentra reflejada en su talón de nómina, la cual se realizó a la quejosa como su empleada; es evidente que, no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto, porque la retención reclamada, se atribuye al patrón, quien es el encargado de retener el impuesto sobre la renta, de modo que, como se indicó en los criterios judiciales invocados, es factible considerar que se está ante un ente auxiliar de la administración pública, para lograr una recaudación contributiva más eficiente, para con el Estado, en un mero plano de cooperación como particular. Así las cosas, se colige que a las autoridades señaladas, no les reviste el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. En el caso, específicamente la retención de impuestos, por medio de terceros (como la aquí reclamada); ya ha sido analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que ese tipo de actos no son de autoridad para efectos del juicio de amparo susceptibles de impugnarse per se en esa vía. Esto es así, porque la obligación de retener un impuesto para su posterior entero ante las oficinas hacendarias respectivas, constituye un deber impuesto a terceros, para hacer rápida y efectiva su recaudación, como mecanismo de cooperación de los particulares con el fisco. También, ha señalado que lo anterior, no significa que los contribuyentes queden en estado de indefensión, ya que pueden controvertir las leyes tributarias, a partir de la aplicación que realicen los terceros encargados de la recaudación del impuesto. Ello, así al advertirse de la ejecutoria dictada por el Pleno del Alto Tribunal del país, en el amparo en revisión 58/2011; de la cual derivó la jurisprudencia P. XXIX/2013, del tenor siguiente: "RENTA. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL EFECTUAR LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 25 DE MAYO DE 2012). El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede atribuciones a las autoridades para establecer contribuciones, pero no consigna una relación jurídica simple en la que el contribuyente tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que establece un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que forman el contenido del derecho tributario, entre las que se encuentra la de imponer medidas eficaces para recaudar el tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros. En ese sentido, el artículo 109, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 25 de mayo de 2012, establece una exención en el pago del tributo por la obtención de ingresos provenientes de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro hasta por un monto diario equivalente a nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y grava por el excedente mediante retención. Acorde con lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al efectuar dicha retención, por conducto de las unidades administrativas correspondientes, no actúa investido de imperio como organismo fiscal autónomo, como lo haría en la determinación de las cuotas obrero-patronales u otros créditos fiscales previstos en la ley que lo regula, sino como tercero auxiliar del fisco federal en la recaudación del impuesto, en tanto interviene como sujeto pagador de las pensiones y jubilaciones en su carácter de órgano asegurador. Por tanto, al encontrarse desprovisto de su carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en ese caso, no le resulta atribuible la aplicación de aquella disposición, en tanto la retención efectuada no constituye un acto de autoridad, sino sólo el acatamiento de una obligación establecida a su cargo para hacer eficaz la recaudación del tributo.". Luego, toda vez que, en relación a los actos reclamados, el Ayuntamiento demandado no desplegó actos investidos con facultades o poderes de decisión o ejecución, para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, ni puede hacer cumplir sus determinaciones de forma coercitiva; sino que el acto señalado, en todo caso, implicó una decisión que la ubica como particular, esto es, como parte patronal. Sobre el particular, es orientadora la jurisprudencia 2a./J.164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, de rubro y contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Entonces, cuando se reclama la retención o falta de pago de una prestación laboral, bajo la justificación que sea, no se involucra una relación de supra a subordinación con un particular, ya que la relación que existe entre los peticionarios de amparo con el Ayuntamiento, es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, al emitirse con motivo de la relación contractual de índole de trabajo existente entre éstos; pero en modo alguno está de por medio el despliegue de una facultad administrativa pública de ejercicio irrenunciable de la referida dependencia. Por consiguiente, el juicio de amparo es improcedente en contra de actos derivados de una relación laboral, pues el vínculo que existe entre la parte quejosa como trabajador y el Ayuntamiento como parte patronal, es de coordinación y de naturaleza privada, es decir, deriva de una relación laboral entre patrón y trabajador y no de supra a subordinación, como lo sería de autoridad ha gobernado y por ello, los actos que se emitan dentro de esa relación carecen de facultad o poder de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, en tanto que no hay procedimientos que hagan cumplirlos de forma coercitiva, sino que, en el caso, se trataría de decisiones particulares, equivalentes a las que corresponden a la parte patronal, que en su caso, podrán reclamarse mediante la vía jurisdiccional laboral correspondiente, ante la cual se expresan todas aquellas violaciones de derechos que considere le genera esa omisión, para que sea una autoridad de la justicia ordinaria quien defina sobre su legalidad. Se comparten los razonamientos que sustenta la tesis I.15o.A.36 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1316, del Tomo XXVIII, correspondiente a noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supra ordinación particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional.". En ese sentido, si a través del acto reclamado se pretende impugnar la retención del impuesto sobre la renta aplicado respecto del aguinaldo, entonces es un acto de naturaleza eminentemente laboral, porque proviene de un patrón, pese a que la parte quejosa afirme en sus conceptos de violación, el hecho de que todo ello implica violaciones a sus derechos fundamentales de impartición de justicia pronta completa y expedita, el derecho a una vida digna y a la propia dignidad, al provocar un desequilibrio económico al quejoso y a su familia, puesto que tales señalamientos, en sí mismos no tienen el alcance de cambiar la naturaleza del acto reclamado y forzar, a su vez, la procedencia del juicio de amparo indirecto. También, apoya lo antes expuesto, la tesis aislada P. LV/2011 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, octubre de 2011, Tomo 1, página 576 del tenor siguiente: "DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL ARTÍCULO 4, FRACCIONES I, II Y IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL PREVER QUE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO DEBEN RECAUDAR Y ENTERAR EL TRIBUTO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007). El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede atribuciones a las autoridades para establecer contribuciones, pero no consigna una relación jurídica simple en la que el contribuyente tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que establece un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que forman el contenido del derecho tributario, entre las que se encuentra la de imponer medidas eficaces para la recaudación del tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros. De acuerdo con lo anterior, el artículo 4, fracciones I, II y IV, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, al establecer la obligación a cargo de las instituciones del sistema financiero de recaudar (retener) y enterar el impuesto, no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque si bien para ello dichas instituciones deben determinar, cobrar y entregar el impuesto a los depósitos en efectivo conforme a las disposiciones aplicables, no lo hacen en calidad de autoridades, sino que sólo fungen como auxiliares de la administración pública en una actividad que puede catalogarse como de cooperación de los particulares en la realización de los fines del Estado, derivada de la facultad que el legislador tiene para imponerles obligaciones en ese sentido con la finalidad de ejercer un mayor control de los tributos y hacer rápida y efectiva su recaudación. Además, con ello no se deja en estado de indefensión e incertidumbre jurídica a los contribuyentes, ya que pueden controvertir el acto de aplicación -con motivo de las retenciones efectuadas por las instituciones financieras- a través del juicio de amparo, siempre que en el documento respectivo se expresen los conceptos sobre los cuales se realiza dicha retención y su fundamento legal.". En ese mismo sentido, la Segunda Sala del Alto Tribunal, ha señalado que la retención de impuestos, por conducto de terceros, los constituye como auxiliares de la administración pública para recaudar las contribuciones correspondientes. También ha señalado que esta actividad puede catalogarse como una cooperación de los particulares en la realización de los fines del Estado, para hacer más eficiente la recaudación de impuestos. Así se advierte de la tesis aislada 2a. CXLVIII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 367, del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUANDO RECAUDA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. Tanto la doctrina, como la legislación positiva mexicana, aceptan la posibilidad de que los particulares funjan como auxiliares de la administración pública a fin de recaudar las contribuciones que señala la ley. La obligación de retener un impuesto a cargo de compradores y posteriormente su entero a las oficinas hacendarias respectivas, son deberes impuestos a terceros que corresponden a la facultad que el fisco tiene para mayor control de los impuestos y hacer rápida y efectiva su recaudación; esta facultad se encuentra implícita en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que al conceder atribuciones a la autoridad para establecer contribuciones, no consigna una relación jurídica simple en la que el gobernado tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que de ese precepto se deriva un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones, que forman el contenido del derecho tributario, y entre éstas se halla la de imponer medidas eficaces para la recaudación del tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros; esta actividad puede catalogarse como una cooperación de los particulares en la realización de los fines del Estado. En nuestra legislación positiva puede citarse la existencia de diversas intervenciones que desempeñan particulares dentro de la determinación y recaudación de los impuestos, como es el caso de los patrones que retienen el importe del impuesto sobre productos del trabajo a sus empleados; el caso de los notarios públicos que tienen la obligación de calcular y vigilar el pago de impuestos por las personas que solicitan su intervención; y otros supuestos en los que los particulares, auxiliares del fisco federal, también tienen el carácter de deudores solidarios cuando no retienen los impuestos que deben, o no se cercioran de que se cumplan los requisitos que determinan las leyes fiscales.". Cabe precisar que la conclusión aquí alcanzada no contraviene lo resuelto por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 21/2018, que derivó en la jurisprudencia con el rubro siguiente: "ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y/O DE SUS MUNICIPIOS. LA RETENCIÓN DEL PAGO O LA OMISIÓN DE OTORGAR LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", toda vez que el problema que ahí se resolvía, versaba en específico, cuando el Gobierno o los Municipios del Estado de Jalisco, retenían el pago u omitían otorgar beneficios derivados de las prestación del servicio de los elementos de seguridad Pública con el Estado. Sin embargo, el presente asunto no se trata de la relación administrativa entre el elemento de seguridad pública y el Estado con motivo de la prestación de un servicio, sino que, aquí se trata sobre la relación tributaria que existe entre el gobernado con el Estado, al ser una de sus obligaciones contribuir al gasto público. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción de la ley de la materia. En los similares términos se pronunció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, al resolver el amparo en revisión principal ********************, de su índice. Ahora bien, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo.******************** Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: ********************"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.".********************También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: ********************"SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan.".********************Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente.******************** Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por********************, por las razones expuestas en los considerandos tercero y último de esta sentencia.

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