Quetzael Oswaldo Aguilar Hernández

Expediente 181/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
181/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Karina Collado Fernández
  • Quetzael Oswaldo Aguilar Hernández
  • Marco Antonio García Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto lo de cuenta se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese a la autoridad responsable. Toda vez que este expediente es un fiel reflejo de su equivalente electrónico y que en él no falta notificación alguna, no contiene relevancia documental y tampoco documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley.

  2. Juicio de Amparo Directo

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LOS PROVEÍDOS DE VEINTITRÉS DE MARZO Y OCHO DE JULIO, AMBOS DE DOS MIL VEINTIDOS, SE NOTIFICA LA RESOLUCION DE CUMPLIMIENTO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 181/2022, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: Toluca, Estado de México. Diez de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la cual se concedió el amparo a los quejosos ***** y ******; y, por auto de presidencia de dieciocho de agosto de dos mil veintidós se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia, por lo que se ordenó requerir su cumplimiento a la responsable. Mediante oficio ****, recibido en este órgano constitucional el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México comunicó que en vía de cumplimiento a la ejecutoria federal, por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós -del cual remitió copia certificada- dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en la sentencia definitiva dictada el nueve de febrero de ese año y solicitó una prórroga de quince días para el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo. Prórroga que este tribunal le otorgó en proveído de veintinueve de agosto del mismo año. Fue así como, mediante oficio ****, recibido el trece de septiembre de dos mil veintidós en este tribunal, dicha autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el doce de ese mes y año, con la cual, indicó, daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con dichas constancias, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del término de diez días estuvieran en aptitud de alegar sobre el exceso o defecto en el cumplimiento dado por la sala responsable a la ejecutoria federal; sin que las partes hicieran uso de ese derecho. A continuación, se procede a corroborar si la sala responsable dio exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para una mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 1. El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la sala responsable dictó un proveído mediante el cual dejó insubsistente la sentencia definitiva reclamada de nueve de febrero de dos mil veintidós, y el doce de septiembre del mismo año, dictó la nueva resolución para dar cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. 2. Enseguida, calificara de operante el agravio relacionado con la objeción del documento fundatorio de la acción y, en su caso, resolviera si estaba o no demostrada la identidad del inmueble, partiendo de la base de que dicho elemento correspondía acreditarlo al actor; y, 2. En la nueva sentencia, la sala responsable al estudiar los agravios hechos valer por los inconformes, específicamente el relacionado con la objeción del documento fundatorio de la acción, hecha valer por los inconformes, la sala responsable lo calificó como fundado y operante. Lo anterior, pues consideró desacertado el razonamiento de la juez para desestimarla, pues al respecto razonó que no se habían demostrado fehacientemente los motivos de objeción, ya que en relación con la prueba pericial ofrecida por la parte actora, los apelantes adicionaron cuestionario y designaron perito, quien contestó el cuestionario de ambas partes; sin embargo, no consideró el estudio rendido, en razón que se declaró la deserción de la prueba, aunado a que no trascendía al resultado del fallo. Además, relacionado con la objeción del croquis, la resolutora adujo que se trataba de una afirmación categórica de quien objetaba, por lo que le correspondía la carga de la prueba de su demostración, la cual no cumplió. Lo desacertado de tales razonamientos, fue porque de acuerdo a lo señalado por los demandados apelantes, la objeción versó sobre el alcance probatorio que pudiera darse al convenio de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro -base de la acción-, por lo que era suficiente que se hiciera incluso, una objeción genérica al respecto, para que la juez pudiera realizar el examen minucioso de la documental en cuestión y determinar si efectivamente, o no, servía a la parte actora para acreditar hechos que adujo para sustentar su acción. Lo contrario, indicó, pasaría si la objeción versara sobre el contenido y firma del documento, ya que en tal caso se controvierte la veracidad y autenticidad del mismo, por lo que los objetantes tendrían que señalar de manera concreta los motivos de su objeción para posteriormente demostrar esas manifestaciones. Era por eso que, adversamente a lo señalado por la juzgadora, si la objeción del documento se realizó en cuanto a su alcance y valor probatorio y no en cuanto a la veracidad de su contenido y firma, quienes objetaron no estaban obligados a rendir medio de prueba alguno para demostrar los motivos expuestos a ese respecto, sino con solo ello, la juzgadora estaba obligada a verificar el análisis de la misma y constatar si se adminiculó o robusteció con otro medio de convicción para determinar su alcance y valor probatorio. Reiteró que, en el caso concreto, el fin de la objeción fue que, con base en los argumentos realizados, la juez determinara el alcance y valor probatorio del documento base de la acción. Así pues, indicó que lo fundado y operante de los agravios hechos valer, tenía su justificación en que la juzgadora partió de una premisa falsa al señalar que la objeción del documento base de la acción no fue acreditada, ya que la objeción se realizó en relación con el alcance convictivo que los demandados apreciaron del referido documento, del cual advirtieron que no se precisaba medidas, colindancias ni superficie alguna y, por ello no había identidad del bien, de ahí que concluyeron que no podía tenerse por acreditado el primero de los elementos de la acción instada, lo cual es cierto. Po tanto, indicó que era al actor a quien le correspondía demostrar los elementos de su acción, específicamente que el título que presentó como causa de su posesión, se refiera al inmueble que se persigue, esto es, su identidad, y no a los demandados acreditar los motivos de su objeción. De manera que, conforme lo dispuesto por los artículos 1.252, 1.253 y 1.254 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, es al actor a quien corresponde acreditar los hechos sobre los que sustentó su petición. Así, habiendo establecido lo anterior, la sala responsable analizó el documento base de la acción -convenio de dieciséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, exhibido por la parte actora y concluyó que el mismo resultó insuficiente para acreditar la causa de la posesión alegada por esta sobre el bien que pretendía recuperar, ya que de tal documento no se advierte indicio alguno que lleve a la plena convicción que el inmueble materia de juicio tenga identidad con aquél que adquirió el autor de la sucesión a través de dicho "convenio", ya que este no contiene superficie, medidas y colindancias del bien que en él mismo se indica. Tampoco se observó dato alguno que evidenciara que el inmueble descrito en el referido documento fuera el reclamado, pues solo se hacía referencia en forma general a un inmueble ubicado en la carretera Jilotepec-Corrales, en el Estado de México, sin aportar dato alguno para identificarlo. Aunado a que, del análisis de los medios de convicción que la actora ofreció, analizados por la sala de manera individual como conjunta, no se advirtió alguno que, adminiculado con el citado documento llevara a la firme convicción que el autor de la sucesión estuviera legitimado para reclamar la recuperación del bien controvertido. Lo así considerado por la sala responsable evidencia el cumplimiento al segundo lineamiento de la ejecutoria federal, Ello, ya que, por un lado declaró operante el agravio relacionado con la objeción del documento base de la acción, luego, partió de la base que a la actora correspondía la carga de demostrar el elemento relacionado con la identidad del inmueble reclamado, y analizadas las pruebas aportadas por esta, determinó que con las mismas no acreditó la identidad del inmueble controvertido. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. Con libertad de jurisdicción, tal como se expuso en los agravios, la sala determinó que la sucesión actora no cumplió con la carga de demostrar el primer elemento de del interdicto que ejerció, consistente en que haya tenido la posesión originaria o derivada del inmueble cuya recuperación tramitó. Y, como consecuencia de lo anterior, ante la inacreditación de uno de los elementos de la acción, necesario para su procedencia, estimó ocioso el estudio de los demás; y revocó la sentencia impugnada para quedar establecida la improcedencia del interdicto para recuperar la posesión, sin que en el caso fuera procedente hacer condena en costas, por no actualizarse alguna de la hipótesis previstas en el artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Del anterior cuadro comparativo, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, se estima que la sala responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este órgano de control constitucional advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Por tanto, como la autoridad responsable cumplió cabalmente con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución.

  4. Juicio de Amparo Directo

    A sus antecedentes el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable remite copia autorizada de la sentencia de doce de septiembre del año que transcurre, dictada en cumplimiento del fallo protector. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida dicha resolución, con ella se ordena dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del término de diez días, legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho corresponda; transcurrido ese plazo, resuélvase sobre el cumplimiento.

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