Quenia María Romero Medina
Expediente 194/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Quenia María Romero Medina
Actuaciones
- Principal
En virtud de no haberse presentado la promovente a notificarse personalmente del acuerdo de dieciocho de febrero del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice: FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo que se dice promovida por *******, remitida por el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa y otra autoridad. Fórmese el expediente 194/2021-IV-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; anótese su ingreso en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 3 y 6, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo citado en primer término dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. Por su parte, los artículos 3 y 6, de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En relación a lo anterior se tiene, que del primer numeral transcrito, se advierte que los escritos exhibidos en forma electrónica, deberán presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica. En el entendido que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; es decir, la firma electrónica genera la certeza de que el signante es autor de un documento y manifiesta su voluntad a través de él. Por su parte el diverso ordinal establece que el juicio de amparo puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o por cualquier persona en los casos en que la Ley de Amparo lo permita. En el caso, del escrito inicial de demanda se advierte que la misma se dice promovida por Quenia María Romero Medina, la cual fue remitida por el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, empero, sin la firma electrónica de dicha promovente, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Por tanto, dada la carencia de esa exigencia fundamental prevista en el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de la Materia, se concluye que la acción constitucional no se ha ejercido, pues la firma electrónica, como la autógrafa, constituye el mecanismo a través del cual las personas expresan su voluntad a realizar determinado acto jurídico y con ella se acredita la autenticidad del documento, por lo que se trata de un elemento indispensable para dotar de eficacia a cualquier actuación escrita. De manera que la ausencia de la firma electrónica en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y con ello el incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo como lo es el de instancia de parte agraviada, como en el caso acontece. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Por tanto, en la especie se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3 y 6 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. Sin que en el caso se esté en el supuesto de excepción que prevé el numeral 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues del estudio integral del escrito inicial de demanda se advierte que ésta no se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de la Materia, ni por los supuestos que prevé. No se inadvierte ni es óbice a lo anterior que la promovente haya acompañado al escrito inicial de demanda la firma electrónica de Suky Yamel Sandoval Estrada; sin embargo, dicha persona no es la directamente quejosa, así como tampoco se advierte que promueva en su representación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngasele como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el ubicado en esta ciudad, y como sus autorizados únicamente para esos efectos a ****, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que indica en el escrito que se provee, únicamente a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto recurso alguno contra el referido proveído; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso d), se prevé que es susceptible de destrucción los expedientes en los que se deseche la demanda de amparo y que tengan más de tres años de haberse ordenado el archivo correspondiente. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que en el referido auto se desechó la demanda de amparo. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia, y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta, a fin de dar cumplimiento al artículo 24 del mencionado acuerdo general.
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