Quejosa de identidad Resguardada M.L.J.V.
Expediente 102/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/04/2021
Partes del expediente
- Quejosa de identidad Resguardada M.L.J.V.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Toluca, Estado de México; doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veinte, en la que, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 18, fracción I, inciso a); 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso A), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veinte, se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo tanto, una vez que se haya cumplido el plazo de conservación, y que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó suspensión definitiva del acto reclamado. Por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. 3. El duplicado del incidente de suspensión es destruible. Por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. Se informa a las partes, que el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran tres años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Atento a lo anterior, el presente acuerdo deberá estar glosado tanto en el expediente principal de este juicio de amparo, como en los cuadernos incidentales. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se evidencia que de un examen al expediente físico, así como al expediente electrónico (en sus rubros integrar y consultar) y en determinaciones judiciales, se desprende que (la audiencia constitucional, no se encuentra glosada en autos, mientras que la sentencia emitida el treinta y uno de julio de dos mil veinte, no ha sido notificada al Agente del Ministerio Público de la adscripción, ni a las autoridades responsables); lo que se produjo atento al estado de emergencia derivada de la pandemia producida por el virus COVID-19, pues ello provocó diversas suspensiones y reanudación de labores, conforme a lo diversos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, y algunas circulares de la comisión especial creada para tal efecto. Por tales motivos, se ha generado una serie de acontecimientos que han impedido el funcionamiento normal del juzgado en lo general y de las secretarias en particular, tales como las que ahora se procede a subsanar; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona a la secretaria encargada de elaborar el proyecto correspondiente, que realice la debida integración del referido expediente electrónico, y en su caso integrar la audiencia constitucional; asimismo, se ordena hacer del conocimiento de la autoridad responsable y del agente del Ministerio Público de la adscripción, para los debidos efectos legales. Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que de ser el caso, notifique la referida sentencia en sus términos. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, será el nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Transcurrido en exceso el término otorgando en el citatorio de tres de marzo de dos mil veintiuno y en cumplimiento al apercibimiento inserto en el mismo, se notifica a la parte quejosa la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veinte, del tenor siguiente: VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo 102/2019-IV, promovido por la quejosa de identidad reservada M.L.J.V.; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado el mismo día a este juzgado de distrito, la quejosa de identidad reservada M.L.J.V., por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "Ordenadoras: 1. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez Estado de México. ACTOS RECLAMADOS: "IV. Acto Reclamado: ".En primer lugar el Auto de fecha 18 de octubre de 2019, dictada por el Juez de Control del Distrito judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, emitido dentro de la carpeta auxiliar número 196/2019, en dónde ordena que no se mantengan en secreto las diligencias relacionadas con la carpeta de investigación TEM/TEJ/TJP/083/23/8530/19/08, y se le permite el acceso a las mismas constancias, al C. MANUEL ANTHONY DOMÍNGUEZ VARGAS. .El Auto de fecha 07 de noviembre de 2019, emitida dentro de la carpeta auxiliar 196/2019, radicada ante la autoridad señalada como responsable, en donde también ordena que cese la secrecía de la carpeta de investigación y se proporcionen copias de las todas diligencias que obran agregadas dentro de la misma al C. MANUEL ANTHONY DOMÍNGUEZ VARGAS, debiendo ser entregadas a las 12:00 horas del día 12 de noviembre de 2019." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, el cual se rindió con ocho -día de anticipación a la fecha señalada inicialmente para la celebración de la audiencia constitucional (motivó por el cual se difirió la misma para el día de la fecha a fin de que transcurriera el término a que alude el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo), la que se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos de autoridades que radican dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de actos. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en los autos de dieciséis de octubre y siete de noviembre de dos mil diecinueve, dictados por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez , México, en la carpeta auxiliar 196/2019, relacionada con la carpeta de investigación TEM/TEJ/TJP/083/23/8530/19/08, al permitir el acceso a Manuel Anthony Domínguez Vargas, ordenar el cese a la secrecía de la carpeta de investigación y que se proporcionen copias de todas las diligencias que obran agregadas. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que acompaño a su informe justificado, un disco en formato DVD, videograbaciones de las citadas audiencias así como copia del expediente virtual de la carpeta auxiliar 196/2019, a la cual se por ser documento público se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los dispuesto por los artículo 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; dado que la documental por tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerada como una prueba documental pública lato sensu. Lo anterior se sustenta, en la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, visible en la página 703, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, registro 2004362, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Improcedencia del juicio. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que guarda relación con el diverso numeral 5º., fracción I, de la propia ley, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." El interés jurídico al que alude el precepto transcrito, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en vía de amparo algún acto jurisdiccional violatorio de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere en principio a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. En este orden de ideas, de acuerdo con el sistema consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el invocado artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo, es decir, cuando alguna autoridad jurisdiccional emite un acto que el gobernado estime violatorio de tales derechos y, lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así, se tiene que para acudir al juicio de amparo es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales. Cabe señalar que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. En este sentido, debe destacarse que entre otros requisitos de procedencia del juicio de amparo, el nuevo texto del artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentado en esa parte en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto reclamado exista, sino que es necesario para efectos de procedencia del juicio de derechos, según se precisó, que transgreda en perjuicio del quejoso un derecho subjetivo que le otorgue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional. Lo anterior es así, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación sostuvo que la interpretación del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación, y que sólo ha cambiado el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material". Sobre el particular, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación emitió la tesis XIV/2011, consultable en la página 34, tomo XXXIV, agosto de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO "OBJETIVO" CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un amplio abanico de pronunciamientos históricos sobre el concepto de "interés jurídico" para efectos de la procedencia del juicio de amparo, muchos de los cuales provienen de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, pero con posterioridad el tema ha sido abordado por la jurisprudencia del Alto Tribunal. Contra lo que podría pensarse, el entendimiento del concepto de interés jurídico no ha sufrido una gran variación en su interpretación. Lo que ciertamente ha cambiado es lo que se entiende que está detrás de los conceptos jurídicos a los que hacen referencia las tesis sobre interés jurídico y, en particular, el entendimiento de la situación en la cual puede hablarse de la existencia de un derecho "objetivo" conferido por las normas del ordenamiento jurídico, en contraposición a una situación de la que simplemente los individuos derivan lo que se denomina como "un beneficio" o una ventaja "fáctica" o "material"." Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la reforma al artículo 107 de la Constitución Federal, no se traduce en una apertura absoluta para acudir al juicio de amparo, en la medida en que el quejoso debe demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, sino un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de la afectación a su esfera de derechos en sentido amplio, tal como se advierte de la tesis XLIII/2013, consultable en la página 822, Libro XVII, tomo 1, febrero de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, asimismo, hizo la precisión de que tratándose de actos derivados de órganos jurisdiccionales necesariamente se requiere de un derecho subjetivo, que en cambio, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, pero sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico". Lo anterior se desprende de la tesis consultable en la página 1736, Libro XVIII, tomo 2, marzo de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona . Ahora bien, en el caso, la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo en su carácter de ofendida o víctima indirecta, y defiende la secrecía de la carpeta de investigación TEM/TEJ/TJP/083/23/8530/19/08, relacionada con la carpeta de investigación 195/2019. Del informe justificado por la autoridad responsable se advierte que el dieciséis de octubre y siete de noviembre de dos mil diecinueve, se celebraron audiencias para resolver peticiones de las partes que deban ser debatidas o requieran producción de pruebas, en autos de la carpeta 196/2019, seguida en contra de quien resulte responsable, por el hecho delictuoso de abuso de autoridad contra subalterno, en agravio de Manuel Anthony Domínguez Vargas. En esas condiciones, resulta claro, que el ahora tercero interesado tiene el carácter de ofendido en la carpeta 196/2019, en la que se emitieron los autos impugnados. En cambio, la parte quejosa no acreditó ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés individual o colectivo cuando se alegue que la norma, acto u omisión violan los derechos previstos en el artículo 1°de la ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es así, pues del informe justificado rendido por la responsable se advierte que: a) El acto reclamado fue emitido en la carpeta 196/2016, dentro del proceso penal acusatorio. b) La parte quejosa no es parte ofendida o víctima dentro del procedimiento penal en mención, sino que este último carácter recae en Manuel Anthony Domínguez Vargas. Luego, si la quejosa no es parte en la carpeta en la que se emitieron los actos reclamados, pues en la demanda de amparo hace referencia a una causa o investigación seguida en contra de alguien, por el delito de homicidio, resulta evidente que no es titular de un derecho subjetivo que haya sido trasgredido con su emisión, luego las determinaciones tomadas en la carpeta, no le producen una afectación real y actual a su esfera jurídica de manera directa, por ende, al no surtirse el carácter con el que se ostentó ni tampoco acreditó en la secuela procesal. Por tanto, la parte quejosa no cuenta con el carácter de ofendido ni de víctima indirecta, por lo que carece de interés jurídico para impugnar los actos reclamados a través del presente juicio de amparo, por lo que no puede reconocerse interés jurídico para impugnarlos y, como consecuencia, debe sobreseerse en el juicio por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil diecinueve. [...] se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Notifíquese.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,550 expedientes
- Presidente Municipal Constitucional de Tianguistenco205/2022
- Presidente Municipal Constitucional de Xonacatlán, Estado de México964/2021
- Primavera Aldama González993/2022
- Priscilla Estrada Loza1072/2021
- Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE)30/2023
- Proveedora Educativa Cs Toluca, Sociedad Civil279/2022
- Rafael Alejandro Zarate Ramírez166/2022
- Rafael Alonso Gamboa Luis714/2022
- Rafael Antonio Reyes Hernández1588/2023
- Rafael Arévalo Mejía444/2023
- Rafael Armando Rodríguez Rotoushnai247/2020
- Rafael Beltran Ramos72/2021