Purificacion Martinez Alonso
Expediente 1120/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1120/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Purificacion Martinez Alonso
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su apoderada ***, personería que acredita con la copia certificada del instrumento treinta y seis mil ochocientos setenta y cinco, volumen trescientos ochenta y seis, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, de la Notaría Pública número Nueve de la ciudad de Puebla, contra los actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1120/2018. Del análisis integral del libelo, el suscrito considera que se actualiza un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo En efecto, la parte quejosa, promueve demanda de amparo contra la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho pronunciada dentro de la carpeta de investigación 18554/2017/ZC del índice de la autoridad responsable, en la que resolvió negar la solicitud formulada por la parte quejosa para que se girara oficio al Servicio de Administración Tributaria a efecto de que informara si en los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 rendidos por ***, reportan haber tenido alguna perdida y en caso afirmativo especificara el monto que haya sido reportado, lo anterior con el objeto de demostrar que los hechos denunciados no configuran el delito fraude. En ese sentido, el sistema procesal penal se sustenta en el principio de contradicción que contiene a favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación para controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, pues garantiza que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrolle. Asimismo, el principio de inmediación, se refiere a que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma, sin que el órgano de mérito pueda delegar el desahogo o valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. De ahí que, para combatir el acto reclamado la quejosa debe acudir a control judicial por parte del juez respectivo, pues de lo contrario, se infringirían los principios rectores del proceso penal acusatorio, esto es, el principio de contradicción e inmediación, pues se negaría a las partes procesales el acceso a la justicia en igualdad de oportunidades, ya que serán los propios intervinientes de la audiencia de control quienes expondrán al juez las razones o argumentos que sustenten su pretensión, y con base en ellas aquel como rector del proceso podrá resolver conforme a derecho, garantizando así la igualdad de los intervinientes. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier de Unanue y Breton, Herminio Cano Benítez, José Guadalupe Jiménez Rosas, Víctor Ricardo Chincoya Morales, Alfredo Guillermo Martínez Téllez y Saraí Hernández Campos, así como a las demás personas de manera restringida, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su apoderada ***, personería que acredita con la copia certificada del instrumento treinta y seis mil ochocientos setenta y cinco, volumen trescientos ochenta y seis, de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, de la Notaría Pública número Nueve de la ciudad de Puebla, contra los actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1120/2018. Del análisis integral del libelo, el suscrito considera que se actualiza un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, por el cual procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo En efecto, la parte quejosa, promueve demanda de amparo contra la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho pronunciada dentro de la carpeta de investigación 18554/2017/ZC del índice de la autoridad responsable, en la que resolvió negar la solicitud formulada por la parte quejosa para que se girara oficio al Servicio de Administración Tributaria a efecto de que informara si en los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 rendidos por ***, reportan haber tenido alguna perdida y en caso afirmativo especificara el monto que haya sido reportado, lo anterior con el objeto de demostrar que los hechos denunciados no configuran el delito fraude. En ese sentido, el sistema procesal penal se sustenta en el principio de contradicción que contiene a favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación para controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, pues garantiza que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrolle. Asimismo, el principio de inmediación, se refiere a que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma, sin que el órgano de mérito pueda delegar el desahogo o valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. De ahí que, para combatir el acto reclamado la quejosa debe acudir a control judicial por parte del juez respectivo, pues de lo contrario, se infringirían los principios rectores del proceso penal acusatorio, esto es, el principio de contradicción e inmediación, pues se negaría a las partes procesales el acceso a la justicia en igualdad de oportunidades, ya que serán los propios intervinientes de la audiencia de control quienes expondrán al juez las razones o argumentos que sustenten su pretensión, y con base en ellas aquel como rector del proceso podrá resolver conforme a derecho, garantizando así la igualdad de los intervinientes. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier de Unanue y Breton, Herminio Cano Benítez, José Guadalupe Jiménez Rosas, Víctor Ricardo Chincoya Morales, Alfredo Guillermo Martínez Téllez y Saraí Hernández Campos, así como a las demás personas de manera restringida, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones.
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