Prycila Acosta Medina
Expediente 580/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2018
Partes del expediente
- Prycila Acosta Medina
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, causó estado el diverso proveído de veintiocho de noviembre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada por Prycila Acosta Medina. Asimismo, que en el juicio de amparo en que se actúa no existe promoción alguna pendiente de acordar, ni diligencia que desahogar, por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de trece de octubre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte promovente Prycila Acosta Medina, el auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice lo siguiente: ".Ensenada, Baja California, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista; la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente Prycila Acosta Medina, recurriera el proveído emitido el veintiocho de noviembre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada por la antes mencionada, por lo que con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EN EL DOMILICILIO DE LA PARTE PROMOVENTE PRYCILA ACOSTA MEDINA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ". Ensenada, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda; se tiene a Prycila Acosta Medina, por derecho propio promoviendo juicio de amparo en contra del acto que reclama al Jefe del Departamento del Nivel Secundaria de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de gobierno bajo el número 580/2018. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de amparo que nos ocupa; asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente del amparo reclama lo siguiente: "[.] A).- Reclamo la omisión por parte de la autoridad de dar contestación alguna en breve termino a la petición formulada mediante escrito presentado en fecha 3 de octubre del 2018, ante el Jefe del departamento de Nivel de secundaria de Ensenada, que la parte quejosa ha formulado a la autoridad responsable, la violación al derecho de petición y acceso a la justicia, consagrada en el artículo 8 constitucional; dejándome en total estado de indefensión, sin información para que pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar mi conformidad o inconformidad con ella y, en caso, impugnarla. Por ende, sin la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición que quebranta, porque de nada me sirve que mi planteamiento sea contestado, con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarme la información que me permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad responsable mismo que se anexa en incumplimiento a lo dispuesto por el artículo octavo constitucional, ha sido el caso que hasta el día de hoy , no he recibido contestación por parte de la autoridad señalada. Es importante resaltar que el auto inicial de demanda, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, como lo son aquéllos en los que para llegar a esa conclusión, no se requiere de un análisis exhaustivo, ya que ello es de obvia constatación, sin que pueda modificarse tal determinación con los elementos que aporten las partes al procedimiento; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro once, octubre de dos mil catorce, tomo II, página mil doscientos veinticuatro, materia común, con número de registro 2007580, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." [Énfasis añadido]. En ese contexto, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, y 107 de la ley de la materia, lo anterior es así ya que el Jefe de Departamento de Nivel de Secundaria de Ensenada, Baja California, no es autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. En primer lugar, se detalla que los artículos antes transcritos literalmente establecen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que d realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, las particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida". Del contenido de los artículos trascritos, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías reconocidas por el orden jurídico nacional. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no son considerados como de autoridad para efectos del amparo. De igual forma, de ellos se evidencia que no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Cabe destacar, que por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, debe entenderse aquel ente que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto con el que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares podrán equipararse a la autoridad responsable, cuando sus actuaciones revistan las siguientes características: a) Realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, que sean aptos para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de acuerdo con la definición que aporta el párrafo primero de esta misma fracción. b) Que afecten derechos en los términos antes anotados; y que, c) Sus funciones estén determinadas por una norma general. Así, para determinar si los actos reclamados pueden ser impugnados mediante juicio de amparo, ya sea que se hubieren emitido por autoridades o por particulares equiparados, debe atenderse a las notas que distinguen tales actos, y que son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Tomo XXXIV, Septiembre 2011, página 1089, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." La causa de improcedencia invocada se surte plenamente, pues la parte quejosa acude a esta instancia federal, reclamando a la autoridad responsable Jefe del Departamento del Nivel de Secundaria de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de dar respuesta a la solicitud de tres de octubre de dos mil dieciocho, formulada por escrito y recibida el mismo día, en la que la aquí quejosa en su carácter de trabajador, solicita a la responsable en su carácter de patrón, se le asignen las horas de trabajo que el Servicio Profesional Docente tomó en consideración en la convocatoria de la cual ocupó el segundo lugar en el examen de oposición y se le otorgue base definitiva; sin que ello resulte ser un acto de autoridad, dado que la citada autoridad señalada como responsable no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, como se verá a continuación. Los artículos 3, 4, 22 y 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en lo que interesa disponen lo siguiente: "Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, las entidades federativas y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: [.] III. Autoridades Educativas: A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal y a las correspondientes en las entidades federativas y municipios; [.] IX. Evaluación del desempeño: A la acción realizada para medir la calidad y resultados de la función docente, directiva, de supervisión, de Asesoría Técnica Pedagógica o cualquier otra de naturaleza académica; [.] XXV. Personal Docente: Al profesional en la Educación Básica y Media Superior que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la Escuela y, en consecuencia, es responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo; [.] XXXII. Servicio Profesional Docente o Servicio: Al conjunto de actividades y mecanismos para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus Organismos Descentralizados. [.] Artículo 22. En la Educación Básica y Media Superior el Ingreso a una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en términos de esta Ley. Con el objeto de fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del Personal Docente de nuevo Ingreso, durante un periodo de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados realizarán una evaluación al término del primer año escolar y brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente. Al término del periodo señalado en el segundo párrafo de este artículo, la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado evaluará el desempeño del Personal Docente para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si cumple con las exigencias propias de la función docente. En caso de que el personal no atienda los apoyos y programas previstos en el tercer párrafo de este artículo, incumpla con la obligación de evaluación o cuando al término del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de la función docente, se darán por terminados los efectos del Nombramiento, sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado. Artículo 83. Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo lo dispuesto en esta Ley. [.]." Los preceptos legales transcritos reflejan que el acto aquí reclamado por la quejosa consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de tres de octubre de dos mil dieciocho, formulada por escrito y recibida el mismo día, en la que la aquí quejosa en su carácter de trabajador, solicita a la responsable en su carácter de patrón, se le asignen las horas de trabajo que el Servicio Profesional Docente tomó en consideración en la convocatoria de la cual ocupó el segundo lugar en el examen de oposición y se le otorgue base definitiva, derivan de la relación jurídica existente entre el Jefe de Departamento de Nivel de secundaria de Ensenada, Baja California como ente patrón y ella como trabajadora de dicha dependencia, como parte del personal docente que la entidad de la administración pública contrata a efecto de llevar a cabo las funciones a su cargo, y que tal como expresamente se establece en el ordenamiento referido, la ubica dentro de dicha dependencia como trabajadora de la misma. Es así, porque se alude que las consecuencias de la designación provisional de horas en la secundaria técnica número 24, ubicada en el fraccionamiento Valle dorado de esta ciudad, en la aula de medios en la secundaria de referencia, por ende, de la categoría de empleada que la quejosa ostenta respecto a la autoridad responsable; actos que de manera indudable escapan del concepto de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues se incluyen en el servicio profesional docente, al formar parte del conjunto de actividades y mecanismos para la permanencia del personal docente de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, tal y como se encuentra regulado en la ley de la materia. Por consiguiente, el acto reclamado en la demanda, no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que la omisión de dar respuesta a la solicitud de tres de octubre de dos mil dieciocho, formulada por escrito y recibida el mismo día, en la que la aquí quejosa en su carácter de trabajador, solicita a la responsable en su carácter de patrón, se le asignen las horas de trabajo que el Servicio Profesional Docente tomó en consideración en la convocatoria de la cual ocupó el segundo lugar en el examen de oposición y se le otorgue base definitiva, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre una dependencia de la administración pública y una trabajadora, en la que estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de una relación laboral, que no goza de las características de coercitividad, unilateralidad e imperatividad necesarias para que sea considerado acto de autoridad. Apoya lo anterior por analogía, la tesis XXVII.3o.18 L (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2358, libro dieciséis, marzo de dos mil quince, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro 2008612, que a la letra dice: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad." Lo resaltado y con negritas es de este Juzgado de Distrito. De igual forma, apoya lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sustentada por el Sexto tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, del Tomo III, abril de 2016 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 2011343, con el rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En estas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por por Prycila Acosta Medina, por derecho propio promoviendo juicio de amparo en contra del acto que reclama al Jefe del Departamento del Nivel Secundaria de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de dar respuesta a la solicitud de tres de octubre de dos mil dieciocho, formulada por escrito y recibida el mismo día, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que lo anterior, deje a la promovente en estado de indefensión y la prive de la oportunidad de alegar la procedencia del juicio de amparo en estudio, puesto que la causa de improcedencia que se invoca se encuentra plenamente probada, es decir, se acredita de forma manifiesta e indudable su actualización, ya que por una parte, el extremo relativo a "causa manifiesta", se demuestra con el hecho de que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la omisión de dar respuesta a la solicitud de tres de octubre de dos mil dieciocho, formulada por escrito y recibida el mismo día, en la que la aquí quejosa en su carácter de trabajador, solicita a la responsable en su carácter de patrón, se le asignen las horas de trabajo que el Servicio Profesional Docente tomó en consideración en la convocatoria de la cual ocupó el segundo lugar en el examen de oposición y se le otorgue base definitiva; por otra parte, el requisito de "causa indudable", se satisface con el hecho de que la autoridad señalada como responsable, no se puede considerarse autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la improcedencia del juicio de amparo indirecto y procede, como se dijo, desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia anteriormente detallada. Por otro lado se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle **o, de esta ciudad; y, por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Higuera Zepeda y Javier Cervantes Altamirano, dado que de la certificación de cuenta se advierte que tienen registradas su cédula profesional Federal en el Sistema Computarizado del Registro Único del Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; así también, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que la información confidencial a que alude el artículo 113, de la citada ley, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación en los casos que dispone el precepto 117 de referida norma. Se autoriza al secretario de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. ."
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