Prudencia Trujillo Bustamante
Expediente 729/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Prudencia Trujillo Bustamante
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, ocho de julio de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se recibe la demanda de protección de derechos, suscrita por la quejosa *, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, con sede Puebla, Puebla, y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DE LA DEMANDA. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas por la contingencia sanitaria derivada de la enfermedad COVID-19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente que, una vez recibida la demanda de amparo original -de manera física-, sin ulterior acuerdo, sea glosada a este expediente. EXHORTACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL JUICIO EN LÍNEA Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, les permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2. En el caso, se tiene una demanda de amparo presentada por *, por propio derecho y señala como autoridades responsables a la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia de esta ciudad de Puebla, Puebla, y 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de esta ciudad de Puebla; de quienes reclama el siguiente acto: ? La omisión de las autoridades responsables, al no contestar el escrito sobre la solicitud de devolución del vehículo que es legitima propiedad de la hoy quejosa consistente en la "Camioneta de la marca GMC, submarca JIMMY, modelo 1997, color verde oscuro, con número de serie *, sin número de motor, con placas de circulación *, del Estado de Veracruz." Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo, 61 de la Ley de Amparo; precepto que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.3" Es decir, el principio de definitividad encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de garantías; salvo los casos de excepción, previstos legal y jurisprudencialmente. No se soslaya que, no existe obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que procedan contra el acto reclamado cuando el gobernado únicamente aduzca violaciones directas a la Constitución, ya que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. Así, la excepción al principio de definitividad se actualiza cuando la parte quejosa aduce violaciones directas a la Constitución, ya sea por exclusión: 1. Cuando el acto reclamado carece absolutamente de fundamentación y motivación; y, 2. Cuando exclusivamente se aduce violación a la garantía de audiencia, pero fuera de esas hipótesis, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso. Ahora bien, el artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C, se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, que a la letra dicen: "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Ahora, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso denominado control judicial, previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, a fin de evidenciar la causa de improcedencia invocada, conviene precisar que el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones, así como las omisiones en la fase de investigación, en cualquiera de sus dos fases (inicial o complementaria), ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. En concordancia con lo anterior, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "[.] Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. [.] ". El normativo referido sujeta a control judicial las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Para tal efecto, la víctima u ofendido podrá impugnarlas ante el juez de control, dentro de los diez días siguientes a que le sean notificadas. Por tanto, a juicio del suscrito operador jurídico, el aludido precepto, relacionado con los diversos numerales anteriormente analizados, concreta el derecho fundamental de impugnación contenido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional. Resulta pertinente, señalar que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación - género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos, y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables. Los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten sus pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir tanto las actuaciones como las omisiones del Ministerio Público en la fase de investigación (fase inicial o complementaria), por lo que, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la actuación del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una dilación que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, dilación que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracciones II y VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracciones XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal- y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión de la autoridad ministerial señalada como responsable, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las omisiones o determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus labores. Lo anterior encuentra sustento en las consideraciones que se establecieron por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." También, sirve de apoyo la tesis 1a./J. 28/2018 (10a.)3, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Ahora, en el caso en particular, de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, válidamente se advierte que las autoridades responsables ya reconocieron a la quejosa la calidad de víctima; esto es, la han reconocido como parte de la carpeta de investigación de origen. Por tanto, la citada promovente ya puede actuar dentro de la carpeta de investigación, y por ende, ya se encuentra legitimada para instar el control judicial contra los dos agentes del Ministerio Público que menciona en su demanda, pues ya tiene la calidad de parte en la carpeta de investigación de origen. De ahí que, le corresponda acudir ante el juez de control responsable y reclamarle todas las omisiones que le causen un perjuicio -como la que viene reclamando en este juicio-, pues de esa manera, la representación social puede ser obligada a realizar todas las investigación y diligencias necesarias para finalmente resarcir a la víctima el daño sufrido, esto es, entregarle el vehículo que le fue robado. Por ello, es menester que previo a acudir a esta sede constitucional, agote el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la modalidad de notificación electrónica y proporcionó un nombre de usuario para que fuera habilitada -también el acceso al expediente electrónico-. Además, el nombre de usuario proporcionado por aquella, fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, se instruye a la secretaria encargada del presente acuerdo, que habilite al promovente tanto la modalidad de notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario "* ". Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre * porque la parte quejosa le otorgó facultades amplias y tiene registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, la restante persona nombrada por la parte quejosa, porque carecen de registro ante el referido sistema. COMUNICACIÓN DE LAS PARTES A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. En ese tenor, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado por la parte quejosa. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho le corresponda, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES FÍSICAS Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Sin embargo, dado que el acceso del público a las instalaciones de este juzgado se encuentra restringido como una medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivada de virus COVID-19, dicha toma de fotografías podrá realizarse hasta que la normatividad aplicable (acuerdos generales) así lo permita. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍA Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto4 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. REGISTRO DE PARTES EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Se instruye al Oficial judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos.
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