Proyecto Boulevard Tlaquepaque Asociasion En Participacion

Expediente 3336/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
3336/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2018

Partes del expediente

  • Proyecto Boulevard Tlaquepaque Asociasion En Participacion

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional en el amparo en revisión RA. 287/2017, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida Yucatán: para que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, por el periodo de su vigencia, este es, el comprendido entre enero de dos mil quince y enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, se toman en cuenta los efectos de la sentencia pronunciada por este Juzgado Federal en los que se declaró la inconstitucionalidad el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el nueve de diciembre de dos mil trece, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. 1. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, así como del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de: Concesión respecto del Tribunal revisor: ". para el efecto de que sea desincorporada de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, durante el tiempo que estuvieron vigentes los Anexos referidos" Y conforme a lo determinado por este juzgado, lo que quedó firme al no ser materia de impugnación: "El artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para el efecto de que en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." De la anterior transcripción, cabe destacar que los efectos del amparo se traducen en los puntos siguientes: Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, referentes al anexo 24 las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2015 y 2016, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 160/2016 (10a) y, De que se advierta la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.). Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no se realizó procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa, asimismo que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de atender a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados en el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, pero que no obstante, esta perdió vigencia. Asimismo, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo que respecto a este numeral, la ejecutoria se encuentra cumplida. En relación con la alegada pérdida de vigencia del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, es menester acotar que este Juzgado de Distrito sostuvo en los juicios de amparo 539/2014, 1097/2014, 1221/2014, 1791/2014 y 1983/2014, que respecto de dicha normatividad, el cumplimiento de la ejecutoria quedó sin materia, lo cual es coincidente sustantivamente con la alegación de pérdida de vigencia anunciada por la responsable, en virtud de que: La condicionante futura de la concesión de amparo 'hasta en tanto el Servicio de Administración Tributaria formule y publique en alguno de los medios a su alcance los lineamientos a seguir para la generación de archivos XML en idioma español' respecto del citado Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, fue superada al expedir la autoridad responsable tres publicaciones relevantes que sustituyeron dicho anexo. Al expedir la nueva reglamentación la autoridad administrativa acató la principal instrucción fijada por el Alto Tribunal para cumplir con la condición futura fijada en la jurisprudencia 2a./J.160/2016 (10a.), relativa al Anexo 24 para 2015. La concesión de amparo otorgada a la quejosa dejó de surtir efectos al formular y publicar el Servicio de Administración Tributaria en medios a su alcance, el Anexo 24 para 2017 en el Diario Oficial de la Federación y el Anexo Técnico en su sitio de internet, los que posibilitan a la quejosa el cumplimiento de la obligación formal del artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación (declarado constitucional por el Alto Tribunal), respecto del ejercicio en que estuvo imposibilitada para hacerlo. Ahora bien, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar los Recursos de Inconformidad 871/2017, 872/2017, 873/2017, 874/2017 y 875/2017, en sesión extraordinaria de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, ya se pronunció y resolvió que las publicaciones relevantes de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil diecisiete ya subsanaron las consecuencias de las disposiciones derogadas y, por ende, los vicios de inconstitucionalidad (condicionante de producción futura), así como sus efectos al producir reglas inteligibles en idioma español y sus requerimientos técnicos, con la salvedad de que: "[.] la autoridad administrativa tampoco está en condiciones de sancionar a la parte quejosa por el incumplimiento de la obligación formal de ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquel ejercicio en el que estuvo imposibilitada de hacerlo, ante la ausencia de los lineamientos técnicos de forma y sintaxis necesarios para la construcción de archivos XML; pues se insiste, es hasta la emisión del Anexo 24 de la RMF para 2017 (y su documento técnico), con la que se actualiza la condición a la que estaban sujetos los efectos de la concesión de amparo y con la cual la recurrente ya está en aptitud de dar cumplimiento a la obligación formal." De esta forma, por los motivos expuestos, ha quedado sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en relación con el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince. Archivo del expediente. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión; en consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Finalmente en virtud de que la parte quejosa exhibió copia certificada anexa a su demanda, póngase a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlo, deberá exhibir su identificación oficial y copia simple de ésta, para debida constancia legal; apercibido que en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruidos juntos con el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del oficio remitido por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria en el que informó que no le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica; sin que a la fecha lo haya hecho. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Para estos efectos, en primer lugar es necesario tener presente cuáles fueron los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional: se declaró la inconstitucionalidad del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la facultad de la autoridad de practicar revisiones electrónicas. Respecto de esta norma, cabe aclarar que se declaró la inconstitucionalidad de su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, DOF) el 9 de diciembre de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, vigente a partir del 1 de enero de 2016. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Respecto al artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, la concesión del amparo se otorgó para el efecto de que: En caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (foja 294), autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la quejosa, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015. Archivo del expediente. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Para tales efectos, glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. En consecuencia, para dar cumplimiento al punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo en mención. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo, del propio punto invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el punto VIGÉSIMO, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Ahora, respecto de las documentales que exhibió la parte quejosa en copia certificada como anexos a su demanda, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, por lo que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dicha documentación podrá ser depurada junto con el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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