Proyecciones Educativas Integra, S.C.

Expediente 857/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
857/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2016

Partes del expediente

  • Juez Quinto de lo Civil, Tijuana, Baja California
  • Proyecciones Educativas Integra, S.C.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Santa Ochoa Bazán, en su calidad de apoderada legal de Proyecciones Educativas Integra, Sociedad Civil; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE PROMOVENTE, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Agréguese a los autos, el escrito firmado Santa Ochoa Bazán, en su calidad de apoderada legal de Proyecciones Educativas Integra, Sociedad Civil, por el cual da cumplimiento a la prevención otorgada en proveído de veinte de mayo último, relativa a la aclaración de su escrito de demanda, en lo que respecta a la fecha que tuvo conocimiento del acto reclamado. Luego, una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo, así como el escrito aclaratorio de cuenta, este juzgado Federal advierte que la misma debe desecharse de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El numeral en comento establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el particular, la promovente en su demanda señala como actos reclamados los siguientes: ".De las autoridades responsables señaladas en el inciso A), se reclama lo siguiente: La Multa de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California impuesta por supuesto desacato cometido en contra de un requerimiento hecho por la responsable a la suscrita derivada del apercibimiento dictado dentro del juicio sumario de desahucio promovido por la ahora tercero interesada en contra de la quejosa radicado ante el Juzgado Quinto de lo Civil de esta ciudad bajo número de expediente 68/2012. De las autoridades responsables restantes se reclama lo siguiente: La ejecución de los actos reclamados." De la lectura del escrito de demanda de amparo, se obtienen los siguientes antecedentes: Que su representada Proyecciones Educativas Integra, Sociedad Civil, fue supuestamente notificada dentro del juicio sumario de desahucio con número de expediente 68/2012, promovido por la ahora tercero interesada en contra de la aquí quejosa, radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil en esta ciudad, que para el caso de oposición a la diligencia consistente en poner en posesión al interventor con cargo a la caja de la negociación denominada Proyecciones Educativas Integra S.C. se le aplicaría una multa de equivalente a cien veces el salario mínimo vigente en la zona, con fundamento en el artículo 73, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Que de lo anterior, tuvo conocimiento por una copia de la orden de la responsable tirada en el patio, con la cual, se percató que la moral que representa fue notificada de la diligencia que se practicó, ya que la persona que atendió la diligencia, no la conoce, ni tampoco está autorizada o facultada para recibir notificaciones dirigidas a la quejosa, siendo el caso que la responsable hizo caso omiso de sus manifestaciones y ordenó requerirle de nueva cuenta y apercibirla que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado se le impondría una multa de cien salarios mínimos lo cual considera improcedente. De lo expuesto, se colige que la moral quejosa, reclama en esta vía constitucional, el apercibimiento de multa de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California, decretado en el juicio sumario de desahucio 68/2012; así como la multa impuesta por desacato cometido en contra de un requerimiento hecho por el Juez Quinto de lo Civil en esta ciudad, dentro del expediente en mención; controvertido en el cual la quejosa es parte demandada, razón por lo cual es claro que no lo desconoce, y por ende, carece del carácter de persona extraña. En ese orden de ideas, con respecto al acto reclamado consistente en el apercibimiento de multa de cien salarios mínimos decretado en el juicio natural, se estima se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I de la Ley de Amparo. Los preceptos en comento, estatuyen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De lo anterior, se desprende que para que proceda el juicio de amparo es necesario que con el acto reclamado se puedan afectar de manera directa e inmediata derechos sustantivos, es decir, la promoción del amparo está condicionada a la existencia de una parte quejosa que resienta afectación real y actual en su esfera jurídica; luego, si no existe esa afectación o que ésta sea inminente, puede refutarse improcedente el amparo. En ese contexto, si la quejosa reclama el apercibimiento de imponerle una multa en caso de no cumplir con un requerimiento formulado dentro del juicio sumario de desahucio 68/2012; ese acto es de realización futura e incierta, cuya actualización dependerá de la conducta que asuma la solicitante del amparo respecto del mencionado mandato, de manera que si cumple, éste no se hará efectivo; de ahí que se estime que dicho acto no produce una afectación real y actual en perjuicio de la quejosa, y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, ambos de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), Décima Época, sustentada por los Plenos de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página: 321, con el siguiente rubro y texto: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Por otra parte, con respecto al diverso acto reclamado consistente en la multa impuesta dentro del juicio sumario de desahucio 68/2012, se aprecia que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, conforme lo establecido en el citado numeral artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo..." De la fracción y precepto transcritos, se advierte que cuando se reclamen resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, como en la especie, es menester que, previamente al ejercicio de la acción constitucional, se agote el recurso, juicio o medios de defensa procedentes por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Además, no debe soslayarse que el juicio amparo es un medio extraordinario de defensa, cuya procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales, de entre los que destaca el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Debe insistirse en que el principio de definitividad, establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos; es decir, obliga al quejoso a agotar previo a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Así las cosas, en el caso a estudio, la quejosa reclama la multa de cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California, impuesta por un desacato cometido en contra de un requerimiento hecho por el Juez Quinto de lo Civil en esta ciudad, dentro del juicio sumario de desahucio 68/2012; es claro que ésta, por ser parte del juicio natural (demandada), tiene a su alcance un medio de defensa ordinario para combatir esa actuación, siendo el recurso de revocación, previsto por el numeral 670, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, que a la letra dice: "ARTICULO 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. En efecto, el medio de impugnación aludido (revocación), constituye un medio de defensa que las partes tienen a su alcance para lograr la modificación, revocación o nulificación del acto combatido, pues como se indicó, la quejosa no se trata de una persona extraña al juicio natural, toda vez que de los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que es parte demandada en el juicio de origen. En esa virtud, al existir un medio por el cual la aquí quejosa puede recurrir el proveído por el cual se le impuso la medida de apremio consistente en multa de cien veces el salario mínimo general vigente, que por esta vía constitucional pretende combatir, aquél debió agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo. Sirve de apoyo, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J.44/2012, visible en la página 729, Libro X, julio de dos mil doce Tomo 1, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En consecuencia, por las razones asentadas, al actualizarse las causas de improcedencia previstas por las fracciones XVIII, y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación esta última, con el numeral 5, del ordenamiento legal en cita, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en comento, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda promovida por Proyecciones Educativas Integra, Sociedad Civil, por conducto de su apoderada legal Santa Ochoa Bazán, contra los actos reclamados al Juez Quinto de lo Civil en esta ciudad y otra autoridad...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

  3. Principal

    SE DICTA SENTENCIA.- SE RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA....

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