Prospero Pesqueira Moreno
Expediente 338/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 338/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Prospero Pesqueira Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, con el que devuelve el juicio de amparo 338/2020 con dos legajos de pruebas, y el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión penal 637/2021, de su índice. El referido Tribunal Colegiado resolvió de la siguiente manera: "PRIMERO. Se confirma la sentencia requerida SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, en contra del acto reclamado de la autoridad responsable, precisado y señalada en el resultando primero de la presente ejecutoria". En virtud de lo anterior se ordena archivar el presente asunto.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, a través del cual la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, Sonora, notifica el acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, en el que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Prospero Pesqueira Moreno, contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso; con apoyo en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 84,86 y 88, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; distribúyanse entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y, en su oportunidad, remítase los presentes autos, así como el original y copia simple del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito; con residencia en Hermosillo, Sonora, en turno, para la tramitación del indicado medio de impugnación; fórmese cuadernillo de antecedentes.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 338/2020, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, promovido por *******************, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil veintiuno,1 en la Oficialía de Partes del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, Prospero Pesqueira Moreno, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguiente: "[.] III. La Autoridad o Autoridades responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo es el C. Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora; [.]. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Único: De la autoridad señalada como ordenadora responsable [.] Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, le reclamo EL AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, dictada por dicha autoridad responsable, en la cual dicha autoridad responsable concluyo (sic) que el medio de impugnación hecho valer por el suscrito, (recurso de revocación interpuesto en fecha seis de noviembre de dos mil veinte, en contra del auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, en al (sic) cual se me niega la devolución de la garantía económica que se me fijo (sic) por parte del juzgado responsable para garantizar la posible reparación del daño), resulta ser infundado, y por ende, resulta insuficiente para revocar el auto impugnado en base a las consideraciones que expuso en su resolución.". SEGUNDO. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 338/2020, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se ordenó emplazar como tercero interesado al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó emplazar al tercero interesado Sergio Ángel Beltrán Torres y, finalmente, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. 1. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2021, Ibid., pp. 10 -16. Ibid., pp. 37 - 38. relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en atención a que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que se encuentra dentro del ámbito de competencia donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. 2. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo relativo de la demanda, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia P./J. 40/2000,4 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", así como la diversa tesis P.VI/20045 del propio órgano colegiado, cuyo título es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". 3. En atención a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar del 4 Consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 5 Tesis P.VI/2004 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, registro 181810. Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, lo siguiente: a) La resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en la causa penal 6/2018, en la que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de devolver la caución exhibida para garantizar la reparación del daño. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. 4. Es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. 5. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". 6. Certeza se corrobora con las copias certificadas remitidas por la responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, de donde se obtiene que el veintitrés de noviembre de dos mil veinte se emitió el acto aquí reclamado. 7. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, de la Quinta Época, con registro 394182, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.". CUARTO. Causales de improcedencia. 8. Previo al estudio del fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia del juicio, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. 9. Al respecto, al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia, se procederá al estudio de los motivos de disenso. QUINTO. Conceptos de violación. 10. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los contenidos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 164618, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. 11. Previo a efectuar el análisis del fondo del asunto, conviene precisar los antecedentes relevantes del acto reclamado, siendo los siguientes: i. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho,6 dentro de la causa penal 6/2018 se dictó auto de formal prisión al aquí quejoso Prospero Pesqueira Moreno por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso de confianza, tipificado en el artículo 314, en relación con el 316, ambos del Código Penal para el Estado de Sonora, y se ordenó su internamiento en el Centro de Reinserción Social de Agua Prieta, Sonora. ii. El seis de junio de dos mil diecinueve,7 el juez responsable fijó la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como monto de la caución que debía otorgar el indiciado por concepto de reparación del daño, y de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones procesales, a fin de que el indiciado pudiera disfrutar del beneficio de la libertad provisional. iii. En esa misma data, previa exhibición de las anteriores garantías, la autoridad responsable ordenó la libertad provisional del indiciado. iv. Seguido el procedimiento, el seis de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva, en donde se condenó al aquí quejoso ******** a la pena privativa de libertad de dos meses de prisión ordinaria, multa por la cantidad de diez días de salario mínimo, y al pago de la reparación del daño material, por la comisión del ilícito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el artículo 314 del Código Penal para el Estado de Sonora. v. Por escrito de veinte de octubre de dos mil veinte,10 el aquí quejoso solicitó la devolución de la garantía económica que había exhibido con motivo del beneficio de la libertad provisional, relativa al monto depositado para garantizar la reparación del daño. vi. Derivado de lo anterior, en proveído de veintitrés de octubre siguiente11 el juez responsable negó al quejoso devolver la referida garantía. vii. Inconforme con esa determinación, el tres de noviembre de dos mil veinte,12 el sentenciado promovió recurso de revocación, el cual fue resuelto hasta el veintitrés de noviembre de esa anualidad,13 declarándose infundado. 12. Actuación que constituye el acto reclamado en esta sede constitucional. SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. 13. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se expondrán. 10 Ibíd., p. 996. 11 Ibíd., p. 997. 12 Ibíd., pp. 999 - 1001. 13 Ibíd., pp. 1014 - 1015. 14. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, reconocía el derecho del ofendido a la reparación del daño, en los términos siguientes: "Art. 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: [.] B. De la víctima o del ofendido: [.] IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;". 15. Por su parte, los actuales artículos 1 y 20, apartado C, inciso IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescriben lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [.] Artículo 20. [.] [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; [.]." 16. A partir del marco constitucional transcrito, como base del análisis jurídico, debe definirse el entendimiento jurídico del concepto de reparación del daño derivado de la comisión de un delito, para después estar en condiciones de establecer cuál es su contenido y el alcance de su protección constitucional. 17. Al término de la reparación del daño, como consecuencia de la realización de un ilícito, un sector amplio de la doctrina jurídico penal le ha asignado una connotación retributiva a la consecución de los fines de la pena, con un efecto resocializador, al obligar al autor del delito a enfrentarse con las consecuencias del hecho que cometió y a conocer los intereses legítimos de la víctima. La concepción normativa de la reparación del daño como una pena adicional que es consecuencia jurídica del delito, persigue la finalidad de atender a los intereses de las víctimas, más que la aplicación de la sanción privativa de libertad o la multa. 18. En tal sentido, se estima que la introducción al proceso penal de la reparación del daño la configura como un instrumento al servicio de la víctima, de tal forma que, sin perder el objetivo primordial de aplicación del ius puniendi, sirve para la protección y garantía para la satisfacción de sus intereses. Por ello, en términos doctrinales, la reparación del daño significa el restablecimiento del status quo ante y el resarcimiento de los perjuicios que se generaron con motivo de la realización de una acción delictiva. 19. En el contexto de protección internacional de los derechos de las víctimas del delito, debe tenerse presente la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. 20. Instrumento en el que se establece que se entenderá por "víctimas" a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 21. Además, se precisa que las víctimas tienen derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a la pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. También se establece que las víctimas tienen derecho al resarcimiento de los daños sufridos, que comprende la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de derechos. 22. Bajo ese orden de ideas, el concepto de reparación del daño ha sufrido una evolución jurídica en el plano constitucional, constituyendo en sí mismo un derecho humano reconocido en ese nivel jerárquico, en favor de aquellas personas que se ubiquen en el supuesto fáctico de víctimas u ofendidas por la comisión de un hecho constitutivo de delito que sancionan la ley penal. 23. El reconocimiento de este derecho humano impone un deber de actuación para las autoridades del Estado. Una vez acreditada la legitimación procesal de quien se ha ubicado en la condición de víctima u ofendido y concluida la instrucción del proceso penal seguida respecto del delito que afectó la esfera jurídica de aquél, entonces corresponde al Ministerio Público, como ente encargado de impulsar la acusación penal, solicitar que se condene al responsable al resarcimiento de la afectación que generó con su actuar ilícito, mediante la reparación del daño. 24. En tal sentido, la reparación del daño que resulta de la comisión de un delito, tiene como finalidad resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido, con motivo del daño o menoscabos económico, físico, mental o emocional, que representa un detrimento a su esfera de derechos jurídicos. 25. Dichas ideas fueron plasmadas en el amparo directo en revisión 2384/2013 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó el criterio 1a. CCLXXII/2015 (10a.) publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2009929, que señala: "REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN DELITO. PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON ESTE DERECHO HUMANO. La reparación del daño derivada de la comisión de un delito, constituye un derecho humano reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de las personas ubicadas en el supuesto de víctimas u ofendidos de la conducta ilícita penal, cuyo cumplimiento exige que se satisfaga de forma eficaz e integral. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que para que la reparación del daño derivada de un delito cumpla con la finalidad constitucional de protección y garantía como derecho humano en favor de la víctima u ofendido, debe observar los parámetros siguientes: a) cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, como resultado de la conclusión del proceso penal, en donde el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar la condena y el juzgador de imponerla siempre que dicte sentencia condenatoria; b) ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende que se establezcan medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción; c) la reparación integral tiene como objetivo que con la restitución se devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada: económica, moral, física, psicológica, etcétera; d) la restitución material comprende la devolución de bienes afectados con la comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible, entonces el pago de su valor; y, e) la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de resarcimiento que otorgue a la víctima u ofendido del delito, que deberá ser proporcional, justa, plena e integral, pues, de lo contrario, no se satisface el resarcimiento de la afectación." 26. Por otro lado, conviene señalar que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos, disponen lo siguiente: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.] Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]." 27. De los preceptos legales transcritos, se obtiene que éstos consagran las garantías del debido proceso legal y de legalidad, entendiendo por la primera de éstas, la obligación de las autoridades competentes de decidir las controversias sometidas a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los puntos materia del debate y, por la otra, que todo acto de autoridad que se dirija a los gobernados debe estar debidamente fundado y motivado. 28. Siguiendo esa idea, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualizó que para satisfacer la garantía de legalidad establecido en el artículo 16 constitucional, basta con que la autoridad cite el precepto legal que sirva de apoyo y exponga los razonamientos que le hayan permitido llegar a la conclusión de que el asunto encuadra en la hipótesis normativa que señala. 29. En otras palabras, por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso, en tanto que, por motivación, el señalamiento de manera precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para emitir el acto, siendo necesario, además, que exista la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso concreto. 30. Corolario de lo anterior, se impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. 31. De manera más explícita, para todo acto de molestia dirigido a los gobernados, el artículo 16 constitucional exige la satisfacción de los elementos siguientes: a). Mandamiento escrito. Presupuesto que implica la existencia material del mandamiento u orden de la autoridad, el cual además debe estar firmado autógrafamente para satisfacer plenamente esta formalidad y entregarse al destinatario copia de éste, mediante el procedimiento que prevenga la ley, todo ello, a fin de darle a conocer en forma cabal y completa el contenido de la providencia que permita la defensa y su posterior impugnación. En este orden de ideas, resulta que cualquier perturbación o molestia que no provenga de un mandamiento escrito, es decir, órdenes verbales, es un acto inconstitucional en sí mismo. b). Autoridad competente. Este apartado entraña la existencia expresa de la facultad específica otorgada por la ley al servidor público para emitir el acto que se trate, ya que caso contrario el mismo deviene arbitrario por exceder del ámbito del Estado de derecho que así lo exige. c). Fundamentación. Tercer requisito concurrente de la garantía de legalidad, la fundamentación de la causa legal del procedimiento. El fundamento del acto de molestia es el señalamiento con precisión del precepto legal aplicable al caso, pero todavía más, la cita de los preceptos debe ser íntegra y puntual, esto es, debe incluir la fracción e inciso en caso de que exista duda de los numerales que se aplican, todo ello en beneficio de la seguridad jurídica. d). Motivación. Es la invocación de circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinan la aplicación de ciertas hipótesis normativas al caso concreto. Son razonamientos que vinculan a nivel de pertenencia ciertas situaciones, hechos o actos al supuesto de la norma, también, argumentos que vinculan a las facultades en abstracto con el caso particular. 32. Dicha motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de autoridad y el caso específico en el que opere o resulte aplicable. Si no se realiza objetivamente dicha adecuación, se viola, por ende, el requisito de motivación que, con el de fundamentación, integra la garantía de legalidad. 33. Para llevar a cabo esta adecuación, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente; motivos que deben manifestarse en los hechos, circunstancias y modalidades objetivas del caso, para que éste encuadre dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. La mención de esos motivos debe formularse precisamente, en el propio mandamiento escrito, y no en otro diverso con el objeto de que el afectado por el acto de autoridad, pueda conocerlos y estar en condiciones de producir su defensa. 34. Así, como ya se dijo, el artículo 16 de la Constitución Federal, en términos generales, establece el derecho fundamental de legalidad, cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica, destacando entre los requisitos referidos, que el acto de molestia se encuentre asentado por escrito y que se encuentre fundado y motivado. 35. En virtud de lo anterior, debe establecerse, como regla general, que la autoridad emisora de una resolución está obligada a fundar y motivar tal acto citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. 36. Precisado lo anterior, se procede a analizar la constitucionalidad del acto reclamado. 37. La parte quejosa manifiesta que el acto reclamado vulnera sus derechos, en virtud de que el ofendido tuvo la oportunidad de acreditar el detrimento económico causado con la comisión del delito, a fin de cuantificar el monto de la reparación del daño; además, señala que aquél no recurrió la sentencia definitiva, por ello estima que no se menoscabarían los derechos del ofendido al autorizar la devolución de la garantía exhibida ante la responsable para garantizar la reparación del daño. 38. Asimismo, refiere que no existe un término que le dé certeza jurídica para poder recuperar esa garantía, por lo cual, considera que la autoridad responsable debió darle un plazo razonable al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera, en torno a la cuantificación de la reparación del daño a través del incidente respectivo, aplicando inexactamente los artículos 444 Bis, 444-A y 444-B del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. 39. Dichas manifestaciones resultan infundadas, las cuales serán atendidas en su conjunto, atendiendo a la técnica y estudio lógico, al tenor de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. 40. En primer lugar, como se vio con anterioridad, la reparación del daño constituye un derecho fundamental del ofendido, a través del cual se trata de resarcir la afectación producida por la realización de un delito. 41. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que ese derecho no necesariamente debe determinarse en la sentencia, sino que existe la posibilidad de que, en determinados casos, se pueda hacer con posterioridad mediante un incidente en la etapa de ejecución. 42. En ese entendido, no le asiste razón a la parte quejosa, pues el hecho de que el ofendido no haya aportado medios de prueba tendentes a cuantificar el monto adecuado para reparar el daño ocasionado, no implica por sí mismo la pérdida del derecho para hacerlo exigible. 43. Por el contrario, como lo ha sostenido el Alto Tribunal, la prerrogativa reconocida al ofendido puede reclamarse con posterioridad a la emisión de la sentencia que ponga fin al proceso penal, conforme al procedimiento establecido en la legislación procesal penal aplicable. 44. En relación con lo anterior, se precisa que los artículos 444 Bis, 444-A y 444-B del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora,14 prevé el trámite del incidente de liquidación de condena a la reparación de daños y perjuicios, estableciendo como presupuestos para su promoción, que exista una resolución final del proceso que haya quedado firme, y que en ella se haya condenado al sentenciado a pagarlo. 45. Además, prescribe la forma en que deberá plantearse, con lo cual se dará vista al sentenciado para que realice su contestación y, en su caso, previo el desahogo de las pruebas que se estimen conducentes, se emita la resolución correspondiente. 46. Por su parte, conviene señalar que conforme al artículo 110 del Código Penal para el Estado de Sonora,15 el ofendido tiene un lapso de veinte años para poder exigir el pago de la reparación del daño, una vez transcurrido ese tiempo, aquél ya no podría ejercer su acción y, consecuentemente, el sentenciado quedaría eximido de su cumplimiento. 47. Bajo ese orden de ideas, al habérsele condenado al aquí quejoso al pago de la reparación del daño, se obtiene 14 "ARTICULO 444 BIS.- El Juez que conozca del proceso penal es competente para conocer el incidente de liquidación de condena a la reparación de daños y perjuicios. ARTICULO 444-A.- Este incidente podrá promoverse cuando la sentencia condenatoria de que se trate, haya causado ejecutoria, y en ésta se haya condenado al pago de la reparación de daños y perjuicios sin determinación de cantidad líquida. En el escrito que inicie el incidente se expresarán sucintamente y numerados los hechos o circunstancias que hayan originado los daños y perjuicios, fijándose con precisión su cuantía y los conceptos por los que proceda. ARTICULO 444-B.- Con copias simples del escrito a que se refiere el artículo anterior y de los documentos que se acompañan, se correrá traslado al sentenciado, para que se imponga de lo actuado y conteste en el acto de la notificación o a mas tardar dentro de los tres días siguientes. Si el juzgador lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, de abrirá un plazo de prueba que no excederá de diez días, después de los cuales se citará para audiencia, en la que las partes expondrán lo que estimen necesario para apoyar sus pretensiones y en la misma audiencia el juez instructor, declarará cerrado el incidente que fallará dentro de tres días, concurran o no las partes. En lo conducente, en la sustanciación de este incidente, se aplicarán las disposiciones del Código Penal y las notificaciones se harán conforme a las disposiciones de este Código." 15 "ARTÍCULO 110.- La sanción pecuniaria consistente en multa prescribirá en cinco años y la relativa a daños y perjuicios en veinte." que el ofendido aún tiene la posibilidad de hacerlo exigible mediante el incidente respectivo, sin que sea impedimento el hecho de que no haya recurrido la sentencia definitiva, pues ese derecho fue reconocido y establecido en la condena de aquella resolución. 48. Por lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que, de ordenarse la devolución de la cuantía exhibida para garantizar la reparación del daño, podría implicar una afectación al derecho del ofendido para hacerlo efectivo, por ello resulta acertado que se haya negado al quejoso tal solicitud. 49. Además, porque conforme a la legislación penal sí se establece un término para que la reparación del daño pueda ser exigida, o en su defecto, previo transcurso del tiempo, se declare prescrita esa obligación, lo que implicaría ordenar la devolución de la cuantía consignada ante la autoridad responsable. 50. Por último, resulta infundado que la autoridad responsable debía dar un plazo razonable al ofendido para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la cuantificación de la reparación del daño, pues ello implicaba dar trámite a un incidente de liquidación que no fue planteado por el quejoso en su escrito de veinte de octubre de dos mil veinte y, por tanto, no implicaba realizar pronunciamiento alguno en el auto que impugnó mediante recurso de revocación. 51. Lo anterior, en virtud de que resulta ser una cuestión novedosa a la litis del medio de defensa hecho valer, lo que trae como consecuencia que no exista la inexacta aplicación de la ley alegada, y sin que se advierta alguna violación al principio de legalidad en su perjuicio con la emisión del acto reclamado. 52. Se cita en apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 145/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 175459, que señala: "REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional." 53. De igual modo, en su parte conducente, la tesis XXX.1o.2 P del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con registro 163747, de contenido siguiente: "REPARACIÓN DEL DAÑO. PROCEDIMIENTO QUE EL JUEZ PENAL DEL PROCESO DEBE SEGUIR PARA DETERMINAR SU IMPORTE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. La determinación del Constituyente de establecer en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, como garantía del ofendido o víctima del delito, el derecho a ser resarcido de los daños sufridos por la comisión de un delito, no tuvo como propósito facultar al Juez del proceso penal para ordenar la tramitación del incidente de reparación del daño tantas veces como sea necesario hasta lograr su cuantificación, porque si así se hiciera se provocaría en el sentenciado un estado de incertidumbre total, al no saber cuál será el resultado de la incidencia, cuándo y de qué manera va a resolverse su situación jurídica y hasta qué momento podrá gozar del beneficio de la sustitución de la pena de prisión que le fue concedido, ya que el hecho de que se tramite el incidente cuantas veces se estime necesario, implica posponer indefinidamente el resultado, lo cual se traduce en una actuación arbitraria en perjuicio del inculpado, porque la observancia de la garantía individual establecida en favor del ofendido o la víctima del delito no debe generar la infracción de las garantías que la propia Constitución Federal confiere en beneficio del acusado. Por tanto, ante la falta de precisión constitucional y legal sobre el número de oportunidades o del tiempo que debe transcurrir para fijar el monto de la reparación del daño, el Juez penal del proceso deberá ordenar, en ejecución de sentencia, por una sola vez, la apertura del incidente para fijar el importe respectivo, para lo cual deberá citar a los ofendidos para que proporcionen las pruebas conducentes que permitan cuantificar dicho monto o manifiesten su interés o desinterés en hacerlo, o bien, de no conseguir su comparecencia, se valga de los medios a su alcance, incluso ordenando de oficio el desahogo de la prueba que estime pertinente y cumplir así con el citado precepto constitucional." SÉPTIMO. Decisión. 54. En relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección constitucional, sin que se advierta motivo de análisis alguno en ejercicio de la suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de amparo. 55. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***************, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial de Cananea, Sonora, por los motivos indicados en el considerando sexto de esta resolución.
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