Próspero Francisco Cruz Ricardo
Expediente 504/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Próspero Francisco Cruz Ricardo
- Presidente de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, por el que acusa recibo de las constancias que se le remitieron con motivo del conocimiento previo planteado e informa que se avocó a la continuación del trámite del asunto bajo el número de expediente 732/2023. Se autoriza vinculación permanente. Por tanto, se ordena la vinculación en forma permanente de este asunto, con el citado expediente de amparo y, se instruye al Analista Jurídico SISE, realice las adecuaciones correspondientes. Archivo. En consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; este juzgado federal determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el artículo 19, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por lo que, transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción, en términos del artículo 19, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este cuaderno principal. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Archivo incidente. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión, por tanto, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; este juzgado federal determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el artículo 19, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por lo que, transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción, en términos del artículo 19, fracción I, inciso b) del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio y anexo de cuenta procedente de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; visto su contenido, téngasele rindiendo informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental, la que se anexa al oficio que se atiende, misma que se desahoga en razón de su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Antecedentes del caso. Por otra parte visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 263/2019 del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, del que se aprecia lo siguiente: Por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se radicó el expediente 263/2019, promovido por Eveni Garnica Domínguez, apoderada de Maricela Morales Martínez (aquí tercera interesada), contra actos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado y otra autoridad; que hizo consistir en: ACTO RECLAMADO: De la primera autoridad señalada como responsable reclamo la omisión en su deber jurídico de realizar los trámites necesarios tendientes a procurar la ejecución del laudo de fecha dieciséis de Febrero del dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario laboral número 98/2013 tramitado ante su instancia. De la segunda autoridad señalada como responsable reclamo la omisión en su deber jurídico de dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente laboral número 98/2013 por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, con fecha dieciséis de Febrero del año dos mil dieciocho. 2. El treinta de mayo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que, por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección a la parte quejosa; la cual causó ejecutoria por auto de cinco de julio de dos mil veintitrés. Ahora, por lo que hace a este juicio 504/2023, los quejosos Próspero Francisco Cruz Ricardo, Zayda Nereyda Hernández Gracida, Jahaziel Peláez Gil, Gemima Cruz López, Emigdio Sánchez Román, Amado Ramírez Tereso, Liliana Haydee Urueña González, Xóchitl Lisbet Álvarez García, quienes refieren ser presidente, tesorera, regidora de hacienda, síndica procuradora, síndico hacendario, regidor de obras, regidora de salud y ecología, regidora de educación, todos del Ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, presentaron demanda de amparo que fue recibida por este Juzgado Tercero de Distrito, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, donde se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Presidente de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda; ahora, del informe justificado que rinde la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se aprecia que los actos reclamados derivan del expediente laboral 98/2013 de su índice. Actualmente este juicio de amparo se encuentra en trámite. Conocimiento previo. De lo anteriormente expuesto se advierte, en el presente asunto se actualizan los supuestos contemplados en los artículos 45 y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, mismo que entró en vigor el día siguiente de su publicación, que en lo conducente disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. (...)" "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; (...)" (Lo resaltado es propio de este juzgado). Lo anterior es así, pues en el presente juicio de amparo número 5042023, se reclama al Presidente de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, actos derivados del expediente laboral 98/2013, respecto del cual tuvo conocimiento previamente el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, vía amparo indirecto, bajo el número de expediente principal 263/2019 de su índice, al reclamarse en ese asunto actos derivados del mismo expediente laboral 98/2013 del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. Por tanto, es evidente que al derivar los actos aquí reclamados de la misma controversia judicial de la que fue motivo de análisis en el diverso juicio de amparo 263/2019, se actualiza el invocado criterio de relación, y por ello, como se dijo, debe conocer de este asunto el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, a fin de aprovechar el conocimiento que tiene sobre el asunto. Asimismo, es un antecedente que se ubica dentro de la temporalidad de cinco años que establece como requisito el acuerdo de referencia. Luego, el conocimiento del asunto debe determinarse a favor de quien tiene el último antecedente del caso, siendo el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Sin que impida el anterior planteamiento, el hecho de que el aspecto atinente a la relación haya sido observado por este órgano de control constitucional y no por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, porque la redacción del enunciado en que se contiene el referido aspecto denota que si bien, el sistema computarizado debe arrojar un antecedente que lo vincule con otro juzgado, no es "condición" que sólo de esa forma se aplique la "Forma Relacionada" al momento del turno de los asuntos; circunstancia que patentiza que este juzgado está en posibilidad legal de proponer el conocimiento del asunto a otro juzgado de amparo en quien se surte el aspecto de "relación" ya referido. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional por razón de relación, ordena remitir este juicio de amparo al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, para que determine si acepta o no el conocimiento relacionado que se plantea; requiriéndose el acuse de recibo respectivo. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias esenciales, toda vez que el expediente electrónico está debidamente integrado y las partes están en aptitud de consultarlo. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las once horas del veintinueve de junio de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 504/2023. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, Próspero Francisco Cruz Ricardo, Zayda Nereyda Hernández Gracida, Jahaziel Peláez Gil, Gemima Cruz López, Emigdio Sánchez Román, Amado Ramírez Tereso, Liliana Haydee Urueña González, Xóchitl Lisbet Álvarez García, quienes refirieron ser presidente, tesorera, regidora de hacienda, síndica procuradora, síndico hacendario, regidor de obras, regidora de salud y ecología, regidora de educación, respectivamente, todos del Ayuntamiento de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. AUTORIDADES RESPONSABLES. La parte quejosa señaló como autoridad responsable a la siguiente: - Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca. TERCERO. APERTURA DE ESTE INCIDENTE. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal del que deriva esta incidencia, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de esa propia fecha, se aperturó este cuaderno, se negó y concedió la suspensión provisional a la parte quejosa, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos que reclama la parte quejosa en el presente incidente de suspensión son: El acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 98/2013, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado. La imposición de la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Los actos tendentes al cobro de la referida multa. SEGUNDO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, al rendir su informe previo convino en la existencia de los actos reclamados. TERCERO. ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, previo a analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada, es menester preciar que la quejosa solicitó la suspensión para los siguientes efectos: "(.) Con fundamento en lo dispuesto en la fracción X de artículo 107 constitucional, así como los artículos 125, 128 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo vigente, se solicita la suspensión provisional y en su momento definitiva del acto reclamado. En atención a lo establecido por el artículo 147 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se solicita la suspensión de cualquier acto que tenga como referencia y génesis las multas impuestas. Asimismo, se solicita de manera subsidiaria la suspensión, para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, es decir, no se lleve a cabo ninguna consecuencia jurídica o material, derivada de las multas." En ese sentido, para analizar la medida cautelar solicitada, menester atender a la naturaleza de los actos reclamados, así como a los efectos y consecuencias que producen estos, a efecto de determinar si se pueden suspender y que dicha medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Al respecto, adquiere relevancia el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo contenido es el que sigue: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". La naturaleza de los actos reclamados en el presente asunto es de carácter positivo, dado que conlleva una imposición de multa a los promoventes del amparo. Ahora, para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: a) Que la solicite la parte quejosa. b) No se siga perjuicio al interés social. c) Ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los actos reclamados puedan ser objeto de suspensión, además de los requisitos anteriormente precisados, se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para cumplir con el contenido de la fracción X del artículo 107 de la Constitución, el juzgador debe tomar en consideración la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, definiendo al primero como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probable respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y al segundo, como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede producirse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En efecto, se debe ponderar de manera simultánea los aspectos que se analizan, es decir, se debe confrontar la apariencia del buen derecho invocado por la parte quejosa, con la posible afectación que se pueda ocasionar al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuestos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 128 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el estudio de las referidas condiciones para suspender el acto reclamado debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad, sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo para decretar la medida. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 165659, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, de epígrafe y sinopsis siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: 'SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En ese sentido, en relación al primer acto controvertido, consistente en el acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 98/2013, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, donde se determinó imponer a los quejosos una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, NO HA LUGAR A CONCEDER DICHA MEDIDA CAUTELAR, en virtud de que se trata de un acto consumado y, contra actos de esa naturaleza es improcedente conceder la medida, pues de hacerlo, se le daría efectos restitutorios, lo que es propio de la sentencia que en el fondo del asunto se pronuncie, no del incidente de suspensión. Al caso, es aplicable la jurisprudencia sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 371, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Por otra parte, en cuanto a las consecuencias del citado acto reclamado - imposición de la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) -, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, se suspenda su ejecución y no se cobre a la parte quejosa la referida multa. No obstante, la medida suspensional decretada no surtirá ningún efecto si a la fecha en que se emite esta determinación ya se ejecutaron los actos reclamados, pues entonces se daría a la suspensión otorgada efectos restitutorios que, por regla general, son propios de la sentencia que en el fondo de este asunto se dicte. En razón de ello, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo, se fija a la parte quejosa como garantía del interés fiscal el monto total de la multa referida. Cabe señalar que la suspensión definitiva otorgada dejará de surtir efectos si la parte quejosa no garantiza dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de esta determinación ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, como lo establece el diverso artículo 136 de la Ley de Amparo, o bien si a la fecha de la presentación de la demanda, la parte quejosa, ya efectuó el pago de la multa. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 2a./J. 148/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." De incumplir con lo anterior, notifíquese a la responsable dicha circunstancia a fin de que estén en aptitud de proceder conforme a las facultades legalmente conferidas. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la declaración de ejecutoria de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Próspero Francisco Cruz Ricardo, Zayda Nereyda Hernández Gracida, Jahaziel Peláez Gil, Gemima Cruz López, Emigdio Sánchez Román, Amado Ramírez Tereso, Liliana Haydee Urueña González, Xóchitl Lisbet Álvarez García, respecto del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 98/2013, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, en términos de la presente interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Próspero Francisco Cruz Ricardo, Zayda Nereyda Hernández Gracida, Jahaziel Peláez Gil, Gemima Cruz López, Emigdio Sánchez Román, Amado Ramírez Tereso, Liliana Haydee Urueña González, Xóchitl Lisbet Álvarez García, en relación a las consecuencias de dicho acto, en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Primitivo Escobar Cruz y Otros.937/2023
- Priscila María Mendoza Diaz1069/2021
- Prisciliano Enríquez Luna528/2014
- Procoro Juárez Carmen1475/2016
- Procurador General de la República . .849/2011
- Promovente: Alma Angélica Franco Vargas1095/2018
- Prudencio Gómez Trujillo1336/2016
- Prudencio Uriarte Acosta1294/2016
- Quirino Alcocer Durán582/2022
- Quirino José López475/2021
- Raciel Cabrera García298/2019
- Rafael Acuña Santos1314/2021