PROSPERO ANTONIO ORELLANA ORELLANA y Otros.

Expediente 821/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
821/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2017

Partes del expediente

  • PROSPERO ANTONIO ORELLANA ORELLANA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta recibido vía fax, de la Secretaria del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, mediante el cual comunica que el titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 821/2017-VII-A; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.

  2. Principal

    MESA VII CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCION I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE PROMOVENTE ALMA ORELLANA TORRES, EL AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, CUYA SINTESIS ES LA SIGUIENTE:Visto, agréguese a estos autos el oficio recibido de manera electrónica y anexos que acompaña, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 140/2017-VII-A (número de orden 215/2017); por tanto, dese de baja la indicada comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo, háganse las anotaciones correspondientes, y como lo solicita únicamente acúsese recibo de manera electrónica. Ahora bien, entre las constancias relativas al indicado exhorto, se encuentra la diligencia actuarial de uno del presente mes de agosto, de la que se advierte que, en atención a lo ordenado en el proveído de esa misma fecha, dictado en este asunto, el Actuario adscrito al juzgado exhortado se constituyó con las formalidades de ley en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, y una vez que se encontraba en presencia de los agraviados Próspero Antonio Orellana Orellana, Roberto Plancarti Rodríguez, Juan Gabriel Reyes Alvizo y Rafael García González, hizo constar que los mismos no se encontraban incomunicados, ni sujetos a malos tratos, asimismo, hizo constar su estado físico, indicando al respecto que se encontraban en condiciones normales, y que así lo precisaron los propios quejosos. Hecho lo anterior, el referido diligenciario procedió a requerir a los directos agraviados, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifestaran si ratificaban o no la demanda de garantías promovida en su favor por Alma Orellana Torres, a lo que, en el acto, únicamente Próspero Antonio Orellana Orellana y Rafael García González, manifestaron que sí ratificaba dicha demanda, mientras que, por el contrario, Roberto Plancarti Rodríguez y Juan Gabriel Reyes Alvizo indicaron que no era su voluntad ratificar ese libelo. Por otra parte, agréguese a estos autos el oficio recibido vía fax, registrado con el folio 11218, signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, mediante el cual rinde su informe de ley, en relación a la suspensión de plano concedida a los directos quejosos, por auto dictado el uno del presente mes de agosto, dentro del presente juicio de amparo 821/2017-VII-A. INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, por las razones siguientes: En principio, es necesario precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo. De las hipótesis normativas que el último precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: 1) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: 1.- El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) el acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de garantías, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2.- El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3.- El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: A).- Actos de Tracto Sucesivo.- que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. B) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo.- que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 4.- En donde se ejecute, es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Así también, para delimitar la competencia del órgano jurisdiccional que deba conocer de ella, debe considerarse como legalmente competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción, en este caso, en donde tuvo y tendrá ejecución el acto tildado de inconstitucional. Ahora bien, de la demanda de garantías que nos ocupa y la diligencia actuarial precisada con antelación, se advierte, que los directos agraviados Próspero Antonio Orellana Orellana, Roberto Plancarti Rodríguez, Juan Gabriel Reyes Alvizo y Rafael García González, actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, y que, en la especie, dicha demanda fue formulada a favor de éstos por Alma Orellana Torres, quien señaló como actos reclamados, la incomunicación y malos tratos de los que, adujo, eran sujetos dichos reclusos, así como la falta u omisión de proporcionarles atención médica, artículos de higiene personal y vestimenta (ropa y calzado en buen estado); actos que atribuyó al Director del referido Centro de Readaptación Social. Sobre esa base, debe indicarse que los actos reclamados son de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud y dignidad humana de los directos quejosos, los cuales se llevan a cabo en el lugar en donde actualmente se encuentran internos, además, que la finalidad de la promoción del presente juicio de amparo es precisamente que a los quejosos se les proporcione la atención médica que quien promueve a su favor refiere que necesitan, así como una vestimenta en buen estado, lo que invariablemente debe acontecer en ese centro de readaptación social. Sobre esa base, debe indicarse que los actos reclamados consistentes en la falta u omisión de proporcionarles atención médica, artículos de higiene personal y vestimenta son de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud y dignidad humana de los directos quejosos, asimismo, tienen esos efectos los diversos actos reclamados consistentes en la comunicación o malos tratos de los que, se alega, se encuentran sujetos esos reos, aquí quejosos, por tanto, resulta evidente que esos actos se llevan a cabo en el lugar en donde actualmente se encuentran internos. Además, que la finalidad de la promoción del presente juicio de amparo es precisamente que a los quejosos se les proporcione la atención médica que se refiere necesitan, así como artículos de higiene personal y vestimenta en buen estado, lo que invariablemente debe acontecer en ese centro de readaptación social. Por tanto, es incuestionable que dichos actos reclamados tienen su ejecución en Villa Aldama, Veracruz, por ser el lugar donde se encuentra la prisión federal en que se hayan internos los aquí quejosos, y no así en dentro de territorio en el que este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción; de tal suerte que corresponde conocer de la demanda de amparo que nos ocupa al Juez Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que por razón de turno corresponda, que es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutan los actos reclamados. En virtud de lo expuesto, este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, por lo tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y una vez que se encuentre debidamente notificada del presente proveído la parte promovente, remítase los autos originales junto con los traslados correspondientes al Juez Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en turno, toda vez que en su jurisdicción se ubica el domicilio del Centro de Ejecución, en que está interno el peticionario de amparo. Por tanto, remítase el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; a quien se le solicita que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por último, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por formulada por Alma Orellana Torres, en favor de Próspero Antonio Orellana Orellana, Roberto Plancarti Rodríguez, Rafael García González y Juan Gabriel Reyes Alvizo, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, en Villa Aldama, Veracruz; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 821/2017-VII-A. SUSPENSIÓN DE PLANO Considerando la naturaleza y estrecha relación que guardan los actos reclamados, con fundamento en el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 22, de la Constitución General de la República, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que las autoridades responsables brinden la atención médica que requiera a los directos quejosos Próspero Antonio Orellana Orellana, Roberto Plancarti Rodríguez, Rafael García González y Juan Gabriel Reyes Alvizo, acorde a los padecimientos que diagnostique el personal calificado con que cuenta el área respectiva del centro donde se encuentra interno y conforme a ello, de ser necesario, se realicen las gestiones para la práctica de los estudios clínicos indispensables. Efecto que implica que las autoridades responsable no solamente brinden la atención médica adecuada del diagnóstico de los padecimientos, sino en caso de requerir un estudio especializado se le practique, asimismo, brindar los artículos de higiene adecuados y suministrando al quejoso el medicamento necesario para velar por su salud física hasta su total recuperación, en tanto su diagnóstico lo permita y cualquier otra medida de carácter urgente que se estime necesaria para lograr tal propósito. En el entendido que no cesa la obligación con el hecho de haber sido atendido el quejoso por una sola vez, después de la presentación de la demanda de amparo; ello encuentra sustento en los artículos 22 al 26, y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptados por las Naciones Unidas. Ordenamientos internacionales que imponen la obligación a las autoridades penitenciarias de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, quienes deben velar por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico, cada vez que sea necesario, derecho humano que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo cuarto. Del mismo modo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad responsable proporcione a los directos quejosos la vestimenta correspondiente a uniforme completo y zapatos en buen estado, y artículos de higiene personal, se precisa que las autoridades responsables únicamente se encontraran exentas de cumplir con esta medida cautelar cuando acrediten fehacientemente que los directos quejosos a la presentación de esta demanda de garantías sí contaban con la vestimenta correspondiente y uniforme completo y zapatos en buen estado. Por otra parte, dada la naturaleza del diverso acto reclamado, consistente en actos de incomunicación y segregación ilegal que la promovente refiere, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que no se ejecuten en perjuicio de los directos quejosos algún acto de incomunicación y/o actos que puedan poner en peligro la vida y/o su integridad física, tales como tortura, golpes, marcas, y demás prohibidos por el artículo 22, constitucional. En el concepto de que esta medida deberá ser observada y respetada por las autoridades señaladas como responsables e inclusive por sus auxiliares, y queda a cargo del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, en Villa Aldama, Veracruz, lugar en el que pueden encontrarse recluidos los quejosos, a quien se ordena notificarle vía fax, significándole que deberá comunicar a este Juzgado, dentro del término de veinticuatro horas legalmente computado, el debido cumplimiento de esta medida suspensional. Lo anterior con el apercibimiento que de no rendir tal informe, se dará vista al Representante Social Federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que de llegarse a consumar, de inmediato será consignado para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. De igual forma, hágase saber a la autoridad responsable que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 209, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos legales a que haya lugar. VÍA EXHORTO Asimismo, considerando que en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados del escrito de demanda, se advierte que los agraviados Próspero Antonio Orellana Orellana, Roberto Plancarti Rodríguez, Rafael García González y Juan Gabriel Reyes Alvizo, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, en Villa Aldama, Veracruz, y considerando el ámbito jurisdiccional en donde este órgano tiene facultad; con fundamento en los artículos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase atento exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en Villa Aldama, Veracruz, que por razón de turno corresponda, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario de su adscripción a fin de que certifique si los directos quejosos se encuentran incomunicados, sujetos a tortura, infamia, azotes o tormento, y las condiciones en las que se encuentran, esto es, si presentan algún tipo de lesión física, debiendo hacer del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentren los términos en que fue concedida la suspensión de plano y levantar constancia de lo anterior. Asimismo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos al Juzgado exhortado para que se apersonen en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, en Villa Aldama, Veracruz, y requieran a los directamente quejosos, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, legalmente computado, manifiesten si ratifican o no la demanda de garantías formulada a su nombre por Alma Orellana Torres, apercibidos que en caso de no ratificarla en el plazo que se le concede, se procederá en los términos que previene el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias dictadas en su favor en el presente asunto. Desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción para que haga cumplir la suspensión de plano otorgada y decretada, consistente en la incomunicación de la que pueden ser objeto los aquí quejosos, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que afecten o pudieran afectar su integridad personal. Para evitar dilaciones innecesarias en la substanciación del presente juicio, se solicita al Juez de mérito, habiliten al actuario de su adscripción, para que de ser necesario, realice la notificación en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir todo tipo de notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado expresamente en su demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías...

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