(Promovente) Óscar Alejandro Ríos Hernández

Expediente 996/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
996/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • (Promovente) Óscar Alejandro Ríos Hernández
  • Wu Dewang

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en el que transcribe el proveído de veinticuatro de agosto dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio de amparo 1695/2023, del cual en lo que interesa, se desprende que el Titular de ese órgano jurisdiccional determinó no insistir en declinar competencia; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. En términos del artículo 19, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 19, segundo párrafo y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, del que se advierte, que en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, el titular de dicho órgano jurisdiccional, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo ******************** de su índice promovido por ********************a favor de los directamente agraviados ********************, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese con el número 996/2023-G. No se acepta competencia. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a analizar si acepta o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo anteriormente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Sin embargo, tanto el oficio 18374/2023 y constancias que se anexaron al referido comunicado, carecen de validez, ya que no contiene firma física o electrónica tanto del juez de distrito como del secretario de juzgado que debió intervenir. Formalidad que resulta forzoso examinar de oficio, puesto que la omisión de signar debidamente dichas determinaciones trae consigo su invalidez, ya que de lo contrario se estarían convalidando los vicios de referencia, obligando a las partes a acatar una decisión que no cumple con las formalidades exigidas por la Ley de Amparo y la ley supletoria. En principio conviene destacar el contenido de lo dispuesto en los artículos 60, 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 60. Todo tribunal actuará con secretario o testigos de asistencia." "Artículo 61. En todo acto de que deba dejarse constancia en autos, intervendrá el secretario, y lo autorizará con su firma; hecha excepción de los encomendados a otros funcionarios." "Artículo 219. En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el juez, magistrados o ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario." Los preceptos transcritos disponen que las resoluciones judiciales deben estar firmadas por el juez que las pronuncie y por el secretario que las autoriza o en su caso, por los testigos de asistencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la firma constituye un elemento esencial de validez de las actuaciones judiciales, cuyo objetivo es identificar al funcionario que las practica, a fin de que se pueda corroborar que es el legalmente facultado para tal efecto. Así lo informa la jurisprudencia P./J. 7/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS. La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera ser que a través de otros medios esta información sea determinable para las partes, para los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser denunciar cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido los autores de la actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto." El uso de la firma electrónica se encuentra regulado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, que la reconoce como un medio que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, la cual sirve para ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales y para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, su uso no se limita únicamente a esos supuestos, pues dicho precepto legal también reconoce libertad configurativa a favor del Consejo de la Judicatura Federal para que emita los acuerdos generales que contengan las reglas que determinen su correcto uso y funcionamiento, siendo relevante destacar los siguientes: Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que en su transitorio Tercero, derogó el Título Cuarto, De los Servicios Electrónicos del CJF del "Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación tecnológica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal". El Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Al resolver la contradicción de tesis 29/2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó de manera conjunta los mencionados acuerdos generales y arribó a la convicción que la firma electrónica puede ser utilizada tanto por particulares como por servidores públicos, quienes pueden emplearla para signar acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales. Señaló que en términos de los acuerdos generales mencionados, los documentos signados con firma electrónica deben contener en la parte final una evidencia criptográfica que muestre el nombre del titular de la firma, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y si se encuentra vigente. Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la firma electrónica de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación es fiable y segura, por lo que es válido sostener que equivale a la firma autógrafa, debido a que ambas asocian la identidad del funcionario firmante permitiendo identificar su autoría. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 5/2021 (11a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS DE DICHO PODER PUEDEN UTILIZARLA EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA DENTRO DE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES QUE EMITAN. Hechos: Al resolver recursos de revisión interpuestos contra sentencias de amparo indirecto que fueron firmadas electrónicamente por el Juez de Distrito y por el secretario, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes discreparon en cuanto a si dicha firma sustituye o no a la autógrafa y, en consecuencia, si la falta de esta última amerita la reposición del procedimiento. Criterio jurídico: Los servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación pueden utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) en sustitución de la autógrafa dentro de las actuaciones y resoluciones judiciales que emitan. Justificación: De conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica tiene los mismos efectos que la firma autógrafa y debe ser utilizada por las partes para el envío de promociones y documentos, así como para ingresar y hacer uso del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, su uso no se agota en esos supuestos, pues el legislador determinó que sus bases y correcto funcionamiento fueran definidos mediante acuerdos generales. En uso de esa libertad configurativa, los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2015 establecieron la firma electrónica para los servidores públicos, otorgándole el mismo alcance que a la firma autógrafa, indicando que los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico y estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda; también se estableció que los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por los servidores públicos de los órganos del Poder Judicial de la Federación mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica tendrían el mismo valor que los impresos, y que la obligación de hacer coincidir íntegramente el expediente electrónico con el impreso, va en función del contenido y no de los signos físicos. Lo anterior, sin duda, permite que los servidores públicos utilicen la firma electrónica como alternativa a la autógrafa, al ser un signo electrónico fiable y seguro, que vincula al autor con el documento. Si a lo anterior se adiciona que uno de los motivos por los que se introdujo a la nueva Ley de Amparo la posibilidad de tramitar electrónicamente juicios de amparo fue proveer a los órganos jurisdiccionales con un mecanismo para simplificar las actuaciones procesales y generar procesos constitucionales más ágiles - sobre todo en aquellas situaciones extraordinarias derivadas de la presentación masiva de demandas de amparo-, es posible que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación utilicen la FIREL dentro de las actuaciones y resoluciones judiciales que emitan." En ese precedente también se precisó que la evidencia criptográfica que deriva del uso de la firma electrónica debe ser generada en función de cada acto jurídico, pues su uso, al igual que el de la firma autógrafa, plasma la voluntad respecto de una actuación específica, por lo que no puede utilizarse de manera genérica. Por tanto, es importante que cada documento que se firme electrónicamente genere su representación gráfica de manera independiente, la cual no puede ser utilizada para validar un documento distinto, ya que de lo contrario se le daría un alcance a la voluntad del autor que no corresponde derivado de su función identificadora. Estas consideraciones informan la ejecutoria de la contradicción de tesis 29/2018, en donde el Pleno de la Suprema Corte expresó: "2.1 La evidencia criptográfica debe ser generada para cada documento electrónico 119. Es importante establecer que la evidencia criptográfica se genera en función de cada acto jurídico, pues el uso de la firma electrónica -al igual que la autógrafa- plasma la voluntad en función de una actuación específica, lo que impide utilizarla de manera genérica. 120. De esta forma, tanto la firma autógrafa como la electrónica se erigen como signos o carácter de autoría de alguien que, al estar contenido en documento o acto, se entienden vinculados con sus efectos jurídicos inherentes; esto es, va en función de un acto o resolución determinado. [.] 122. Por lo anterior, cada documento que se firme electrónicamente debe generar una representación gráfica independiente y no puede ser utilizada para validar otro documento, ni tampoco su reproducción puede ser considerada como una actuación distinta. 123. Para ejemplificar lo anterior, basta comparar con algún documento en donde obre firma autógrafa, pues su validez se genera con el signo de su autor; de esta manera, si se quiere reproducir su contenido para generar otro documento, es necesario plasmar nuevamente la voluntad a través de la firma, ya que de llegar a reproducirse, no sería un acto diferente, sino un duplicado del original. 124. De manera que, considerar lo contrario, esto es, que la firma electrónica pueda ser válida para la autenticidad de otro documento, implicaría darle un alcance a la voluntad del autor más allá de éste, dada su función identificadora. [.] 130. Así, ante la falta de la evidencia criptográfica del documento electrónico en el acto jurídico específico, en este caso una sentencia, por haberse utilizado la representación gráfica cuyo origen se encuentra en otra actuación, se genera su invalidez; esto, al no cumplir el requisito formal a que hacen referencia los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo." Caso concreto Ahora bien, de la revisión del oficio y anexos, se aprecia que en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, del que se desprende la trascripción del acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, carece de la firma electrónica del secretario del juzgado declinante. Así es, en el expediente electrónico obra el documento que contiene inserto el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, después la papeleta de turno de una demanda de amparo promovida por ******************** en favor de ******************** y otros, la cual se indica fue presentada a través de la vía electrónica, un escrito inicial de demanda formulada por ******************** en favor de ******************** y ******************** finalmente aparecen una evidencia criptográfica, una corresponde a la firma electrónica utilizada por la persona de nombre ********************. Con lo anterior se demuestra que, el oficio en que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, pretendió declinar la competencia, carece de firma electrónica de la persona secretaria de ese órgano que debió intervenir, pues a pesar de que se trata de un acto judicial autónomo, no cuenta con su propia evidencia criptográfica que acredite que su autor plasmó su voluntad mediante el uso de dicha firma. Si lo que pretendió la persona secretaria del juzgado de distrito fue validar dicho acto jurídico sin plasmar su firma electrónica, debe decirse que eso no es válido, pues como lo sostuvo el Alto Tribunal, que cada actuación judicial se firme de manera independiente y genere su propia representación gráfica. Corrobora lo anterior la jurisprudencia P./J. 7/2021 (11a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). TODO DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE SE FIRME A TRAVÉS DE ELLA, DEBE GENERAR UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PROPIA, A FIN DE VINCULAR SU AUTORÍA Y PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver recursos de revisión en amparo indirecto discreparon en cuanto a si la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) sustituye o no a la autógrafa; asimismo, al resolverse la contradicción de tesis, se advirtió que en una de las sentencias materia de los recursos de revisión que dieron lugar a los criterios discrepantes, se reprodujo la representación gráfica de una firma electrónica generada en un cuaderno varios. Criterio jurídico: A pesar de que el uso de la firma electrónica como sustituto de la firma autógrafa es válido, resulta necesario que su representación gráfica se genere en cada documento electrónico que se incorpore, a fin de vincular su autoría y que pueda generar efectos jurídicos. De manera que dicha constancia no podrá ser utilizada para validar más de un documento, ni ese documento puede ser utilizado como una nueva actuación, pues de llegar a reproducirse, no crearía un acto diferente, sino un duplicado del original. Justificación: Cada documento que se firme electrónicamente debe generar una representación gráfica independiente y no puede ser utilizada para validar otro documento, ni tampoco su reproducción puede ser considerada como una actuación distinta, pues implicaría darle un alcance a la voluntad del autor más allá de éste, dada su función identificadora. Para ejemplificar lo anterior, basta comparar con algún documento en donde obre una firma autógrafa, pues su validez se genera con el signo de su autor, de manera que si se quiere reproducir su contenido para generar otro documento, es necesario plasmar nuevamente la voluntad a través de la firma. Por el contrario, de llegar a reproducirse, no sería un acto diferente, sino un duplicado del original. En estos casos, ante la falta de la evidencia criptográfica del documento electrónico en el acto jurídico específico, una sentencia, por haberse utilizado la representación gráfica cuyo origen se encuentra en otra actuación, se genera su invalidez al no cumplir el requisito formal a que hacen referencia los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo." De esta forma, si no obra de manera inmediata la evidencia criptográfica del funcionario judicial que suscribió el oficio de cuenta, puede concluirse válidamente que dicho comunicado carece del requisito de validez necesario para atribuir su emisión a la persona secretaria que lo expidió, de modo que se actualiza el motivo de invalidez a que se refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el pluricitado comunicado no tiene al final la evidencia criptográfica que demuestre que fue firmada electrónicamente por su autor, siendo que la persona secretaria pretendió otorgarle validez utilizando la firma autógrafa, lo que corrobora que no se cumplió con el requisito formal previsto en los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este Tribunal Colegiado comparte, en la tesis I.11o.C.66 K (10a.), de rubro y texto: "FIRMA ELECTRÓNICA DEL TITULAR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y DE LA SECRETARIA O SECRETARIO DE ACUERDOS. SON NULAS LAS RESOLUCIONES DE AMPARO QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO CUANDO CARECEN DE ÉSTA, AL TRATARSE DE UN REQUISITO ESENCIAL DE VALIDEZ Y, POR ELLO, PROCEDE REVOCARLAS Y ORDENAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. Hechos: El Juez de Distrito se pronunció sobre la suspensión definitiva. No obstante, la resolución relativa que obra en el expediente electrónico carece de las firmas electrónicas del titular de ese órgano jurisdiccional y de la secretaria o secretario de Acuerdos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que son nulas las resoluciones de amparo que obran en el expediente electrónico cuando carecen de las firmas electrónicas del titular del órgano jurisdiccional y de la secretaria o secretario de Acuerdos, al tratarse de un requisito esencial de validez y, por ello, procede revocarlas y ordenar reponer el procedimiento. Justificación: Lo anterior, porque si al resolver alguno de los recursos previstos en la Ley de Amparo, el tribunal revisor advierte del expediente electrónico que se encuentra visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que la resolución recurrida carece de las evidencias criptográficas que hagan constar que fue firmada electrónicamente por el titular y por la secretaria o secretario de Acuerdos del órgano jurisdiccional recurrido, ello produce su nulidad. En efecto, en términos de los artículos 60, 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para la validez de las resoluciones judiciales, éstas deberán estar firmadas por el titular del juzgado o tribunal y autorizadas bajo la fe del secretario o secretaria adscritos a dicho órgano jurisdiccional, por lo que dichos preceptos son aplicables para los expedientes electrónicos en que las actuaciones deben contener firma electrónica mediante la evidencia criptográfica, pues son un reflejo de los procedimientos impresos, en términos del artículo 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; y del considerando décimo primero, artículos 5 y 12 y transitorio sexto, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los citados órganos, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En ese orden, si la resolución carece de las firmas del titular y del secretario o secretaria de Acuerdos del órgano jurisdiccional que la emitió, entonces, carece de un requisito esencial, lo que produce su nulidad y, por ello, procede revocar la resolución recurrida y ordenar reponer el procedimiento a efecto de que, en su caso, se celebre nuevamente la audiencia y se dicte la resolución que corresponda, la cual deberá ser firmada electrónicamente por ambos servidores públicos". Por tanto, si el oficio en que se planteó la incompetencia, no contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica, que valide la firma de la persona secretaria, con la finalidad de vincular su autoría, entonces no puede generar ningún efecto jurídico, lo que equivale a la nada jurídica, es decir, que no existe la determinación de declaratoria de incompetencia. Es aplicable, en cuanto a su razonamiento jurídico la jurisprudencia 1a./J. 12/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN UNA CAUSA PENAL. LA FALTA DE FIRMA DEL JUEZ EN ELLA, CONDUCE A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE SUBSANE TAL OMISIÓN, PUES ÉSTA IMPIDE CUALQUIER EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMITIDA EN APELACIÓN (LEGISLACIONES APLICABLES DE LOS ESTADOS DE GUERRERO Y MICHOACÁN). La falta de firma del juez en una sentencia de primer grado en un asunto penal, cuando se considere que la firma es un requisito esencial, como así lo establecen los Códigos Procesales Penales y demás leyes aplicables de los Estados de Guerrero y Michoacán, no constituye una violación procesal de las previstas en el artículo 160, fracción IV de la Ley de Amparo, sino que se traduce en el desacato a una formalidad del procedimiento que impide pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución dictada en la apelación que la sustituyó, por ser un requisito que condiciona la validez de dicha sentencia, lo cual debe examinarse por el tribunal de amparo previamente a las cuestiones de fondo, acorde con el artículo 77, fracción I, del indicado ordenamiento, que exige la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Así, aun cuando el tribunal de apelación no se hubiera percatado de la mencionada deficiencia e independientemente de que no fuera motivo de agravio, si el tribunal de amparo la advierte al cerciorarse de la existencia del acto reclamado, debe considerarla a pesar de que no exista concepto de violación sobre este tópico y conceder el amparo, para el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva resolución en la que deje sin efectos la que constituyó el acto reclamado y ordene la reposición del procedimiento, para que el juez de primera instancia emita la sentencia conforme a derecho proceda; pues la omisión de la firma en la sentencia de primera instancia impide cualquier examen de la constitucionalidad de la emitida en apelación, que en lugar de haber examinado los agravios, debió ordenar la reposición del procedimiento para reparar esa deficiencia; de otra manera, la sentencia de primer grado carece de validez y no puede sustentar lo decidido por el Tribunal Superior que conoció de la apelación." Asimismo resulta aplicable al caso la tesis 1a. XV/2000 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA FALTA DE FIRMA DEL AUTO ADMISORIO POR PARTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO QUE CONOCE DE ELLA O DEL SECRETARIO QUE LO AUTORIZA, DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o., todas las resoluciones judiciales deben estar suscritas por el Juez, Magistrado o Ministro que las pronuncie, según corresponda, entendiéndose por resoluciones judiciales: Los decretos, autos o sentencias que se emitan en el juicio. En estas condiciones, es claro que conforme a estos preceptos y dada la trascendencia jurídica que reviste el auto admisorio, para su validez se deben satisfacer, entre otros requisitos, que el mismo se encuentre firmado tanto por el titular del órgano jurisdiccional que lo emite, como por el secretario que lo autoriza; por lo que, si dicho auto carece de las referidas firmas, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tratarse de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo." De ahí que en el caso se sostiene que el oficio en el cual se comunica el acuerdo en que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, declinó la competencia carece de firma, ya que no cuenta con la evidencia criptográfica de la firma electrónica correspondiente a la persona secretaria que intervino en ese acto. Las razones antes apuntas también sirven para explicar por qué tampoco se ignora el mandato de optimización contenido en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que dispone que cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, la autoridad deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Lo anterior, ya que en el caso, se rechaza la competencia declinada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, por ser nula de pleno derecho al carecer de un requisito esencial de validez, previsto en los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tal afirmación se sustenta en las consideraciones de la contradicción de tesis 26/2008, de la Primera Sala del máximo tribunal del país y que dio origen a la jurisprudencia. 1a./J. 12/2010, transcrita en párrafos que anteceden, en la que se sostuvo que: ( Se requiere la firma del titular del órgano jurisdiccional que emitió la sentencia, como signo inequívoco no sólo de que estuvo presente en esa actuación, sino de su expresión de voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, máxime que la firma es el medio idóneo para atribuir al suscriptor de un documento su autenticidad. ( La falta de firma de una sentencia se traduce en el desacato de una formalidad del procedimiento que impide hacer pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución impugnada. De ahí que se corrobore que tal omisión no amerita ser enmendada, al no ser posible vincular la decisión judicial que contiene con su autor y genere efectos jurídicos, debido a que la falta de firma produce su invalidez, por ende, la imposibilidad para analizarla. Esto es así, porque el certificado digital que emiten las Unidades Administrativas de los órganos del Poder Judicial de la Federación asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con la firma electrónica, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Apoya lo anterior las jurisprudencias P./J. 6/2021 (11a.) y P./J. 7/2021 (11a.), sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros electrónicos 2023942 y 2023944. En las relatadas condiciones, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa y se ordena devolver. Notifíquese.

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