Promotora IBC, S.A. y Otros.
Expediente 181/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/04/2016
Partes del expediente
- Promotora IBC, S.A. y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Baja California, con el cual informa que aceptó la competencia declinada por razón de jurisdicción territorial; avocándose al conocimiento de la demanda de amparo promovida por TOMAS ENRIQUE MORENO LÓPEZ, en su carácter de apoderado legal de la moral Promotora IBC, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable. En tal virtud, archívese este cuaderno como totalmente concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; en términos del considerando vigésimo, fracción I, del Acuerdo Complementario del Comité del Centro de Documentación y Análisis al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es susceptible de destrucción; asimismo, se hace constar que el presente juicio de amparo no es de relevancia documental, de acuerdo al Capítulo Quinto, Disposición Vigésima Primera, último párrafo del referido acuerdo; y que no existen documentos originales exhibidos por las partes; ello conforme al Capítulo Primero, Disposición Segunda, fracción XVIII, del Acuerdo en cita.
- Principal
Vista la demanda de amparo que presenta el licenciado TOMAS ENRIQUE MORENO LÓPEZ, en su carácter de apoderado legal de la moral Promotora IBC, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 74,542, volumen 1,012, expedida ante la fe del licenciado José Román Leyva Castro, Notario adscrito a la Notaría Pública número Cinco de Tijuana, Baja California, actuando en protocolo de su Titular el licenciado José Román Leyva Mortera, contra actos de la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia en esta ciudad, JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA y REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; por lo tanto, fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 181/2016. Ahora, es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. Apoya lo anterior la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cincuenta y seis, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Materia Penal, Octava Época, cuyo contenido y rubro es el siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda y sus anexos, esta autoridad concluye que carece de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de jurisdicción territorial. A fin de sustentar esa determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal, prevé tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, que son las siguientes: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de tales hipótesis, se obtiene que la competencia territorial de los jueces de distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1265 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Quinta Época, Materia común, cuyo rubro y texto literalmente se señalan: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con la fracción IX del artículo 107 constitucional, es competente para conocer del amparo, el Juez de Distrito de la jurisdicción donde actúa la autoridad que ejecuta el acto que se reclama, sin que deba tomarse en cuenta el lugar de la ubicación de la cosa sobre la cual deba recaer la acción de la autoridad ejecutora, porque el acto declarativo que da lugar a la ejecución, es distinto de las consecuencias mediatas que puedan producirse". Ahora, conviene establecer que la parte quejosa señala como acto de reclamo lo siguiente: En tal virtud, y toda vez que dicho acto consistente en la resolución dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el once de los corrientes dentro de la Toca Civil 2231/2015, relativa a los recursos de apelación interpuestos por la parte quejosa en contra de la sentencia interlocutoria de veintiséis de junio de dos mil quince, así como del auto de fecha nueve de julio del mismo año, ambos dictados dentro del expediente 0122/2016, por la diversa autoridad señalada como responsable Juez Sexto de Primera instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en donde se ordena la cancelación de la hipoteca trabada sobre los lotes 17, 18 y 19 de la colonia Hipódromo de la ciudad de Tijuana, Baja California, y construcciones existentes para ser constituida la hipoteca expresa únicamente sobre tres locales comerciales y tres unidades habitacionales; asimismo, el cumplimiento de la orden de cancelación de la referida hipoteca inscrita bajo partida 5414940, así como de la inscripción de la demanda del juicio natural registrada bajo la partida 5862017, de fecha veintidós de enero de dos mil trece ante la autoridad señalada como responsable Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Tijuana, Baja California. Por tanto, toda vez que el acto combatido pretende ser ejecutado fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, pues de la lectura integral de la demanda, se advierte que la hipoteca gravada sobre los bienes inmuebles de que se trata, se encuentra registrada ante el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que, la cancelación que aquí reclama respecto de la misma, tendrá verificativo en dicha ciudad; es decir, la ejecución de la orden de cancelación de la citada hipoteca deberá llevarse a cabo ante ese Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Tijuana; así las cosas, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En este orden de ideas, se colige que en el caso a estudio cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se deba ejecutar el acto reclamado; lo cual, en su caso, es el Juez de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana, Baja California, pues es quien asume jurisdicción de esa ciudad, lugar donde, se insiste, se ejecutará el acto reclamado. Se cita por ser aplicable, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 192/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 606 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, de la Novena Época, Registro: 168187, que, a la letra, dice (énfasis añadido): "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En las relatadas condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por TOMAS ENRIQUE MORENO LÓPEZ, en su carácter de apoderado legal de la moral Promotora IBC, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable contra actos de la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia en esta ciudad, JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, como ordenadoras y REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, como ejecutora. En atención a la tesis 1°.11/92 sustenta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, que, a la letra, dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Con fundamento en los artículos 37, y con apoyo en el artículo 48, ambos de la Ley de Amparo vigente; y, Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, éste Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, se declara carente de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, declinándose la competencia para conocer del asunto en favor de un Juzgado de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en Tijuana, Baja California. En consecuencia, se declina la competencia legal a favor del Juez de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana, Baja California, conforme al artículo 37, fracción I, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítase los autos originales del presente juicio al Juez de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Tijuana, Baja California, previo cuaderno de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes.
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