Procurador General de la República

Expediente 583/2015 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
583/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
11/04/2016

Partes del expediente

  • Procurador General de la República

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a once de abril de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio de cuenta, del que se advierte que el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, devuelve los autos originales del juicio de amparo 583/2015 y sus acumulados 649/2015, 650/2015 y 651/2015, en un tomo, ocho anexos, y testimonio de la resolución dictada en el Toca R.P. 342/2015, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; agréguense las constancias respectivas del cuaderno de antecedentes; acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: . ".RESUELVE: PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 583/2015, y sus acumulados 649/2015, 650/2015, y 651/2015, por inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables que quedaron precisadas en el considerando tercero de la resolución impugnada; así como se sobreseen los juicios de amparo 583/2015 y sus acumulados 649/2015, y 651/2015, en que se actúa respecto de las empresas quejosas INMOBILIARIA Pejorza S.A. de C.V., Corporación de Plásticos Industriales del Norte, S.A. de C.V. y Distribuidora Industrial Zaragoza, S.A. de C.V., por las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege Unión de Pasteurizadores de Juárez S.A. de C.V. contra el acuerdo de aseguramiento de veinticinco de mayo de dos mil quince, reclamado al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XI, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, y su ejecución atribuida al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, al Director General de Control de Averiguaciones Previas, al Delegado en al Ciudad de México y al Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando séptimo del fallo impugnado." ... Ahora bien, la protección constitucional se concedió bajo los siguientes lineamientos: "Lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XI, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, deje insubsistente el acuerdo de aseguramiento de veinticinco de mayo de dos mil quince -únicamente por cuanto a la empresa aquí quejosa-, y con plenitud de jurisdicción dicte otro que podrá ser en el mismo o diverso sentido que el anterior, en el que luego de analizar los elementos de prueba que obran en la indagatoria, exponga razonadamente cuál es la vinculación existente entre la referida persona y las actividades delictivas que se investigan, que justifiquen el aseguramiento de sus cuentas bancarias. Exigencia anterior que parte de la base que el aseguramiento de cuentas implica la privación del derecho de disponer de los fondos correspondientes, y ello, per se, de ninguna manera se repara con alguna actuación posterior, en tanto que no puede ser restituido del tiempo en que dura el aseguramiento ni el perjuicio resentido al no poder utilizarlos en su beneficio u objeto social, ante un aseguramiento con los vicios que aquí se evidencian como lo es, la falta de vinculación con las actividades ilícitas que se investigan y la referida persona. En efecto, si bien es cierto la inmovilización de cuentas bancarias, constituye una medida de interés público y pueden ser ejecutadas por el Ministerio Público de acuerdo a las facultades otorgadas por las leyes que regulan su función; también es cierto que, era necesario que la responsable estableciera la finalidad de dichas medidas cautelares, pues debe recordarse que el propósito del aseguramiento de cuentas que pueden ser objetos, productos o instrumentos del delito, es con la finalidad de acreditar que dichos recursos provienen de procedencia ilícita, así como evitar que los objetos o bienes muebles se alteren, destruyan o desaparezcan; sin embargo, esa actividad del órgano ministerial no puede ser arbitraria, ni llegar al extremo de asegurar cuentas bancarias con el propósito de investigar, cuando ese acto de investigación como función constitucional encomendada a la representación social, debe ser previo al acto de molestia que incida sobre la esfera de derechos del gobernado. De tal suerte que como se ha sostenido en el desarrollo de esta sentencia, correspondía a la autoridad responsable, acreditar razonadamente cuál es la vinculación existente entre la referida persona y las actividades delictivas que se investigan, que justifiquen el aseguramiento de sus cuentas bancarias, acreditamiento que deberá estar soportado con los elementos de prueba que evidencien la falta vinculación con las actividades ilícitas que se investigan y las referidas personas. Protección constitucional que se hace extensiva a los actos de ejecución y cumplimiento que en el considerado segundo de esta sentencia quedaron identificados con los numerales 2, 3, 4 y 5, que se hicieron consistir en: el visto bueno y/o autorización del acuerdo de aseguramiento de veinticinco de mayo de dos mil quince; los oficios de veintiocho de mayo de dos mil quince, identificados con el número de requerimiento DDF/3892/2015-I, dirigidos al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la ejecución que se dio al acuerdo de aseguramiento de veinticinco de mayo de dos mil quince supracitado y la ejecución que se dio a los oficios de veintiocho de mayo de dos mil quince, identificados con el número de requerimiento DDF/3892/2015-I, al ser una consecuencia directa e inmediata del acuerdo de aseguramiento supracitado, atribuidos al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, al Director General de Control de Averiguaciones Previas, al Delegado en el Distrito Federal y al Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes deberán dar cumplimiento a lo que resuelva el agente del Ministerio Público de la Federación responsable." Por tanto, con apoyo en el precepto 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa XI, de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, al Director General de Control de Averiguaciones Previas, al Delegado en el Distrito Federal y al Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que se encuentre debidamente notificado, cumpla con la ejecutoria de amparo. Apercibidos que de no dar cumplimiento a lo que se le requirió, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor al día siguiente de su publicación; monto acorde a lo dispuesto por el artículo 258 del ordenamiento anteriormente mencionado en cita; de igual manera se le apercibe que de no acatar el fallo ejecutoriado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su respectiva consignación. Asimismo, hágase saber a dicha autoridad que el incumplimiento a una sentencia de amparo de manera dolosa, puede llegar a ser sancionado en términos del artículo 267 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 583/2015, y sus acumulados 649/2015, 650/2015 y 651/2015, por inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables que quedaron precisadas en el considerando segundo de esta sentencia; así como se sobreseen los juicios de amparo 583/2015, y sus acumulados 649/2015 y 651/2015,en que se actúa respecto de las empresas quejosas, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la empresa citada en la resoluci´´on de esta data, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta determinación. TERCERO. Se tienen protegidos los datos personales de la parte quejosa de acuerdo a lo determinado en el considerando octavo de este pronunciamiento.

  3. Principal

    se difiere la celebración de la audiencia constitucional y se reserva señalar fecha y hora para que tenga verificativo la misma, hasta en tanto se encuentre debidamente integrado el presente sumario.

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