Procurador General de la República

Expediente 262/2016 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 4 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
262/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
04/04/2016

Partes del expediente

  • Procurador General de la República

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de abril de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por *******************, por propio derecho, contra actos del Procurador General de la República y otras autoridades. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 262/2016-III. Desechamiento Vista la demanda de amparo promovida por ******************, por propio derecho, contra acto del Procurador General de la República y otras autoridades, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de mérito, debe precisarse que se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de garantías, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. En virtud de lo anterior, se desecha la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en: La omisión o abstención de citar a comparecer al quejoso de mérito dentro de la averiguación previa en la que aparece relacionado, y en consecuencia la omisión de informar al quejoso los hechos que se le imputan. Al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia (artículos 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo). Lo anterior es así, porque el acto que en esta vía reclama el quejoso, no es un acto que constituya un acto de imposible reparación, en virtud de que los efectos de la integración de la indagatoria, pueden ser susceptibles de contraerse o anularse. De esta manera los actos no trascienden de modo irreparable en la esfera jurídica del gobernado, pues no le ocasionan un perjuicio, lo cual podría suceder hasta en tanto, el órgano jurisdiccional a quien le corresponda conocer de esa averiguación previa determine si es procedente girar o no una orden de aprehensión por los hechos que se investigan. Tales consideraciones encuentran sustento en las jurisprudencia 1ª./J.154/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del Tomo XXIII, Mayo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Lo anterior, es así porque el acto no le causa perjuicio al interés jurídico del promovente, ya que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público. Por tanto, sus actuaciones como órgano de representación social investigador, constituyen un derecho social que no conforman la esfera jurídica de los particulares, de lo que se deduce que tal función no constituye un derecho privado. Además, dicho precepto constitucional faculta al Ministerio Público para que tramite, integre y ejercite la acción penal inmediatamente que aparezca que en la averiguación previa se hubieren satisfecho los requisitos del artículo 16 de la carta magna; por ende, los actos como ente de derecho social, atribuidos constitucionalmente al Ministerio Público, persecutor de delitos, que incluyen la integración de la averiguación previa con todas sus actuaciones, incluso cuando ejerce acción penal, no pueden constituir violaciones a las garantías constitucionales, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable de esos actos de naturaleza procesal a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que de existir alguna violación de los derechos adjetivos puede ser subsanado si se obtiene una resolución favorable a la de sus intereses; esto es, en todo caso, cuando el juez del proceso a quien le corresponda resolver sobre el ejercicio de la acción penal solicitado por la representación social en la consignación respectiva se pronuncie, por lo que este pronunciamiento sería lo que en última instancia afectaría la esfera jurídica del ahora quejoso. Asimismo, el Juez que deba conocer de la averiguación, para poder resolver sobre la situación jurídica que debe guardar el gobernado en relación con los hechos que se les atribuyen, debe constatar que las actuaciones realizadas por el Ministerio Público Investigador en la averiguación previa, se ajusten a la garantía de legalidad que consagra el artículo 20 de la Constitución Federal, y es en ese momento, cuando pudiera actualizarse alguna afectación a la esfera jurídica del peticionario de amparo, por considerar que no se analizaron adecuadamente los actos de ilegalidad que ahora reclama. Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 112 de la ley de la materia, respecto del acto reclamado consistente en la omisión o abstención de citar a comparecer al quejoso de mérito dentro de la averiguación previa. Autorización vía fax y correo electrónico Se autoriza a las responsables para que remitan su informe justificado vía fax al 01 (55) 51 33 81 00 extensión 1263, confirmación 1270. O bien, a la dirección de correo electrónico j11apdfm1@gmail.com con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de garantías, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Protección de Datos Personales Hágase saber a la parte quejosa el derecho para oponerse de manera libre, a que se publiquen sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa e inequívoca conlleva a que únicamente, en su caso, se supriman los datos sensibles. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, con base en el artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese y personalmente.Así, lo proveyó y firma José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante el secretario Javier Arturo Herrejón Cedeño que autoriza y da fe. Doy fe.

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