Procurador General de Justicia del Estado de Puebla

Expediente 1562/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1562/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • Procurador General de Justicia del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    Número de expediente: 1562/2015 Acuerdo: ...agréguese a los autos el oficio y anexo del Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla en representación del Titular de dicha dependencia, a través del cual informa que conminó al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, y para ello, anexa copia autógrafa del referido requerimiento. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora se da por enterada que el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla en representación del Titular de dicha dependencia, conminó como superior jerárquico del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que cumpla con el fallo de mérito. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo, al tenor de las constancias que adjunta a su comunicación oficial. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del aludido cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. ...

  2. Principal

    Número de expediente: 1562/2015 Acuerdo: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el que en vías de cumplimiento a la ejecutoria, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, remite copia certificada de la audiencia de quince de agosto de dos mil dieciséis, llevada a cabo en los autos del expediente administrativo ************, asimismo, informa que el quejoso Agustín Salas Marín, no compareció a dicha diligencia, por no estar debidamente notificado, y como consecuencia, señaló las once horas del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, para la continuación de dicha audiencia. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el término de veinticuatro horas siguientes a la audiencia de mérito, misma que se señaló para las once horas del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, informe sobre el resultado obtenido en dicha diligencia, así como las gestiones que se encuentra realizando para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda respecto del procedimiento administrativo entablado en contra del quejoso Agustín Salas Marín. Apercíbase que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a María Luisa Núñez Calderón persona física que actualmente ocupa el cargo de autoridad responsable Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla y David González Martínez Director del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla como autoridad vinculada, una multa ...En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Amparo, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad Fiscal General del Estado de Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa ...Conforme a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso ************, a fin de que comparezca ante la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con dirección en la calle Doce Norte número mil ochocientos ocho, barrio El Alto, Puebla, Puebla, a la audiencia señalada para las once horas del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, para el desahogo de pruebas y alegatos ofrecidos por el impetrante. Esto, toda vez que con independencia que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y por tanto este órgano jurisdiccional debe verificar que las autoridades acaten puntualmente el fallo protector, existen actos que de forma exclusiva debe realizar el quejoso para que se concreten los efectos del amparo, como en el presente caso. ...

  3. Principal

    Número de expediente: 1562/2015 Acuerdo: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo del Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla en representación de Fiscal General del Estado de Puebla, a través del cual informa que conminó a la Encargada del Despacho de la Visitaduría General y a la Encargada del Despacho de la Dirección de Responsabilidades, ambas adscritas a dicha Fiscalía, y para ello, anexa copia autógrafa del referido requerimiento. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora se da por enterada que el Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla en representación de Fiscal General del Estado de Puebla, conminó como superior jerárquico de la Encargada del Despacho de la Visitaduría General y a la Encargada del Despacho de la Dirección de Responsabilidades, ambas adscritas a dicha Fiscalía, para que cumplan con el fallo de mérito. Por otra parte, agréguese el oficio y anexo de cuenta, de la Encargada de Despacho de la Dirección de Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Puebla por el que en vías de cumplimiento a la ejecutoria, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciséis, de cuyo contenido se advierte que, el quejoso Agustín Salas Marín, no asistió a la diligencia programada para esa fecha, asimismo ordenó girar nuevamente citatorio a dicho impetrante para que comparezca ante la Dirección de Responsabilidades de dicha dependencia, a las once horas del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, para la audiencia que se celebrara para hacer de su conocimiento el inicio del procedimiento administrativo entablado en su contra, y darle a conocer cuál de los exámenes practicados fue el que no aprobó, así como los motivos y razones por los que estima que con los elementos probatorios con que cuenta es procedente inicial el procedimiento de separación en su contra. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Encargada de Despacho de la Dirección de Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el término de veinticuatro horas siguientes a la audiencia de mérito, misma que se señaló para las once horas del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, remita las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, es decir, dé a conocer nuevamente al quejoso Agustín Salas Marín el inicio del procedimiento administrativo entablado en su contra, haciéndole de su conocimiento cuál de los exámenes practicados fue el que no aprobó aquél, así como los motivos y razones por los que estima que con los elementos probatorios con que cuenta es procedente inicial el procedimiento de separación en su contra y, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a la persona física que actualmente ocupa el cargo de autoridad responsable Encargada de Despacho de la Dirección de Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una multa ... En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Amparo, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad Fiscal General del Estado de Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa que podrá ser de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la referida autoridad responsable. Conforme a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso Agustín Salas Marín, a fin de que comparezca ante la Dirección de Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con dirección en la calle Doce Norte número mil ochocientos ocho, barrio El Alto, Puebla, Puebla, a la audiencia señalada para las once horas del veintinueve de junio de dos mil dieciséis para que se le dé a conocer el inicio del procedimiento administrativo entablado en su contra, y cuál de los exámenes practicados fue el que no aprobó, así como los motivos y razones por los que estima que con los elementos probatorios con que cuenta es procedente iniciar el procedimiento de separación en su contra. Esto, toda vez que con independencia que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y por tanto este órgano jurisdiccional debe verificar que las autoridades acaten puntualmente el fallo protector, existen actos que de forma exclusiva debe realizar el quejoso para que se concreten los efectos del amparo, como en el presente caso. Apoya la anterior consideración la tesis P. XCIV/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el cinco de junio de mil novecientos noventa y siete, publicada en la página 167, Novena Época, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: ...

  4. Principal

    Número de expediente: 1562/2015 Acuerdo: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Agréguense los oficios y anexos de cuenta, del Oficial Mayor y la Encargada de Despacho de la Dirección de Responsabilidades ambos de la Fiscalía General del Estado de Puebla por los que en vías de cumplimiento a la ejecutoria, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, el primero de ellos informa que la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, ordenó efectuar los pagos al treinta por ciento del salario al aquí quejoso los cuales estarán a su disposición a partir de la primera quincena de junio de 2016. Mientras que la segunda autoridad oficiante, remite copia certificada del acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis, de cuyo contenido se advierte que, ordenó girar citatorio al quejoso Agustín Salas Marín para que comparezca ante la Dirección de Responsabilidades de dicha dependencia, a las once horas del veinte de junio de dos mil dieciséis, para la audiencia que se celebrara para hacer de su conocimiento el inicio del procedimiento administrativo entablado en su contra, y darle a conocer cuál de los exámenes practicados fue el que no aprobó, así como los motivos y razones por los que estima que con los elementos probatorios con que cuenta es procedente inicial el procedimiento de separación en su contra. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Encargada de Despacho de la Dirección de Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el término de veinticuatro horas siguientes a la audiencia de mérito, misma que se señaló para las once horas del veinte de junio de dos mil dieciséis, remita las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, es decir, dé a conocer nuevamente al quejoso Agustín Salas Marín el inicio del procedimiento administrativo entablado en su contra, haciéndole de su conocimiento cuál de los exámenes practicados fue el que no aprobó aquél, así como los motivos y razones por los que estima que con los elementos probatorios con que cuenta es procedente inicial el procedimiento de separación en su contra y, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a la persona física que actualmente ocupa el cargo de autoridad responsable Encargada de Despacho de la Dirección de Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, una multa que podrá ser de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto será equivalente al monto vigente del salario mínimo en todo el país al momento de la entrada en vigor del referido decreto, esto es, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dependiendo el caso, medida de apremio que en caso de hacerse efectiva se individualizara en la forma correspondientes. En el entendido que, en términos del artículo 193 primer párrafo de la Ley de Amparo, el citado titular requerido seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de seis de noviembre de 2014, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el contenido siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Amparo, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad Fiscal General del Estado de Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa que podrá ser de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la referida autoridad responsable. Conforme a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso Agustín Salas Marín, a fin de que comparezca ante la Dirección de Responsabilidades de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con dirección en la calle Doce Norte número mil ochocientos ocho, barrio El Alto, Puebla, Puebla, a la audiencia señalada para las once horas del veinte de junio de dos mil dieciséis para que se le dé a conocer el inicio del procedimiento administrativo entablado en su contra, y cual de los exámenes practicados fue el que no aprobó, así como los motivos y razones por los que estima que con los elementos probatorios con que cuenta es procedente iniciar el procedimiento de separación en su contra. Esto, toda vez que con independencia que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y por tanto este órgano jurisdiccional debe verificar que las autoridades acaten puntualmente el fallo protector, existen actos que de forma exclusiva debe realizar el quejoso para que se concreten los efectos del amparo, como en el presente caso. Apoya la anterior consideración la tesis P. XCIV/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el cinco de junio de mil novecientos noventa y siete, publicada en la página 167, Novena Época, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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