Procurador General de Justicia del Distrito Federal

Expediente 183/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
183/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2015

Partes del expediente

  • Procurador General de Justicia del Distrito Federal

Actuaciones

  1. Principal

    México, Distrito Federal, veintiséis de febrero de dos mil quince. Se ADMITE la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio de amparo 183/2015-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fórmese incidente de suspensión por duplicado. Dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las 9:15 HORAS DEL 23 DE MARZO DE 2015 para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a las autoridades responsables Que rindan sus informes justificados, respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. Acompañen copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Mencionen el nombre correcto y completo del quejoso, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. Informen si han ordenado o tengan en vía de ejecución algún diverso acto privativo de libertad diverso a los reclamados. Apercibimientos a las autoridades responsables En caso de incumplimiento, se harán acreedores a lo siguiente: Multa de 100 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Suspensión de oficio del acto reclamado. No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: ".Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos reclamados descritos en el referido artículo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura integral de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto, ya que de lo expuesto por la parte quejosa, y por los razonamientos descritos en párrafos anteriores, se infiere que de lo que se duele el hoy quejoso, no es de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué juzgado de distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de 30 a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Autorización vía fax y correo electrónico Se autoriza a las responsables para que remitan su informe justificado vía fax al 01 (55) 53 22 17 00 extensión 1263, confirmación 1270. O bien, a la dirección de correo electrónico j11apdfm1@gmail.com con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Asimismo, se tienen por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo (artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Inexistencia de autoridades En caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones procesales, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de garantías, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, con base en el artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese.

  2. Incidental

    México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de dos mil quince. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de garantías número 183/2015-V, promovido por **********, contra actos del PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; tramítese por duplicado el incidente de suspensión. Es importante destacar que, de conformidad con el segundo y décimo transitorio relativo a la nueva ley de amparo, el presente incidente de suspensión se tramitará y resolverá de conformidad con las disposiciones legales que regían en la anterior legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 122, 124, 130, 131, 132, 136 y 142, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado, dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, apercibidas que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto o actos reclamados y se les impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de consistente en una multa de diez días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, como lo dispone el artículo 132, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 55, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; en el entendido que de ser ciertos los actos reclamados, deberán manifestar de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que se hayan ordenado los actos que en esta vía se combaten. Detención (privación de la libertad) Presentación administrativa Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Considerando que reclaman una orden de detención, así como su ejecución, que se actualizan, en la especie, las hipótesis previstas en los artículos 130 y 136, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 124 de la propia ley, pues se solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, además de que, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con su ejecución se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, se concede a **********, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal, con motivo de la orden de detención y su ejecución; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias de ******************** y persecución de delitos, lo que es de orden público y, por tanto, insuspendible. Lo anterior, se apoya en la tesis número I.7o.P.39 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1231, Tomo XVIII, correspondiente al mes de julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS, DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantías, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante de garantías se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis". Con fundamento en el precepto legal 138 de la Ley de Amparo, se ordena al quejoso, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, comparezcan ante las autoridades responsables y se pongan a su disposición, con el fin de ser escuchado en declaración, en relación con los hechos investigados, posiblemente delictuosos, con el apercibimiento que de no hacerlo, aún cuando exhiban la garantía fijada, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectivo la garantía que en su momento exhiba para tal efecto; quedando obligados a acreditar dentro del plazo señalado, el exacto cumplimiento de lo aquí ordenado, ya que de no hacerlo, se procederá en los términos indicados. Por otra parte, tal requerimiento se hace extensivo a las autoridades responsables, para que, de comparecer el quejoso a rendir su declaración correspondiente, de inmediato lo comuniquen a este juzgado, en el entendido que de no hacerlo, se les impondrá como medida de apremio una multa en términos del artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la suspensión que se concede, por lo que respecta a la orden de detención, así como su ejecución, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a nombre del directo agraviado, ante y a satisfacción de este juzgado; pues de lo contrario, no surtirá efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables, que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado; cantidad que se fija de manera discrecional por el que aquí resuelve, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que dicha garantía podrá ser modificada al resolver acerca de la suspensión definitiva. En caso de que la garantía se exhiba mediante certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá contener la siguiente leyenda: "Autorizo al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control del presente depósito", además de la leyenda que establezca lo siguiente: "No genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Lo anterior, se apoya en la tesis I.7o.P.39 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página un mil doscientos treinta y uno, Tomo XVIII, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantías, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante de garantías se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión provisional, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión provisional del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis." Cabe hacer la aclaración que dicha medida cautelar que se concede, con independencia de que se constituya la garantía aludida, no surtirá efecto legal alguno dicha suspensión, si se trata de un delito grave así calificado por la ley, de actos posteriores a la presentación de la demanda que dio origen al dictado de esta medida o bien, si se le sorprende en flagrante delito. La medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno en el supuesto de que se trate de actos posteriores a la concesión de esta medida o bien, si se le sorprende en flagrante delito. Por otra parte, la suspensión que se concede, dejará de surtirlos si el quejoso no cumple con la garantía fijada en este acuerdo. Asimismo, considerando que también se reclama una orden de presentación (administrativa), así como su ejecución, y que se actualizan en la especie las hipótesis previstas en los artículos 130 y 136, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 124 de la propia ley, pues el impetrante de garantías solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con su ejecución se causarían al promovente daños y perjuicios de difícil reparación, se concede a ***********, la suspensión provisional de los actos reclamados, para para el efecto de que el quejoso no sea privado de la libertad deambulatoria con motivo de dicha orden. Esta medida tiene como único objetivo que no se prive al quejoso temporalmente de su libertad deambulatoria obligándolo a comparecer, pero no evitar que el propio quejoso, si así lo estima conveniente, comparezca de manera voluntaria, se imponga y declare en la ******************** ********************; por tanto, como lo solicita el impetrante de garantía, no ha lugar a fijar garantía para el efecto de que surta efectos la suspensión dictada en el presente asunto, dada la naturaleza del acto que se le atribuye a las autoridades responsables; esto es, la orden de presentación girada en contra del quejoso. Lo anterior, en razón de que la orden reclamada, no es un requisito indispensable para integrar la ******************** ******************** y es un acto dentro del procedimiento en el que su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia1a./J. 86/2010, publicada en la página 573, del Tomo XXXIII, Febrero 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la ******************** ******************** y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la ******************** ********************, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de ******************** ********************, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador". Cabe destacar que las anteriores medidas de aseguramiento tienen como finalidad que el impetrante de garantías sea devuelto a las autoridades responsables en caso de que le sea negado el amparo del cual deriva este incidente de suspensión, que no se sustraiga a la acción de la justicia y que la concesión de la presente medida suspensional no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, que como se dijo, es de orden público, pues de conformidad con el numeral 138, de la ley de la materia, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular de la parte quejosa, que solicita el amparo en contra de actos que afectan su libertad personal y el interés de la sociedad en general. Dígase a la parte impetrante de garantías, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables con la denominación que indica no existan, con fundamento en el artículo 116, fracción III de la Ley de Amparo, previo acuerdo, se les tendrá como inexistentes y se suspenderán comunicaciones procesales con las mismas, resolviéndose el juicio conforme a tal circunstancia, atento a lo establecido en el artículo 17 constitucional, que privilegia al principio de impartición de justicia pronta y expedita y al de celeridad procesal. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes que emanan de este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Finalmente, expídase a la parte solicitante un juego de copia certificada de la presente suspensión, ******************** constancia que por su recibo se deje en autos, ello dado que dicho derecho se colma cuando éstas se expidan por primeara vez o en un solo tanto, atento al artículo 278 de Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior tiene aplicación por analogía de conformidad con la tesis I.10º.C.13 K, sustentada por el Tribunal Colegiado de Circuito, Novena Época, publicada en la página 1374, Tomo XXIV, octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no se advierte que el juzgador tenga la obligación de expedir a las partes más de un tanto de las copias del documento o constancia que al efecto soliciten, pues dicho numeral sólo dispone que las partes podrán solicitar, en todo tiempo y a su costa "copia certificada" de cualquier constancia o documento que obre en autos, derecho que pueden ejercer en el momento que convenga a su interés jurídico, sin que sea óbice que dicho numeral no haga la prohibición expresa de expedir en más de una ocasión las copias solicitadas, toda vez que la satisfacción de diversas peticiones es una facultad discrecional del juzgador en la cual debe observar si el caso lo amerita y si existe la posibilidad material de hacerlo. En consecuencia, la decisión judicial de negar copias certificadas en más de un tanto no entraña infracción ni desconocimiento del derecho previsto en el referido artículo 278, toda vez que al igual que sucede con las normas rectoras de todo procedimiento judicial, el precepto señalado tutela, a favor de las partes, el ejercicio de un derecho por una sola vez, respecto del cual, una vez agotado, operaría el principio de preclusión, lo que significa que no podría volverse a ejercer tantas veces como se quiera, puesto que su verdadera razón de ser estriba en que las partes interesadas tengan a su alcance copia certificada de las constancias que deseen para el ejercicio de cualquier otro derecho, lo que se logra colmar cuando éstas se expiden por primera vez o en un solo tanto". Notifíquese.

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