Procoro Misael Romero Andrade

Expediente 1751/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1751/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
28/02/2019

Partes del expediente

  • Procoro Misael Romero Andrade
  • Felipe Romero Andrade
  • Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
  • PROCORO MISAEL ROMERO ANDRADE y Otros.
  • FELIPE ROMERO ANDRADE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA I. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

  2. Principal

    MESA I R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, en su calidad de albaceas de la sucesión intestamentaria a bienes de **, contra el acto y autoridad que quedaron precisados en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos asentados en el último considerandode esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA I Se tiene por recibido el oficio signado por el Encargado del Despacho del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de catorce de enero del año en curso, remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente 1310/2017. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la responsable las documentales que al efecto se exhiben, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Dése vista a las partes con las referidas constancias en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Es orientativa la tesis 16 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081 del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Novena Época, con número de registro 189948, que establece "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." En ese sentido, dada la voluminosidad de la documental que se adjunta, fórmense anexos con ella, las cuales deberán estar plenamente identificadas, previa certificación que obre en autos. En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA I Visto el estado procesal que guardan los presentes auto de los cuales se advierte que mediante auto de trece de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el informe justificado del Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al que adjuntó copias certificadas del expediente 1310/2017 y de éstas se advierte que se encuentran incompletas, además la última actuación que se adjuntó es de fecha veintiséis de noviembre del año próximo pasado y como resultan indispensables para estar en aptitud de integrar debidamente el sumario constitucional en que se actúa; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a ésta autoridad para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copias certificadas, legibles y completas de la totalidad de las constancias que integran el expediente 1310/2017, así como de las actuaciones posteriores de las que se advierta la etapa procesal en que se actúa. Apercibido que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. "LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esta Ley; En apoyo a lo anterior, por identidad de razón, se cita la jurisprudencia 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ciento ocho, cuyo rubro y texto es "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Así como la tesis CLXXXV/2002, de la novena época, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de 2002, página 283, que a letra establece "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE HACERLAS EFECTIVAS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A TRAVÉS DE SUS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (INAPLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 3a./J. 10/88, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA ÉPOCA, TOMO II, PRIMERA PARTE, JULIO A DICIEMBRE DE 1988, PÁGINA 267). Al constituir la jurisprudencia un criterio obligatorio que sobre la interpretación de la ley emiten los órganos jurisdiccionales legalmente facultados, debe ser revisada la vigencia de las normas jurídicas que les sirvieron de base para confirmar la vigencia de su observancia, a fin de garantizar la seguridad jurídica y su exacta aplicación, así como para evitar las confusiones o ambigüedades que pudiera generar la abrogación de la ley interpretada o la derogación de algunos de sus preceptos. En ese sentido, en la actualidad no tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 3a./J. 10/88 sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPREMA CORTE. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE HACERLAS EFECTIVAS, DE INMEDIATO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.", que establecía el criterio de que las multas de mérito deberían ejecutarse por la Tesorería de la Federación, pues ahora corresponde al Servicio de Administración Tributaria hacerlas efectivas a través de sus Administraciones Locales de Recaudación competentes, como aprovechamientos federales que son, por lo que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo dicho criterio jurisprudencial ha quedado obsoleto y, por ende, ya no es aplicable." En consecuencia, a fin de que se cumplimente lo anterior y no transgredir las reglas procedimentales rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para hoy, se difiere para las diez horas con veinticinco minutos del once de febrero de dos mil diecinueve. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los escritos signados por las terceras interesadas Silvia, Ma. del Rocío y Nieves, todas ellas de apellidos Romero Andrade, mediante los cuales se apersonan al presente juicio, realizan diversas manifestaciones a manera de alegatos y la tercera de las mencionadas señala domicilio para recibir notificaciones y designa autorizados. En términos de lo establecido en el artículo 5 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene a las terceras interesadas apersonándose al presente sumario constitucional. Como lo solicita la tercera interesada Nieves Romero Andrade con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal señalado en el escrito de cuenta. AUTORIZADOS. En otro punto, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a Misael Romero Lagunas, y solamente para oír y recibir notificaciones a la restante persona que señala por no contar con el registro correspondiente. ALEGATOS. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierten las ocursantes, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional. En otro orden de ideas, se agregan a los presentes autos los escritos signados por los quejosos Procoro Misael Romero Andrade y Felipe Romero Andrade, en su calidad de albaceas de la sucesión intestamentaria a bienes de Nahúm Romero Andrade y por Carlos Zenón Zarate Nájera en su carácter de autorizado de la tercera interesada Norma Cuenca Mendoza, mediante los cuales formulan alegatos y el segundo de los promoventes ofrece diversas pruebas. ALEGATOS. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierten los promoventes, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional. PRUEBAS. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la tercera interesada Norma Cuenca Mendoza, las pruebas documentales consistentes en copia certificada del expediente 1310/2017 exhibida por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado, así como una diversa copia certificada que exhibe en este momento, de igual forma con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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