Procoro Gutiérrez Ponce

Expediente 1483/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1483/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • Procoro Gutiérrez Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 1483/2021-II, promovido por Procoro Gutiérrez Ponce; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 1483/2021-II, promovido por Procoro Gutiérrez Ponce, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Matamoros, Tamaulipas, y turnado el ocho siguiente a este Tribunal Federal, Procoro Gutiérrez Ponce, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y la Actuaria de su adscripción, por el siguiente acto reclamado: "4.1.- De la autoridad responsable señalada en el numeral 3 se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículo 873 a 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2.- De la autoridad señalada en el numeral 3.1 se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada PROTECCION DE INMUEBLES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V., y las notificaciones personales que deba realizará durante todo el procedimiento." (sic) El solicitante del amparo señaló como prerrogativas fundamentales violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno se registró la demanda en el libro de gobierno con el número 1483/2021-II que le correspondió, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al Fiscal Federal de la adscripción y se señaló fecha para llevar al cabo la audiencia constitucional, misma que una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; ello en razón de que el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la responsable en señalar fecha para el desahogo de una audiencia en un procedimiento laboral, siendo este órgano de control constitucional el que previno en el conocimiento del asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que Procoro Gutiérrez Ponce, se duele de lo siguiente: a) De la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la omisión en señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 143/E06/2020 de su índice. b) De la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, la omisión en realizar el emplazamiento a la parte demandada en el citado expediente laboral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, al rendir su informe con justificación negó el acto que le fue reprochado en esta contienda. Sin embargo, de las constancias que allegó con su informe, se desprende la existencia del acto reclamado en esta vía, al día de la presentación de la demanda de amparo, pues fue hasta el tres de diciembre del año en curso, en que señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y también ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el expediente administrativo laboral 143/E06/2020 de su índice; situación que por ahora es suficiente para evidenciar la existencia del acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al ser una cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, misma que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Para una mejor comprensión del significado de la causal de improcedencia anteriormente transcrita, es necesario observar lo que señala la tesis aislada P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, visible en la página 71, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." El criterio anterior establece que para que concurra la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto reclamado por la parte quejosa quede insubsistente y que las cosas vuelvan al estado actual que tenían antes de la violación constitucional reclamada, tal como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal; de tal manera, que ese acto ya no le perjudique al agraviado y pueda disfrutar del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para el caso sujeto a estudio, debe resaltarse que el agraviado reclama de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el procedimiento laboral 143/E06/2020 de su índice. Pero, de las constancias que obran en el presente expediente y que fueron remitidas por la Presidente por ministerio de ley de dicho órgano colegiado, con su informe justificado, se aprecia que el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del expediente de origen, señaló fecha para el verificativo de la audiencia inicial en aquel asunto y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, causa de pedir en el escrito de mérito. Es decir, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el procedimiento de origen. Al medio de convicción relacionado, se le otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo; siendo suficiente para acreditar sin lugar a dudas la circunstancia que en él se contiene. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Atento a lo anterior, si originalmente la causa de pedir de la agraviada, lo fue la omisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, en señalar fecha para el desahogo de la audiencia inicial dentro del expediente administrativo laboral 143/E06/2020 de su índice, y dicha responsable en proveído de tres de diciembre del año en curso, fijó data para el desahogo de la misma y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, resulta por demás obvio que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado y, como consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo procedente sobreseer esta contienda constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la apuntada legislación. Por las consideraciones que la conforman, aplicables al caso concreto, se cita el contenido de la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 193758, visible en la página 38, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, no pasa por desapercibido que la autoridad que la parte quejosa denominó como Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificada para ello desde el diez de noviembre de dos mil veintiuno, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 7). Sin embargo, cabe precisar que de las constancias de autos se desprende que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que lo fue el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Junta a la que se encuentra adscrita la Actuaria responsable, aún no ordenaba el emplazamiento de la parte demandada; por tanto, a la fecha en que se presentó el escrito que dio origen a este asunto no existía emplazamiento que realizar por parte de la Actuaria señalada como responsable, por lo que también debe decretarse el sobreseimiento en este asunto, respecto a ella. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : Único. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Procoro Gutiérrez Ponce, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por rendido el informe justificado suscrito por la Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; en tal razón, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo en la audiencia constitucional respectiva. En relación a las constancias que se adjuntaron al informe de cuenta, téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que en esta propia fecha se pone a la vista de las partes el informe justificado de mérito, resulta evidente que no han transcurrido los ocho días hábiles y continuos para que estén en aptitud de imponerse de su contenido, y así, ofrecer los medios de convicción que crean convenientes, tal y como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para no ir en contra del principio de celeridad procesal y de la finalidad de equilibrar procesalmente a las partes, se estima que no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con treinta y ocho minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno para su verificativo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    VIII....De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercero interesado Ignacio Hernández Hernández, el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal

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