Procoro Barreda Cortes y Otros.

Expediente 720/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
720/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
30/09/2016

Partes del expediente

  • Procoro Barreda Cortes y Otros.
  • Martín Melchor Carrillo
  • Francisco Reyes De Jesús y Otros.
  • Martín Melchor Carrillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, al resultar innecesario seguir conservando la copia certificada de la causa penal 20/2016/II, remitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia, residente en Jalacingo, Veracruz, al rendir su informe justificado, devuélvase, sin que haya necesidad de que acuse recibo.

  2. Incidental

    Por lo expuesto y además con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a Procoro Barreda Cortés, Martín Melchor Carrillo, Benjamín Agavio Juárez, Francisco Reyes de Jesús, Martiniano Damaso Alarcón, Gustavo Guzmán Barreda, Genaro Aquino Soto, Alfonso Barreda Gonzáles, Everardo Mota Aguilar y Pablo Aquino Hernández, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando último, entréguese copia autorizada de esta resolución interlocutoria a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello.

  3. Incidental

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la audiencia incidental se encuentra señalada para hoy; sin embargo, a la fecha, no obra el informe previo del Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial, residente en Jalacingo, Veracruz, ni agregado el acuse de recibo del oficio relativo. Por lo tanto, requiérase a la autoridad responsable mencionada, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente acuerdo, informe si recibió el oficio a través del cual se le solicitó su informe previo; de ser afirmativa su respuesta, comunique la fecha de recepción y remita el acuse de recibo correspondiente; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa, consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse, dependiendo del actuar de la autoridad requerida. Se precisa que la unidad de medida y actualización, es la nueva unidad de cuenta, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales o en cualquier otra disposición jurídica, que equivale en la presente fecha a un salario mínimo general vigente en la República Mexicana, hasta en tanto no se actualice su valor, en términos de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorios del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo", publicado en al Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente al de su publicación, que al efecto disponen: ".Segundo. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. Tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización." Acorde con lo anterior, no procede celebrar la audiencia incidental señalada para hoy, y tomando en consideración que tienen su residencia fuera de esta ciudad, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    El Juzgado Primero de Primera Instancia, residente en Jalacingo, Veracruz, informa que el quejoso Martiniano Dámaso Alarcón compareció ante ese órgano jurisdiccional a responder de los delitos que se le imputan en la causa penal 20/2016/II, de su índice. Asimismo, remite copia certificada de las resoluciones de veintidós, veinticuatro y veinticinco de agosto del año en curso, respectivamente, dictadas en dicha causa penal que se instruye en contra del mencionado quejoso, así como de los diversos Procoro Barreda Cortés, Martín Melchor Carrillo, Benjamín Agavio Juárez, Francisco Reyes de Jesús, Gustavo Guzmán Barreda, Genaro Aquino Soto, Alfonso Barreda Gonzáles, Everardo Mota Aguilar y Pablo Aquino Hernández, las cuales serán tomadas en cuenta al resolver este asunto. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Por lo antes expuesto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación del artículo y fracción transcritos, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, o bien, se dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado. HECHOS En el caso, los actos reclamados consisten en:  Las orden de aprehensión de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, girada en contra de los quejosos Procoro Barreda Cortés, Martín Melchor Carrillo, Benjamín Agavio Juárez, Francisco Reyes de Jesús, Martiniano Damaso Alarcón, Gustavo Guzmán Barreda, Genaro Aquino Soto, Alfonso Barreda Gonzáles, Everardo Mota Aguilar y Pablo Aquino Hernández, por el Juzgado Primero de Primera Instancia, residente en Jalacingo, Veracruz, en la causa penal 2420/2016/II, de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de despojo y daños, cometidos en agravio del patrimonio de Mariano Soto, y su ejecución. Por otro lado, de los oficios de cuenta remitidos por el juzgado responsable, se advierte que mediante resoluciones de veintidós, veinticuatro y veinticinco de agosto del año en curso, respectivamente, dictadas en la causa penal 2420/2016/II, de su índice, por los motivos ahí expuestos, dictó auto de formal prisión en contra de los quejosos. Por otra parte, se advierte que el Juzgado Primero de Primera Instancia, residente en Jalacingo, Veracruz, fue la única autoridad que la parte quejosa señaló como autoridad responsable ordenadora de los actos reclamados. CONCLUSIÓN Por lo tanto, considerando que mediante resoluciones de veintidós, veinticuatro y veinticinco de agosto del año en curso, respectivamente, dictadas en la causa penal 2420/2016/II, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, residente en Jalacingo, Veracruz, se dictó auto de formal prisión en contra de los quejosos; entonces, se concluye respetuosamente que han cesado los efectos de los actos reclamados y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, máxime que el juez responsable mencionado fue la única autoridad responsable ordenadora que se señaló con ese carácter en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: No. Registro: 917,637 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 103 Página: 81 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, dejándose sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que en el caso, se advierta necesidad de dar vista al quejoso en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2007628 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: VI.1o.T. J/1 (10a.) Página: 2421 "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes."

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