Procopio Madrid Salazar

Expediente 136/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
136/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Procopio Madrid Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, doce de abril de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Finalmente, remítanse a la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa las constancias allegadas, las cuales ya no son de utilidad en este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 78/2023, remitido por este tribunal; háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo, virtud que el Sistema Electrónico de Expedientes (SISE), lo genera automáticamente. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, diez de febrero de dos mil veintitrés. I. Recepción de la demanda. Agréguese el oficio del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, al cual adjunta el juicio de amparo directo ********************/2023 de su control, que contiene la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. Acúsese el recibo correspondiente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con las constancias relativas al toca ******************** fórmese el tomo de pruebas I. II. Se avoca al conocimiento. En atención al contenido del auto de tres de febrero de dos mil veintitrés emitido por el Tribunal oficiante, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda promovida por ********************, contra actos de la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y otra autoridad. III. Desechamiento. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Supuesto que se actualiza en el caso concreto, ya que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, por la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, en la cual confirmó el auto apelado de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil en aquella ciudad, en el expediente ********************, en el que tuvo por no admitida la prueba de inspección judicial con auxilio de peritos; así como, las pruebas periciales en dactiloscopia y documentoscopia, ofrecidas en el trámite del juicio. Resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las normas legales transcritas (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ********************, por la Sala de Circuito Zona Centro del Poder Judicial del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, en la cual confirmó el auto apelado de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil en aquella ciudad, en el expediente ********************, en el que tuvo por no admitida la prueba de inspección judicial con auxilio de peritos; así como, las pruebas periciales en dactiloscopia y documentoscopia, ofrecidas en el trámite del juicio, no puede ser de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Es así, pues como se ha precisado dicha cuestión no se refiere a una transgresión a los derechos sustantivos, ya que el juicio de origen ********************, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, se seguirá hasta el dictado de la sentencia y, sólo en caso de que ésta sea contraria a los intereses de la parte demandada en el juicio natural, aquí quejoso, éste podrá controvertir dicha violación como procesal, cuando reclame dicho fallo en el juicio de amparo directo. Por tanto, el acto reclamado no corresponde a aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en su caso existe la posibilidad de que la parte promovente obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. En relacionadas condiciones, como las determinaciones reclamadas que nos ocupa no constituyen acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. III. Autorizados y exhorto para notificar y requerir domicilio. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, virtud cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, dado que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ********************; con fundamento el artículo 27, fracción ll de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su numeral 2, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en Mazatlán, a efecto de que comisione a quien corresponda notifique al quejoso ******************** el presente proveído, en el domicilio señalado con antelación; en el entendido que señaló como autorizados en términos amplios a ******************** y ********************. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de emplazamiento señale domicilio procesal en esta ciudad. O, en su caso, dentro del mismo plazo proporcione usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y de manera expresa solicite la recepción de notificaciones vía electrónica para autorizarlas y habilitar la consulta del expediente electrónico. Deberá apercibirlo que de omitir proporcionar usuario o no señalar domicilio procesal en esta ciudad, dentro del plazo establecido, las notificaciones de carácter personal se verificaran por medio de lista sin ulterior acuerdo, por lo que el actuario estará facultado para realizar las notificaciones de carácter personal por ese medio. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 21 de la legislación en consulta, con el fin de dar celeridad al asunto y no contravenir lo señalado en el arábigo 17 constitucional, este órgano jurisdiccional habilita los días y horas inhábiles que sean necesarios, a efecto de que el Juez exhortado practique la diligencia encomendada. Se ordena remitir el exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y se solicita a la autoridad que corresponda, que de no tener inconveniente, por la misma vía remita el resultado de la diligencia encomendada. Notifíquese.

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