Pro Lite Cannabis

Expediente 375/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
375/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Pro Lite Cannabis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado procesal de los autos se provee, en razón de que ha transcurrido el plazo concedido a fin de que la respectiva parte manifestara lo que a su derecho correspondiera en relación con el cumplimiento del fallo protector; por tanto, se procede a determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Así, a fin de contextualizar la resolución aquí emitida, se tiene que en el presente asunto se concedió la protección constitucional para que las autoridades responsables cumplieran con los siguientes efectos: "De manera congruente y completa den contestación al escrito presentado por la quejosa el diez de octubre de dos mil veintidós, la cual deberán de dar a conocer a través de la notificación correspondiente y remitir a este juzgado las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que lo anterior no obliga a las autoridades responsables a contestar en determinado sentido ni prejuzga sobre la procedencia de lo solicitado." Al respecto, mediante oficio recibido el seis de julio de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y registrado por este juzgado con número de folio 12113, se tiene que la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud, en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, remitió lo siguiente: Copia certificada del oficio ********************de ocho de junio de dos mil veintitrés, con el cual dio contestación al escrito presentado por la quejosa el diez de octubre de dos mil veintidós. Copia certificada de la cédula de notificación de doce de junio del año en curso, de la que se advierte que se notificó a la parte quejosa el contenido del oficio en cita. Tales constancias fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por lo que se consideran documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. II. Determinación. Así, se colmó el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, ya que como se apuntó, se restituyó a la persona moral quejosa ********************, en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin incurrir en exceso o defecto al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos. III. Archivo y devolución de documentos. En consecuencia, toda vez que no existe trámite por realizar ni diligencia por desahogar, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que: 1. El presente asunto es susceptible de ser conservable, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 17, de ese Acuerdo, toda vez que en el juicio se otorgó la protección constitucional. 2. Asimismo, se precisa que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. 3. Se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, será remitido a los depósitos documentales dependientes del Área coordinadora de archivos. 4. Por otra parte, pónganse a disposición de las partes los documentos que, en su caso, exhibieron durante la sustanciación del juicio; por tanto, requiéraseles para que en el término de noventa días por sí o a través de alguno de sus autorizados comparezcan a recogerlos, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos en el momento procesal oportuno. 5. Así también, en caso de haberse formado anexo por separado con las constancias remitidas por las autoridades responsables en su informe justificado, se ordena su devolución, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Anotaciones Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marco Antonio García Cortez, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de siete de julio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio remitido en representación del Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias químicas, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, remite copia certificada de oficio 223300EL354247 de ocho de junio de dos mil veintitrés, por el cual da contestación al escrito de diez de octubre de dos mil veintidós, presentado por la moral quejosa; asimismo, remite copia de la cédula de notificación de doce de junio del año en curso, de la que se advierte que se notificó al autorizado de la moral quejosa el contenido del oficio mencionado. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, documental anexa y las constancias relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, expresen lo que a su interés corresponda. En la inteligencia que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, Titular y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales, dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".De manera congruente y completa den contestación al escrito presentado por la quejosa el diez de octubre de dos mil veintidós, la cual le deberán dar a conocer a través de la notificación correspondiente y remitir a este juzgado las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que lo anterior no obliga a las autoridades responsables a contestar en determinado sentido ni prejuzga sobre la procedencia de lo solicitado." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de desacato, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en la que se determina: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 375/2023. R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ...III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables [1] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y [2] Secretario de Salud del Gobierno Federal, así como del [3] Gobernador y [4] Secretario de Salud, ambos del Estado de Morelos, [5] Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y [6] Director General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues así lo manifestaron en su informe justificado, circunstancia que no fue desvirtuada por la parte quejosa. Es así, porque ante la negativa del acto por parte de las autoridades responsables, lo informado por éstas goza de presunción de veracidad; entonces, es a la parte quejosa a quien corresponde la carga de probar lo contrario, lo cual puede hacer durante el juicio mediante el ofrecimiento de las pruebas conducentes y hasta la audiencia constitucional; sin que lo haya hecho. Sin que se inadvierta que el acto reclamado se trata de uno omisivo, no obstante, de conformidad con los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en este tipo de actos para ser existentes se requiere que la parte quejosa demuestre que existe el deber de dichas autoridades de realizar tal conducta, y que esas autoridades estén en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO". En ese sentido, para que sea atribuible a las autoridades responsables que no dieron contestación al escrito que presentó la quejosa, es necesario que se encuentre acreditado que tuvieron conocimiento de esa solicitud, lo que en el caso no se encuentra comprobado, pues la quejosa no anexó documental alguna para demostrar tal cuestión. Lo anterior, porque si bien allegó el acuse original del formato de escrito libre 223300EL354247 por medio del cual el diez de octubre de dos mil veintidós solicitó autorización sanitaria para la siembra, cosecha y comercialización de cannabis sativa L (cáñamo), con fines de procesamiento industrial, biocombustibles, textil, construcción, cosmético, herbolario y suplemento alimenticio, elaboración, comercialización, innovación, fabricación, implementación, producción, horticultura técnica para los fines señalados, su resina, preparados, o semillas, así como la regulación de la producción de los mismos, al que se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2, por tratarse de una documental pública que cuenta con el sello fechador de la autoridad receptora y que fue remitido en copia certificada por las autoridades responsables [7] Titular y [8] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, también es cierto que de tal solicitud se advierte que no fue dirigida a las autoridades señaladas con los numerales [1], [2], [3], [4], [5] y [6], sino que se entregó ante las indicadas con los números [7] y [8]. Por tanto, con los elementos probatorios que se cuenta resulta inexistente la omisión reclamada, puesto que para que exista la obligación de emitir un pronunciamiento respecto a una petición formulada por el particular, es necesario que el amparista demuestre que el escrito fue presentado ante tales autoridades, pues sólo de esa forma puede considerarse que la obligación de contestarlo es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 265314, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD. Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Por tanto, toda vez que no se acreditó que las autoridades responsables señaladas con los numerales [1], [2], [3], [4], [5] y [6], tuvieran conocimiento de la solicitud cuya omisión de atender se reclama, se sobresee en el presente juicio, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto que se les reclama. IV. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada al [7] Titular y [8] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, pues lo aceptaron al rendir su informe justificado. Además, se acredita la existencia del acto reclamado con las constancias que allegaron tales autoridades, consistentes en las copias certificadas del formato de escrito libre 223300EL354247, así como la documentación soporte anexada, en la cual obra tal escrito de petición, las cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de documentos públicos por haber sido expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Documentales que se encuentran adminiculadas con las manifestaciones que realizaron dichas autoridades responsables en su informe justificado, en el que afirmaron que la petición fue recibida el diez de octubre de dos mil veintidós, la cual se encuentra en proceso de análisis para su resolución, de lo que se obtiene que la quejosa realizó una petición de forma pacífica y respetuosa, sin que hasta este momento se haya demostrado que la misma le fuera contestada y notificada. En consecuencia, el material probatorio con el que se cuenta, resulta suficiente para acreditar la certeza que la quejosa dirigió una solicitud por escrito a las autoridades responsables, sin que se hubiere emitido respuesta, toda vez que incluso las autoridades responsables en su informe justificado indicaron que la solicitud se encuentra en proceso de análisis para su resolución; por tanto, no se advierte que se haya emitido la respuesta correspondiente y que ésta se diera a conocer a la quejosa por medio de la notificación respectiva. De ahí que se tenga por acreditada la existencia de la omisión reclamada. V. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues al no establecer un plazo específico en la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y éstos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan. VI. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, las autoridades responsables [7] Titular y [8] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, señalaron que el juicio de amparo es improcedente en razón de que el acto reclamado por la quejosa forma parte de un procedimiento administrativo en proceso de resolución, por lo que lo reclamado es un acto intraprocesal en contra del cual una vez emitida la resolución correspondiente se deberán agotar los medios de defensa ordinarios. Sin embargo, no se considera actualizada alguna causa de improcedencia, toda vez que de la demanda de amparo se desprende que se señala como acto reclamado la omisión de dar contestación a un escrito, el cual restringe el derecho de petición de la quejosa, es decir, sólo se alegan violaciones directas a un derecho fundamental tutelado en la Constitución Federal, de ahí que resulte procedente este juicio en términos de lo previsto en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no actualizarse la causa de improcedencia en estudio y al no advertir de oficio alguna diversa, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación alegado por la quejosa y suficiente para conceder el amparo solicitado. Lo anterior, porque la parte quejosa aduce en su concepto de violación que la omisión reclamada vulnera sus derechos, debido a que presentó ante la autoridad responsable el escrito de diez de octubre de dos mil veintidós, en el que solicitó autorización sanitaria para la siembra, cosecha y comercialización de cannabis sativa L (cáñamo), con fines de procesamiento industrial, biocombustibles, textil, construcción, cosmético, herbolario y suplemento alimenticio, elaboración, comercialización, innovación, fabricación, implementación, producción, horticultura técnica para los fines señalados, su resina, preparados, o semillas, así como la regulación de la producción de los mismos, lo cual hizo de manera respetuosa, sin que hasta la fecha del dictado de esta sentencia se hubiese emitido respuesta y ésta se le diera a conocer a través de la notificación correspondiente. Lo anterior es fundado, porque efectivamente se advierte que la autoridad responsable no ha dado respuesta a la petición de la parte quejosa, ni mucho menos se la han notificado. Se afirma de tal forma, ya que el derecho de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, básicamente consiste en que frente a toda petición que se formule a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ésta tendrá la obligación de emitir un acuerdo y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. En ese sentido, aunque la norma fundamental no establece qué tiempo comprende ese breve término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo definió como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Así, en el caso se tiene que la quejosa presentó ante las autoridades responsables [7] Titular y [8] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, un escrito el diez de octubre de dos mil veintidós, en el que solicitó se le concediera autorización sanitaria para la siembra, cosecha y comercialización de cannabis sativa L (cáñamo), con fines de procesamiento industrial, biocombustibles, textil, construcción, cosmético, herbolario y suplemento alimenticio, elaboración, comercialización, innovación, fabricación, implementación, producción, horticultura técnica para los fines señalados, su resina, preparados, o semillas, así como la regulación de la producción de los mismos, el cual registraron las autoridades responsable bajo el formato de escrito libre folio 223300EL354247, documentales que remitieron a este juicio en copias certificadas, sin que se advierta que hubieren emitido respuesta, no obstante que la solicitud se realizó por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Además, en el caso ha transcurrido el breve término que dispone el artículo 8 constitucional, pues desde la presentación del escrito de mérito a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, transcurrieron más de cuatro meses, lapso que se considera excesivo para que se emitiera respuesta a la solicitud de mérito. No se inadvierte que las autoridades responsables refirieron en su informe justificado que se encuentran dentro del término de tres meses que establece el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con el cual disponen para resolver lo que corresponda respecto a la solicitud de la quejosa, y una vez que ese plazo concluya es cuando ésta podría ejercer algún medio de impugnación como es el caso del presente juicio de amparo; sin embargo, como se dijo, a la fecha de la presentación de la demanda ya habían transcurrido más de cuatro meses sin que se emitiera la respuesta respectiva, pues incluso en el informe justificado, las autoridades responsables continuaron afirmando que la solicitud se encontraba en proceso de análisis para su resolución, de ahí que resulten fundados los conceptos de violación analizados. Por tanto, se considera que las autoridades responsables transgreden el derecho de petición de la quejosa, pues a la fecha de la presentación de la demanda -dieciséis de marzo de dos mil veintitrés- habían transcurrido más de cuatro meses y a la fecha de la emisión de la presente sentencia han pasado más de seis meses, sin que se haya emitido la respuesta correspondiente y sin que ésta se le dé a conocer a la impetrante de amparo a través de la notificación correspondiente, máxime que en la solicitud respectiva señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, correo electrónico y número telefónico de contacto. Es decir, no se ha emitido respuesta a la solicitud de la quejosa a través de la cual se le dé a conocer lo determinado respecto de ésta, con independencia de que con la información proporcionada, la quejosa pueda iniciar algún procedimiento distinto o no, que por sí amerite substanciarse en un plazo determinado, por lo que no existe motivo o razón para que la quejosa no sea informada de la respuesta a su solicitud que al efecto corresponda. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder el amparo, para los efectos precisados en el siguiente considerando. VII. Efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables [7] Titular y [8] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, ambos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con plenitud de atribuciones realicen lo siguiente: De manera congruente y completa den contestación al escrito presentado por la quejosa el diez de octubre de dos mil veintidós, la cual le deberán dar a conocer a través de la notificación correspondiente y remitir a este juzgado las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que lo anterior no obliga a las autoridades responsables a contestar en determinado sentido ni prejuzga sobre la procedencia de lo solicitado. Así con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por ******, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas, por las razones establecidas en el considerando III de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, contra el acto reclamado a las autoridades responsables señaladas, por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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