Prisma Paola Macías Picazo

Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
196/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Prisma Paola Macías Picazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, dado que no se tramitó, como se desprende el auto de doce de marzo pasado.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto el estado que guarda el expediente electrónico, del que se aprecia que no se encuentra vinculada electrónicamente la sentencia; atento a ello, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y II, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la autorización de dicha sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que queden debidamente integradas las constancias electrónicas de este trámite. Por otro lado, se advierte que a la fecha, no han sido notificadas las partes de la citada sentencia; en esa virtud, se ordena notificarles dicha determinación. Asimismo, gírese atento oficio vía electrónica, a la autoridad responsable, adjuntándole copia simple de la mencionada sentencia.

  3. Principal

    SENTENCIA. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo II196/2021, promovido por Prisma Paola Macías Picazo1 , por alegada violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con residencia en Zamora, y actuario de su adscripción, este órgano jurisdiccional ha decidido: OTORGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Primero. Consideración previa. El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el suscrito juez fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de siete de julio del año en curso, sin que, previo a la emisión de esta sentencia, tal incorporación se haya informado a las partes. Sin embargo, se considera que esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular estima no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia, tomando en cuenta que se actúa en un expediente en el que, a pesar de que la audiencia constitucional fue celebrada hace meses, no se ha dictado sentencia, sino hasta ahora; cuestión que, cabe precisar, no es responsabilidad del juzgador de reciente adscripción, como sí lo es, en cambio, remediar tal omisión con el pronto dictado del fallo. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren que existe una causa que impida a este juzgador resolver, aunque para ello también deberán considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. Segundo. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48, 55, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación2 , así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que el acto y la omisión reclamados producen sus efectos dentro de la jurisdicción de este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. La parte quejosa reclama lo siguiente:3 ? El señalamiento fuera del término legal de fecha para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones. ? La omisión de realizar el emplazamiento; lo tiene como consecuencia directa e inmediata, que el procedimiento se dilate innecesariamente". Acto de autoridad que se atribuye a la Junta Especial número seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Cuarto. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Son ciertos los actos que la quejosa atribuye a la junta responsable no obstante que al rendir el informe justificado requerido negó haber incurrido en la dilación que se le reclama, y manifestó que las actuaciones que ha desarrollado en el juicio J-VI-297/2019, han sido apegadas a derecho; sin embargo, del contenido de las constancias que remitió como complemento del informe justificado las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, puede advertirse que la demanda laboral fue presentada el dos de mayo de dos mil diecinueve, y que después de varios diferimientos por virtud de la omisión de emplazar a la parte demanda, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, nuevamente se difirió la audiencia bifásica indicándose en ese momento que tendría verificativo a las doce horas del siete de diciembre de dos mil veintiuno. El mismo día (veintidós de febrero de dos mil veintiuno), la Junta señalada como responsable emitió un acto aclaratorio en el que precisó que la audiencia bifásica sería desahogada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno y no como erróneamente se había indicado en el auto que lo precede; sin embargo, lo cierto es que desde la presentación de la demanda hasta la fecha en que se rindió el informe justificado, la audiencia inicial no se había celebrado de ahí que la dilación atribuida a la responsable por omitir actuar en los plazos y términos que fija la ley, es cierta. Quinto. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como así lo señala el artículo 62 de la ley de amparo; y en el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La causal de improcedencia en estudio se produce, tratándose de actos positivos, cuando se derogue o revoque el acto, o aun sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tratándose de actos negativos, y dado que el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la concesiva será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, por ello resulta válido concluir que la causal de improcedencia por cesación de efectos tratándose e de este tipo de actos se produce, cuando la autoridad responsable abandona la conducta omisiva y actúa en el sentido que le impone la norma, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. En ese orden, si con base en la tesis CV/2013 (10a.)4 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral, de resultar procedente este juicio y demostrarse la violación aducida por la quejosa, la concesión sería obligar a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que de inmediato desahogue la audiencia bifásica en los términos en que proceda, lo que en el caso actualiza la causa de improcedencia en estudio, porque al margen de las dilaciones en que incurrió la junta -como notificar oportunamente a las partes desde que se fijó la primera data-, de las constancia que acompañó la autoridad responsable se advierte que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno fue celebrada la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral J-VI-297/2019, con lo que, básicamente se restituyó a la quejosa en el goce del derecho humano que se dice violado; por tanto, al resultar improcedente el juicio de amparo, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio. Al respecto, cobran aplicación las tesis 59/995 y CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocadas que establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". En virtud de lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia por cesación de los efectos de los actos reclamados, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el mismo. Por lo expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Prisma Paola Macías Picazo en contra del acto y la omisión que reclamo de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y actuario de su adscripción dada la improcedencia analizada en este fallo

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo -196/2021-I-B; Alberto Roldán Olvera, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del Secretario Pablo Antonio Munguía Arzate, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes, y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; y al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. En seguida se abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar: los formulados por el agente del Ministerio Público Adscrito.

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