Prisila Alondra Saldaña Gonzalez
Expediente 829/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Prisila Alondra Saldaña Gonzalez
- Instituto Mexicano del Seguro Social en Mexicali, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio promovido por Prisila Alondra Saldaña González. En tal virtud, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 81 del mismo ordenamiento legal.
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Prisila Alondra Saldaña González, respecto al acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución.
- Principal
En Mexicali, Baja California, siendo las nueve horas con catorce minutos del nueve de agosto de dos mil veintidós, ante Fernando Pesqueira Barraza, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito, autorización concedida mediante oficio CCJ/ST/2721/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, asistido de la Secretaria Tania Aguilar Herrera, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 829/2022-4, promovido por Prisila Alondra Saldaña González, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. El Secretario encargado del despacho la declara abierta sin la asistencia de las partes. En seguida, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos, que consisten en escrito de demanda, documentales exhibidas por la parte quejosa, auto admisorio, constancia de emplazamiento a la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social e informe justificado de esta. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar, tómese en consideración al momento de resolver. En periodo de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales aportadas por la quejosa y las allegadas por la 26/10/22 21:31:57 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.0d TANIA AGUILAR HERRERA autoridad responsable, así como que no existen pruebas pendientes por desahogar. Al respecto, el Secretario encargado del despacho dispone: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, las documentales con las que se ha dado cuenta. En periodo de alegatos. Se da cuenta que ninguna de las partes presentaron alegatos y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento. Sobre ello, el Secretario encargado del despacho determina: Téngase precluido el derecho de las partes a formular alegatos y de la Representación Social a presentar pedimento; luego, al no existir diligencia pendiente de desahogo, se declara vistos los autos para dictar sentencia.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, trece de julio de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el escrito presentado por Prisila Alondra Saldaña González, en su carácter de parte quejosa, mediante el cual amplia la demanda respecto de diverso acto a la responsable Instituto Mexicano del Seguro Social. Atento a lo anterior, se desecha de plano la ampliación de demanda que se pretende conforme a las razones que a continuación se exponen: En primer término, porque el acto por el que se intenta la ampliación de la demanda, no se encuentra dentro del supuesto establecido para tal efecto por el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. [.]" El referido dispositivo establece como requisitos para que proceda la ampliación de demanda, que no hayan transcurrido los plazos para su presentación previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo y que el acto objeto de ampliación guarde estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Ahora, inicialmente la quejosa reclamó la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efectuar el pago de pensión por invalidez dentro del término legal. Sin embargo, ahora se pretende incluir como acto de autoridad, la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, con folio 2599810624602, por la que negó el beneficio de pensión por invalidez a la quejosa. Bajo esa tesitura, se concluye que el acto objeto de ampliación no guarda estrecha relación con el inicialmente reclamado, pues mientras el primero obedece a una abstención de realizar pago de percepción económica; el segundo implica una actuación de la autoridad que obedece a una solicitud o trámite administrativo que derivó en la negativa a otorgar el beneficio de la pensión por invalidez. Por otro lado, la segunda razón consiste en que contra el acto por el que se pretende aumentar la acción de amparo, procede medio ordinario de defensa que debe ser agotado previamente a acudir a la instancia de control constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." En efecto, en términos de los numerales 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, se tiene que en contra de los actos definitivos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social, los asegurados, entre otros, podrá agotar el recurso de inconformidad previsto en la propia legislación, o bien, si se trata de prestación que admita la instancia jurisdiccional, entonces deberá acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De acuerdo con ese marco legal, es posible concluir que la resolución por la que se negó la pensión por invalidez a la quejosa y respecto de la que pretender señalar como acto reclamado, constituye ciertamente un acto definitivo que genera controversia entre la quejosa, como asegurada, y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, de modo que dicho acto es susceptible de revocarse o modificarse a través de la instancia ante los Tribunales Federales en materia laboral. Medio ordinario en sede jurisdiccional que es indispensable agotarse previamente a instaurarse el juicio de amparo a fin de colmar el principio de definitividad que rige a este último. Al respecto, sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 114/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Septiembre de 2001, página 7, Novena Época, Registro digital: 188737, que señala: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 295 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE A CARGO DE LOS ASEGURADOS Y SUS BENEFICIARIOS LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ANTES DE ACUDIR A LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE A RECLAMAR ALGUNA DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, TRANSGREDE EL DERECHO AL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA GARANTIZADO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Conforme a lo dispuesto en el citado artículo 295, las controversias entre los asegurados y sus beneficiarios, por una parte, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, relacionadas con las prestaciones que prevé el propio ordenamiento podrán plantearse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, siempre y cuando se agote previamente el recurso de inconformidad. Ante tal condición o presupuesto procesal, tomando en cuenta que las prestaciones contempladas en la Ley del Seguro Social tienen su origen en una relación jurídica en la que tanto los asegurados y sus beneficiarios, como el mencionado instituto, acuden desprovistos de imperio, pues aquélla deriva por lo general de una relación laboral o de la celebración de un convenio, y que a través de las diversas disposiciones aplicables el legislador ha reconocido, por su origen constitucional, la naturaleza laboral del derecho de acción que tienen aquéllos para acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a solicitar el cumplimiento de las respectivas prestaciones de seguridad social, esta Suprema Corte arriba a la conclusión de que la referida obligación condiciona en forma injustificada el derecho de acceso efectivo a la justicia que garantiza el artículo 17 de la Constitución General de la República, ya que tratándose de la tutela de prerrogativas derivadas de una relación entablada entre sujetos de derecho que acuden a ella en un mismo plano, desprovistos de imperio, no existe en la propia Norma Fundamental motivo alguno que justifique obligar a alguna de las partes a agotar una instancia administrativa antes de solicitar el reconocimiento de aquellos derechos ante un tribunal, máxime que en el caso en estudio la instancia cuyo agotamiento se exige debe sustanciarse y resolverse por una de las partes que acudió a la relación jurídica de origen; destacando, incluso, que tratándose de controversias de las que corresponde conocer a una Junta de Conciliación y Arbitraje, en el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la propia Constitución, no se sujetó el acceso efectivo de los gobernados a requisitos de esa naturaleza. Debe considerarse, además, que la regulación del referido recurso administrativo, prevista en el reglamento respectivo, desconoce los requisitos y prerrogativas que para hacer valer la mencionada acción laboral prevé la Ley Federal del Trabajo, generando un grave menoscabo a los derechos cuya tutela jurisdiccional puede solicitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje." Consecuentemente, como se adelantó, la ampliación de la demanda respecto de la resolución folio 2599810624602, de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social para negar el beneficio de pensión por invalidez, resulta improcedente por lo que se impone su desechamiento de plano.
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