Priscilla Duarte Gómez

Expediente 583/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
583/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Priscilla Duarte Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, quince de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado Efraín Encinia Marín, en su carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por la quejosa Priscilla Duarte Gómez; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos. Ahora bien, visto su contenido, se advierte que en cumplimiento al proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, se aclara el escrito inicial de demanda, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO. El ilegal procedimiento incoado en contra de la señora PRISCILLA DUARTE LOPEZ por la Procuraduría Federal del Consumidor, Zona Nororiente, identificado con el número PFC.REY.B.3/000800-2021, al cual no fue emplazada conforme a las formalidades esenciales del procedimiento." (sic) Así las cosas, como expresamente lo sostiene el abogado autorizado de la parte quejosa, la litis en esta contienda constitucional se centra en el procedimiento iniciado en contra de Priscilla Duarte Gómez, por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, identificado con el número PFC.REY.B.3/000800-2021, en virtud de que, asevera, en esencia, no fue emplazada conforme a las formalidades del procedimiento. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de derechos humanos que se recibe, numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto faculta para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, en relación con ello, se precisa que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, de la demanda de garantías y de su aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: Director de la Oficina de Defensa del Consumidor, zona nororiente; y, Notificador. Ambos adscritos a la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Reynosa, Tamaulipas. A las que reclama, como se dijo, el procedimiento iniciado en su contra de Priscilla Duarte Gómez, identificado con el número PFC.REY.B.3/000800-2021, en virtud de que, asevera, en esencia, no fue emplazada conforme a las formalidades del procedimiento. En ese contexto, este tribunal advierte que, en el caso, se actualiza el supuesto de la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que de manera textual, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." Lo anterior es así, toda vez que la parte agraviada consintió tácitamente el acto reclamado, al no promover el juicio de amparo que nos ocupa dentro de los términos que se señalan en los artículos 17, 18 y 19 del cuerpo de leyes antes invocado. Para considerar lo anterior, es necesario transcribir los numerales mencionados en el párrafo anterior, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." De lo anterior se advierte que existe un término común para la interposición de la demanda de garantías, que de conformidad con lo dispuesto por el primero de los artículos transcritos, es de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; y, como excepción a dicho plazo, los actos que señalan las fracciones I, II, III y IV del invocado numeral 17 de la ley de la materia. Sin embargo, el acto de que se duele la parte agraviada, no se encuentra en ninguna de las hipótesis establecidas en dichas fracciones, por lo que, la interposición de la demanda de garantías de donde deriva el presente expediente, debió interponerse dentro del término genérico establecido por el numeral 17 de la invocada legislación. Se afirma lo anterior, pues, como ya se indicó, la excepción a la regla, en cuanto al término de la interposición de la demanda de amparo, atendiendo a las fracciones que menciona el multimencionado numeral, se refiere a los actos en que se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en cualquier tiempo. Empero, el acto de que se duele la peticionaria de garantías, no engarza en ninguno de los supuestos de excepción citados, pues en el caso se reclama el procedimiento iniciado en su contra por la Procuraduría Federal del Consumidor, identificado como PFC.REY.B.3/000800-2021. Lo anterior, conduce a determinar que el amparo está sujeto al término de quince días que señala el artículo 17 de la ley de la materia. Ahora, en el caso que nos ocupa, en la demanda de amparo, la quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiestó, en lo que interesa: Que el ocho de marzo de dos mil veintidós, el notificador adscrito a la Procuraduría Federal del Consumidor, se presentó en su negocio y le entregó un acuerdo de seis hojas de fecha veinticuatro de febrero del mismo año. Con motivo de ese acuerdo tuvo conocimiento de la existencia del expediente PFC.REY.B.3/000800-2021, instaurado en su contra, al cual, argumenta, no fue llamada conforme a las formalidades estipuladas en la legislación de la materia, pues si dicho asunto fue registrado desde el año dos mil veintiuno, la notificación no le fue practicada dentro del plazo de quince días a que alude el artículo 103 de la Ley Federal del Consumidor. El veintitrés de marzo del presente año, compareció ante la autoridad responsable solicitando el desechamiento de la queja promovida en su contra al no haber sido notificada dentro de los quince días posteriores a la recepción y registro de la citada queja. Por lo tanto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que se presentó la demanda de amparo en forma extemporánea, dado que, como se adelantó, la parte agraviada tuvo conocimiento del acto reclamado desde el ocho de marzo de dos mil veintidós, por lo que el término para la interposición de la demanda empezó a contar a partir del diez de marzo siguiente y le feneció el día treinta y uno del mismo mes y año. En el entendido de que no se contabilizan los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de marzo de la presente anualidad, pues se consideran inhábiles de acuerdo con lo que estipula el numeral 19 de la Ley de Amparo. Mientras que la demanda de amparo se presentó hasta el seis de junio de dos mil veintidós, por lo que, se insiste, su presentación se realizó en forma extemporánea, pues evidentemente había transcurrido el plazo de quince días que señala el invocado numeral 17 para promover el juicio constitucional. Por lo tanto, al actualizarse de manera manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 17 de la misma legislación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en cuestión, promovida por Priscilla Duarte Gómez. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo: II, agosto de 1995, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sin que obste a lo anterior, la circunstancia que, en el caso concreto, la prueba idónea para acreditar la causal de improcedencia aquí colmada, lo haya sido la propia confesión de la parte promovente, pues de la misma se desprende sin lugar a dudas que tuvo conocimiento del acto de que se duele, al menos a partir del ocho de marzo de dos mil veintidós. Por las consideraciones que la informan, aplicables al caso concreto, sustenta la anterior determinación, el contenido de la jurisprudencia número P./J.27/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena Época, visible en la página cincuenta y siete, del Tomo III, del mes de Junio de mil novecientos noventa y seis, Materia Común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones que informan las tesis invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que en opinión de quien esto resuelve, se halla la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya el criterio anterior, por analogía, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, Tomo: XX, Septiembre de 2004; ambas de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180,663, que es del rubro y tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Priscilla Duarte Gómez, contra actos del Director de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Nororiente, de la Procuraduría Federal del Consumidor, residente en Reynosa, Tamaulipas y de otra autoridad; regístrese en el libro respectivo con el número 583/2022-III. Ahora bien, en términos del precepto 112 de la Ley de Amparo, este tribunal procede al estudio integral de la demanda con que se da cuenta. Así las cosas, se desprende que se señala como autoridades responsables y acto reclamado, lo siguiente. Autoridades responsables: Director de la Oficina de Defensa del Consumidor, zona nororiente; y, Notificador. Ambos adscritos a la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Acto reclamado: "Lo constituye el ilegal procedimiento incoado en mi contra por la Procuraduría Federal del Consumidor, Oficina de la Defensoría del Consumidor, Zona Nororiente, identificado con el número PFC.REY.B.3/000800-2021, dentro del cual no fui llamada a juicio con las formalidades esenciales del procedimiento. Y del cual se deriva la audiencia de conciliación prevista en los artículos 103, 111 y 114 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como de rendición del informe de Ley que fue requerido a la parte proveedora y los efectos que de esta se deriven, misma que tuvo verificativo a las 14:00 horas del día 7 de abril del año 2022." (sic) Igualmente, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, asentó: ". 4.- Por lo cual, en fecha 23 de marzo del año en curso, a las 9:03 horas, con folio de identificación de entrada 0128/2022, presenté escrito ante la Dirección de la Oficina de Defensa del Consumidor, que conoce del procedimiento en comento, en el que solicité el desechamiento de la queja con base en la violación a los preceptos descritos en los puntos que antecede, en razón de que no fui notificada dentro de los quince días posteriores a que la procuraduría recepcionó y registró la multicitada queja. Anexo 2. Asimismo, solicité se declarara nula e improcedente la multa impuesta como medida de apremio, por la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) y que me fue notificada el pasado 8 de marzo del año 2020, así como la cita fijada para el día 7 de abril del año en curso, a las 14:00 horas y las medidas de apremio. 5.- La Dirección de la Oficina de Defensa del Consumidor fue omisa, como hasta la fecha, y violento en mi agravio el artículo 8° Constitucional, al no acordar en ningún sentido mi solicitud de desechamiento, y no obstante ello continuo con el procedimiento celebrando la audiencia fijada para el día 7 de abril del año 2022, señalando nueva multa y decretando el inicio del procedimiento por no existir conciliación. ." Así las cosas, se alcanza a percibir, en esencia, que Priscilla Duarte Gómez reprocha el emplazamiento que le fue practicado dentro del expediente PFC.REY.B.3/000800-2021, del índice de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Nororiente, de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Reynosa, Tamaulipas, promovido en su contra por Nadia Yadira Ledezma Acuña. Sin embargo, se podría inferir que también es su intención reclamar la omisión del Director de la Oficina en comento, de acordar el escrito que le presentó el veintitrés de marzo del presente año; pues, no obstante que no lo señaló así expresamente en el capítulo de acto reclamado, si lo hace ver en el diverso de reseña de antecedentes. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se estima necesario prevenir a la promovente Priscilla Duarte Gómez, para que al momento de la notificación del presente acuerdo o dentro del término de cinco días, en vía de aclaración de demanda, aclare el acto o actos reclamados; esto es: Precise si éste lo hace consistir únicamente en el emplazamiento que le fue practicado dentro del expediente PFC.REY.B.3/000800-2021 o, en su caso, Si también es materia de reproche la omisión del Director de la Oficina en comento, de acordar el escrito que dice le presentó el veintitrés de marzo del presente año. En el entendido de que se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a tal mandato dentro del plazo indicado, se proveerá únicamente respecto del acto reclamado que se identificó con el inciso a). Finalmente, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Efraín Encinia Marín, quien se encuentra registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal y en lo que toca a Ana Rosa García Chacón, como se solicita, se le faculta únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, por medio de lista de acuerdos, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación de manera personal

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